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Esta investigación tuvo como objetivo general establecer la viabilidad de pasar del actual sistema probatorio a un sistema flexible de la carga de la prueba. Como objetivos específicos fundamentar jurídica y doctrinariamente como se afectan los principios procesales al utilizar el tradicional sistema de la carga de la prueba, realizar un análisis comparativo de la normativa ecuatoriana con la española y colombiana con respecto a la inversión judicial de la carga de la prueba, determinar si la aplicación de la flexibilidad probatoria o inversión judicial de la carga de la prueba afecta o no el principio de igualdad de los justiciables, analizar cómo el juez debe aplicar la distribución de la carga de la prueba y hasta que momento procesal es oportuno hacerlo. La investigación arrojó como resultado que se hace pertinente la aplicación del principio de flexibilidad en el Código Orgánico General de procesos por lo que se hizo una propuesta de modificar el artículo 169 de dicha normativa. The general objective of this investigation was to establish the viability of moving from the current evidentiary system to a flexible system of the burden of proof. As specific objectives to legally and doctrinally substantiate how procedural principles are affected when using the traditional system of the burden of proof, to carry out a comparative analysis of the Ecuadorian legislation with the Spanish and Colombian with respect to the judicial reversal of the burden of proof. , determine if the application of the evidentiary flexibility or judicial reversal of the burden of proof affects or not the principle of equality of the defendants, Analyze how the judge should apply the distribution of the burden of proof and until what procedural moment is appropriate do what. The investigation yielded as a result that the application of the principle of flexibility in the General Organic Code of processes becomesrelevant, for which reason a proposal was made to modify article 169 of said regulation.

Mediante este proyecto de investigación se pretende determinar la relación entre el derecho a la intimidad y el derecho a la prueba en el marco de las nuevas tecnologías. Para ello, será necesario en un primer momento contextualizar el derecho a la intimidad y su protección en el ordenamiento jurídico, así como la regulación del derecho a la prueba, sus características, y sus límites. Esto desde el enfoque de las nuevas tecnologías que han irrumpido en la sociedad actual mediante internet, redes sociales, aplicaciones, bases de datos, entre otros, las cuales si bien suponen nuevas posibilidades probatorias, también conllevan un mayor riesgo de vulneración del derecho a la intimidad. En un segundo momento, se analizará la intromisión de las nuevas tecnologías en el proceso civil y en el proceso penal, determinando como estas pueden incorporarse legítimamente en los procesos judiciales. Además, teniendo en cuenta el riesgo potencial que estas nuevas tecnologías frente al derecho a la intimidad, también será necesario estudiar la disponibilidad de este derecho, así como los límites y mecanismos de protección establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano, abordando temas de especial interés como las facultades de investigación de la fiscalía, el derecho a la intimidad de las personas privadas de la libertad, y la prueba ilícita. Para esta investigación, se consultará la normativa, jurisprudencia, y doctrina colombiana, además de doctrina internacional relevante., This research project aims to determine the relationship between the right to privacy and the right to evidence in the framework of new technologies. For this, it will be necessary at first to contextualize the right to privacy and its protection in the legal system, as well as the regulation of the right to evidence, its characteristics, and its limits. This from the perspective of the new technologies that have broken into today's society through the internet, social networks, applications, databases, among others, which, although they represent new evidential possibilities, also carry a greater risk of violation of the right to privacy. In a second stage, the interference of new technologies in civil and criminal proceedings will be analyzed, determining how these can be legitimately incorporated into judicial processes. In addition, taking into account the potential risk that these new technologies imply against the right to privacy, it will also be necessary to study the availability of this right, as well as the limits and protection mechanisms established in the Colombian legal system, addressing issues of special concern. special interest such as the investigative powers of the prosecution, the right to privacy of persons deprived of liberty, and unlawful evidence. For this research, Colombian regulations, jurisprudence, and doctrine will be consulted, as well as relevant international doctrine.

