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Este artículo revisa aspectos que son motivo de controversia judicial y que requieren ser tratados por el legislador de manera concreta para limitar las generalidades que luego, bajo la potestad reglamentaria, ponen en riesgo su aplicación, generando inseguridad jurídica. A partir de este análisis, el autor profundiza en aspectos que convendría considerar en la configuración normativa de una futura reforma pensional, a fin de limitar el activismo y la congestión judicial, el desgaste administrativo y operacional de las entidades gestoras, y mitigar la desprotección del Estado a grupos poblacionales expuestos a situaciones de desigualdad e inequidad. This paper reviews some of the main aspects that are subject of controversies within the judiciary that must be addressed by the legislature to limit ambiguities that under regulatory power, give rise to insecurity in the judicial affairs. Based on this analysis, the author aims attention at the main subjects that should be considered to define a new set of rules towards a pension reform. The latter to limit the judicial activism and delay, the administrative and operational exhaustion of managing bodies, and to reduce the levels of inequality that marginalize specific groups of people who lack of any protection from the State.

[ES]La regulación de las parejas de hecho supuso un gran avance en su momento sobre todo para las parejas del mismo género que, al no estar regulado el matrimonio homosexual en el Derecho civil, no podían legalizar su relación de pareja de otra forma. Hoy día, estando admitido también el matrimonio para personas del mismo género, en este trabajo se trata de poner de relieve la inseguridad jurídica a la que se ven expuestas las parejas que hayan optado por formalizar su unión mediante alguna de las diferentes legislaciones autonómicas aprobadas al efecto. Los continuos cambios de criterio de la jurisdicción hacen que el ejercicio de sus derechos sea discriminado respecto de los de las parejas que se han formalizado mediante la institución del matrimonio, y quedan expuestas a la inseguridad jurídica en el ejercicio de sus derechos. [EU]Izatezko bikoteen erregulazioa aurrerapen handia izan zen bere garaian batez ere genero bereko bikoteentzat, Zuzenbide zibilean homosexualen arteko ezkontza araututa ez zegoenez, ezin baitzuten bikote-harremana beste modu batean legeztatu. Genero berdineko pertsonen arteko ezkontza legeztatuta dagoen garai honetan, lan honetan agerian jarri nahi da beraien egoera legeztatzeko legedi autonomikoren baten bidez elkartzea hautatu duten izatezko bikoteek jasaten duten segurtasun-juridiko eza. Jurisdikzioaren irizpide-aldaketa etengabeen ondorioz, beren eskubideen egikaritza diskriminatua da ezkontzaren bidez formalizatu diren bikoteekiko, eta beren eskubideak baliatzean segurtasun-juridiko eza izango dute.

Fil: Guidi, Pablo. Universidad Nacional de Luján. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. Fil: Lisciotto, Eugenio. Universidad Nacional de Luján. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. Fil: Mosca, Sergio. Universidad Nacional de Luján. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. La cuestión sobre la Responsabilidad del Estado y su impacto en la seguridad jurídica ha sido muy sensiblemente tratada en la histórica realidad de nuestro país. Desde la inexistencia de normativa estable que la pautara, en la etapa anterior a la sanción de la ley 3952 del año 1900, hasta la sanción y puesta en vigencia de la Ley Nacional N° 26.994, que incorporó el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el que plantea dejar de aplicar los Arts. 1109, 1112 y 1113 del viejo Código Civil, Ley Nacional 340, en que se apoyaban principal y pacíficamente los fallos judiciales para resolver todas aquellas cuestiones sobre la Responsabilidad del Estado, no se advertía un estado de incertidumbre jurídico, caracterizado por diferentes corrientes antagónicas, que proponen vías de reemplazo de aquella normativa derogada. En ese contexto, este trabajo se propone encontrar una propuesta superadora, orientada a determinar en el marco de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y los principios generales del derecho aplicable a todas las ramas del Derecho (Según losArtículos. 1 y 2 del citado nuevo Código), la solución más adecuada, a nuestro criterio, para resolver la actual incertidumbre jurídica que existe sobre la correcta aplicación del Derecho, en cuestiones relacionadas con el tratamiento de la Responsabilidad del Estado.

