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En el marco del cumplimiento de los compromisos alcanzados en el Acuerdo de París, la Comunidad Autónoma de Andalucía (CA) considera que hay que movilizar al sector público, a las empresas y a la sociedad civil. Y es que la nada desdeñable reducción de emisiones a alcanzar en 2050 incidirá intensamente en la vida de la ciudadanía europea y de todas las empresas, sin olvidar el papel de las administraciones; por lo que resulta imprescindible abordar los problemas cuanto antes. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

A fecha de 23 de noviembre de 2010 se aprobó mediante acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña (GOV/254/2010) el Plan especial de protección del medio natural y del paisaje "Aiguamolls de l'Alt Empordà", en los términos municipales de Armentera, Castelló d'Empúries, la Escala, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Perlada, Roses, Sant Pere Pescador y Torroella de Fluvià. Fue publicado el día 21 de diciembre de 2017 en el DOGC núm. 5779. Contra este acuerdo se interpuso recurso contencioso-administrativo solicitando la nulidad de pleno derecho del mismo en los términos que a continuación se expondrán, por parte de las demandantes "Camping Les Dunes S.A." y "Associació de Càmpings de Sant Pere Pescador". En primer lugar, alegan supresión del trámite de evaluación ambiental del Plan especial, y para determinar si este queda sometido obligatoriamente a la referida evaluación, la Sala analiza la naturaleza, el contenido y las finalidades del mismo. A los anteriores efectos, la apelante considera que se ha vulnerado el contenido del artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (LPNB), en relación con los apartados 1° y 2° del artículo 3 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, de Evaluación Ambiental de Cataluña. En virtud de los preceptos citados, los planes y programas, así como sus modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, deberán ser sometidos a evaluación ambiental. En concreto, el apartado segundo dispone que producen efectos significativos sobre el medio ambiente los planes y programas que requieran una evaluación de conformidad con la normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000. Así, del tenor literal del artículo 45.2 se desprende que "las administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitat naturales y de los hábitat de las especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas áreas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente Ley". Igualmente, el Plan recoge un catálogo de actuaciones incompatibles con las áreas de los hábitats. El Tribunal considera que la apelante no sólo no acredita el incumplimiento de este extremo, sino que entiende que la Administración ha actuado de conformidad con el precepto citado en la medida en que "se han aplicado como criterios de selección para la elaboración de las listas de hábitats y especies (artículo 29 y anexo 3) las especies del Anexo IV de la Directiva de hábitats, respecto de hábitats; el anexo I de la Directiva de hábitats si han sido incluidos en el Formulario Normalizado de Datos (FND, y que es la base de datos oficial de la Red Natura 2000 sobre el espacio); las especies del Anexo II de la Directiva hábitats si han sido incluidos en el FND; y las especies del Anexo I de la Directiva de aves si han sido incluidas en el FND, todo ello además de otros hábitats y especies incluidos en otros catálogos y listados de especies amenazadas y/o especies protegidas a escala de Cataluña y a escala local del espacio protegido". De otra parte, el Tribunal deduce que el Plan especial tampoco puede encuadrarse en lo previsto en el apartado 4 del mencionado artículo 45 de la LPNB, que dispone que el Plan debe someterse a evaluación ambiental obligatoriamente cuando no tenga relación directa con la gestión del lugar o no sea necesario para la misma. La Sala estima que el objeto del Plan especial es la ordenación del espacio protegido incluido en el PEIN, para lo que incluye un programa de actuación, y por tanto, si existe una relación directa con la gestión del lugar. La parte actora tampoco ha probado que las actuaciones derivadas del Plan especial puedan afectar a los hábitats que interesan a efectos de esta resolución. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The Autonomous Community of Andalusia has approved the II Sustainable Development Plan for the Sierra de Hornachuelos, Sierra de Cardeña y Montoro, Sierra de Huétor, and Sierra María-Los Vélez Natural Parks, along with their socio-economic influence areas. These plans aim to strengthen a culture of local development based on sustainability, innovation, and the participation of local agents. Measures for the conservation and sustainable use of natural resources are included, as well as the development of the identity of the natural parks. The plans and programs will be available for consultation at the Territorial Delegations of Sustainability, Environment, and Blue Economy, as well as on the Ministry's website. [Extracted from the article]