The analyzed decisions declare the constitutionality of different resolutions related to the secessionist process that occurred in Catalonia between 2014 and 2017. STC 105/2021 declares adjusted to the right of access to public office (art. 53.2 CE) and the due process (art. 24.1 CE), the decisions of the parliament board that deprived the indicted, who subsequently was elected member of the Congress, certain rights as a result of the precautionary suspension of his functions. SSTC 106/2021 and 107/2021 dismiss the appeals for legal protection filed against two Supreme Court judgments, which condemned the appellants as authors, respectively, of a crime of sedition and disobedience. Constitutionality of the temporary suspension of members of the parliament as a result of the bill of indictment in criminal case for the crime of rebellion. Las decisiones objeto de comentario declaran la constitucionalidad de diferentes resoluciones relacionadas con el proceso secesionista ocurrido en Cataluña entre 2014 y 2017. La STC 105/2021 declara no vulnerado el derecho al acceso a los cargos públicos (art. 53.2 CE) ni el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por las decisiones de la Mesa del Congreso que privaba al procesado, miembro del Parlamento nacional, de ciertos derechos a consecuencia de la suspensión cautelar de sus funciones. Las SSTC 106/2021 y 107/2021 desestiman los recursos de amparo promovidos contra sendas sentencias del Tribunal Supremo, que condenaron a los recurrentes como autores de un delito de sedición y de desobediencia.

This Article focuses on the essential aspects of evidence in the administrative sanctioning procedure. These aspects correspond to (i) the importance of truth in the administrative sanctioning procedure, (ii) the fundamental right to evidence, (iii) conditions in the valuation of evidence, (iv) the burden of proof, and, (v) the standard of proof required to sanction. With the deepening of these concepts, we will be able to reduce spaces of arbitrariness in the exercise of the sanctioning power, in order to ensure that sanctions are only applied to real offenders. El presente artículo aborda los aspectos esenciales de la prueba en el procedimiento administrativo sancionador. Estos aspectos corresponden a (i) importancia de la verdad en el procedimiento administrativo sancionador, (ii) el derecho fundamental a la prueba, (iii) condiciones en la valoración de la prueba, (iv) la carga de la prueba, y, (v) el estándar de prueba requerido para sancionar. Con la profundización de estos conceptos, podremos reducir espacios de arbitrariedad en el ejercicio de la potestad sancionadora, a fin de procurar que las sanciones únicamente se apliquen a los verdaderos infractores.

This Article focuses on the essential aspects of evidence in the administrative sanctioning procedure. These aspects correspond to (i) the importance of truth in the administrative sanctioning procedure, (ii) the fundamental right to evidence, (iii) conditions in the valuation of evidence, (iv) the burden of proof, and, (v) the standard of proof required to sanction. With the deepening of these concepts, we will be able to reduce spaces of arbitrariness in the exercise of the sanctioning power, in order to ensure that sanctions are only applied to real offenders. El presente artículo aborda los aspectos esenciales de la prueba en el procedimiento administrativo sancionador. Estos aspectos corresponden a (i) importancia de la verdad en el procedimiento administrativo sancionador, (ii) el derecho fundamental a la prueba, (iii) condiciones en la valoración de la prueba, (iv) la carga de la prueba, y, (v) el estándar de prueba requerido para sancionar. Con la profundización de estos conceptos, podremos reducir espacios de arbitrariedad en el ejercicio de la potestad sancionadora, a fin de procurar que las sanciones únicamente se apliquen a los verdaderos infractores.

