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The article explains how the affirmative consent reform expanded the concept of sexual violence in an unprecedented way compared to previous regulatory models. This expansive effect was concentrated in the new basic concept of sexual assault, which equated violent and abusive forms of commission. In this way, the aim was to overcome the protection deficit that sexual offences presented in comparison with other areas of the special part of criminal law and primarily with domestic violence, an area into which the broad concept of gender violence had penetrated. The necessary adjustments to maintain proportionality in the system, especially the lowering of the penal frameworks, brought about a crisis in the system due to the retroactive application of the most favourable criminal law. The urgent counterreform of LO 4/2023 reinstated part of the original structure of sexual offences in the Penal Code. Through the panoramic exposition of the changes in the type of sexual assault, the effectiveness and performance of the resulting regulatory model is evaluated, concluding that the problems of legal qualification and graduation of the borderline situations of violence and its equivalent forms are not overcome. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The work examines the crimes established in articles 190 and 192 of the (Chilean) Traffic Law, particularly emphasising the punishment of so-called ideological documentary falsehoods. First, based on the legally protected interest, it seeks to determine whether these crimes present an unfair act that is partially different from the documentary falsities regulated in the (Chilean) Criminal Code. Regarding the punishment of ideological falsehoods, the paper starts from the traditional thesis, which postulates the limited penalty of this false modality whenever there is a duty of truthfulness attributable to the document's author, whether a public official or a not. Then, the paper analyses how this traditional criterion has exceptions in the falsehood types regulated in the Traffic Law and other dogmatic aspects of interest that also deviate from the regulations and general positions. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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El artículo busca examinar el alcance interpretativo de la ilicitud como presupuesto sine qua non para la procedencia de la de extinción del dominio en el Perú, ello en base a la actual regulación y aplicación que se viene dando en esta materia. La ilicitud no se circunscribe a una ilicitud penal, sino a cualquier tipo de ilicitud: penal, civil, administrativo, tributario, etcétera, lo que conlleva una ilicitud extremadamente amplia. El objetivo es determinar la viabilidad de esta práctica y proponer algunas soluciones, considerando el marco constitucional y el irrestricto respecto de los derechos fundamentales, particularmente en la interpretación de la norma para la restricción de derechos. Se lleva a cabo un estudio centrado en la regulación procesal de la extinción de dominio y doctrina vinculada a la ilicitud. Se establece que el alcance interpretativo dado a la ilicitud es lata, no tomando en consideración la interpretación restrictiva de los derechos fundamentales, sino ampliando deliberadamente para extinguir el dominio de los requeridos, se resalta la interpretación constitucional como mecanismo control frente a la vulneración de derechos y garantizar una adecuada aplicación de la norma en el proceso.

El delito de violación sexual mediante engaño tipificado en el artículo 175 del Código Penal Peruano presenta una incorrecta ubicación legislativa, por lo que el objetivo de esta investigación es postular una reubicación de este delito hacia el tipo penal base de violación sexual en el artículo 170 del Código Penal Peruano, utilizando como medio para lograrlo el análisis del concepto de “entorno” en el que la víctima no puede dar su libre consentimiento. Es así que, mediante este ejercicio, la definición de “entorno” se amplía como el conjunto de condiciones tanto externas como internas que influyen en el consentimiento del sujeto pasivo, resaltando las condiciones internas como aquellas producidas dentro de la mente humana mediante la formación de una idea o escenarios en la víctima con la finalidad de consentir el acto sexual. Con este nuevo concepto, se incluye el delito de violación sexual mediante engaño dentro del delito base de violación sexual. Esto permitirá visibilizar y criminalizar conductas lamentablemente normalizadas como el stealthing, utilizando para esta labor el método de investigación deductivo.

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El presente artículo examina la obligación constitucional y convencional de las entidades estatales de respetar y proteger los derechos humanos, especialmente en el contexto del diseño de algoritmos impulsados por Inteligencia Artificial (IA). El artículo explora, desde la teoría, diversos conceptos, pasando por el machine learning y la analítica de datos, así como los derechos humanos desde definiciones informales hasta formales, analizando sus elementos y los sistemas de protección de estos derechos. Se centra en el Sistema Interamericano y el control de convencionalidad, destacando la obligación estatal de integrar un enfoque de derechos humanos en el diseño y supervisión de sus acciones, incluyendo el desarrollo de IA, y la necesidad de consolidar un marco ético basado en derechos humanos para la creación de IA. Finalmente, se analiza, desde una perspectiva constitucional y convencional, el caso del sistema ROMA, creado por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, diseñado para identificar factores de reincidencia delictiva, dejando algunas recomendaciones a manera de conclusión.