This work sets out the legal regulation and case law on matters pertaining to prohibitions or restrictions to mining activities in Spain. The carefully weighed deliberation between the economic interests of mining operations and the protection of the environment is determined, according to Constitutional Court doctrine, on the need that any prohibition to mining activities be justified on a case-by-case basis, without having general considerations. Restrictions operate differently in the various types of protected spaces, as this work details, ranging from absolute prohibitions to carrying out mining activities in National Parks to a singular regime applicable to those spaces which make up the Natura 2000 Network. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Esta sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra la Sentencia de 23 de mayo de 2016, dictada por la Sección 3a de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, desestimatoria del recurso no 532/2009 interpuesto por el citado Ayuntamiento contra el Decreto 37/2008, de 5 de febrero, dictado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y el Plan Rector de Uso y Gestión del mismo. El Ayuntamiento de Carboneras fundamenta su recuso en diversos motivos, al amparo de lo establecido en el artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con los artículos 86.4 y 89.2 de la misma Ley. En primer lugar, considera que la Sentencia infringe el artículo 24 de la Ley 50/1997, del Gobierno, en relación con el artículo 6 de la Ley 4/1989, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, por la ausencia dentro del expediente de tramitación del Decreto impugnado, de los informes, estudios y consultas geológicas, biológicas, botánica, ecológica o de cualquier otra naturaleza que justificaran la iniciación del procedimiento y las modificaciones de las diferentes versiones que habían ido apareciendo a lo largo del procedimiento. En segundo lugar, entiende que infringe el artículo 11 de la Ley 4/1989 y los artículos 19 y 28 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el art. 24.1.a) de la Ley 50/1997, del Gobierno, dada la necesidad de determinar los instrumentos jurídicos, financieros y materiales para cumplir los objetivos perseguidos por las normas reguladoras de espacios protegidos y de acompañar los proyectos de disposiciones de carácter general de una memoria económica de los costes de los mismos. En tercer lugar, se alega la vulneración del artículo 9.3 de la Constitución, que recoge la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, en relación con el artículo 106.1 de la Constitución, que somete a las administraciones públicas al imperio de la ley y el derecho. Finalmente, considera que la Sentencia vulnera el artículo 6 de la Ley 4/1989, el artículo 86.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y el artículo 24 de la Constitución, con relación al trámite de audiencia e información pública. Con base en estos argumentos, la recurrente solicita que se declare la nulidad del Decreto 37/2008 de 5 de febrero, tanto por razones formales relacionadas con omisiones en el procedimiento administrativo de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, como de fondo, por arbitrariedad en el ejercicio de la potestad de planificación, por cuanto se considera arbitraria la nueva zonificación ambiental de los terrenos que forman el Sector ST-1, El Algarrobico, en atención a que la intervención humana que presenta ha sido consecuencia de un desarrollo urbanístico, legítimo y autorizado por las administraciones implicadas; y, subsidiariamente, que se reconozca una indemnización a favor del Ayuntamiento de Carboneras por los daños y perjuicios causados por la nueva zonificación de los terrenos que conforman los Sectores ST-1, El Algarrobico, y ST-2, El Canillar, clasificados como suelo urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana de Carboneras. El Tribunal Supremo desestima el recurso. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Se recurre por una mercantil la Orden de 13 de mayo de 2015 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, a través de la cual se aprueba el Plan de Gestión de la zona especial de conservación Ramblas de Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla (ES6110006), conformante por tanto de la Red Natura 2000. El primer argumento de los recurrentes se refiere al hecho de que el Plan de Gestión ha sido aprobado sin el Informe del Consejo Consultivo de Andalucía. Este Informe, según se apunta en la sentencia analizada, resulta exigible como viene declarando la doctrina jurisprudencial cuando se está ante reglamentos ejecutivos de las Leyes, por lo que resulta necesario analizar, en primer lugar, la naturaleza de estos planes de gestión de la Red Natura 2000. A tal fin, la sentencia objeto de análisis, examina la jurisprudencia recaída al respecto de forma genérica, negando tal naturaleza de reglamento ejecutivo a los planes de gestión. Así, destaca que el Tribunal Supremo tiene declarado que, en el caso de los instrumentos de planificación de los recursos naturales, no resulta exigible el Dictamen del Consejo de Estado. Doctrina que, aun referida al Estado, aplica en este supuesto autonómico por la análoga naturaleza de esta clase de planes de gestión de la Red Natura 2000. En segundo lugar, al margen de las acusaciones de “desviación de poder” y “arbitrariedad” que son desechadas por la Sala, aducen los recurrentes que el Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación carece de zonificación, lo que a su juicio invalidaría el Plan, por infracción de lo dispuesto en las Directrices de Conservación de la Red Natura 2000 en España (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011). También este argumento resulta desechado por la Sala en el entendimiento de que tales Directrices son meras recomendaciones, de hecho así se recoge en las propias Directrices - página 16- en el sentido de que «se recomienda utilizar la zonificación como herramienta para la consecución de los objetivos fijados. Se recomienda una zonificación sencilla y reconocible en el terreno». En fin, que la sentencia, acaba desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto, confirmando la validez del Plan de Gestión de Red Natura 2000 recurrido. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El 9 de mayo de 2013 se aprobó mediante Acuerdo del ayuntamiento de Alhama de Murcia (Región de Murcia) el Plan Especial de Ordenación del Complejo Turístico-Recreativo "Parque Temático Paramount". [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Se interpone recurso contencioso-administrativo por un particular contra el Acuerdo del Ayuntamiento de Gádor de 5 de abril de 2010 por el que se aprueba definitivamente la adaptación parcial de las normas subsidiarias de dicho municipio a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 7/2002, de 17 de diciembre -LOUA-). Antes de entrar en el fondo del asunto, téngase en cuenta que este tipo de adaptaciones a nueva legislación urbanística, al igual que en otras Comunidades Autónomas, no puede proceder a clasificar nuevo suelo urbano o urbanizable, sino que debe respetar la clasificación de suelos preexistente. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