La presente investigación de carácter dogmática jurídica ha tenido por Finalidad ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema de investigación planteado; es decir, la valoración de la declaración de niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia sexual, realizada a través de cámara Gesell durante la etapa de investigación preparatoria. El objetivo central de nuestra investigación fue determinar en qué casos la declaración única de las niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia sexual realizadas mediante cámara Gesell, en etapa de investigación preparatoria, tiene carácter probatorio para ser valorada en juicio oral, y evitar la victimización secundaría. Al término de la investigación se determinó que esta declaración tiene carácter probatorio; siempre que se haya realizado como prueba anticipada; si ello no ocurriera el acta de declaración puede ser oralizada y valorada solo si, se presentan las circunstancias establecidas en el inciso d) del artículo 383 del CPP. De igual forma, de conformidad a la Casación Ucayali 33-2014 dicha declaración puede ser admitida y oralizada en etapa de juicio oral, siempre que la misma haya sido recepcionada con el aseguramiento del derecho de defensa del acusado. En el desarrollo del presente trabajo se aplicó la metodología de la investigación asimismo se emplearon las técnicas de análisis documental y bibliográfico con sus respectivos instrumentos como son el análisis de contenido, y el fichaje. Tesis

El presente trabajo de investigación titulado “La aplicación del debido procedimiento en la duda razonable aduanera y la eficiencia en la emisión de las resoluciones del Tribunal Fiscal en las Intendencias de Aduana, periodo 2013-2017”, tiene por finalidad realizar el estudio de las principales resoluciones emitidas por la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal relativas a las duda razonables incoadas en las Intendencias de Aduana, con el objetivo de determinar cómo la aplicación del debido procedimiento con sus tres elementos principales que son el derecho a la defensa, el derecho a la prueba y a la debida motivación contribuyen a optimizar los resultados emitidos por la citada Sala y cómo su falta de aplicación incide, en cambio, en resultados poco eficientes para las Intendencias de Aduana. En ese sentido, para lograr contrastar nuestra hipótesis hemos seleccionado 232 resoluciones del Tribunal Fiscal durante el periodo 2013-2017, abarcando así, cinco años comparativos y las principales Intendencias de las Aduanas del Perú, comprendiendo que algunas de ellas son las que tienen el mayor impacto en el resultado final por el gran movimiento comercial que registran.

Antecedentes: Las “Limitaciones de los sistemas de prueba tasada y libre valoración probatoria para obtener la verdad procesal” surge por los enfoques controvertidos sobre la concepción de la prueba y valoración probatoria; el objetivo sistematiza un campo conceptual doctrinario en relación a tal temática, compleja y nuclear en el proceso. La metodología de la investigación es cualitativa, se aplicó una encuesta a 40 jueces para indagar sus criterios sobre dichos sistemas, especialmente la sana crítica y a 44 abogados se averigua sobre las limitaciones en la admisibilidad, práctica y valoración de la prueba. Los resultados obtenidos señalan la sana crítica como el medio de valoración probatoria fundamentado en la razón, la lógica, la experiencia y el conocimiento del juzgador coherente con el aporte científico, libre de arbitrariedades. En cuanto a los errores en la actividad probatoria mencionaron las equivocaciones en la admisibilidad de la prueba, determinación de responsabilidades a pesar de existir insuficiencia en las pruebas y elementos en torno a la incidencia de factores subjetivos en la configuración de la convicción del juzgador; se analizó la prueba en el COGEP y una sentencia de casación en materia civil (prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio). Se concluye con la propuesta de un enfoque de derechos en la aplicación de los principios para la valoración probatoria, sin omitir una fundamentación filosófica política jurídica debeladora de que el Derecho no puede estar desligado de la realidad social, sumándose el razonamiento crítico como elemento indispensable para evitar elementos irracionales en las decisiones judiciales. Antecedents: The “Limitations of statutory regulations concerning evidences and the valuation of evidences to obtain the procedural truth” arises from controversial approaches on the conception of evidences and valuation of evidences; the objective of the research systematizes a doctrinal conceptual field in relation to such a thematic, complex and nuclear in the process. The methodology of the research is qualitative, a survey was applied to 40 judges to investigate their criteria on such systems, especially the sound criticism and 44 lawyers were asked about the limitations on the admissibility, practice and evaluation of the evidences. The results obtained point to sound criticism as the means of valuation of the evidences based on reason, logic, experience and the knowledge Judges consistent with the scientific contribution, free of arbitrariness. Regarding the errors in the evidence admissibility, they mentioned the errors, determined responsibilities even in the cases where evidence was insufficient as well as elements related to subjective factors to constitute the criteria of the judge. The research includes and analysis of the evidence procedure as mentioned in the COGEP and also a judgment of cassation in civil matters (extraordinary prescription for acquisition of property). It concludes with a proposal to have a correct legal approach to apply the principles for evidence valuation, not disregarding a philosophical legal political foundation as the Law cannot be detached from the social reality, adding the critical reasoning as an indispensable element to avoid irrational elements in judicial decisions.

