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espanolEste ano se cumplen los cuarenta anos del inicio de la labor de la Corte Interamericana. En el articulo se analizan algunas de las principales tendencias que han caracterizado la actuacion de este tribunal a lo largo de sus primeras cuatro decadas de existencia. Se pone de manifiesto el caracter crecimiento expansivo y se advierte sobre algunos de los riesgos que ello trae consigo. EnglishThis year marks the 40th anniversary of the beginning of the work of the Inter-American Court. The article analyzes some of the main trends that have characterized the performance of this court throughout its first four decades of existence. It shows the expansive growth character and warns about some of the risks that this entails.

La presente tesis de nivel pregrado para optar al título de abogado, busca esquematizar los resultados del proyecto de investigación cuyo objetivo general es el de poder establecer la obligatoriedad del precedente jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos humanos, frente a la aplicación del Control de Convencionalidad en su carácter difuso. Se parte de comprender que esta figura es una construcción relativamente reciente pues tiene su origen en el histórico fallo de Almonacid Arrellanos Vs. Chile. En este se establece que los operadores jurisdiccionales y demás órganos estatales están obligados a acatar la Convención Americana en toda toma de decisiones que se realice. No obstante, surge como principal punto de conflicto, hasta qué punto dicha obligación abarca la jurisprudencia interamericana y sus interpretaciones al ser estos elementos evolutivos que constantemente cambian conforme a las realidades sociales. Por ello la investigación parte de la pregunta problema ¿En qué medida aplicar el control de convencionalidad difuso es obligatorio respecto del precedente jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? cuya ejecución se realizó mediante una Metodología de análisis jurisprudencial, analítico y descriptivo, y su principal resultado abarca el comprender como los elementos del sujeto, objeto y parámetro componen en sí mismo y dependiendo de la situación un aspecto de obligatorio acatamiento. This undergraduate thesis to apply for the title of lawyer, seeks to outline the results of the research project whose general objective is to be able to establish the obligatory nature of the jurisprudential precedent of the Inter-American Court of Human Rights, against the application of the Control of Conventionality in its diffuse character. It starts from understanding that this figure is a relatively recent construction since it has its origin in the historical ruling of Almonacid Arrellanos Vs. Chile. It establishes that jurisdictional operators and other state bodies are obliged to abide by the American Convention in all decision-making that is carried out. However, the main point of conflict arises to what extent said obligation encompasses inter-American jurisprudence and its interpretations as these evolutionary elements are constantly changing according to social realities. Therefore, the investigation starts from the problem question. To what extent is applying diffuse conventionality control mandatory with respect to the jurisprudential precedent of the Inter-American Court of Human Rights? whose execution was carried out by means of a jurisprudential, analytical and descriptive analysis methodology, and its main result includes understanding how the elements of the subject, object and parameter compose in themselves and depending on the situation an aspect of mandatory compliance. Abogado http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/presentacion Pregrado

La Procuraduría General de la Nación, es una Autoridad Administrativa, encargada de investigar en proceso disciplinario y en este marco emitir sanción a los servidores públicos, así mismo, tiene la facultad legal de restringir derechos políticos como el de elegir y ser elegido, sin embargo, a voces del numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dicha facultad debe estar en cabeza de un juez y la limitación realizarse en un proceso penal, por ello en sentencia del 8 de julio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano para que en un plazo razonable ajuste sus normas internas a las disposiciones que establece la Convención. The Attorney General's Office is an Administrative Authority, in charge of investigating and disciplining public servants, it also has the legal power to restrict political rights such as the right to elect and be elected, however, according to numeral 2 of Article 23 of the Inter-American Convention on Human Rights, such power must be in the hands of a judge and the limitation must be made in a criminal proceeding, therefore, in a judgment of July 8, 2020, the Colombian State was ordered to adjust its domestic legal system to the provisions of the Convention within a reasonable period of time. Magister en Derecho Público http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Maestría

