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The criminal liability of legal persons was incorporated into the criminal sphere through L.O 5/2010, which introduced a new article in the Spanish Criminal Code, art. 31bis, a precept that regulates all the requirements that must be met in order to attribute liability to the legal person. However, it was not until the reform introduced by L.O 5/2015, when the legislator decided to make an exhaustive regulation of regulatory compliance programs, configuring them as an exonerating cause from that reform onwards. However, this exonerating nature has been much discussed, both doctrinally and jurisprudentially. A first pronouncement on the matter is found in the Circular of the State Attorney General's Office 1/2016 dated 22 January. Subsequently, the Supreme Court incorporated an opinion in STS 29 February 2016, also ruling for the first time on the legal nature of these programs, taking into consideration the previous pronouncement of the Public Prosecutor's Office. From them on, the doctrine has been pronounced on the basis of the criteria adopted by both the Public Prosecutor's Office and the Supreme Court, constructing different positions on the matter. The aim of this paper is to specify the different positions on the legal nature of these programs La responsabilidad penal de las personas jurídicas se incorpora en el ámbito penal a través de la L.O 5/2010 mediante la cual se introduce un nuevo artículo en el Código Penal español, el art 31bis, precepto en el que se regulan todos los requisitos que han de darse para poder atribuir responsabilidad a la persona jurídica. Sin embargo, no fue hasta la reforma operada por la L.O 5/2015, cuando el legislador decide hacer una exhausta regulación de los programas de cumplimiento normativo, configurándolos como causa eximente a partir de dicha reforma. No obstante, esa naturaleza eximente ha sido muy discutida, tanto doctrinal como jurisprudencialmente. Un primer pronunciamiento acerca de ello lo encontramos en la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016 de fecha 22 de enero. Posteriormente, el Tribunal Supremo incorpora una ober dicta en la STS 29 de febrero de 2016 pronunciándose también por primera vez acerca de la naturaleza jurídica de estos programas, tomando en consideración el previo pronunciamiento de la Fiscalía. A partir de ese momento, la doctrina se ha ido pronunciando en base al criterio adoptado tanto por la Fiscalía como por el Tribunal Supremo, construyendo diversas posturas al respecto. Este trabajo tiene por objeto concretar las diversas posturas acerca de la naturaleza jurídica de estos programas.

Bajo la presente investigación se pretende realizar una revisión del discurso dogmático que ha configurado el actual tratamiento del dolo en la doctrina mayoritaria, esto es, como parte del tipo subjetivo en el injusto penal. Se realiza una deconstrucción de cada uno de los esquemas del pensamiento penal a fin de demostrar cuál ha sido su evolución a lo largo de la historia dogmática del delito, lo que permite evidenciar qué ha justificado las diferentes variaciones presentadas en esta categoría dogmática, y qué consideraciones han conllevado a su actual estudio como parte subjetiva de la tipicidad. Se concluye que no existen argumentos actuales que de forma categórica permitan justificar el tratamiento del dolo como parte del tipo penal, planteando por último una aproximación a una figura jurídica de imputación subjetiva que permita la solución del problema.

El objeto de este trabajo es conocer el sistema de individualización judicial de la pena vigente en España. Dado el grado de arbitrariedad que el legislador ofrece al órgano jurisdiccional en determinadas situaciones, como son el enjuiciamiento de delitos leves, imprudentes y el resto en los cuales no concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, en el presente desarrollo se ha tratado de justificar la necesidad de sistematizar esta decisión sobre la concreción penológica a través de la cuantificación del injusto, en cuanto factor de individualización judicial de la pena. En orden a razonar dicha propuesta y dada la relevancia actual y social de los delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación administrativa, se ha tratado de recoger dos sentencias sobre tales tipos delictivos que, si bien contaban con circunstancias de comisión distintas, la consecuencia jurídica que arrojaban era equivalente. Para todo ello, el trabajo se articula en tres partes principales: en primer lugar, el deber constitucional de motivar la decisión judicial, que constituye el origen legal del desarrollo; en segundo lugar, la explicación teórica del sistema de concreción de la pena por parte del órgano jurisdiccional, abordando puntos como su concepto, evolución histórica, principios que le afectan y factores a tener en cuenta en el ejercicio de esta potestad jurisdiccional; finalmente, se realiza una propuesta de modelo de cuantificación del injusto que reduzca la arbitrariedad de que el legislador ha dotado al órgano jurisdiccional, ello no obstante, sin pretender llegar a soluciones legalmente sofocantes