La presente investigación analiza los parámetros doctrinarios y jurisprudenciales para la aplicación de la prueba indiciaria o indirecta, con la finalidad de determinar la existencia o inexistencia de falencias técnicas en la estructuración del artículo 172 del Código Orgánico General de Procesos. La investigación nace de la poca claridad existente en la redacción del artículo 172 del Código Orgánico General de Procesos, que posibilita justificar la utilización de prueba indiciaria en la resolución de los procesos regulados por el COGEP; así como también la utilización de lo que la doctrina denomina presunción judicial, situación que debe ser examinada, aclarada y sistematizada para lograr seguridad jurídica. El estudio doctrinal, sistemático y dogmático de las instituciones jurídicas que se encuentran en el Código Orgánico General de Procesos posibilita que se presente, un proyecto de reforma legal que permita sistematizar la aplicación de las normas adjetivas para, de esta manera, lograr el mismo tratamiento en todos los casos concretos. La sistematización de las instituciones descritas en el artículo 172 del Código Orgánico General de Procesos permitirá establecer parámetros objetivos en su utilización e interpretación. Esta investigación contribuye con el fomento y la institucionalización de la seguridad jurídica al instaurarse condiciones mínimas de aplicación de los indicios y las presunciones en la valoración de los medios probatorios dentro de los procesos regidos por el Código Orgánico General de Procesos, a la luz de los principios que rigen al Derecho al debido proceso señalado en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador.

El presente trabajo investigativo, tiene por finalidad exponer la situación real de la actividad probatoria dentro del contexto jurídico-social del nuevo Estado Constitucional de Derecho y justicia social. Tanto más si consideramos la prueba, tiene en el área procesal constitucional una magna importancia y eterna actualidad en los temas jurídicos, por su real valía al momento de dictar sentencia. Pues se debe considerar que el sistema probatorio adoptado, en el proceso constitucional, actualmente constituye un termómetro del nivel de desarrollo democrático de una concreta comunidad. La prueba sigue constituyendo la fuente decidora de la verdad de los hechos, razón por la cual, su incidencia e importancia resultan innegable e incuestionable, más aún, dentro del actual Estado Constitucional de Derechos y justicia social, que de manera ardua y directa abraza el garantismo neoconstitucional, como el escudo protector ante cualquier arbitrariedad, sea que emane de los operadores de justicia o del mismo Estado. La relación entre proceso probatorio y sistema constitucional excepcionalmente se observa como los principios básicos que inspiran la justicia penal, obtienen una referencia clara en la Constitución de la República de tono esencialmente garantista. Razón por la cual resulta apremiante conocer cómo se desarrolla la actividad probatoria y qué innovaciones se deben desarrollar al respecto. Por lo manifestado, a través de la presente investigación propongo la edificación de una política constitucional que enrumbe a los administradores judiciales a desarrollar a la luz del debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, la actividad probatoria.