El presente trabajo se resume en verificar el tipo de control constitucional que los jueces de instancia realizan en la administración de justicia y si los mismos frente a normas contrarias a la Constitución, aplicando directamente la Constitución, inaplican las normas directamente sin necesidad consulta de norma a la Corte Constitucional, si las aplican por estar vigentes o si elevan a consulta en caso de duda sobre la constitucionalidad; es decir establecer que tipo de control constitucional realizan ante una norma contraria a la Constitución. Este trabajo tiene como antecedente los pronunciamientos de la Corte Constitucional en el sentido que los jueces de instancia están vedados de inaplicar normas directamente sino que deberían elevar a consulta a la Corte Constitucional; y, también los nuevos pronunciamientos de la nueva Corte Constitucional, en la línea que los jueces aplicando directamente la Constitución si pueden inaplicar normas infra constitucionales que se consideren contrarias a la Constitución sin necesidad de consulta a la Corte Constitucional y solo cuando existe duda sobre la eventual inconstitucionalidad se eleve a consulta a la Corte Constitucional. Estos puntos sin lugar a dudas ocasionan inseguridad jurídica pues los jueces tendrían fallos contradictorios de cómo proceder al momento de resolver sobre inconstitucionalidad de normas infra constitucionales contrarias a la Constitución, lo que se deriva en inseguridad jurídica y de la importancia de este tema de tesis. This work is summarized in verifying the type of constitutional control that the instance judges carry out in the administration of justice and if they, in the face of norms contrary to the Constitution, directly applying the Constitution, do not apply the norms directly without the need to consult the norm to the Constitutional Court, if they apply them because they are in force or if they are raised for consultation in case of doubt about constitutionality; that is to say, to establish what type of constitutional control they carry out before a norm contrary to the Constitution. This work has as its antecedent the pronouncements of the Constitutional Court in the sense that the trial judges are prohibited from directly not applying norms but should refer to the Constitutional Court for consultation; and, also the new pronouncements of the new Constitutional Court, in the line that the judges directly applying the Constitution if they can fail to apply infra constitutional norms that are considered contrary to the Constitution without the need to consult the Constitutional Court and only when there is doubt about the eventual unconstitutionality is raised for consultation with the Constitutional Court. These points undoubtedly cause legal insecurity because the judges would have contradictory decisions on how to proceed when deciding on the unconstitutionality of infra constitutional norms contrary to the Constitution, which results in legal insecurity and the importance of this thesis topic.

Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Maestría en Defensa del Contribuyente The Administrative Procedure of Execution, is a procedure to demand the fiscal credits that the taxpayers did not pay in time of which the fiscal authorities are the ones in charge of making those tax credits enforceable because they were not covered or guaranteed. However, we consider that given the existence of a firm tax credit in favor of the federation, a state of objective and subjective insecurity regarding the taxpayer's assets is born, since before the collection of the debt via seizure of goods by the tax authority, if Well, the latter can only seize up to the limit of the debt, the executor acting in the exercise of a regulated and unlimited power, and subjectively, using only his judgment and not the amount owed or the documents shown by third parties, seizes the assets who wants and not what they should be; faculty regulated, discretionary, arbitrary or subjective for indeterminate, but ultimately an act of legality without limits, which directly affects the taxpayer, to later auction off and award bidders the assets subject to seizure. Now, in the case of this thesis under study, article 127 of the Fiscal Code of the Federation provides that it is valid to dispute the coercive economic procedure for violations committed in it, but until the time of publication of the call for auction, in the intelligence that the taxpayer has ten days to file the appeal for revocation; However, this does not mean that it is necessary that the call be made personally known, in order that it has legal certainty of the moment in which it is in possibility of questioning said procedure, [...] El procedimiento Administrativo de Ejecución, es un procedimiento para exigir los créditos fiscales que los contribuyentes no pagaron en tiempo, de los cuales las autoridades fiscales son quienes serán las encargadas de hacer exigibles esos créditos fiscales porque los mismos no fueron cubiertos o garantizados. Ahora bien se considera que ante la existencia de un crédito fiscal firme a favor de la federación, nace un estado de inseguridad objetiva y subjetiva respecto al patrimonio del contribuyente, pues ante el cobro del adeudo vía embargo de bienes por parte de la autoridad fiscal, si bien esta última sólo puede embargar hasta el límite del adeudo, el ejecutor actuante en ejercicio de una facultad reglada e ilimitada, y de manera subjetiva, valiéndose sólo de su juicio y no del monto adeudado o de los documentos mostrados por terceros, embarga los bienes que quiera y no los que deban ser; facultad reglada, discrecional, arbitraria o subjetiva por indeterminada, pero a final de cuentas un acto de legalidad sin límites, que afecta directamente al contribuyente, para posteriormente rematar y adjudicar a los postores los bienes objeto de embargo. Ahora bien tratándose del tema en estudio de la presente tesis, el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación dispone que es válido controvertir el procedimiento económico coactivo por violaciones cometidas en él, pero hasta el momento de la publicación de la convocatoria a remate, en la inteligencia de que el contribuyente cuenta con diez días para interponer el recurso de revocación; empero, ello no significa que sea necesario que se le dé a conocer personalmente la convocatoria, con el objeto de que tenga certeza jurídica del momento en que está en posibilidad de cuestionar dicho procedimiento, [...]

