La potestad sancionadora de la Administración y el control del COVID-19

[ES] Con ocasión de la declaración del estado de alarma por el desconocido Covid-19, la potestad sancionadora de la Administración tomó su mayor protagonismo en los meses en los que toda la ciudadanía se encontraba en una situación de confinamiento domiciliario. De tal forma, el primer Real Decreto 463/2020 establecía una serie de limitaciones con la finalidad de proteger la salud pública, sin embargo, la aplicación analógica de ciertas normas sin especificar las conductas no permitidas, la generalidad de la normativa aplicable y la variedad de interpretaciones que se generaron como consecuencia de la oportuna celeridad, llevaron a las autoridades competentes a sancionar comportamientos que hasta la fecha eran comunes, en ocasiones, sin requerir previamente a la persona sobre la prohibición de la conducta realizada, lo cual fue, durante un largo periodo, objeto de debate en los tribunales. La correcta aplicación de los principios sancionadores de la administración se pone en constante duda, así como la debilidad argumental de la corriente que señala que el Real Decreto es una norma abstracta y que, por tanto, no es necesario llevar a cabo el apercibimiento oportuno. De igual forma, la inseguridad jurídica en esta situación excepcional es creciente y notoria, así como las dudas constantes en la ciudadanía y las autoridades con respecto a las conductas susceptibles de ser sancionadas.