En el preámbulo de esta norma se incide en la necesidad de normas y reglas que aseguren la protección, ordenación y uso del suelo insular que, a su vez, ordenen el conjunto de intereses, tanto públicos como privados, que confluyen sobre el mismo. Y se reconoce que las normas ambientales, territoriales y urbanísticas han contribuido de manera decisiva a la protección y a la ordenación del suelo, del territorio y del paisaje de las islas. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Con fecha de 15 de septiembre de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares dictó sentencia en la cual se estimaba el recurso interpuesto por una mercantil contra la disposición del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Pollença que declaraba la servidumbre de acceso al mar de través de un camino propiedad de la recurrente. Pronunciamiento judicial que ya fue analizado en esta REVISTA. De este modo, la Sala del TSJ de Islas Baleares, anulaba la previsión del PGOU que habilitaba el paso a cualquier persona a una playa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. La razón de la anulación residía en que, después de la aprobación del PGOU, se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Serra de la Tramuntana, que calificaba como zona de exclusión, no sólo varias partes del camino sobre el que se había constituido la servidumbre peatonal, sino incluso la playa misma a la que se accedía. Por ello la Sala estimaba el recurso contencioso-administrativo, decretando en la sentencia ahora recurrida en casación la supresión de la servidumbre peatonal del PGOU, por cuanto el contenido de los PORN debe prevalecer sobre los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos. Contra tal sentencia de instancia, se alza en casación el ayuntamiento de Pollença, planteando varios motivos sustentadores de su pretensión anulatoria. Entre los mismos se halla el concerniente a que en el recurso que inició el contencioso-administrativo, la mercantil recurrente había efectuado un recurso indirecto contra el PGOU de forma incorrecta, vulnerando la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por cuanto no había ciertamente un acto de aplicación de dicha disposición urbanística que legitimara el recurso indirecto. El acto de aplicación que la entidad recurrente había utilizado consistía en una solicitud de modificación del PGOU a fin de adaptarse al PORN de la Sierra de la Tramuntana. Tal motivo es acogido por el Tribunal Supremo. Pero al margen de admitir este motivo planteado por la representación del Ayuntamiento de Pollença, casando por tanto la sentencia, el Tribunal Supremo se constituye a continuación en Tribunal de instancia -así lo manifiesta expresamente en el F. 11-, procediendo a analizar la solicitud de la mercantil propietaria de los terrenos realizada al Ayuntamiento a fin de que éste procediese a adaptar su PGOU al PORN posterior, suprimiendo la servidumbre de acceso al mar en los caminos de su propiedad, y que había resultado desestimada por silencio por parte de dicho Ayuntamiento. A este respecto, el Tribunal Supremo lo que efectúa es un juicio de ponderación entre las garantías de uso público, libre y gratuito del dominio público marítimo-terrestre (artículos 2.b), 31.1 y 33.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas), y su conservación medioambiental (artículo 2.a) de la misma Ley, entre otros). Sobre esta cuestión, la Sala aun reconociendo que la utilización del dominio público marítimo terrestre debe ser libre, pública y gratuita para los usos comunes, ello no impide que por razones de interés general (entre los cuales se encuentra lógicamente el de la protección medioambiental) puedan imponerse limitaciones sobre el acceso y el uso público del mar. De este modo, ampara las peticiones de la mercantil propietaria de los caminos objeto de servidumbre, justificando la exclusión de la servidumbre de acceso por razones ambientales, declarando por otra parte la prevalencia del planeamiento ambiental sobre el urbanístico y territorial. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