La investigación buscó determinar cómo resulta afectado el principio de la Seguridad Jurídica con ocasión de la Insolvencia Transfronteriza en Colombia, regulada en la ley 1116 de 2006 y la ley modelo de la CNUDMI. Para ello, en el diseño metodológico se acude a un enfoque cualitativo y al paradigma positivista, teniendo en cuenta los pronunciamientos de la Corte Constitucional, de la Superintendencia de Sociedades y del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, así como la técnica documental, al estudiar textos de tipo históricos, teórico descriptivo, analítico y deductivo, sobre el particular desde el análisis de casos de insolvencia transfronteriza de Colombia y Perú, para responder a la pregunta de investigación ¿De qué manera se afecta el Principio de Seguridad Jurídica en Colombia, en relación con la Insolvencia Transfronteriza, a partir de la aplicación de la ley 1116 de 2006 y la ley modelo de la CNUDMI? En cuanto a los resultados, el estudio describió el desarrollo histórico de la Institución de Insolvencia Transfronteriza en América Latina y los aportes de la Ley Modelo a la legislación colombiana, destacando el desarrollo de leyes que se han creado desde tiempos atrás para dar solución a este fenómeno. Por otro lado, se analizó los mecanismos acogidos por Colombia para regular la Insolvencia Transfronteriza, dentro de los que se destacan dos procesos, el de reorganización y el de liquidación judicial. Por último, se identificó las causas que ponen en riesgo la seguridad jurídica con la Insolvencia Transfronteriza derivado de la aplicación de la ley 1116 de 2006 y la ley modelo, dentro de los que se destacan los actos de corrupción, la Inseguridad Jurídica y la Incertidumbre fiscal, se establece que la adopción de este régimen es determinarte para la disminución de la tasa de riesgo para los inversores extranjeros y para los acreedores locales ya que otorga seguridad jurídica en lo que representa el proceso de insolvencia empresarial para los Estados que lo han acogido dentro de su derecho interno. The investigation sought to determine how the principle of legal security is affected by the cross-border Insolvency in Colombia, regulated in Law 1116 of 2006 and the CNUDMI model law. To do this, the methodological design uses a qualitative approach and the positivist paradigm, taking into account the pronouncements of the Constitutional Court, the Superintendency of Societies, and the National Institute for the Defense of Competition and Intellectual Property, as well as the documentary technique, when studying texts of a historical, descriptive, analytical and deductive type, on the subject from the analysis of cases of cross-border insolvency in Colombia and Peru, to answer the research question ¿How is affected the principle of legal security in Colombia, about cross-border Insolvency, based on the application of Law 1116 of 2006 and the CNUDMI model law? Regarding the results, the study described the historical development of the cross-border insolvency institution in Latin America and the contributions of the model law to Colombian legislation, highlighting the development of laws that have been created long ago to solve this phenomenon. On the other hand, the mechanisms embraced by Colombia to regulate cross-border Insolvency were analyzed, within which two processes stand out, that of reorganization and that of judicial liquidation. Finally, the causes that put legal security at risk with cross-border Insolvency derived from the application of Law 1116 of 2006 and the model law were identified, among which acts of corruption, legal insecurity, and uncertainty stand out tax, it is established that the adoption of this regime is to determine you for the reduction of the risk rate for foreign investors and local creditors since it provides legal certainty in what the business insolvency process represents for the states that have welcomed it within its internal law. Magister en Derecho http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/presentacion Maestría

[ES] Con ocasión de la declaración del estado de alarma por el desconocido Covid-19, la potestad sancionadora de la Administración tomó su mayor protagonismo en los meses en los que toda la ciudadanía se encontraba en una situación de confinamiento domiciliario. De tal forma, el primer Real Decreto 463/2020 establecía una serie de limitaciones con la finalidad de proteger la salud pública, sin embargo, la aplicación analógica de ciertas normas sin especificar las conductas no permitidas, la generalidad de la normativa aplicable y la variedad de interpretaciones que se generaron como consecuencia de la oportuna celeridad, llevaron a las autoridades competentes a sancionar comportamientos que hasta la fecha eran comunes, en ocasiones, sin requerir previamente a la persona sobre la prohibición de la conducta realizada, lo cual fue, durante un largo periodo, objeto de debate en los tribunales. La correcta aplicación de los principios sancionadores de la administración se pone en constante duda, así como la debilidad argumental de la corriente que señala que el Real Decreto es una norma abstracta y que, por tanto, no es necesario llevar a cabo el apercibimiento oportuno. De igual forma, la inseguridad jurídica en esta situación excepcional es creciente y notoria, así como las dudas constantes en la ciudadanía y las autoridades con respecto a las conductas susceptibles de ser sancionadas.