Los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en el Municipio de Mapiripán, Departamento del Meta, corresponden a una de las masacres más atroces y reprochables ocurridas en nuestro país, no solamente por el trato cruel y despiadado del que fueron objeto las víctimas, sino por la acreditada colaboración de la Fuerza Pública para que ésta se perpetrara. Al constatar la responsabilidad internacional agravada del Estado Colombiano, en sentencia de fondo, reparaciones y costas, del 15 de septiembre de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró procedente aplicar el principio fundamental del Derecho Internacional sobre la responsabilidad del Estado, consistente en el deber de reparar adecuadamente los daños y hacer cesar las consecuencias de la violación, ordenando las correspondientes medidas de reparación integral. Lamentablemente, en Colombia se han presentado varias masacres similares. El objetivo de este artículo es demostrar que, en virtud del control de convencionalidad, la sentencia proferida por la Corte Interamericana en el caso de la “Masacre de Mapiripán” es vinculante para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo respecto de los casos análogos. Con tal propósito, se analizan dos sentencias del Consejo de Estado en las que el contenido de la responsabilidad del Estado colombiano declarada por el Consejo de Estado fue diferente al establecido en el Sistema Interamericano pese a la similitud de los hechos. The events that occurred between July 15 and 20, 1997 in the municipality of Mapiripán, department of Meta, correspond to one of the most atrocious and reprehensible massacres that occurred in our country, not only because of the cruel and merciless treatment to which the victims were subjected, but also because of the proven collaboration of the security forces in its perpetration. Upon confirming the aggravated international responsibility of the Colombian State, in its judgment on the merits, reparations and costs of September 15, 2005, the Inter-American Court of Human Rights considered it appropriate to apply the fundamental principle of International Law on the responsibility of the State, consisting of the duty to adequately repair the damages and put an end to the consequences of the violation, ordering the corresponding measures of integral reparation. Unfortunately, several similar massacres have occurred in Colombia. The purpose of this article is to demonstrate that, by virtue of the control of conventionality, the judgment issued by the Inter-American Court in the case of the "Mapiripán Massacre" is binding for the Contentious-Administrative Jurisdiction with respect to analogous cases. For this purpose, two judgments of the Council of State are analyzed in which the content of the Colombian State's responsibility declared by the Council of State was different from that established in the Inter-American System despite the similarity of the facts. Maestría Magíster en Derecho de Estado con énfasis en Derecho Público (Modalidad Investigación)

Esta tesis tiene como objetivo corroborar si las leyes disciplinarias colombianas cumplen con los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del Derecho Disciplinario colombiano. Así, a partir de una interpretación sistemática de la ley colombiana, la jurisprudencia nacional e internacional y la doctrina jurídica, el estudio determinará si el Estado no sólo se adhiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos sino que también respeta sus límites en cuanto a las Garantías Judiciales (artículo 8.2. ); el Principio de Legalidad y de Retroactividad (artículo 9) y la restricción de los Derechos Políticos (artículo 23.2), de los trabajadores del Estado sujetos a la ley disciplinaria. This thesis aims to corroborate if Colombian disciplinary laws comply with the international standards of the Inter-American Court of Human Rights within the framework of Colombian Disciplinary Law. Thus from a systematic interpretation of Colombian law, national and international jurisprudence and legal doctrine, the study will determine if the State not only adheres to the American Convention on Human Rights but also respects its boundaries regarding the Right to a Fair Trial (article 8.2.); the Principle of Legality also know as the Freedom from Ex Post Facto Laws (article 9) and the restriction of the Right to Participate in Government (article 23.2), of State workers subjected to disciplinary law. Maestría

El presente Trabajo de Fin de Grado desarrolla los medios de defensa de un Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Concretamente, se trata de un caso hipotético desarrollado por la organización de la V Competición en litigación internacional cuyo tema principal es el aborto. La base de este trabajo es la participación en dicha Competición, por lo que, como equipo participante con el rol del Estado debemos representar y defender al Estado de Arcadia de las presuntas violaciones de derechos recogidos en la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 4, 8, 11, 25, 17, 19, 24) que alegó la parte contraria. Concretamente, en las siguientes líneas se detallará la argumentación en lo referente a las excepciones preliminares. No entraremos a debatir sobre el fondo del asunto, nos centraremos únicamente en los medios de defensa que el Estado interpuso para evitar que la Corte Interamericana debatiera sobre el fondo del asunto. This Final Degree Project develops state defense at Inter-American Court of Human Rights. Specifically, it is a hypothetical case developed by the organization of the V Competition in international litigation whose main issue is abortion. The framework is the participation in the V Competition as a participating team with the role of the State, we must represent and defend the State of Arcadia from alleged violations of rights included in the American Convention on Human Rights (arts. 4, 8, 11, 25, 17, 19, 24). Specifically, the following lines will detail the argumentation about preliminary exceptions. We will not discuss about the violation rights, we will only focus on state defense to prevent that the Inter-American Court from debating the merits of the case.

Artículo de investigación En este artículo se analizará, ¿si el Congreso Colombiano desconoció la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por Colombia, atribuyéndole funciones administrativas jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación?, En aplicación a los casos en que, está Entidad Administrativa suspende y sanciona funcionarios de elección popular; violando su debido proceso, las pautas de convencionalidad impuestas por nuestra Constitución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el referente jurisprudencial del Consejo de Estado, desde el caso del presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego cuando fue alcalde de Bogotá. Pregrado Abogado Preámbulo 1. El derecho a elegir y ser elegido en Colombia en aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. 2. El principio de convencionalidad en Colombia y su aplicación en la actuación disciplinaria sancionatoria. 3. Facultades disciplinarias de la procuraduría general de la nación sobre los elegidos popularmente. 4. Prohibición para que entidades administrativas ejerzan funciones administrativas jurisdiccionales en cuanto a derechos políticos. Conclusiones Bibliografía