Dentro del desarrollo de la actuación penal ha sido siempre controversia la aplicación de los tipos penales su adecuación dentro de los escritos de acusación que los fiscales presentan ante los jueces de control de garantías, pues es de práctica general que se acuse sin una adecuada ponderación de delitos, sin mirar la adecuación propia del injusto. Dentro del presente escrito, trataremos de entrar a explicar la tipicidad y sus adecuaciones dentro de un juicio de ponderación de cómo hacer la aplicación de la misma y dejar así un aporte sobre uno de los elementos del delito entre este la tipicidad que en resumidas cuentas es la descripción de una conducta dentro del ordenamiento penal la cual debe estar ya previamente establecida dentro de la legislación de un país para poder así garantizar una seguridad jurídica. Into of development of criminal action has always been controversy the application of criminal types, its adequacy inside the writings of accusation that prosecutors present to the judges of guarantee control, since this is general practice, accuse without adequate weighting of crimes, without consider adequacy of unjust. In the present text we wild explaind typical conduct and their adapatations of weighting judgment of how him applicate legal security

The technique of crime of endangerment has generated an expansion of criminal law in areas like criminal protection of collective rights. In order to be consistent with the principle of harm, it is necessary to examine the demands regarding the unfair beh La técnica de tipificación de los delitos de peligro abstracto, figura de usanza para el análisis dogmático de los bienes jurídicos colectivos, ha generado una expansión del derecho penal a esferas en las que no es constatable el daño. A efectos de ser co

The technique of crime of endangerment has generated an expansion of criminal law in areas like criminal protection of collective rights. In order to be consistent with the principle of harm, it is necessary to examine the demands regarding the unfair beh, La técnica de tipificación de los delitos de peligro abstracto, figura de usanza para el análisis dogmático de los bienes jurídicos colectivos, ha generado una expansión del derecho penal a esferas en las que no es constatable el daño. A efectos de ser co

El presente articulo constituye una reconstruccion de las bases de la dogmatica de la legitima defensa, en particular, de su fundamento sustantivo y de su posicion sistematica. A partir de una exposicion critica de la discusion sobre el fundamento de la legitima defensa, el articulo presenta en una primera parte una concepcion de esta basada en la idea de la agresion como contravencion formal de prohibiciones constitutivas de derechos subjetivos ajenos, reconocible por medio de reglas de imputacion. En una segunda parte, el articulo delimita la posicion sistematica de estas reglas de aquellas que tienen por objeto la identificacion de un injusto punible. La determinacion precisa del fundamento de la legitima defensa y de su posicion sistematica permite de esta forma guiar su reconstruccion dogmatica.

En el presente estudio se desarrolla una particular teoría de la intervención delictiva, que se fundamenta en la distinción entre deberes negativos (que obligan a los sujetos a organizar su ámbito de organización de manera que no se produzcan riesgos para los derechos de los demás) y deberes positivos (que obligan al sujeto de manera activa y especial a una específica obligación de hacer). En ambos casos, se presentan problemas de intervención delictiva que son de extraordinaria relevancia para la Dogmática penal y que son desarrollados en profundidad en este trabajo. In the present study a particular theory of criminal procedure is developed, which is based on the distinction between negative duties (requiring individuals to organise their field of organisation so that no risks are caused to third parties) and positive duties (which oblige individuals in an active and special way to specific obligations of duty). In both cases problems of criminal intervention of extraordinary relevante for criminal dogmatic are presented and developed in this paper.

El presente artículo constituye una reconstrucción de las bases de la dogmática de la legítima defensa, en particular, de su fundamento sustantivo y de su posición sistemática. A partir de una exposición crítica de la discusión sobre el fundamento de la legítima defensa, el artículo presenta en una primera parte una concepción de ésta basada en la idea de la agresión como contravención formal de prohibiciones constitutivas de derechos subjetivos ajenos, reconocible por medio de reglas de imputación. En una segunda parte, el artículo delimita la posición sistemática de estas reglas de aquéllas que tienen por objeto la identificación de un injusto punible. La determinación precisa del fundamento de la legítima defensa y de su posición sistemática permite de esta forma guiar su reconstrucción dogmática. The paper exposes a reconstruction of the legal and moral foundations of the right to self-defense in the criminal law, as well as its relationship to the idea of criminal wrongdoing. Self-defense is theoretically founded through an interpretation of the concept of threat of unlawful violence as a formal infringement of prohibitions which constitute subjective rights of others and must be therefore attributed to the responsability of the aggressor. In its second part, the article attempts to reconstruct the systematic relationship between the rules of attribution of legal responsibility (imputation) for a crime and legal responsibility for a threat of unlawful violence as a second base of the theory of the right to self-defense.