La Sala Tercera del Tribunal Supremo analiza en esta sentencia el recurso de casación interpuesto contra el auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 20 de octubre de 2015, sobre incidente de ejecución de sentencia (auto confirmado por el posterior de 16 de febrero de 2016 tras recurso de reposición). El origen de este pleito se fija en el Decreto 124/2006 a través del cual se aprobaba el Plan Rector de Uso y Gestión y Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias en el Principado de Asturias. Este Decreto, precisamente, fue declarado nulo a través de la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2013. Tal y como consta ahora en los Fundamentos de derecho de la sentencia objeto de comentario, tal Plan Rector de Uso y Gestión y el Plan de Desarrollo del Parque Natural, fueron declarados nulos por (i) ausencia del trámite de audiencia de interesados; (ii) indeterminación del régimen de protección y de usos de las diferentes fincas que integraban el ámbito del Plan; y (iii) por último, la ausencia de un adecuado instrumento financiero que permitiese el efectivo cumplimiento de los fines perseguidos con la declaración de Parque Natural. Pues bien, una vez anulados estos Planes, el Principado de Asturias aprobó el Decreto 10/2015, de 11 de febrero, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación de Fuentes del Narcea, Degañas e Ibias y Muniello. Es precisamente esta disposición, que sustituía a la ya judicialmente anulada, contra la que se alzan los ahora recurrentes, en el entendimiento de que su aprobación constituía una contradicción con la sentencia de 21 de marzo de 2013 (y otras posteriores de la misma Sala en relación al mismo instrumento), al adolecer este nuevo Plan de 2015 de los mismos vicios invalidantes que sustentaron su declaración de nulidad en 2013, a juicio de los recurrentes. Así, los recurrentes solicitaron ante el TSJ de Asturias la nulidad de este nuevo Plan de 2015, dentro del proceso de ejecución de sentencia, desestimada a través de los autos que ahora se recurren en casación. Al respecto del resultado final del pleito, el Tribunal Supremo desestima las pretensiones de los recurrentes en casación, aduciendo que la sentencia anulatoria de 2013 (anulación del Decreto 124/2006) no reconocía situación jurídica individualizada alguna, y en cualquier caso deriva a los pleitos posteriores que sobre ese Decreto de 2015 puedan llevarse a cabo por los afectados, a fin de llevar a cabo el juicio de legalidad del mismo atendiendo a los vicios que de nuevo le achacan los propietarios afectados. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

This paper addresses the difficult administrative processing of the Centralised Temporary Storage (ATC) of nuclear waste in Villar de Cañas (Cuenca, Castilla-La Mancha, Spain). Thus, apart from describing the different milestones that have marked this infrastructure from the beginning, a precise reference is made to the open judicial processes and the foreseeable future ones. A special reference is given to the judicial process generated with the Regional Government Agreement destined for expanding a Natura 2000 Network Area that completely affects the site where the construction of the ATC is planned. All this, taking into account the controversial context inevitably generated when analyzing the management of nuclear waste. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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Existe una tendencia generalizada, por la realización de actividades deportivas en el medio ambiente. Así, el senderismo, la bicicleta de montaña, rutas a caballo etcétera emplean para su desarrollo de la existencia de veredas, vías verdes, caminos históricos, cordeles, cañadas, etc. De igual manera, también se ha incrementado el uso de la red de senderos con fines educativos, medioambientales, saludables. Es indudable la multitud de usos y beneficios causados por estos espacios. El total aproximado de Senderos existentes en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia supera los 3.000 kilómetros señalizados y homologados. Sin embargo, a las múltiples funciones y oportunidades que generan estos espacios hay que añadir la fragilidad de los mismos por lo que requieren de instrumentos legales que regulen su conservación, renovación y permitan una gestión ágil y eficaz que garantice calidad, seguridad y sobre todo su conservación. Esta norma tiene su origen en lo recogido en la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y del Deporte de la Región de Murcia, donde, en el artículo 16.1 establece que: “Los poderes públicos fomentarán la práctica del deporte en el medio natural, garantizando en todo caso que dicha práctica sea compatible con el medio ambiente...”. El punto 2, a su vez, suscribe que “la consejería competente en materia de actividad física y deporte, en coordinación con la consejería competente en materia de medio ambiente, impulsará la práctica del deporte en el medio natural...”. Finalmente, el apartado 3 sanciona que: “A los efectos de la ley, el medio natural tendrá la consideración de instalación deportiva no convencional cuando se utilice como medio para la práctica deportiva”. La Ley de los Senderos Señalizados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia nace con la vocación de permitir el acceso y uso de estos equipamientos por los deportistas y por otros usuarios que persigan el disfrute deportivo, educativo, cultural, turístico o recreativo de los viales en la naturaleza y medio rural, procurando que a la vez sea compatible con los usos tradicionales de los vecinos y habitantes del territorio donde se integran. Además, el artículo 3 enfatiza el respeto a los valores de preservación y conservación del medio natural y del patrimonio histórico y cultural, estableciendo la necesidad del fomento de la conservación y recuperación del patrimonio viario, así como la promoción del disfrute y el conocimiento de la naturaleza en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Se analiza la situación actual de las Reservas de la Biosfera de la Cordillera Cantábrica, en especial las relaciones que tienen con los Espacios Naturales Protegidos, con los que a menudo coinciden, las relativas a sus órganos de gestión y a uno de sus principales problemas actuales: su dinámica demográfica negativa que ha desembocado en una intensa despoblación y envejecimiento. Aunque se han declarado doce reservas, aún hay muchas zonas que potencialmente lo podían ser, por lo que aún se está lejos de una Reserva de la Biosfera de la Gran Cantábrica. La gestión es dispar de unas autonomías a otras, pues la realiza la administración regional en Asturias, la provincial en Galicia y la administración local en Castilla y León. La despoblación es uno de los fenómenos más graves que sufren casi todas las reservas cantábricas y como proceso aún no se ha detenido. El estatus de Reserva de la Biosfera debe encontrar aún su lugar en el marco de otras figuras que sí son claramente de protección. En general, se remarca la importancia de separar esta figura de otras más consolidadas referidas a Espacios Naturales Protegidos, así como el grave proceso de envejecimiento y despoblación que manifiestan sus territorios.