Artículo de investigación El presente documento evalúa la Ley 2094 de 2021, por medio de la cual se reforma el Código Único Disciplinario, en lo que respecta a un análisis acerca de si con la misma realmente se cumplió con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la sentencia del 8 de julio del 2020, en el caso Petro Urrego vs Colombia, en atención a la aplicación de la función administrativa sancionatoria contra los servidores de elección popular. Para llevar a cabo este objetivo, se realizará un estudio jurisprudencial, evidenciando los pronunciamientos de la Corte Constitucional frente a la función administrativa sancionatoria en servidores de elección popular, posteriormente se analizará lo ordenado por la Corte Interamericana de Derecho Humanos y se estudiará si lo anterior es acogido por el Estado colombiano, por medio de la Ley 2094 de 2021, a través de lo cual se llega a concluir que, la Ley 2094 de 2021 no cumple con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el contrario, vulnera los derechos políticos de los servidores públicos y la Convención Americana de Derechos Humanos. (Tomado de la fuente). Pregrado Abogado INTRODUCCIÓN 1. ANTECEDENTES NACIONALES 2. SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO PETRO URREGO VS COLOMBIA 3. PROYECTO DE LEY 2094 DE 2021 4. PROYECTO DE LEY 2094 DE 2021 FRENTE A LAS ÓRDENES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CONCLUSIONES REFERENCIAS

RESUMEN El presente trabajo de investigación estudia la figura del control de convencionalidad en los tribunales arbitrales y en los laudos arbitrales, acudiendo al estudio del derecho comparado, y realiza un análisis a los sistemas regionales de protección de los derechos humanos en América, Asia, África y Europa para así evidenciar que existe un vacío legislativo en la aplicación del control de convencionalidad a los laudos arbitrales. Se toman precedentes de la jurisprudencia internacional para establecer qué mecanismos procesales pueden utilizarse para la anulación de un laudo que viole normas convencionales contenidas en un tratado internacional de derechos humanos. ABSTRACT The present work of investigation studies figures as the application of the control of convencionalidad in the arbitral courts and in the arbitral awards, coming to the study of the compared right, realizing an analysis to the regional systems of protection of the human rights in America, Asia, Africa and Europe this way to demonstrate that a legislative emptiness exists in the application of the control of convencionalidad to the arbitral awards, taking precedents of the international jurisprudence to establish that procedural mechanisms can be in use for the cancellation of an award that violates conventional procedure contained in an international agreement of human rights.

Aborda el debate clásico frente a los derechos sociales centrándose en desarrollar una dogmática apropiada sobre la prohibición de regresividad de los derechos sociales, que permita controlar judicialmente los eventuales retrocesos de las autoridades a partir del control de Convencionalidad. La característica principal de la prohibición de regresividad de los derechos sociales, la encontramos en su relación con el principio de progresividad, que consagra la obligación para los Estados de impulsar estos derechos, a pesar de que muchos gobiernos y legisladores constantemente introducen medidas que retroceden en la protección de los derechos de contenido social. Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas consiste en que el Estado no cuenta con los recursos para garantizar la sostenibilidad de las obligaciones, lo que nos llevaría a entender los derechos sociales como derechos costosos y condicionados en su realización a la ineluctable reserva de lo económicamente posible o razonable, identificándose un defecto en su estructura que los diferenciaría de los demás derechos. Se entiende por defecto de estructura la atribución exclusiva de obligaciones positivas a cargo del Estado, a diferenciaría de los derechos civiles y políticos que generarían obligaciones negativas, situación esta que haría conceptualmente imposible o materialmente inviable la exigibilidad de los derechos, agravándose aparentemente por el hecho de tratarse de derechos vagos e indeterminados, de incidencia colectiva, prestacionales, caros, sin fundamento axiológico y de segunda o tercera generación lo que no dejaría en claro ni cuál es la conducta a la que obligan ni quienes son los sujetos obligados, impidiendo y dificultando su tutela como derechos fundamentales. La investigación de esta problemática jurídica se realizó por el interés académico de conocer cuál es el alcance y contenido desde la dogmática jurídica de la prohibición de regresividad de los derechos sociales fundamentales, además de analizar desde la teoría constitucional como instrumento agregado de Justiciabilidad el denominado control de Convencionalidad. It tackles the classical debate on social rights, focusing on developing an appropriate dogmatic theory on the prohibition of regressivity of social rights, which allows for judicial control of eventual setbacks of the authorities from the control of Conventionality. The main characteristic of the prohibition of regressivity of social rights, we find in its relation to the principle of progressivity, which establishes the obligation for States to promote these rights, despite the fact that many governments and legislators constantly introduce measures that retreat in the protection of social content rights. To analyze this problem it is necessary to mention its causes. One of them is that the State does not have the resources to guarantee the sustainability of the obligations, which would lead us to understand social rights as expensive and conditioned rights in their realization to the ineluctable reservation of the economically possible or reasonable, identifying a defect in their structure that would differentiate them from the other rights. Structure defect is understood as the exclusive attribution of positive obligations by the State, as opposed to civil and political rights that would generate negative obligations, a situation that would make the enforceability of rights conceptually impossible or materially unfeasible, apparently aggravated by the fact of being vague and indeterminate rights, of collective incidence, prestacionales, expensive, without axiológico foundation and of second or third generation what would not make clear neither which is the behavior to which they oblige or who are the obligated subjects, impeding and making difficult his guardianship as fundamental rights. The investigation of this legal problem was made by academic interest to know what is the scope and content from the legal doctrine of the prohibition of regressive fundamental social rights, in addition to analyzing from the constitutional theory as an added instrument of justiciability the so-called control of Conventionality. Magister en Derecho Público http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Maestría