Para empezar se debe manifestar que mediante este estudio se aborda el desarrollo normativo y jurisprudencial que ha tenido el ejercicio de la facultad discrecional como causal de retiro del servicio activo de los miembros de la Fuerza Pública, además de hacer un análisis comparativo de la evolución de la jurisprudencia que a nivel interno ha emanado de la Corte Constitucional y de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sobre algunos aspectos básicos que deben observar las autoridades que ejercen dicha facultad, específicamente sobre el deber de motivar estas decisiones; asimismo, se hace referencia más adelante a varias decisiones proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que ese tribunal, en desarrollo del artículo 8.1 de la Convención Americana, ha precisado estándares útiles frente al deber que tienen las instituciones internas de motivar las decisiones que afecten derechos humanos y el impacto negativo que tienen las decisiones inmotivadas con respecto al derecho a la defensa. Dichas decisiones serán de gran utilidad para analizar la forma en la que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se han pronunciado frente al tema, y si han observado el control de convencionalidad Magister en Defensa de los Derechos Humanos y el DIH ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Maestría

Treball Final del Màster Universitari en Advocacia. Codi: SRJ010. Curs acadèmic 2019-2020

La presente investigación, pretende visibilizar la desprotección, inseguridad jurídica y las pocas garantías con que cuenta un empleador al tener vinculado un trabajador en condiciones de debilidad manifiesta por salud. Lo anterior, como consecuencia del actual desarrollo jurisprudencial y la consagración legal del fuero de salud laboral. Así pues, con esta investigación se pretende poner en evidencia los conflictos que, en la práctica se suscitan en escenarios laborales particulares en los cuales el protagonista es el trabajador en situación de discapacidad. Conflictos frente a los cuales, el respectivo empleador, suele enfrentarse a complejos retos y disyuntivas debido a: 1. la inseguridad jurídica producto de los choques de trenes de las altas cortes respecto de la materia; 2. la imposición, vía tutela, de obligaciones desproporcionadas o excesivas para el empleador; 3. el desconocimiento de la capacidad financiera de las empresas en virtud de las órdenes de tutela, y los actuales requisitos exigidos por parte del Ministerio del Trabajo al momento de autorizar el despido de un trabajador aforado; 4. el abuso de los derechos por parte de algunos trabajadores con fuero de salud; 5. las demoras y formalidades derivadas del trámite de autorización de despido ante el Ministerio del Trabajo y; 6. la poca claridad sobre la competencia para autorizar el despido cuando hay una justa causa. A partir de lo anterior, se propondrán algunas posibles soluciones de las referidas problemáticas en aras de proponer un escenario más equitativo para los empleadores, sin desconocer la especial protección constitucional que ostentan los trabajadores en situación de debilidad manifiesta por salud., The aim of this workpaper is to visualize the lack of protection, legal uncertainty and the few guarantees an employer must face when an employee is benefiting from special treatment due to his health condition. This exceptional consideration is founded on the current legislation about job stability by health condition and its jurisprudential development. Therefore, this research purpose is to highlight the conflicts that, in practice, arises in particular work scenarios in which the protagonist is a disabled employee. The conflicts that employers must dealt with are complex, challenging and can create a dilemma, and they usually are caused by the following reasons: 1. Legal uncertainty resulting from the higher Courts dissonance with regards to the matter of subject; 2. Imposition of disproportionate or excessive obligations on the employer as results of constitutional actions decisions: 3. Constitutional actions decisions do not consider employers' financial capacity; and current requirements demanded by the Ministry of Labour at the time of authorising the dismissal of an employee who benefits from special treatment due to his health condition; 4. Abusive usage of rights from protected employees because of their health condition; 5. Excessive delays and formalities associated with the Ministry of Labour's procedures for authorizing the protected employees' dismissal and; 6. Lack of clarity in the rules regarding the competence to authorize employee's dismissal when there is just cause for it. Based on the above, some possible solutions to these problems will be proposed in order to propose a more equal scenario for employers, without ignoring the special constitutional protection of workers in a situation of manifest health weakness.

La implementación efectiva del proceso de formalización de la propiedad rural representa un desafío central para las políticas públicas que actualmente se diseñan e implementan para el desarrollo rural integral. La presente investigación se propone contribuir a la comprensión de las causas de los altos niveles de informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia haciendo una revisión histórica de la evolución del marco institucional y normativo en materia de administración de tierras. Así mismo, a partir de una revisión de fuentes bibliográficas y la realización de entrevistas a personas con amplia experiencia gubernamental en materia de administración de tierras en Colombia, se estudia la importancia de la formalidad en la tenencia para el diseño y ejecución de políticas públicas orientadas hacia el desarrollo rural. Finalmente, este documento sugiere modificaciones al arreglo institucional actual propendiendo por una mayor eficiencia administrativa, con base en los insumos obtenidos de las entrevistas realizadas a los expertos. Gobierno de los Países Bajos The effective implementation of the formalisation process of rural property poses a central challenge for public policies that are currently designed and implemented for comprehensive rural development. This research intends to contribute to the understanding of the causes of the high levels of informality in land tenure in Colombia, by making a historical review of the evolution of the institutional and normative framework in land administration. Likewise, based on a revision of bibliographic sources and interviews with people with extensive governmental experience in land administration in Colombia, the importance of formality in tenure for the design and execution of public policies towards rural development is studied. Finally, this document suggests modifications to the current institutional setting aiming at greater administrative efficiency, based on the inputs obtained from the interviews carried out with the experts. Magíster en Desarrollo Rural Maestría

Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Ciencias en Negocios Internacionales The States seek through the figure of Transfer Prices (TP’s) to prevent the manipulation of the prices of goods and services between members of business groups in international business (IB), this thesis makes an extension to the existing methodology for the determination of the TP’s, incorporating a law initiative that will allow-know it possible clearly each of the main factors and elements that make up the TP’s and their influence on the IB, with the theme "Design of Transfer Prices in Mexico". The objective of this paper is to propose changes to the Mexican legal norms to give security to the legal framework in the determination of the TP’s, giving legal security to the taxpayers. The present investigation was carried out using the scientific method, applying it in the analysis and description of the independent variables such as the legal framework, legal security and as a dependent variable the TP’s related to its importance in the IB, this study is carried out through a qualitative approach to bibliographic analysis, according to the descriptive method and supported by contributions from specialists and existing legislation on the subject. Contrasting through the methodology of case study in relation to the TP’s from the particularity and complexity of a singular case, to get to understand its activity in important circumstances, resulting in that carrying out a modification to the Mexican legal framework is generated legal security for the governed in the operations of TP’s in the IB with clear rules in their determination, which if applied would be reflected in results that would lead to a better collection for the country. Los Estados buscan mediante la figura de los Precios de Transferencia (PT) impedir la manipulación de los precios de bienes y servicios entre miembros de grupos empresariales en los negocios internacionales (NI), la presente tesis hace una extensión a la metodología existente para la determinación de los PT incorporando una iniciativa de ley que permitirá conocer de manera clara cada uno de los principales factores y elementos integrantes de los PT y su influencia en los NI, llevando por tema “Diseño de los Precios de Transferencia en México”. El objetivo del presente trabajo, es proponer cambios a las normas jurídicas mexicanas para dar seguridad al marco jurídico en la determinación de los PT dando seguridad jurídica a los contribuyentes. La presente investigación se realizó haciendo uso del método científico, aplicándolo en el análisis y descripción de las variables independientes como lo es el marco jurídico, seguridad jurídica y como variable dependiente los PT relacionándolo con su importancia en los NI, este estudio se lleva a cabo mediante un enfoque cualitativo del análisis bibliográfico, conforme al método descriptivo y sustentado en aportes de especialistas y de las legislaciones existentes en la materia. Contrastando mediante la metodología de estudio de caso con relación a los PT desde la particularidad y la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes, dando como resultado que el llevar a cabo una modificación al marco jurídico mexicano se genera seguridad jurídica para los gobernados en las operaciones de PT en los NI con reglas claras en su determinación, las cuales de aplicarse se vería reflejado en resultados que llevarían a una mejor recaudación para el país.

With the present writing, it is searched to make a complete analysis on the legality of the contract of mutual to finance home and the maximum interests to charge in this type of credits, according to the new legislation of home (546 of 1999) and the problematic presented according to paragraph 30 of article 42, that from the juridical point of view generated interpretations opposed in the different juridical stages that lead to a juridical insecurity for the mortgage debtors and creditors. In the same fashion a complete analysis is made on the unification sentence SU-813 of 2007 emitted by the constitutional court, that resolves the problematic previously described, in favor of the defense of constitutional rights of debtors , but, that without a doubt leaves without legal protection the financial creditors and the good willing third parties Con el presente escrito, se busca hacer una análisis completo sobre la legalidad del contrato de mutuo para financiar vivienda y los intereses máximos a cobrar en esta clase de créditos, de conformidad con la nueva legislación de vivienda (546 de 1999) y las problemáticas presentadas respecto del parágrafo 3o del artículo 42, que desde el punto de vista jurídico generaron interpretaciones contrapuestas en los diferentes estrados judiciales que conllevaron a una inseguridad jurídica para los deudores y acreedores hipotecarios. Así mismo se efectúa un análisis completo sobre la Sentencia de Unificación SU-813 de 2007 proferida por la Corte Constitucional, que resuelve la problemática anteriormente descrita, en pro de la defensa de los derechos constitucionales de los deudores, pero, que sin duda alguna deja sin protección legal a los acreedores financieros y a los terceros de buena fe.