La Teoría de carga probatoria dinámica (Tcpd) parte de una concepción publicista del proceso, en que el juez goza de amplias facultades como director del proceso, rompiendo la regla sobre la distribución de la carga de la prueba por la cual “quien afirma un hecho, debe probarlo”, permitiéndose de manera excepcional, en casos de prueba difícil, la aplicación del principio de facilidad probatoria, por el que la prueba recae en el sujeto que está en mejores condiciones para proporcionar el material probatorio, independientemente de quien afirmó el hecho.

El derecho constitucional a la prueba no es absoluto, se encuentra limitado por los requisitos intrínsecos de la prueba que son inherentes a la actividad probatoria, requisitos que se derivan de los principios judiciales de la prueba y que se traducen en los parámetros para la calificación de la admisibilidad de los medios probatorios por parte del juzgador como un deber ineludible y circunscrito a un momento procesal determinado (audiencia preliminar o única), requisitos o límites que deben encontrar equilibrio con el derecho a la defensa de las partes. El objetivo del presente estudio es determinar si la indebida interpretación o aplicación por parte del juzgador de los parámetros legales para la calificación de la admisibilidad de los medios de prueba vulnera o limita el derecho a la prueba vinculado con el derecho a la defensa; asimismo se definirá a la pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad. El papel del juez es preponderante en el examen de admisión de los medios probatorios porque garantiza el derecho de las partes a la prueba, la materialización de la admisión o inadmisión se plasma en una resolución motivada; las resoluciones carentes de motivación o arbitrarias que deniegan una prueba, la omisión del examen de admisión de los medios de prueba propuestos, y la falta de práctica de los medios admitidos vulneran el derecho a la prueba porque lo limitan o lo niegan; pero la admisión de un medio de prueba de forma arbitraria o inmotivada no vulnera el derecho a la prueba, sino que dilata y encarece el proceso. Estas resoluciones son susceptibles de impugnación. Las vulneraciones al derecho a la prueba conllevan vulneración al derecho a la defensa como garantía del debido proceso, el remedio procesal que la legislación establece es la interposición de los medios de impugnación.

El presente trabajo de investigación desarrollará la problemática de la carga de la prueba en el procedimiento de fiscalización, a fin de determinar si resulta necesario establecer y regular las reglas generales respecto de la carga de la prueba en dicho procedimiento. Para tal efecto, comenzaremos con la exposición de los conceptos generales sobre la institución de la prueba, carga de la prueba, el procedimiento administrativo de fiscalización y las teorías respecto a las reglas de la carga de la prueba. Trabajo de investigación

Actualmente, uno de los mandatos estructurales para la tutela efectiva de los derechos es el derecho fundamental a la prueba, no solo por el novedoso fenómeno de constitucionalización del proceso, sino por casos concretos que han impulsado serias reformas. Con anterioridad al Código General del Proceso, el ciudadano que acudía a la administración de justicia veía definida la vigencia y eficacia de su pretensión o excepción por medio de tres hipótesis de la actividad probatoria: i) la habilidad o dirigida intención de su contraparte de aportar o no la prueba del hecho, que es otra manera de entender la noción clásica de carga de la prueba; ii) la búsqueda de la verdad por parte del juez, mediante sus poderes oficiosos; y iii) la sorpresa de una inversión de la carga de la prueba por el juez, de la cual la persona a quien se le asignaba la carga de probar se enteraba en la sentencia de segunda instancia, o en sede de casación o en la eventual revisión. En la actualidad, con el CGP y el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, se le aumentan los poderes de instrucción al juez, al permitírsele i) asignar la carga de probar a la parte de la relación procesal que se encuentra en mejor posición de hacerlo y ii) decretar medidas cautelares probatorias; esta nueva realidad implica redefinir y examinar lo que denominaremos los "insumos" a los cuales puede acudir el juez que pretenda hacer una protección efectiva del derecho a la prueba, en la etapa de proposición y requerimiento de la prueba. Como consecuencia, se plantea la disertación frente a la afectación del derecho sustancial de este derecho fundamental, de una parte, y en torno a los serios desafíos frente a la estructura y el trámite creado para la carga dinámica desde el CGP, abordados desde sus aspectos críticos en lo que se considera eminentemente procesal. Currently one of the structural mandates for the effective protection of rights is the fundamental right to the evidence, not only because of the new phenomenon of constitutionalization process but by the experience of individual cases, which have driven it serious reforms. Before the General Code of Procedure its reality reveals a citizen who comes to the administration of justice and sees defined the validity and effectiveness of its claim or exception through three systems: i) the ability or directed intention of his or her counterpart in providing or no evidence of the fact, which is another way to understand the classical notion of who has to show the evidence; ii) in the search for truth by the judge, through his functions; and iii) the surprise of looking for evidence, which the person is assigned to take the evidence get know in the judgment that he had to do it. Nowadays with the GCP and the Status of National and International Arbitration, the functions of the judge will increase, to be allowed to assign the burden of proving on the part of the procedural relationship which is in a better position to do so and enact measures evidentiary precautionary, which means to define and to study what we call the "input" or "bags" to which the judge can go intending to make an effective protection of the right to evidence the proposition stage and requirement of the test, which under this new legislation actually affects the substantive law of this fundamental right, on one hand, and the structure of this new institution towards some aspects that defined the GCP, which can be approached from its critical aspects in what is considered eminently procedural.