En el primer capítulo, se realizará una breve descripción acerca del origen, significado, funciones, características y finalidades de la investigación penal de análisis de contexto, como instrumento de política criminal, y estrategia de solución a las limitaciones en el proceso de investigación, por parte de la Justicia Penal Ordinaria, en relación a los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Colombia, con el objetivo de superar los índices de impunidad de dichas conductas criminales, desmantelar a las diversas organizaciones criminales existentes en Colombia, y lograr, los fines de la Justicia Transicional y la Justicia Restaurativa a favor de sus víctimas. En el segundo capítulo, se darán a conocer los diversos criterios de priorización de situaciones y casos, que han sido empleados, para investigar los crímenes de lesa humanidad, desde el Derecho Internacional, y en particular por parte de los Tribunales Penales Internacionales, tales como, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, y los Tribunales ad hoc, dentro de los cuales, se han implementado políticas de priorización. En el tercer capítulo, se realizará una descripción, de los criterios de priorización de situaciones y casos, que han sido empleados hasta el momento, para investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Colombia, señalando a grandes rasgos, las deficiencias dentro de dichos procesos de investigación para estas conductas, como crímenes de alto impacto nacional, con el objetivo de salvaguardar los derechos de sus víctimas, identificar a los máximos responsables de estos grupos criminales, y lograr la imputación de la responsabilidad penal consecuente de sus conductas. 3 Finalmente, y con el propósito de demostrar la importancia de implementar dicha estrategia de investigación para los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Colombia, por parte de la Dirección de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la Nación, en el cuarto capítulo, se presentará un estudio de un caso que fue investigado con base en dicha estrategia, sobre el delito de desplazamiento forzado por la violencia agravado, en concurso heterogéneo con el delito de concierto para delinquir agravado, realizado por parte de la Fiscalía Local de Buenaventura, y la realización y análisis, de tres entrevistas semiestructuradas, a funcionarios de la Dirección de Análisis y Contextos, y de la Dirección de Políticas Públicas, de la Fiscalía General de la Nación, y de la Corte Constitucional, que han llevado a cabo sus investigaciones por medio de dicha estrategia de política criminal. Palabras clave: Investigación, análisis de contexto, política criminal, crímenes, lesa humanidad, impunidad, justicia transicional, justicia restaurativa, criterios de priorización, justicia penal ordinaria, impunidad, conductas criminales, justicia transicional, justicia restaurativa, criterios de priorización, mecanismos de investigación, desplazamiento forzado, victimas, máximos responsables, responsabilidad penal, derecho penal internacional, tribunales penales internacionales, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, Tribunales ad hoc del Derecho Penal Internacional, estudio de caso, concierto para delinquir agravado, estrategia, entrevistas semiestructuradas, Fiscalía General de la Nación, Corte Constitucional. In the first chapter, a brief description will be made about the origin, meaning, functions, characteristics and purposes of the criminal investigation of context analysis, as an instrument of criminal policy, and strategy of solution to the limitations in the investigation process, by part of the Ordinary Criminal Justice, in relation to the crimes against humanity perpetrated in Colombia, with the aim of overcoming the indices of impunity of said criminal conducts, and dismantling the various criminal organizations existing in Colombia, and achieving the ends of Transitional Justice and Restorative Justice in favor of its victims. In the third chapter, the various criteria for prioritizing situations and cases that have been used to investigate crimes against humanity will be announced, from International Law, and in particular by the International Criminal Tribunals, such as , the International Criminal Court, the Inter-American Court of Human Rights, the European Court of Human Rights, the American Convention on Human Rights, and the ad hoc Tribunals of International Criminal Law, within which prioritization policies have been implemented. In the third chapter, a description will be made of the criteria for prioritizing situations and cases, which have been used so far, to investigate the crimes against humanity perpetrated in Colombia, pointing out in broad terms, the deficiencies within said processes of investigation for these conducts, like crimes of high national impact, with the aim of safeguarding the rights of their victims, identifying the maximum responsible for these illegal groups, and entering to impute the consequent criminal responsibility of their behaviors. Finally, and with the purpose of demonstrating the importance of implementing this research strategy in the crimes against humanity perpetrated in Colombia, by the Directorate of Analysis and Contexts of the Office of the Attorney General of the Nation, in the fourth chapter, it will be presented the study of a case that was investigated based on this strategy, on the crime of forced displacement due to aggravated violence, in heterogeneous contest with the crime of aggravated conspiracy to commit, carried out by the Local Prosecutor's Office of Buenaventura, and the realization and analysis, of three semi-structured interviews, to officials of the Analysis 5 and Contexts Directorate, and of the Directorate of Public Policies, of the General Prosecutor's Office of the Nation, and of the Constitutional Court, who have carried out their investigations through said criminal policy strategy. Keywords: Research, context analysis, criminal policy, crimes, crimes against humanity, impunity, transitional justice, restorative justice, prioritization criteria, ordinary criminal justice, impunity, criminal behavior, transitional justice, restorative justice, prioritization criteria, mechanisms of investigation, forced displacement, victims, maximum responsible, criminal responsibility, international criminal law, international criminal tribunals, the International Criminal Court, the Inter-American Court of Human Rights, the European Court of Human Rights, the American Convention on Human Rights, ad hoc Courts of International Criminal Law, case study, aggravated conspiracy, strategy, semi-structured interviews, Office of the Attorney General of the Nation, Constitutional Court. Magister en Derecho Penal http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Maestría