Introducción: La presente investigación hace un estudio acerca de la injerencia que tiene la prohibición dada por la Ley 1098 de 2006 para celebrar preacuerdos respecto de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, no solo desde el reconocimiento constitucional, sino también de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos. Objetivo: identificar en qué medida la configuración jurídica dada por la Ley 1098 de 2006 en su artículo 157 configura una violación a los derechos fundamentales y preceptos constitucionales de los procesados en temas de justicia consensuada en el sistema penal para menores. Metodología: Es descriptiva y explicativa, por lo que los principales resultados permiten exponer que, si bien lo dado por la Ley 1098 de 2006 permite un nivel de garantía en materia de menores, resulta necesario replantear como la prohibición en tanto que configura un límite a la justicia consensuada. Conclusión: dicha prohibición afecta derechos como el debido proceso, la igualdad, las garantías judiciales y la prevalencia del interés superior del menor, por ello, conforme a la Corte Constitucional, se visualiza la necesidad de que Colombia realice una adecuación normativa en la que se revise la viabilidad de adecuar la figura de los preacuerdos dentro del sistema de responsabilidad penal para menores.

En este trabajo de investigación se defiende que algunos de los argumentos utilizados para apostar y defender las bondades de las propuestas de justicia restaurativa tienden a criticar al modelo del derecho penal liberal de forma injustificada, o, como mínimo, exagerada. Por ello, el objetivo principal del presente estudio ha sido el de intentar ofrecer contrargumentos a las críticas de justicia restaurativa referidas. Además, en estas páginas el lector encontrará algunos comentarios sobre posibles aspectos de los procedimientos participativos de justicia restaurativa que, en el campo de lo operativo, pueden presentar algunas tensiones prácticas.

El presente artículo realiza un análisis general del concepto de bien jurídico penal, entendiendo por tal el objeto merecedor de protección por parte del ordenamiento jurídico penal. Analiza su evolución histórica y sus diversas concepciones. Define su contenido y las funciones que debe cumplir dentro del ámbito penal, así como una clasificación de los distintos bienes jurídico penales existentes, todo ello para analizar si sigue siendo un instrumento válido capaz de dar respuesta a los desafíos del Derecho penal

El derecho penal ha sido concebido históricamente como aquella rama de la ciencia jurídica que debe aplicarse en los casos más delicados que han puesto en peligro o dañado a los bienes más preciados para la sociedad, en un tiempo y lugar determinado. Incluso, persiste la noción pública de que es la parte más reactiva de la ciencia jurídica, al ejercer el poder coercitivo del Estado, comprendiendo la restricción de libertad o imponiendo sanciones de carácter pecuniario; sin embargo, dentro del orden jurídico constitucional mexicano, se ha otorgado la posibilidad de que en el ámbito penal se privilegien mecanismos alternativos de solución de controversias que han flexibilizado su esencia, viendo más reactivo ahora al derecho administrativo disciplinario. En esa medida, el objetivo del presente trabajo es proponer algunas líneas que ofrezcan una postura sobre esta desnaturalización del derecho penal; o bien, sobre su reconfiguración contemporánea, para lo que se emplea una metodología basada en la exégesis constitucional y legal en un estudio comparativo con la doctrina cuyas conclusiones permiten determinar el aumento en el rigor, al menos en el derecho positivo vigente, del derecho administrativo que ha sido potenciado en el sistema anticorrupción mexicano, atenuando con ello, la idea del derecho penal como última intervención del sistema jurídico en la regulación de la conducta humana.