La investigación realizada ha llegado a explicar el influjo del ordenamiento de la unión de hecho en la protección jurídica de sus miembros y que en el distrito de Moquegua se forja una nueva conceptualización y constitución de familia. Del mismo modo, la legislación de nuestro país reconoce la unión de hecho entre un varón y una mujer que no posean impedimento matrimonial, lo que suscita una sociedad de bienes sujeta al régimen de sociedades gananciales y tiene validez solamente desde los dos años de convivencia con la condición de que conste una prueba escrita. La indagación ejecutada ha sido aplicada con incidencia en la correlación de datos, para calcular el nivel de proporción que existe entre el nivel del influjo del ordenamiento de la unión de hecho y la protección jurídica, el cual se enuncia en un esquema colateral y causal, que, por ser casos concretos se recurrió al análisis cualitativo con el objeto de ahondar en la teoría, extendiéndola y así lograr generalizarla. Asimismo, se utilizó la técnica de la observación y descripción de las documentaciones, testimonios, legajos, la entrevista en profundidad y el análisis oportuno. Se propone una nueva legislación acerca de la unión de hecho como Estado Civil, para concebir obligaciones en el reconocimiento de este escenario legal y promover el registro de la unión de hecho mediante una campaña intensiva para legitimar dicho estado de pareja, y de esta manera se considere el reconocimiento de derechos y obligaciones. Tesis

El agua es la esencia de la vida, es el recurso natural no renovable que constituye un soporte vital, cultural y económico del ser humano. En este marco se realizó un estudio sobre las implicancias jurídico-sociales de la inadecuada administración de agua de riego de la comisión de regantes del canal María Josefa, Yungay, bienio 2012-2013. El propósito principal de esta investigación fue determinar las implicancias jurídico - sociales que repercuten a los usuarios, por la inadecuada administración de agua de riego del canal María Josefa – Yungay, 2012 – 2013. Para dicho fin se realizó un estudio empírico descriptivo analítico. Los datos empíricos fueron recogidos mediante la aplicación de las técnicas de encuesta y entrevista a profundidad. Los datos acopiados evidencian que la inadecuada administración de agua de riego del canal María Josefa – Yungay conlleva implicancias jurídicas y sociales que ameritan una urgente intervención y solución. En este marco, uno de los hallazgos más importantes es el desconocimiento de la adecuada administración del recurso hídrico por parte de los miembros de la junta directiva de regantes del canal María Josefa; lo cual genera un conflicto social en los usuarios de este canal de riego ocasionado inseguridad jurídica haciendo necesaria la intervención estatal para la resolución de esta problemática social de preocupación jurídica Tesis

Artículo de investigación El presente trabajo de investigación abarca la definición de las medidas cautelares innominadas, introducidas al ordenamiento jurídico Colombiano por el Código General del Proceso. Junto con la definición de este tipo de medidas, se analizará si su aplicación en los procesos que se adelantan en las distintas jurisdicciones agreden de una u otra manera, el principio constitucional de legalidad al no estar contempladas expresamente en la ley. Igualmente se analizan las posibles consecuencias que tienen este tipo de medidas al ser aplicadas en cualquier momento del proceso. Pregrado Abogado INTRODUCCIÓN 1. MEDIDAS CAUTELARES EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. 2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 3. LAS MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS Y SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 4. POSIBLES CONSECUENCIAS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA

Este trabajo es un análisis orientado a evidenciar la evolución de la discrecionalidad en la jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual disentía el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional en el deber de motivar los actos administrativos discrecionales de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, avalándolos de forma inmotivada, para desvincularlos del servicio activo, en donde se trasgreden los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad; a su vez, se presenta una propuesta de solución con base en los mismos reglamentos que tienen las instituciones, en donde se habla de una jerarquía , estructura piramidal y escalafón, los cuales son interpretados subjetivamente por el nominador, desconociendo la supremacía de la Constitución Política y la observancia del precedente constitucional; el acatamiento de estas normas evitan la desnaturalización de la discrecionalidad y se respetaría el debido proceso, en el retiro de los integrantes de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta las evaluaciones y antecedentes de trayectoria profesional, antes de tomar las decisiones de retiro del servicio activo y de hacerlo, motivar el acto administrativo con razones de hecho y de derecho. This work is an analysis oriented to show how the contentious administrative jurisdiction doesn’t accomplish with the duty of motivate the administrative discretionary acts of retirement of the public force members, endorsing it in a unmotivated way, for the purpose of unlink them from de active service, fundamental rights of the due process and the equality are violated; at the same time, it is shown a proposal of solution based on the same regulations that have the institutions, where it is spoken about a hierarchy, pyramidal structure and scale, which are subjectively interpreted by the nominator, disowning the supremacy of the constitution and the observance of the constitutional preceding; the abidance of this rules avoid the perversion of the discretion and it will respect the due process, in the retirement of the members of public force, considering the assessments and the records of professional path, before to make decisions of retirement of active service and to do it, motivate the administrative act with reasons of the fact and right.