Resultan incuestionables los elevados índices de inseguridad ciudadana, los delincuentes, especialmente la criminalidad organizada, actúa cada más violentos y deshumanizados, por eso surge una necesidad imperiosa de combatir radicalmente los delitos muy graves donde se priva de la vida a la víctima, siendo la pena de muerte una alternativa viable. Su aplicación está impedida por la Convención Americana de Derechos Humanos, pero al cual se puede renunciar, además que la reforma de la Constitución también es factible incluso vía referéndum, en tanto que el Código Penal, Procesal Penal y Ejecución Penal también se pueden modificar. El sustento para su aplicación está desarrollado y en los países desarrollados funciona con resultados alentadores, muy a pesar de argumentos en contra de la pena capital, considerando que solo se propugna su aplicación para delitos muy graves seguido de óbito y para ello también es necesario reducir los errores judiciales con la adecuada capacitación de los jueces, así como de todos los órganos vinculados a la administración de justicia

Intentaremos acercarnos a una parte específica del amplio desarrollo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos les ha dado a las formas de reparación de las violaciones –por parte de los Estados– de los derechos reconocidos y protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. Pondremos el ojo en algunos fallos del Tribunal interamericano en los que se juzgó un proceso judicial de responsabilidad interno llevado a cabo en el ámbito del poder judicial (justicia contenciosa administrativa) del Estado colombiano., Sección: Comentarios a Jurisprudencia., Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Resumen : El artículo, sobre la base del corpus iuris que tiene como raíz el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño, sistematiza los estándares jurisprudenciales de la Corte IDH sobre la materia, planteando el aseguramiento y garantía constitucional de los derechos del niño y adolescentes, teniendo como antecedentes diversas Constituciones latinoamericanas o reformas constitucionales que aseguran los derechos del niño en las últimas décadas en América Latina. Abstract : rticle based on the corpus juris which is based on Article 19 of the American Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Children, systematized standards jurisprudential American Court on the matter, raising the assurance and guarantee constitutional rights the children and adolescents, with the various backgrounds Latin American constitutions or constitutional reforms that ensure children’s rights in recent decades in Latin America.

Resumen : El artículo, sobre la base del corpus iuris que tiene como raíz el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño, sistematiza los estándares jurisprudenciales de la Corte IDH sobre la materia, planteando el aseguramiento y garantía constitucional de los derechos del niño y adolescentes, teniendo como antecedentes diversas Constituciones latinoamericanas o reformas constitucionales que aseguran los derechos del niño en las últimas décadas en América Latina.

La naturaleza tutelar del interés superior del niño es un elemento sobre el que se construyen derechos. El objetivo lograr una aplicación e interpretación uniforme de la directriz, a efectos de que las sentencia y resoluciones logren consolidar el principio de efectividad; se tomen decisiones jurisdiccionales y administrativas en consonancia con los derechos humanos lejos de la denominada lógica y razonamiento estándar, analizando las opiniones consultivas, y la Convención de Derechos Humanos. La metodología empleada en la investigación es de tipo cualitativa y se utilizó los métodos inductivos – deductivo; analítico sintético e histórico lógico. El resultado más relevante es rescatar el mecanismo de ponderación judicial en la aplicación de la directriz interés superior del niño en el análisis judicial para emitir fallos motivados.