El presente artículo es resultado parcial de un proyecto de investigación que busca llevar al proceso penal las discusiones más relevantes de la dogmática jurídico- penal; es decir, se busca entrelazar el derecho penal material con el derecho procesal penal. En este se muestra un resultado parcial de investigación que pretende llevar al proceso penal, discusiones de derecho penal material. Se presenta un análisis sobre la “Absolución perentoria”, figura procesal que se puede plantear en desarrollo del juicio oral y público. El estudio corresponde a los aspectos procesales de la misma, así como las implicaciones dogmáticas de la expresión “hechos ostensiblemente atípicos”; análisis que se hace con críticas a la jurisprudencia nacional y algunas concepciones acerca del injusto, proponiendo una aplicación acorde con los parámetros constitucionales. This paper sets forth a preliminary result of a research project aiming to bring the most relevant discussions of the Legal and Criminal Dogmatic to Criminal Law, that is to say, it seeks to intertwine Derecho Penal Material –Criminal Law regarding the criminal code-, and Derecho Procesual Penal –in charge of establishing the way in which the latter should be applied. Preliminary results about the discussion on Derecho Penal Material are presented. Additionally, an analysis of Decisive Acquittal -a procedural figure likely to appear during an oral and public trial- is presented. The study corresponds to the procedural aspects of it, as well as to the dogmatic implications of the expression “hechos ostensiblemente atípicos”, this is, when the facts in which the accusation is based upon -and after the evidence has been expounded in the oral hearing-, visibly do not coincide with the criminal behavior, hence the initial need of continuing with the case changes since it is a visibly atypical behavior. The analysis is a critical approach to Colombian jurisprudence; it develops some conceptions about unfairness, and proposes a coherent application consistent with constitutional parameters.

In this article we analyze the concepts of ‘norm’ and ‘wrong’ that better serve theaims of Criminal Law. The author defends that it is more precise to break in to two parts the concept of ‘the contrary to the norm’, attaching to the concept of ‘wrong’ the mere objective contradiction of the act with the content of the determinating norm (promulgated norm), which leaves ‘culpability’ the problem of “individual communication”. As a result, the concept of ‘wrong’ collaborates with the joint aim of protecting legally protected interests through positive general prevention in its original use, since the concept attempts to transmit the general valuations of the conduct and the legally protected interests that would be lost when introducing the ‘categoryof wrong’ the considerations relative to the individual capacity to act according tothose general parameters.Thus the author rejects the constructions that currently defend the individualization of the due care to the scope of the concept of ‘wrong’, or because they assume that the concept of ‘wrong’ as an infraction of the vigilence of the norm, or, in othercases, because, in spite of conceiving the concept of ‘wrong’ as an infraction of a determination norm, they include in the concept of ‘wrong’ certain requirements of the norm-communication. All of them have an inadmissible derogation of the general norms of conduct in criminal negligence and the loss of the positive general preventive function of the ‘category of wrong.’ En el presente artículo se analizan los conceptos de norma y de injusto que mejor sirven a los fines del Derecho penal. Así se defiende que es preciso dividir la antinormatividad completa en fragmentos, correspondiendo a lo injusto la mera contradicción objetiva de la conducta con el contenido de la norma de determinación (norma promulgada), dejando para la culpabilidad los problemas de “comunicación” individual. De esta manera la categoría de lo injusto colabora al fin conjunto de protección de bienes jurídicos a través de la prevención general positiva en su sentido original. La contrariedad objetiva con la norma promulgada (con el contenido de la norma dedeterminación) se destaca como categoría que cumple la función de trasladar las valoraciones generales sobre la conducta y sobre el bien jurídico que se perderían al introducir en lo injusto consideraciones relativas a la capacidad individual de actuar conforme a esos parámetros generales.Por ello se rechazan las construcciones que defienden una individualización del injusto como infracción de la vigencia de la norma, donde el concepto de infracción consiste en un proceso de imputación en el que se indaga acerca de si el comportamiento del autor expresa un no reconocimiento personal de la norma, o fórmulas similares, que hacen depender lo injusto no solo de la contradicción objetiva del contenido de la norma, como yo he defendido, sino de expresiones o faltas personales en relación con la misma, o bien, en otras construcciones, porque, a pesar de concebir lo injusto como la infracción de una norma de determinación incluyen en el concepto de injusto determinados requisitos de la norma-comunicación. Todas ellas llevan a una inadmisible derogación de las normas de conducta generales en el delito imprudente y a la pérdida de la función preventivo general positiva de la categoría de lo injusto.