The objective of this article is to examine the treatment of individuals considered unimpeachable within the Colombian penal system, focusing on determining whether their management aligns with the principle of minimal intervention or constitutes a necessary measure. A normative study was carried out on the treatment of mentally ill people who are immersed in the Colombian penal system, analyzed from a doctrinal, legal and jurisprudential component. In Colombia, the regulations that mandate special treatments for people with mental illnesses have currently not been complied with, which leads to the worsening of the problem and failure to comply with the purposes of security measures. In Colombia, the importance of a differential approach between people who are attributable and those who are not is not recognized. For this reason, the demand for justice is recurrent, expressed in custodial sentences for people who cannot be held responsible, assuming that special measures are inefficient. Thus, this study allows us to understand the need for differential measures, in accordance with the principles of minimum intervention, ultima ratio, and also in accordance with the purposes of security measures. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The purpose is to explain, from a criminological approach, the construction of a category of analysis from the perspective of thinkers such as David Harvey, Óscar Ugarteche and Vincenzo Ruggiero. The proposed category is called "transactional crime", a product of the privatization and deregulation of financial capitalism during the 20th century. The discussion on the category of transactional crime addresses responses to the various predatory activities that occur in the banking and business environment in the 21st century. The choice to use the definition of transactional crime to the business and banking world can be the first step to reveal the violence perpetrated by a financial structure that determines the awareness of legal entities to function in banking and business environments. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The purpose of this article is to examine the Uruguayan prison system from a perspective of respect for human dignity. The situation of persons deprived of their liberty is critically approached, evaluating the conditions of prison institutions and the protection of their rights. Special emphasis is placed on the need to explore reforms necessary to bring the prison system into line with international human rights standards, proposing approaches that promote rehabilitation and safeguard the dignity of these individuals who continue to be part of society. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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Actualmente el Código Penal uruguayo no prevé un título específico sobre los delitos ambientales, donde se tipifiquen delitos cuyo bien jurídico protegido sea el ambiente. Sin embargo, esta realidad podría cambiar en unos meses de aprobarse el Proyecto de Ley sobre delitos ambientales, que cuenta con media sanción al haber sido aprobado por la Cámara de Senadores. Fuera del Código Penal existe un único delito ambiental, previsto en el artículo 9 de la Ley Nº 17.220, de 11 de noviembre de 1999, que prevé el delito de introducción de desechos peligrosos. En el presente artículo se analizará el concepto de delitos ambientales, sus características, y un análisis sobre el referido Proyecto de Ley, aportando las experiencias del autor como corredactor de la versión original del referido Proyecto de Ley remitida por el Poder Ejecutivo al Parlamento.

Directive (EU) 2024/1203 of the European Parliament and of the Council, published in May 2024, aims to improve environmental protection through criminal law. This directive unifies and strengthens behaviors considered environmental offenses and crimes, as well as their legal consequences. A longer and more specific list of behaviors constituting a crime or offense is established, with the objective of protecting natural resources and the environmental services derived from them. Member States must take these behaviors into account when determining their regime of environmental offenses and crimes. The directive also establishes penalties of up to ten years in prison for crimes such as spills or pollutant emissions that cause environmental damage and the death of a person, as well as penalties of up to eight years in prison for behaviors resulting in the loss of environmental services. In addition, provisions are included for the protection of whistleblowers of environmental crimes and the creation of a National Strategy to Combat Environmental Crimes. [Extracted from the article]

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El artículo presenta una conceptualización de las normas de comportamiento punitivamente reforzadas a partir de una clarificación de su estatus ontológico. Tras dar cuenta de algunas controversias doctrinales que muestran la importancia de esa indagación, ofrezco una caracterización crítica de las dos concepciones en torno de las cuales ha tendido a girar el debate contemporáneo acerca de la ontología de las normas en el campo de la teoría del derecho, conocidas como la concepción “expresiva” y la concepción “hilética”. En oposición a estas, sostengo que una concepción “artefactualista” está en mejores condiciones para servir como punto de partida en la elaboración de una teoría de las normas para los sistemas de derecho penal, purgada de todo resabio imperativista.

Este texto presenta algunos comentarios a la concepción “artefactualista” de las normas de comportamiento como punto de partida para una teoría de las normas de los sistemas de derecho penal, avanzada por Juan Pablo Mañalich R. en su ensayo Las normas de comportamiento como artefactos deónticos.

En Colombia, el derecho laboral busca prevenir y sancionar el acoso laboral, entendido como una conducta “persistente y demostrable” con el propósito de cercenar la dignidad del trabajador. Asimismo, el derecho penal tipifica el acoso sexual, comprendido como el hecho de querer valerse de la superioridad con fines sexuales no consentidos. Este tipo penal busca proteger la libertad, la integridad y la formación sexual. Este artículo analiza, utilizando una perspectiva de género, la fragmentación que se ha presentado hasta ahora a raíz de esta doble regulación en escenarios de acoso sexual laboral y que el Congreso de la República busca subsanar con la expedición de la Ley 2365 de 2024. Presentamos seis tensiones o puntos en común entre las regulaciones laborales y penales. Concluimos el artículo proponiendo tres líneas de investigación: (1) sobre las barreras de acceso a la justicia del acoso sexual, (2) continuar la investigación dogmática feminista y (3) sobre las formas de control en escenarios laborales.