El estudio analizar las estructura, organización y principales funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Universidad de Costa Rica/[722-B8-A12]/UCR/Costa Rica UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ciencias Sociales::Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ)

El presente texto es resultado de un estudio investigativo de la omisión legislativa, su propósito es analizar esta figura a partir de diversos ángulos, entendiendo que la construcción de un sistema jurídico sea una respuesta eficaz a la compleja realidad de nuestro tiempo, la cual se nos muestra como una ineludible exigencia de la lógica del derecho. Esta necesidad obliga a plantear nuevas figuras donde se manifieste la técnica jurídica. Una de ellas es la inconstitucionalidad por omisión, la cual despierta en nosotros un elevadísimo interés, pese a que la doctrina, en general, no le ha dedicado excesiva atención. A su vez, se analizará el control de convencionalidad y se propondrá el concepto de “omisión legislativa convencional”, ejemplificándolo con varias sentencias de la Corte IDH. This paper is the result of a research analysis of the legislative omission, its purpose is analyze this concept from different perspectives, knowing that the construction of a legal system that provides effective response to the complex reality of our time, appears as an requirement of the logic of law. This need, compel us to create new resources that reflect the legal technique. One is the unconstitutional omission, which is so interesting for us, but isn’t developed by the doctrine. Furthermore, it analyzes the conventionality control and purpose the concept of conventional legislative omission, showing different judgements of the Interamerican Court of Human Rights.

El control de convencionalidad, de acuerdo con BUSTILLO MARÍN, “es el mecanismo que se ejerce para verificar que una ley, reglamento o acto de las autoridades de un Estado, se ajustan a las normas, los principios y obligaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos”. Cuando los países ratifican convenios internacionales se requiere un gran compromiso por parte de los aplicadores del Derecho, ya que estos deben ejercer un adecuado control de convencionalidad. Sin embargo, en Costa Rica no siempre ha sido así y no se han desarrollado los cambios requeridos en la legislación. El presente ensayo, expone además sobre las medidas de seguridad y la peligrosidad, y su relación con el control de convencionalidad.

Desde el inicio de la vigencia del Código Procesal Penal, en el año 2000, se ha estimado que los jueces de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal, son competentes para conocer y resolver acerca de la legalidad de la detención del imputado. Se pretende en este artículo contribuir a precisar en qué consiste la detención ilegal y proponer una manera de sistematizar las hipótesis en que se presenta, con ocasión de un proceso penal.

37 p. El presente capítulo propone el desarrollo evolutivo que ha tenido el Control de Convencionalidad (CCV), tanto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) como en el caso específico colombiano. Se resalta esa confrontación normativa que posee esta herramienta en sus métodos de aplicación para la protección de los derechos humanos en el SIDH, así como las diferentes vertientes que se han venido desarrollando en las distintas áreas del Derecho. Se sigue una metodología científica exploratoria con un enfoque analítico, desarrollado en dos ejes temáticos. En el primero, y de manera general, se hace énfasis en la definición del Control de Convencionalidad en todas sus directrices, y en específico, en lo que respecta al caso colombiano; en el segundo, se demuestra la aplicación del Control de Convencionalidad en diferentes áreas del derecho y la importancia que se le ha encomendado al Derecho Internacional de los derechos humanos. Finalmente, se concluye que el Control de Convencionalidad no se aplica solo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino, además, al corpus iuris vinculante para el Estado que ha firmado y ratificado la CADH. Este capítulo de libro contiene resultados del proyecto de investigación: “La convencionalización del derecho: el caso del ordenamiento jurídico colombiano desde la justicia multinivel y el posconflicto”, el cual hace parte de la línea de investigación “Fundamentos e implementación de los Derechos Humanos”, del Grupo de Investigación: “Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia”, reconocido y categorizado en (B) por Colciencias, registrado con el código COL0120899, vinculado al Centro de Investigaciones Socio Jurídicas (Cisjuc) y adscrito y financiado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Elementos definitorios del Control de Convencionalidad (CCV) Sistema Interamericano de Derechos Humanos Caso colombiano Antecedentes del Control de Convencionalidad (CCV) Control de Convencionalidad: tipología Control Concentrado de Convencionalidad Control de Convencionalidad Difuso Diferencias con el Control de Constitucionalidad Derecho procesal convencional de los Derechos Humanos Aplicación del Control de Convencionalidad (CCV): implementación del CCV en las diferentes disciplinas del derecho El Control de Convencionalidad en el procedimiento administrativo Implementación del Control de Convencionalidad en el procedimiento penal Principios y Control de Convencionalidad de las normas penales El principio de proporcionalidad El control de las medidas cautelares Implementación del Control de Convencionalidad en el Derecho Internacional Público: el ius constitutionale commune en América Latina Conclusiones