There is currently a wide diversity of management models for protected areas. As a result, there is a wide diversity of governance models too (who are the decision-makers, how are decisions taken, and how are various stakeholders involved in the decision making process). Governance within management models for parks and protected areas can be analysed and evaluated using the UNDP governance criteria. Evaluation of governance using these governance criteria has been proven effective through studies undertaken for the British Columbia and Ontario’s provincial parks systems (Canada). Those studies not only compared both management models (combined public and for-profit, and parastatal, respectively), but also evaluated the different stakeholders’ perception of governance within each management model. The Ontario model was the best valued of both, although different results were obtained depending on the type of the surveyed stakeholder.

Las relaciones de coocurrencia entre las palabras clave, los investigadores y las revistas en los artículos científicos de un dominio documental concreto confi guran una red tecnocientífica que puede ser analizada y cartografiada para conocer los nodos, subredes y áreas de investigación estratégicas, relevantes o importantes. Se ha realizado el análisis estratégico y el análisis dinámico, de traducción o de cambio, de la Red de Investigación Española sobre Áreas Protegidas según la Web of Science en el período 1981-2005. Producto de este análisis se han obtenido el Diagrama Estratégico y el Mapa de Conocimiento Estratégico de la Red Tecnocientífica o Mapa CERT, los listados de investigadores y de revistas de importancia estratégica y la tabla de análisis de actividad de las subredes. La red tecnocientífica analizada es una red bien estructurada, en la que se han identificado veintidós subredes estratégicas de investigación. El análisis de las redes tecnocientíficas mediante técnicas de creación de nuevo conocimiento a partir de bases de datos bibliográficas y de ingeniería y cartografía del conocimiento supone un apoyo de primer orden a la toma de decisiones estratégicas en Política Científica y en evaluación de la Ciencia y de la Tecnología.

Se pretende identificar los supuestos requeridos de indemnización por parte de la Administración pública como consecuencia de las privaciones singulares derivadas del régimen de los espacios naturales protegidos en el Derecho español. Para ello se analizan los datos doctrinales, jurisprudenciales y normativos, exponiendo los inconvenientes de las diversas posturas y se ter - mina identificando como supuesto típico de situación requerida de indemnización la caracterizada por la concurrencia simultánea de dos requisitos: afectar a usos y actividades permitidos en suelo no urbanizable e incidir sobre facultades en ejercicio efectivo por parte de sus titulares. No obstante, la crítica de esos requisitos permite reflejar las carencias del indicado supuesto típico, que precisa ser completado con una cláusula general de responsabi - lidad administrativa para incluir las restantes privaciones singulares que pudieran concurrir en los espacios naturales protegidos.