El 7 de septiembre de 2023 se llevó a cabo la XV Jornada de Derecho Penal Económico, organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en el auditorio central de la Universidad de Ibagué. Las conferencias, presentadas por profesores de las universidades de Ibagué, Tolima y Javeriana, giraron en torno a los aspectos criminológicos, la política criminal y la victimología. Además, durante el evento se rindió homenaje al Dr. Jorge Augusto Lozano Delgado por sus aportes al derecho penal económico.

Esta investigación constituye un planteo crítico-reflexivo cuya pretensión es dotar de legitimidad al derecho penal. Sus objetivos se basan principalmente en los aportes que la criminología crítica pueda informar al saber jurídico-penal a fin de que este pueda sustentarse en la dignidad humana, como un saber que propicia el bienestar de la sociedad latinoamericana. Debido a aquello, se utiliza el método polifacético de la crítica criminológica, que permite no solo observar la real operatividad del sistema penal, sino además transformar dicha realidad, deconstruyendo al penalismo latinoamericano. En ese sentido, se emplea la técnica de investigación documental para examinar diversos textos relacionados con la hipótesis propuesta. El objetivo es obtener información que contribuya a promover una potencial ruptura epistemológica en el ámbito de este conocimiento jurídico, especialmente en lo que concierne a sus objetivos fundamentales. Así, se establecen algunos aportes para que el derecho penal deje atrás su pasado de persecución hacia los excluidos, su ínsita selectividad penal, así como su indolencia ante las injusticias que perpetra el Estado a través del poder punitivo, todo lo cual es incompatible con las premisas garantistas, encaminándolo como un saber jurídico digno de llamarse derecho y, por tanto, destinado a perseguir crímenes de sistema o globales que afectan gravemente a nuestras sociedades contemporáneas.

Se parte de la premisa de que la igualdad entre las partes es un principio esencial del procedimiento penal que busca garantizar un juicio justo y equitativo para todas las partes involucradas. Por lo tanto, se analiza cómo se cumple este principio en la práctica, tomando como ejemplo los distritos judiciales VII y XII del estado de Jalisco en México. Con ese fin, se lleva a cabo un estudio con enfoque cualitativo, mediante la revisión de la legislación mexicana en materia penal y se analiza la participación de litigantes y ministerios públicos del área de estudio, que evidencian la falta de igualdad entre las partes en la fase de investigación inicial. Se concluye que, a pesar de que el sistema penal acusatorio mexicano tiene como uno de sus principios fundamentales la igualdad entre las partes, en la práctica existen desigualdades en la etapa de investigación inicial, donde la defensa tiene limitaciones en el acceso a la información y recursos, lo que genera una asimetría en el proceso penal. Finalmente, con el presente estudio, se propone como una las posibles soluciones al problema, para lograr la igualdad entre las partes en la etapa de investigación inicial, una reforma a los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en que se establezca con claridad los alcances de los derechos y obligaciones de la defensa en esta etapa y así, garantizar su acceso a la información y recursos necesarios para una defensa efectiva.

La exploración del derecho y los procedimientos disciplinarios revela una naturaleza compleja, con incertidumbres derivadas de la aplicación de garantías esenciales y desafíos planteados por la no aplicabilidad de ciertos principios como el derecho a permanecer en silencio y el principio de non bis in idem. La jurisprudencia en evolución en Bélgica sobre la conducta del peticionario durante las apelaciones administrativas, que se extiende más allá de los casos disciplinarios, plantea preguntas sobre la viabilidad de res­tringir el acceso al tribunal basado en el comportamiento de una parte. La Directiva de Protección a Denunciantes señala avances en el establecimiento de normas comunes en los países de la UE, ofreciendo amplia protección a diversas personas vulnerables a represalias laborales. Aunque la directiva carece de orientación específica sobre sanciones, es esencial contar con sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias.