Se ocupa el presente estudio de dar cuenta de la importancia de Rudolf Von Ihering para el Derecho penal y sus desarrollos dogmáticos. La impronta de su importancia marcó el descubrimiento de un concepto de antijuridicidad independiente de la culpabilidad, inauguró la discusión entre objetivistas y subjetivistas en materia del injusto y visionó un concepto final de acción fundado teleológicamente; lo cual significa que su pensamiento y el núcleo duro de la discusión permanece con plena actualidad, especialmente para el entendimiento de un Derecho Penal Liberal ante las arremetidas de nuevas concepciones que, eludiendo el tema de los cuestionamientos al subjetivismo, legitiman instituciones que son paradigmáticas a dicho pensamiento.

Son frecuentes las consecuencias negativas para la vida y salud de las personas producto de actos médicos y, sin embargo, quienes actúan raramente deben responder civil y penalmente por los riesgos que tales actos suponen y su fin curativo. Esta finalidad explica que las conductas dolosas sean excepcionales. De allí que la responsabilidad penal en este ámbito se centre en el examen de la imprudencia. ¿Cuándo existe una imprudencia médica?; ¿cuándo procede cargar al facultativo médico con las consecuencias dañosas por su conducta? Estas son las principales preguntas que debe resolver el juzgador y que se enfrentan a diversas dificultades como: la precisión del deber de cuidado, el rol del consentimiento del paciente, la influencia del principio de confianza cuando se trabaja en equipo, etc. Semejantes problemas se abordan en general, pero también desde la práctica.

Son frecuentes las consecuencias negativas para la vida y salud de las personas producto de actos médicos y, sin embargo, quienes actúan raramente deben responder civil y penalmente por los riesgos que tales actos suponen y su fin curativo. Esta finalidad explica que las conductas dolosas sean excepcionales. De allí que la responsabilidad penal en este ámbito se centre en el examen de la imprudencia. ¿Cuándo existe una imprudencia médica?; ¿cuándo procede cargar al facultativo médico con las consecuencias dañosas por su conducta? Estas son las principales preguntas que debe resolver el juzgador y que se enfrentan a diversas dificultades como: la precisión del deber de cuidado, el rol del consentimiento del paciente, la influencia del principio de confianza cuando se trabaja en equipo, etc. Semejantes problemas se abordan en general, pero también desde la práctica. The negative consequences to people's life and health due to medical acts are frequent, and yet, the perpetrators are seldom liable or criminally accountable for the risks that such acts suppose and their curative purpose. This final aim explains why those negligent conducts are exceptional. Therefore, the criminal accountability in this sphere focuses in the exam of negligence. When can we talk about medical negligence? When can we charge a physician for the damaging consequences of his/her conduct? These are the main questions judges must solve and they face diverse difficulties such as: The precision of the duty of health care, the role of consent by the patient, the influence of the principle of reliability when team working, etc. These types of problems are managed in general, but also from the practical field.

Aristotelian thought reflects natural law, regarded as a community moral issue and as such with judging effect. Within political just (politikón díkaion) reside various concepts which taken as a whole allow for comprehension of philosophy of human affairs. Justice understood as the core of pólis determines order of political community, where individuals are equal and free. However, equity should be ruled and measured by law along ruling for appropriate social behavior.Political Law has two origins, the first one is natural not subject to human will but universal; the second one is of human nature set forth by man. Therefore, it is important to underline that in the context of natural origin, political order tries to solve dichotomy between a good citizen, regarded as an individual capable of generate a positive response before a given regime, and a simple good man regarded as a mature cautious human being capable of showing adequate behavior in any regime. La ley natural está en el pensamiento aristotélico, siendo ésta vista como un problema de moralidad comunitaria y como tal con efecto jurídico. Dentro de lo justo político están implicados varios conceptos que reunidos en un todo posibilitan la comprensión de la filosofia de las cosas hwnanas, entre ellos tenemos: la justicia, entendida como la esencia de la pólis que determina el orden de la comunidad política, en donde todas las personas son libres e iguales, pero esta igualdad debe ser regulada y medida por la ley, encargada de que los hombres vivan de acuerdo con todas sus virtudes mas no con sus vicios; además, prescribe reglas de comportamiento que permiten regular su obrar para su propio bienestar y el de la sociedad, configurando y estructurando el orden jurídico.El Derecho Político tiene dos orígenes, uno natural, no sujeto a la voluntad humana y al mismo tiempo universal; y uno humano, es decir, puesto por el hombre. Vale la pena resaltar que dentro del contexto de origen natural el orden político trata de resolver la tensión existente entre un buen ciudadano, entendido como aquél capaz de responder positivamente ante un régimen, y un buen hombre, entendido como alguien maduro y prudente capaz de desenvolverse bien en cualquier régimen.