El autor del presente ensayo se propone encontrar en el juicio de proporcionalidad un mecanismo de control de las intervenciones legislativas del derecho a la prueba. Para tal efecto expone el concepto de derecho a la prueba y luego analiza el principio de proporcionalidad y hace énfasis en sus bondades para evitar limitaciones irracionales del derecho a probar en los procesos jurisdiccionales. The author of this essay seeks to identify in the proportionality test a control mechanism on legislative interventions of the right to evidence. For this purpose the concept of right to evidence is exposed and then the proportionality test is discussed, emphasizing its benefits avoiding unreasonable restrictions on the right to evidence in the judicial processes. L'auteur de cet essai cherche à trouver dans le jugement de proportionnalité, un mécanisme de contrôle des interventions législatives du droit à la preuve. Pour parvenir à cet effet, il expose le concept du droit à la preuve puis, il analyse le principe de proportionnalité et met en avant ses avantages pour éviter les limitations irrationnelles du droit à prouver dans les procédures juridictionnelles. O autor do presente ensaio propõe-se encontrar no juízo de proporcionalidade um mecanismo de controle das intervenções legislativas do direito à prova. Para o efeito expõe o conceito de direito à prova e seguidamente analisa o princípio de proporcionalidade e da ênfase nas suas bondades para evitar limitações irracionais do direito a provar nos processos jurisdicionais.