The Council of the Valencian Community has modified the Catalog of wetlands in the region. Five new wetland areas have been added, including the Albufera de Gaianes, the Pedrera Reservoir, and the Sant Mateu Lagoon, among others. Additionally, a plot of land in Sector ZO-1 in Guardamar del Segura has been removed. This modification came into effect on June 3, 2022. [Extracted from the article]

La Sala examina el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una mercantil contra el Decreto 238/2011, de 12 de julio, de la Junta de Andalucía, a través del cual se establece: -La ordenación y gestión de Sierra Nevada (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Nevada); -El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Sierra Nevada; -Y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Sierra Nevada. Interesa destacar a nuestros efectos, la petición de nulidad de la recurrente de la disposición que prohíbe genéricamente la explotación de actividades extractivas y mineras en el ámbito del Parque Natural de Sierra Nevada, así como la prohibición de la renovación de las explotaciones mineras existentes. A tal fin, justifican dicha petición de nulidad en la contraposición de esta disposición con lo preceptuado en el artículo 122 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, en cuya virtud «cualquier prohibición contenida en los instrumentos de ordenación sobre actividades incluidas en la Ley de Minas deberá ser motivada y no podrá ser de carácter genérico». A este respecto, conviene advertir en primer lugar que el propio Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado, incluye que mantiene «[…] aquellas explotaciones que actualmente desarrollen su actividad de acuerdo con la normativa vigente y hasta la caducidad de sus autorizaciones y concesiones en vigor». Tal puntualización la aprovecha la Sala para entender que no se está ante una "prohibición genérica" de las vetadas en la legislación de minas, desestimando el recurso principalmente por esta razón. Así, encuentra justificada y motivada la prohibición a futuro (una vez caducadas las autorizaciones y concesiones) de las actividades extractivas, que es otro de los requisitos contenidos en el precitado artículo 122, precisamente por la necesidad de preservación de los valores ambientales contenidos en el Parque Natural, todo ello con cita de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo interpretativa de la legislación de minas. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Esta Sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por una Asociación de Propietarios contra la Sentencia nº 746/2015, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia el 18 de septiembre de 2015, siendo partes recurridas la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Exmo. Ayuntamiento de Murcia. Esta Sentencia había desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mencionada Asociación de Propietarios contra la desestimación presunta por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de la solicitud de declaración de caducidad de la tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Carrasco y El Valle. La recurrente fundamentaba el recurso en los siguientes motivos: al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c), del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, en la infracción de los artículos 218.1 y 2 de la LEC y 120.3, 9.3 y 24.1 de la CE, por falta de motivación suficiente de la sentencia, y la infracción de la jurisprudencia que se cita; y, al amparo de lo establecido en el nº 1, letra d), del artículo 88 de la citada Ley, en la infracción de del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y la infracción de determinada jurisprudencia. En opinión de la recurrente, el procedimiento para la aprobación del PORN de Sierra Carrasco y El Valle, debía declararse caducado, toda vez que en su tramitación habían transcurrido más de 4 años. En su opinión, ante la inexistencia de plazo alguno previsto a tal efecto por la normativa autonómica, debía procederse a la aplicación de las previsiones establecidas por la normativa estatal básica sobre procedimiento administrativo común (art. 42.2 de la Ley 30/1992). Mediante Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 12 de mayo de 2016, se acordó declarar la inadmisión del motivo primero del recurso de casación interpuesto, y declarar la admisión a trámite del segundo motivo. La cuestión fundamental que debe resolver el Tribunal Supremo en esta Sentencia es si, tal y como defiende la recurrente, ante la inexistencia de un plazo fijado por la legislación autonómica para la tramitación y aprobación definitiva de un PORN --tampoco establecido por la Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y la biodiversidad--, se produce la caducidad del procedimiento de tramitación si, una vez aprobado inicialmente, transcurren más de 4 años sin haberse producido su aprobación definitiva. Se trata, en definitiva, de determinar si las previsiones sobre caducidad recogidas en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992 para los procedimientos encaminados a la adopción de actos administrativos se aplican con carácter supletorio a los procedimientos que culminan en la aprobación de disposiciones de carácter general. El Tribunal Supremo se separa de la argumentación sostenida por la entidad recurrente, desestima el segundo motivo de casación, y niega que pueda producirse, en estos casos, la aplicación supletoria de la Ley 30/1992. Por ello, declara no haber lugar al recurso de casación. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