El marco jurídico del estado soberano mexicano señalado desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protege los derechos humanos de los gobernados. Por lo que el Estado de derecho está respaldado para su cumplimiento en la estructura normativa del territorio mexicano. En el Estado Democrático de derecho, los márgenes de la ley son más amplios. Se espera que un fiscal o un juez tome decisiones fundamentales, atendiendo al bienestar colectivo, previo acuerdo de la sociedad. El Jurado Popular es un buen ejemplo: Deja que un grupo de personas ordinarias, de acuerdo con los valores que entran en el juego del proceso decidan la inocencia o culpabilidad de una persona. “Sostener a un Estado democrático de derecho siempre es más complejo y más caro que un estado de derecho normal…” 49 Es por lo que se hace mención que en la actualidad se han incrementado los asuntos de hechos de tránsito, por causas en exceso de velocidad, consumo de alcohol o enervantes, falta de pericia, imprudencia, situaciones que han generado conductas que pueden ir desde infracciones hasta conductas de carácter delictivo de responsabilidades culposas. Siendo el Estado el obligado de proveer a los gobernados de los mecanismos de defensa en materia de hechos de tránsito. Siendo así que el artículo 237 del Código Penal del Estado de México, determina los lineamientos para la competencia de los conflictos en materia de hechos de tránsito para cada municipio. En Toluca, Estado de México, se tiene el marco de regulación en materia de hechos de tránsito para ser resuelto por el juez calificador, siempre y cuando no se tengan alguno de los elementos que marca el artículo 237 del Código Penal del Estado de México. Por lo que es prioritario que Estado implemente programas de difusión, orientación y prevención en materia de hechos de tránsito, con la finalidad de que el gobernado tenga certeza y seguridad jurídica en la solución del hecho.

RESUMEN: La presente obra trata de profundizar en la inseguridad jurídica manifestada en España en el periodo de 1822 hasta 1848 con las continuas restauraciones absolutistas tras la vuelta de Fernando VII a España procediendo a la imposición, de nuevo, del Ordenamiento de las Cortes de Alcalá de 1348, dentro del cual se encontraba una pragmática de tal importancia como fue el Código de las VII Partidas realizado por Alfonso X y promulgado por Alfonso XI. Esta situación va a generar que la praxis judicial adquiera una mayor importancia por el hecho de que su principal fuente del derecho a la hora de actuar fuese su albedrio judicial caracterizado por la moderación de las penas, garantizando de esta manera que no se producirían revueltas sociales por la aplicación literal de las penas y castigos de una normativa propia del siglo XIV. De la misma manera, nos vamos a encontrar ante un periodo caracterizado por una nueva justicia inspirada en principios enunciados por pensadores y políticos de finales del siglo XIX, los cuales sirvieron como base para el establecimiento de una base judicial caracterizada por el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad de las penas y la división de poderes. Si bien es cierto, el retroceso generado a través de la restauración fernandina generaría una ruptura clara con el intento de evolución judicial por parte de estos pensadores cuyo principal objetivo era evitar la vuelta a un derecho penal como primera ratio, para alcanzar una legislación integradora, con cierto grado de punibilidad pero garantizando que los delitos a imponer tuvieran su fundamento en una norma y de la misma manera, garantizar un principio contradictorio en los procedimientos penales no conocido hasta entonces en algunos ámbitos. Por último, la culminación de este procedimiento legislador y de la finalización de a inseguridad jurídica la encontraremos a través de la promulgación del Código Penal de 1848, el cual como veremos va a suponer un modelo no sólo a nivel interno, sino también a nivel comparado formando parte de la ya conocida como Familia de Códigos hispano-sudamericana. ABSTRACT: The principal objective of this work is delve into the judicial insecurity expressed with the return to Spain of Fernando VII. This King reestablished again the legislation of the fourteenth century 500 years after his promulgation by Alfonso XI. In spite of this situation, the spanish judges moderated the content of this regulation due to they were rules that imputed several punishment and probably this would generated a lot of social riots. Furtheremore we can talk about a new justice based in principles that were formuated by thinkers like Montesquieu, Beccaria and Lardizábal. These principles are the legality and the proporcionality of the criminal law differentiated by this way of the situation of the ancient justice. The zenith of this procedure was the promulgation of the criminal code en 1848 that was the base of other laws in the future of the spanish legislation and also in other countries in south america so we can see the importance of this job Grado en Derecho