En este artículo se realiza un análisis epistemológico del impacto de los sesgos implícitos en el razonamiento probatorio en el contexto del derecho procesal penal mexicano. Se argumenta que estos sesgos afectan la justificación de las creencias, además de causar daños a individuos y a la sociedad, dificultando el logro de metas epistémicas del proceso, tales como la búsqueda de la verdad o el esclarecimiento de los hechos. Se sostiene que las personas juzgadoras son epistémicamente responsables por sus creencias implícitamente sesgadas, incluso si i) no tienen control directo sobre ellas, ii) su influencia es inconsciente y iii) no tienen acceso al conocimiento científico sobre los sesgos. Como ejemplo, se analiza la influencia de dichos sesgos en la valoración de la prueba testimonial según la jurisprudencia mexicana. También se proponen dos soluciones procesales para mitigar su impacto epistémicamente negativo.

El objetivo general del artículo fue analizar sistemáticamente mediante la revisión de literatura el impacto de la vulneración del derecho a contradicción en el proceso de colaboración eficaz que recurre al empleo de la prueba pericial. La metodología utilizada fue cualitativa, de tipo básico y con diseño de revisión sistemática, por ello contó con una muestra de 6 artículos relacionados con la temática del estudio. Respecto a los resultados, se determinó que la prueba pericial aporta cogniciones de otras materias cuya relación con el Derecho acrecienta la posibilidad de comprender la situación y resolver un juicio de la manera más integral posible, para lo cual también debe cerciorarse el principio de contradicción. Por otra parte, la indagación se limitó al no realizar comparaciones constitucionales con otros sistemas legales para concebir las diferencias constantes que implican concepciones a tener en consideración; sin embargo, el valor del estudio recayó en el reconocimiento del impacto que la vulneración del derecho mencionado implica para las sociedades y los individuos según su responsabilidad y las imputaciones por las cuales deben responder. Finalmente, se concluyó que el principio de contradicción es crucial para un juicio íntegro y debe reforzarse cuando se reciba evidencia desde otras ramas del conocimiento.

La ciencia ha generado una nueva forma de restructurar nuestros pensamientos e ideas, además de mejorar la calidad de vida del ser humano; es así que, a partir del siglo XX la neurociencia ha tenido por finalidad estudiar el sistema nervioso, donde se encuentra el génesis de las amalgamas de emociones, pensamientos; así como los comportamientos adoptados por una persona; dicho avance científico nos ha permitido reflexionar y cuestionar las bases teóricas del Derecho Penal, partiendo de los conceptos, que por años se han plasmado en los libros, jurisprudencia y leyes penales en vigor. Conceptos como la pena, su imposición y la finalidad de una condena se han puesto a debate; llevándonos a preguntarnos, si podemos comprender que una persona que ha cometido un delito con conocimiento y voluntad debe ser condenado por su actuación dolosa o este comportamiento se debe a un problema neuronal que viene sucediendo en su cerebro y, por tanto, la condena no sería la solución eficaz para ayudar a este ser humano, ¿cuánto tiempo más seguirá existiendo un Derecho Penal indiferente a los avances de la ciencia?

El presente trabajo tiene por objetivo analizar el delito de trata de personas desde el punto dogmático penal de las escuelas positivistas y formalistas para el estudio de su regulación como delito en México en octubre de 2023. Se establece como hipótesis principal que si se conoce la forma en que la normativización sustantiva especial regula dicho fenómeno como delito, en conjunto con su estudio desde la perspectiva de la dogmática penal a través del análisis de los elementos positivos en la teoría hexatomica y sus seis elementos (conducta, tipo, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad y punibilidad), se podrá verificar si en realidad dicho fenómeno y sus modalidades contemplan todas las formas y supuestos fácticos que en la realidad social se presentan. Adicional a lo anterior, se identificaron diversas conductas en torno al fenómeno de trata de personas en México mediante la elaboración de cuadros de análisis, por lo que se logró identificar la estructura dogmática y sustantiva de cada tipo penal de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos que se establecen actualmente en México. Finalmente, se concluyó que a pesar de que en materia legal se protege a las víctimas de trata de personas, es necesario incluir en el catálogo de conductas aquellas en relación con el ´mantenimiento de la víctima en cierto estado físico o mental previo a la realización de otras conductas ya tipificadas en la cadena de trata.