La Sala examina el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una asociación de agricultores y ganaderos contra el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. Cabe destacar que la disposición general recurrida, es la encargada de: a) Aprobar el Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura. b) Declarar como Zonas de Especial Conservación (ZEC) todos los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) existentes en Extremadura. c) La modificación de los límites de determinadas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). d) Y, por último, la aprobación de los Planes de Gestión de las zonas de la Red Natura 2000 en Extremadura. Los recurrentes solicitan, en primer término, la nulidad de pleno derecho del Decreto impugnado y, subsidiariamente, algunos preceptos del mismo o de sus instrumentos aprobados. A los efectos de la presente nota, conviene centrarse en tres de los motivos alegados para sustentar las pretensiones anulatorias de los recurrentes. (i) En primer lugar, se alega que se ha sobrepasado el plazo marcado en la Directiva de Hábitats de seis años para, una vez aprobados los listados (LIC), proceder a su declaración como ZEC. Con vulneración, en consecuencia, del artículo 42.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (hoy artículo 43.3, tras la reforma operada por la Ley 33/2015) que transpone dicha Directiva. La Sala desestima tal motivo, aduciendo que el retraso en la declaración de ZEC y aprobación de los planes de gestión obligatorios para este tipo de espacios, no impide suposterior aprobación, bajo el riesgo de que ello suponga un incumplimiento manifiesto de la normativa comunitaria en materia de biodiversidad. (ii) En segundo lugar, aducen los recurrentes que el Plan Director causa vulneraciones sobre el derecho de propiedad (artículos 33 de la Constitución española y 348 y 349 del Código Civil). No obstante, según se manifiesta en la propia sentencia, los recurrentes no "atacan" los planes de gestión, teniendo en cuenta que se trata de documentos mucho más concretos y precisos de los posibles límites y limitaciones que puedan producirse en la Red Natura 2000. También se desecha este motivo, precisamente por referirse al Plan Director que sólo establece medidas generales, y no a cada uno de los instrumentos de gestión concretos. (iii) En tercer lugar, alude a que se ha producido una vulneración del artículo 38 de la Ley 42/2007 -actual artículo 39, a resultas de la reforma operada por la Ley 33/2015 antes citada-, al no haberse propuesto en las áreas de influencia socioeconómica la previsión del régimen económico y compensaciones por las limitaciones. Tal motivo es también desechado por la Sala, al entender que lo previsto en el mencionado precepto al respecto de las medidas económicas es una potestad, que no una obligación, de la administración [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The wetlands in Southern Cordoba are the geographical presentation of a meaningful group of lakes (with different sizes and features) that, in the Campiña Alta, constitute a valuable example of endorreism in inner Andalusia. They reunite an ancient integration within the surrounding agricultural areas, from which they have been historically part of, and the preservation of a set of environmental values that, at the end of the 20th century, attracted naturalists to the point of turning these wetlands into the epitome of the urgent need to pass protecting measures to shield that biotic wealth and, later, landscape richness. As a powerful environmentaly valuable counterpart of the mighty olive grove agriculture surroundings, the landscape singularities and its biodiversity were the ground for their turning into an outstanding and unique part of the natural Andalusian heritage. All without the loss of the dense settlement and the important and meaningful agrarian landscape, typical from this geographical setting. The goal of our study will be to unravel the circumstances and vicissitudes that took place during this process, paying special attention to the new interrelations created within the wetlands and the society they are part of since their proclamation as Natural Protected Areas. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

En la historia reciente de España, durante el período democrático, se han sucedido un total de siete Leyes de Educación. Se han analizado aquellas que han desarrollado un currículo con contenidos de Geografía en la Educación Básica, que incluye la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. Se ha realizado un estudio analítico y estadístico de los materiales curriculares desarrollados a partir de cada ley educativa entre los años 1990 y 2015 en las asignaturas y áreas de conocimiento de Geografía (o que incluyen Geografía). Nos hemos centrado en el tratamiento que los libros de texto han realizado sobre las Áreas Protegidas, en el contexto de las diversas figuras de protección existentes en España y de los cambiantes currículos educativos. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

[es] La diversidad -natural, geográfica e histórica- constituye el elemento distintivo de la Sierra Morena de Huelva. En este artículo se analiza e interpreta el proceso de institucionalización del ambientalismo y de implantación del posproductivismo en dicha comarca que —por sus peculiares características— quedaría encuadrada en el modelo de agricultura ambiental y paisajística propugnada por la más reciente P.A.C. No obstante, se observan allí importantes destellos de dinamismo económico —relacionados con la diversidad de su estructura territorial y con su vivacidad productiva previa— que no han sido suficientemente captados ni valorados por el ambientalismo clorofílico. [fr] La diversité —naturelle, géografique et historique—, constitue l'élément distinctif de la Sierra Morena de Huelva. Dans cet article on va analyser et interpréter le procès d'institutionnalisation de l'environnement et l'implantation de l'activité postproductive dans cette région qui, grâce a ses caractéristiques particulières, on peut la situer dans un modèle d'agriculture écologique et paysagistique propulsé par la plus récente P.A.C. Malgré tout, on peut trouver là des importants signes de dynamisme économique —par rapport avec la diversité de la structure territoriale et avec la vivacité productive qu'elle présente— qui n'ont pas été suffisamment aperçue ni valorisée par l'environnement chlorophyllien.