30 p. Este estudio gira en torno a los estándares de protección del líquido vital en distintas jurisdicciones, a escala nacional y regional. El agua, desde siempre, ha sido un recurso indispensable para el desarrollo y progreso humano, y en la actualidad, debido a la contaminación de ríos y otras fuentes hídricas significativas para el abastecimiento del recurso en condiciones de potabilidad para el consumo humano, ha surgido la necesidad de fijarse desde el derecho internacional una serie de reglas o estándares que se apliquen en el derecho interno de cada Estado, para que, por un lado, se protejan las fuentes hídricas y, por otro, los Estados se obliguen a extender a toda su población disponibilidad , accesibilidad y potabilidad del agua. Es allí donde cobra importancia el control de convencionalidad, pues se configura como un mecanismo que permite a los organismos judiciales de cada país, establecer un examen de las normas de derecho interno frente a los estándares fijados de manera internacional, lo cual consiente aplicar las normas que garantizan el derecho y unificar interpretaciones judiciales sobre el derecho al agua en el derecho interno frente a las de tribunales e instrumentos internacionales, y de esta manera, acatando obligaciones internacionales y evitando violaciones de derechos humanos a nivel individual o colectivo. Este capítulo de libro contiene resultados del proyecto de investigación “La convencionalización del derecho: el caso del ordenamiento jurídico colombiano desde la justicia multinivel y el posconflicto”, que hace parte de la línea de investigación “Fundamentos e implementación de los Derechos Humanos” del Grupo de Investigación “Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia”, reconocido y categorizado en (B) por Colciencias, registrado con el código COL0120899, vinculado al Centro de Investigaciones Socio Jurídicas (Cisjuc), y adscrito y financiado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. La judicialización del derecho al agua en Colombia Dimensión individual del derecho al agua Derecho al agua de sujetos especiales Dimensión colectiva del derecho al agua La judicialización del derecho al agua en Argentina, España e India Argentina La judicialización del derecho al agua en España La judicialización del derecho al agua en India El papel del control de convencionalidad en la judicialización del derecho al agua en el marco internacional de los derechos humanos Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH Comisión Africana de Derechos Humanos Conclusiones

28 p. La historia de América Latina ha registrado numerosos acontecimientos en los que se ven implicados miembros de las fuerzas militares y de la policía, en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, vulneraciones que, por demandas no solo nacionales sino regionales, exigen ser debidamente juzgadas. Estos deseos se ven menguados en la práctica por el fuero militar y por su propia jurisdicción, por esta razón resulta conveniente revisar los lineamientos regionales e internos que delimitan dichas disposiciones en pro del respeto por los derechos humanos, buscando establecer cuál de los dos resulta ser el más adecuado para cumplir la finalidad en mención; para ello, esta investigación se dividirá en tres ejes temáticos: i) un marco teórico sobre los estándares internos acerca de los límites a la jurisdicción militar, ii) limites regionales, y iii) aplicación interna de los preceptos supranacionales sobre el fuero militar. Este capítulo es resultado de los proyectos de investigación: “Justicia Multinivel y aplicabilidad del control de convencionalidad en la tutela judicial efectiva de los derechos humanos dentro de la Fuerza Pública colombiana”, que hace parte de la línea de investigación: “Relaciones internacionales, seguridad y defensa” del Grupo de Investigación: “Estudios Internacionales”, vinculado a la Facultad de Relaciones Internacionales, adscrito y financiado por la Escuela Militar de Cadetes Gral. José María Córdova, y del proyecto: “La convencionalización del derecho: el caso del ordenamiento jurídico colombiano desde la justicia multinivel y el posconflicto” que forma parte de la línea de investigación Fundamentación e implementación de los derechos humanos, del Grupo de investigación “Persona, instituciones y exigencias de justicia”, registrado con el código COL0120899 en Colciencias, vinculado al Centro de Investigaciones Socio Jurídicas (Cisjuc), adscrito y financiado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, con participación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Estándares internos de protección (México y Colombia) Supremacía constitucional Derecho procesal constitucional Marco constitucional en materia castrenses Jurisdicción penal militar Ámbito internacional Sistemas regionales de protección de Derechos Humanos Límites regionales a la jurisdicción penal militar Control difuso de convencionalidad Aplicación del Control de Convencionalidad Difuso Reforma al Código de Justicia Militar Declaración de cumplimento Conclusiones

De la facultad que posee el Procurador General de la Nación de Colombia para inhabilitar a los funcionarios públicos y con ello restringir su derecho a ser elegidos, se derivan una serie de implicaciones jurídicas, las cuales se obtienen en virtud de los conceptos de bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad. Para determinar dichas implicaciones, se requiere realizar un estudio y análisis de los pronunciamientos proferidos por parte de la Corte Constitucional, que sobre la materia se han dado, en contraste con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y en especial, lo dicho por este tribunal en el caso Leopoldo López contra Venezuela. Así las cosas, la responsabilidad internacional en la que puede verse inmerso el Estado colombiano, es una de las consecuencias jurídicas que se derivan de dicha facultad, lo cual denota la importancia que reviste la pronta adecuación legal y sustracción de la facultad otorgada al Procurador General de la Nación, mediante el numeral 1 del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, con el fin de que no hayan restricciones ilegales a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y de que exista un ambiente que propicie la protección adecuada del derecho político a ser elegido.