El artículo desmenuza con fuerza argumental, de fuentes, histórica y con pleno conocimiento del derecho procesal civil comparado los distintos postulados políticos, ideológicos y meta jurídicos contra el poder probatorio del juez en el proceso. Para el autor tres son los sistemas existentes en materia de actividad probatoria del juez en Europa: todos - en más o en menos - admiten la actividad probatoria de oficio por el juez. La conclusión es lapidaria: el asiento liberal de los críticos a esta realidad no es ni coherente ni preciso y que refieren al liberalismo del siglo XIX en los que estuvo vigente las concepciones del proceso civil típico del individualismo propietario. Consideraciones generales de este género serían probablemente suficientes para demostrar que las ecuaciones del tipo «poderes de instrucción del juez = régimen autoritario» y «juez pasivo = régimen liberal» son vagas y genéricas, y se reducen a slogans polémicos faltos de valor científico. Ello es, resulta un sofisma el "juez activo autoritario versus juez pasivo liberal". Existen así numerosos sistemas demócratas en los que el juez cuenta con amplios poderes de instrucción, como ocurre p.e. en Francia, en Suiza y en Alemania. En sustancia, cada decisión no es «buena» sólo porque pone punto final al conflicto; la decisión es «buena» si pone punto final al conflicto siendo fundada en criterios legales y racionales, entre los que asume importancia particular la veracidad de la comprobación de los hechos. Si se piensa en un «buen» juez, capaz de ejercer correctamente y racionalmente sus poderes, no hay razón de temer que él se vuelva parcial, e incapaz de valorar las pruebas, por el sólo hecho de haber dispuesto o sugerido su adquisición. Sólo si se piensa en un juez incapaz y psíquicamente débil se puede temer que él pierda su propia imparcialidadThe article treats different political and ideological and the meta judicial postulates which are against the probationary power of the judge in process. For the author, three are the existing systems in the material of the probationary activity of the judge in Europe. All, more or less, admit the probationary activity of office by the judge. The conclusion is lapidary: the position of the liberal critics regarding this issue is neither coherent nor precise. They refer to the liberalism of the 19th Century including the valid conceptions of typical law processes concerning the proprietor's individualism. General considerations of this genre are probably sufficient to demonstrate that the examples ("instructional powers of the judge = authoritarian regime" and "passive judge = liberal regime") are vague and generic, reduced to debateable slogans which lack scientific value. Consequently, this results in a sophism; the active, authoritarian judge versus the passive, liberal judge. Similarly, numerous democratic systems exist where the judge can rule, with amplified instructional powers, as it occurs for example in France, Switzerland and in Germany. Substantially each decision is not "good" simply because it puts a final end to the conflict; the decision is only "good" if it puts a final end to the conflict being filed in legal and rational criteria, among those which assume particular truthful importance of the verification of facts. If the judge, capable of correctly and rationally carrying out his/her powers, is considered "good" there is no reason to fear that he/she will become biased and incapable of evaluating proof, for the single fact of having disputed or suggested his/her acquisition. Only if a judge is thought of as incapable and psychologically weak should the loss of his/her own impartiality be feared

Se analiza la institución de la carga de la prueba en cuanto a la distribución que de ella debería hacer el juez antes de considerar en intervenir probatoriamente en el proceso decretando pruebas de oficio, respetando la garantía fundamental del derecho a la prueba constitucionalmente consagrado en Colombia y el principio de aportación de parte cuando se busca descubrir los hechos que presenten dificultades probatorias con motivo de la escasa disponibilidad del medio de conocimiento para una de las partes que, a su vez, dificulta su traslatividad al proceso y en consecuencia su impresionabilidad. En ese sentido, se muestra qué instrumentos deductivos tiene el juez a su alcance para determinar cómo y cuándo, a lo largo del proceso, debe distribuir la carga de la prueba más allá de los que explícitamente consagra el Código General del Proceso (CGP) (Ley 1564 de julio 12 de 2012 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones), que, para el efecto de descubrir un hecho como consecuencia de la mencionada distribución, transforma lo que era una carga procesal de las partes en un deber de las mismas para llegar a una sentencia lo que, en ultimas, también constituirá uno de los principales deberes del juez. The charge’s prove institution is analyzed in regard to distribution that is made by the judge before considering to take part in the approving process decreeing function proves, respecting law’s fundamental prove guarantee renowned in Colombia a part’s contribution principle when look for discover facts which present approving difficulties because of lack of availability between the knowledge in one of the parts that, in turn, does not allow transferring process and, in consequence its impressionability. In this sense, it is shown that the judge has deductive instruments at his disposal for determining how and when, while the process is running, must distribute prove’s charge beyond that is explicitly renowned in the general process’ code that, the way to discover a fact as a consequence of the mentioned distribution, transforms what was a process parts charge in an own duty for getting to a sentence according to real true, which also finalizes one of the main judge’s duties. Abogado http://www.ustavillavicencio.edu.co/home/index.php/unidades/extension-y-proyeccion/investigacion Pregrado