The article reports on the modification of Decree 47/2022, which approves the Natural Resources Management Plan for Alto Najerilla. The modification is made due to a requirement from the Government Delegation in La Rioja, which points out a possible violation of the exclusive competences of the State regarding the regulation of drones in the protected area. In order to properly define and delimit the functions of the Autonomous Community of La Rioja, certain sections of the Annex of the Decree are modified. The modification, called Decree 64/2022, comes into effect on December 29, 2022. [Extracted from the article]

Decree 70/2011, of March 11, creates the Canary Islands National Parks Network in the Canary Islands. The objective of this network is to establish an organizational structure for the administration and management of the Canary Islands National Parks. This network does not overlap or is a subset of the Canary Islands Protected National Spaces Network. The National Parks are also part of other environmental protection networks, such as the Natura 2000 Network and the Canary Islands Biosphere Reserves Network. The decree establishes the administrative organization of the management of the National Parks, including the creation of the Canary Islands National Parks Commission and the existence of Directors-Conservators and Boards of Trustees in each National Park. Conditions and procedures for the delegation of management competencies to the Island Councils are also established, as well as provisions regarding the declaration, modification, and loss of the National Park status. The Decree came into effect on March 23, 2011, and repeals Decree 172/2009. [Extracted from the article]

The Royal Decree 556/2011, of April 20th, develops the Spanish Inventory of Natural Heritage and Biodiversity. This regulation establishes the principles and basic components of the inventory, as well as the creation of an integrated information system called the Nature Data Bank and the Spatial Data Infrastructure of the Natural Environment (IDENAT). The inventory is governed by the principles of dissemination, technical rigor, coherence, and interoperability with equivalent systems at the European, pan-European, or global level. In addition, an Inventory Committee is established to coordinate and cooperate with other public administrations. The annual report on Natural Heritage and Biodiversity is prepared by the Ministry of the Environment in collaboration with the Autonomous Communities. [Extracted from the article]

En los últimos años se ha registrado un gran incremento en la práctica de las actividades recreativodeportivas en los espacios naturales protegidos. En el marco de la planificación y la gestión del uso público de este tipo de espacios, resulta fundamental profundizar en el conocimiento de las características de los visitantes. En este estudio se analiza el perfil de los diferentes segmentos de visitantes del Parc Natural de l’Alt Pirineu en base a las actividades recreativo-deportivas practicadas. Para este estudio se realizaron 1.600 encuestas en 16 puntos de muestreo, a lo largo de un año natural comprendido entre los meses de Julio de 2010 y Junio de 2011. En total se identificaron ocho segmentos de visitantes en función de la actividad física: paseantes, excursionistas, senderistas, montañistas, ciclistas, recolectores de setas, motoristas y esquiadores. Los resultados aquí obtenidos son discutidos en términos de su posible aplicación en la gestión del uso público de este parque (extrapolable también a otros espacios naturales protegidos españoles), proponiendo estrategias de gestión y campañas de sensibilización dirigidas a los diferentes segmentos de visitantes.

El objeto de este trabajo es analizar el régimen jurídico de los espacios naturales protegidos y clarificar el sistema de protección de los mismos en la Comunidad Autónoma andaluza, y ello, fundamentalmente debido a la complejidad de nuestro Derecho ambiental, en el que hay que compatibilizar una protección básica de los espacios naturales establecida por el Estado con la protección adicional que establece cada Comunidad. Esto ha dado lugar a solapamientos y contradicciones, y sobre todo a la existencia de un desproporcionado número de figuras de declaración e instrumentos de ordenación, que hacen que no existan fórmulas eficaces de gestión, organización y disciplina. Además, dedicamos una especial atención a los Lugares de Interés Comunitario (LIC) como figura de protección jurídica necesitada de revisión y reflexión, y para la que se aportan, a modo de conclusión, algunas propuestas de actuación para la conservación y protección de estos espacios naturales.