La positivización del Derecho Internacional de los Derechos Humanos obedeció a procesos sociales, políticos y económicos generados a consecuencia de conflictos, guerras y hechos claramente notorios de violaciones a los derechos del hombre, como fue el genocidio judío en la segunda guerra mundial, con la característica de que los gestores de estas violaciones fueron los gobernantes de turno en el continente europeo. Ante esta realidad, se hacía imperiosa la garantía de los derechos a todos los asociados, lo que fue plasmándose en declaraciones y tratados internacionales, donde se protegen a hombres, mujeres, niños, migrantes, trabajadores, personas con capacidades disminuidas, entre otros. Ahora bien, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no solamente es de obligatorio cumplimiento para los Estados que lo han ratificado a través de convenios y tratados sino también para todas las personas naturales que integran la población de esos Estados. El Estado colombiano ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos y aceptó la competencia de la Corte IDH desde 1985, fecha desde la cual se han proferido 16 sentencias condenatorias contra Colombia por hechos cometidos tanto por servidores públicos como por particulares ajenos a la administración, pero que actuaron con anuencia o por la omisión del Estado. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los Estados suscribieron una serie de tratados internacionales para la protección de los derechos humanos; entre los cuales Colombia ha ratificado los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus protocolos facultativos, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño, La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. The positivization of the International Law of Human Rights obeyed to social, political and economic processes generated as a consequence of conflicts, wars and clearly notorious violations of the rights of man, as was the Jewish genocide in the Second World War, with the characteristic that the managers of these violations were the current rulers in the European continent. Faced with this reality, the guarantee of rights to all members became imperative, which was reflected in international declarations and treaties, which protect men, women, children, migrants, workers, people with diminished abilities, among others. However, the International Law of Human Rights is not only mandatory for the States that have ratified it through agreements and treaties, but also for all the natural persons that make up the population of those States. The Colombian State ratified the American Convention on Human Rights and accepted the competence of the Inter-American Court since 1985, date from which 16 convictions have been handed down against Colombia for acts committed by both public servants and individuals outside the administration, but which they acted with consent or for the omission of the State. From the Universal Declaration of Human Rights of 1948, the States signed a series of international treaties for the protection of human rights; among which Colombia has ratified the International Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights and its optional protocols, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of All Forms of discrimination against women, the Convention against Torture, the Convention on the Rights of the Child, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the International Convention for the Protection of All Persons against Enforced Disappearances.

19 p. El presente artículo pretende demostrar la inclusión de parámetros convencionales en el orden jurídico interno colombiano, iniciando por diferenciar de forma clara y concisa el control de convencionalidad del control de constitucionalidad, seguido de los efectos que producen las declaratorias de convencionalidad e inconstitucionalidad hasta abarcar los pronunciamientos que la Corte Constitucional ha realizado sobre el uso y aplicación del control de convencionalidad, llegando por último a dar un vistazo a la situación actual de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH). En cada uno de los apartados se podrá observar que el control de convencionalidad representa un avance en la protección de los derechos humanos y, como tal, Colombia avanza poco a poco hasta un reconocimiento total. En la conclusión se evidenciará la necesidad en la materialización de mecanismos de protección de garantías fundamentales y los retos del Estado colombiano ante la política global de protección a estos derechos. Este capítulo de libro contiene resultados del proyecto de investigación: “La convencionalización del derecho: el caso del ordenamiento jurídico colombiano desde la justicia multinivel y el posconflicto”, el cual hace parte de la línea de investigación: “Fundamentos e implementación de los Derechos Humanos” del Grupo de Investigación: “Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia”, reconocido y categorizado en (B) por Colciencias, registrado con el código COL0120899, vinculado al Centro de Investigaciones Socio Jurídicas (Cisjuc), y adscrito y financiado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. El Control de Convencionalidad vs el Control Constitucional Efectos de las sentencias declaratorias de “inconstitucionalidad” e “inconvencionalidad” El alcance del Control de Convencionalidad, justificación de su uso en el principio pro homine o pro persona Los parámetros convencionales y su desarrollo en Colombia, pronunciamientos constitucionales sobre el Control de Convencionalidad Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Conclusiones