31 páginas Desde el 2014 la Corte Constitucional ha cambiado su postura en relación con los derechos adquiridos que confieren los títulos mineros a sus beneficiarios, ocasionando así una gran inseguridad jurídica, por lo que se procede al análisis de las motivaciones de dicha corporación en las sentencias que tuvieron mayor relevancia en el tema y se superpondrán a todo el desarrollo constitucional, legislativo y jurisprudencial. La mayor problemática que se deriva de este cambio en la jurisprudencia es en relación con los derechos adquiridos. Ya que, anteriormente, se consideraban derechos adquiridos las minas que estaban en etapa de exploración aunque no contaran con Licencia Ambiental. Ahora la Corte sostiene que únicamente son derechos adquiridos aquellas minas que cuenten con Licencia Ambiental, desconociendo así la categoría que se tenía sin indemnización alguna.

Artículo de reflexión La presente investigación da a conocer cómo los laudos arbitrales internacionales han encontrado en las acciones constitucionales un obstáculo para su ejecución y por ende a la seguridad jurídica ya que no brinda estabilidad para las partes dentro de este proceso, creando así una falta de escogencia de realizar este arbitraje en nuestro país al generar más gastos procesales y celeridad que está en la naturaleza de este mecanismo. Este artículo utilizo un estudio documental para dar identificar estas ambigüedades y proponer soluciones analizando a través de la historia la incorporación de este mecanismo a nuestro ordenamiento jurídico y como esta estructura legal crea duda al dejar sin eficacia un laudo arbitral por permitir la interposición de una acción constitucional. Pregrado Abogado 29 p. Contacto: asduran91@ucatolica.edu.co INTRODUCCIÓN 1. DESARROLLO DEL ARBITRAJE HASTA LA ACTUALIDAD 2. RECURSO DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL 3. RECURSO DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL EN AMÉRICA LATINA. 4. LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA EL LAUDO ARBITRAL EN COLOMBIA GENERADOR DE INSEGURIDAD JURÍDICA. 5. EL DEFECTO ORGÁNICO DE LOS LAUDOS ARBITRALES Y EL PRINCIPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ Y SUS LIMITACIONES. 6. INCIDENCIA DEL ORDEN PÚBLICO EN EL PROCESO ARBITRAL COLOMBIANO. 7. FALTA DE JURISDICCIÓN O COMPETENCIA COMO CAUSAL DE ANULACIÓN CONCLUSIONES REFERENCIAS

Con la STJUE de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, se pone al descubierto la defectuosa interpretación llevada a cabo en la creación jurisprudencial del control de transparencia. A nuestro juicio, los errores manifiestos que afectan a este nuevo control tienen su origen en una interpretación de la norma motivada por la intención de favorecer al consumidor con la creación ex professo del referido control, a la vez que se intentan dulcificar las consecuencias derivadas de la sanción de nulidad que las entidades de crédito han de soportar. Producida la primera llamada de atención, sería una grave equivocación obviar la necesidad de revisar nuestra doctrina jurisprudencial, que se ha visto desbordada al procurar la complacencia de las partes implicadas. The faulty interpretation carried out in the recent case-law relative to control of transparency has been brought to light with the CJEU’s ruling of 21st December 2016, Gutiérrez Naranjo and others, C-154/15, C-307/15 and C-308/15. It is our belief that the errors revealed that affect this new control have their origin in an interpretation of the regulation motivated by, on the one hand, the intention to benefit the consumer with the deliberate creation of said control and, on the other hand, the attempt to soften the consequences from the nullity sanction that lending entities must endure. After a first warning, it would be a grave mistake to ignore the need to review our case-law doctrine, which is overwhelmed by seeking to satisfy all parties involved.

El trabajo es un estudio sobre las sentencias contradictorias que se han dictado tanto en los procesos por la vía ordinaria como en la constitucional referente a la acción de nulidad del laudo arbitral. Existe un procedimiento judicial que no es claro en su trámite. La Ley nos indica el juez que la tramitará, el tiempo en que se debe sentenciar, pero no establece el tipo de juicio en que se desarrollará la causa. Se recomienda el trámite ha seguirse, para lo cual se recomienda las reformas que hay que hacer a la Ley de Arbitraje y Mediación.

En esta investigación se analizan los efectos que, en España, producen los reglamentos, que son normas emanadas de la administración. Estos, en innumerables casos los prevalecen por encima de la ley y de los tratados internacionales, y que, además en la práctica, terminan por regular importantes espacios sociales y del Estado, ocasionando una enorme inseguridad jurídica. The text analyses the legal effects that decrees, an administrative norm, cause in Spain. Decrees do not only prevail in uncountable cases over laws and international treaties, they also regulate important social and public spaces. Consequently, they lead to an enormous legal insecurity.