La digitalización y el auge de las redes sociales han transformado el panorama comunicativo actual, generando preocupación por la desinformación y la polarización. Este estudio se enfoca en cómo los medios y Twitter abordan la propuesta de abolición de la prostitución, revelando que las noticias se centran en el debate político sin profundizar en detalles específicos o consecuencias. En Twitter, los comentarios, mayormente de actores políticos, se centran en posturas políticas más que en aspectos técnicos o legales. El análisis sugiere que, en esta plataforma, el derecho penal se utiliza como pretexto para la discusión política, limitando la comprensión del fenómeno ante la ciudadanía. Aunque la digitalización puede democratizar el debate público, la falta de enfoque en detalles técnicos puede reducir la comprensión de temas complejos como la abolición de la prostitución.

El presente trabajo valoró el sistema de sanciones a imponer frente al fenómeno de la delincuencia económica, tomando en cuenta el método histórico jurídico, para estudiar la génesis de nuestro objeto de estudio y sus variaciones a lo largo del tiempo. Asimismo, se utilizó el método jurídico-doctrinal, en tanto implica análisis de conceptos e instituciones involucradas en los procedimientos y en sus aristas doctrinales, jurisprudenciales y prácticas para la profundización y aporte de información. A través de estos métodos se ahondó en las investigaciones precedentes y actuales sobre la delincuencia económica y las diferentes posiciones teóricas e ideológicas sobre un problema, que se encuentra en la actualidad en el centro de los debates, por las serias consecuencias que acarrea.

The article analyzes research conducted between 2018 and 2022 in Montevideo, focusing on the migrant population deprived of liberty and their access to rights and justice. The study worked with men mainly from Cuba and the Dominican Republic, as well as other countries in South America and Africa, whose displacements are primarily motivated by economic reasons, although they are intertwined with political and religious factors. The analysis is carried out from the perspective of belonging or not belonging to the national order, which allows for examining how migrants have less legitimacy and challenge the functioning of the state, its bureaucracy, and the norms of national society. We seek to contribute to knowledge about the relationship between the migrant population and the penal system based on questions such as: What is the nature of the link between the migrant population and the penal system? What specific obstacles do these individuals face in the system? What aspects of the penal system are questioned or challenged by working with migrants and foreigners? [ABSTRACT FROM AUTHOR]

With different arguments and pretexts, mainly utilitarian and ideological, criminal law has been the object of a constant, progressive and worrying degradation from the point of view of the Rule of Law, understood in a broad sense. This paper analyzes and assesses this situation in different areas (legislative, applicative and doctrinal) offering examples that show the evolution of this trend and that, with greater or lesser intensity, have contributed to the current situation of extreme decadence of criminal law from the perspective of the Rule of Law. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The purpose of this work is to carry out a critical analysis of the three crimes of sexual abuse incorporated into the Penal Code (PC) of Uruguay by the Law No. 19,580 (Law on Gender-Based Violence Against Women). These are the crime of sexual abuse (art. 272-BIS of the PC), the crime of especially aggravated sexual abuse (art. 272-TER of the PC) and the crime of sexual abuse without bodily contact (art. 273-BIS of the PC). In short, the purpose of this work is to determine the scope of each of these criminal figures, for which the elements common to all of them will be analyzed (protected legal property, subjects involved and criminal intent), as well as the particularities that each of these criminal types presents, highlighting the successes and errors presented by this new criminal legislation. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

This article examines the strategic significance of security in critical water infrastructure, an essential resource for human life. Focusing on Spain, it explores the security system of this infrastructure and the existing legislation against threats to critical infrastructures, particularly drinking water supply. The study describes potential types of attacks, the preparedness of passive and active security systems against these threats, and the legislative developments to penalize them. Despite the increasing importance of this issue, as water infrastructure can be a target for terrorism with unimaginable impacts on life, health, economy, and society, the paper concludes that there are gaps in the classification and definition of sanctions against such attacks in Spain. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Torres Ortega, Ilsse Carolina. The Normative Foundations of Criminal Law. In this article I argue that the critique of criminal law calls for bearing in mind its ethical foundations, so as not to reduce it to a mere exercise in state violence. To this end 1) I contend that the foundation of modern criminal law is its normative aspiration to constitute itself as a civilizational project. As such, 2) criminal law is rooted in the notion of freedom, and assumes a perspective with respect to actions that posits free will as freedom of action and seeks to assign people responsibility for their behavior. This leads to 3) the reflection on punishment, because it is in this social institution where the cracks in criminal law are most evident. [ABSTRACT FROM AUTHOR]