RESUMEN: El derecho a la prueba es fundamental en la medida en que es inherente a la persona y tiene además diversos mecanismos de refuerzo propios de los derechos fundamentales. El contenido esencial del derecho a la prueba es la posibilidad que tiene la persona de utilizar todos los medios posibles en aras de convencer al juez sobre la verdad del interés material perseguido. Se caracteriza, además, por ser un instrumento de la persona por lo que de manera alguna puede expandirse hasta el límite de arrasar con los demás derechos fundamentales. Se trata de un derecho subjetivo exigible al juez cuyo objeto es una acción u omisión en la actividad probatoria. Incluso, en su conexión con el derecho al acceso a la justicia, puede tratarse de una prestación económica para hacer seriamente efectivo este derecho, operando en todo tipo de proceso judicial o extrajudicial. ABSTRACT: The right to the evidence is fundamental not only because it is inherent in the nature of the human person, but because it come across the constitutional text among those rights that have such as quality and are reinforced by means of diverse constitutional mechanisms of protection.The essential content of the right to the evidence consists in the person’s possibility of using all means available to convince the judge on the truth of the persecuted material interest. In addition, it cannot expands until devastating the other fundamental rights because it is either a person’s instrument and also a subjective right that can be demand to the judge which object is an action or an omission during the probatory activity. Even in its connection with the right to the access to justice, it can be an economic benefit in pursuit of its operating effectiveness in all type of judicial or extra judicial process.

La flexibilización probatoria ha sido tema de discusión en los escenarios académicos y prácticos, en el marco del derecho procesal y, para ser más específico, en la distribución probatoria dentro de las diferentes jurisdicciones en Colombia. En vista de ello, la regla general que es la carga estática de la prueba ha tenido algunas variaciones en los sistemas judiciales, por lo cual el legislador ha codificado cambios y creado nuevas figuras como la carga dinámica de la prueba; prueba de oficio, presunciones, etc., donde las Cortes han hecho aplicación de estas, y gran parte de la doctrina ha apoyado tales figuras. Es por ello que, el propósito de esta investigación es disertar sobre sus bases teórico-prácticas con el ánimo que se conozca su relevancia en el ámbito jurisdiccional con relación a principios como la tutela judicial efectiva, acceso a la prueba y la búsqueda de verdad principalmente, haciendo énfasis en el Código General del Proceso. Cabe resaltar que, la flexibilidad probatoria no es aplicable para endilgar el nexo causal a una de las partes, sino simplemente es una herramienta que se materializa en varias instituciones jurídicas, para que se haga más fácil la obtención y adquisición de las pruebas al proceso, asimismo, a la parte a la cual se le dinamizó u ofició la prueba, puede demostrar que hizo todo lo tendiente por probar lo ordenado, ejerciendo su derecho de defensa y contradicción, pero que aun así no se pudo acceder a la prueba o en el caso de presunciones desvirtuarlas. Evidence flexibility has been a subject of discussion in academic settings and practical, within the framework of procedural law and, to be more specific, in the distribution of burden of proof in the different jurisdictions in Colombia. In view of this, the general rule that is the static burden of proof is called into question in the judicial systems, and so the legislator has codified changes and created new figures such as the dynamic burden of proof; ex officio evidence, presumptions, etc., the courts have appealed to these, and much of the doctrine has been in their favor. That is why the purpose of this research is to speak on its theoretical-practical bases in order to know its relevance in the jurisdictional field with respect to principles such as effective judicial protection, access to evidence, the search for material truth mainly. It should be noted that the flexibility of evidence is not applicable to the attribution of the causal link to one of the parties, but is simply a tool that is materialized in several legal institutions, to make it easier to obtain and acquire evidence, Likewise, the party to whom the test was made or administered may prove that it did everything in its power to prove what was ordered, but that even then the evidence cannot be accessed. Abogado Pregrado