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La especialización orgánica procesal en familia infancia y capacidad que prevé la futura reforma de la LOPJ presenta algunas luces y sombras que no va a paliar la desigualdad formal en el el acceso a la justicia de las personas. La proyectada especialización sigue estando prevista en función de la carga de trabajo de los tribunales, lo que no difiere de la situación actual en el ámbito de la justicia de familia. El presente trabajo pretende resaltar las consecuencias de aprobar un proyecto en los términos en los que se ha planteado, destacando la viabilidad de alguna de las propuestas que se plantean, como es la comarcalización de las futuras Secciones de Familia en los partidos judiciales, lo que podría servir como alternativa ante la insuficiencia de recursos para dotar de estas secciones a todos los partidos judiciales de España. Universidad de Málaga, Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech.

La gestión eficiente de la alta conflictividad familiar persistente tras el dictado de las medidas personales y patrimoniales en la sentencia del proceso de familia ha llevado a los tribunales a implementar, en sede de ejecución, un nuevo método alternativo de solución de conflictos: la llamada coordinación parental como mecanismo en el que un experto acompaña a los progenitores en la configuración del nuevo régimen familiar con los hijos menores. Aunque la implementación tiene respaldo legal dada la flexibilidad del derecho de familia en nuestro ordenamiento, se hace imprescindible el establecimiento de un régimen jurídico-procesal de este mecanismo. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo destacar la línea jurisprudencial iniciada en torno a la figura del coordinador/a parental, así como resaltar la indefinición en sus funciones, que puede mermar las garantías de las partes en el proceso. Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech.

On 13 December 2006, the General Assembly of the United Nations adopted the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). It is the first comprehensive human rights treaty of the 21st century. The Convention is intended as a human rights instrument with an explicit, social development dimension. It adopts a broad categorization of persons with disabilities and reaffirms that all persons with all types of disabilities must enjoy all human rights and fundamental freedoms. Precisely, the Convention marks a 'paradigm shift' in attitudes and approaches to persons with disabilities The Convention contains two articles directly connected with judicial effective protection, one more than the other, but on the other hand, one cannot be understood without the other. Both articles are Article 12 –Equal recognition before the law- and Article 13 –access to justice- As a scholar in Procedural Law, my contribution to the International Scientific Congress on Private Law of the Philippines and Spain aims to enshrine the relevant importance of the both provisions that guarantee effective judicial protection for persons with disabilities in order to analyze, subsequently, the implementation of them in Spanish legislation Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech.

La tesis doctoral viene motivada por la necesidad de estudiar la actual regulación en materia de actos de comunicación judicial en el ámbito de la jurisdicción civil, que constituyen un factor determinante en la tutela judicial efectiva de las partes, pero, al mismo tiempo, un importante factor en el retraso en la tramitación de los procedimientos judiciales y en la excesiva dilación de los mismos. El trabajo analiza las previsiones legales al respecto que se encuentran presentes principalmente en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, pero también en una multitud de diferentes regulaciones de diferente naturaleza y rango normativo que, con mayor o menor o repercusión, completan e informan el sistema procesal civil en materia de actos de comunicación. Todo ello se confronta con los problemas que plantea la aplicación práctica del mismo, contrastada por el autor por su propia condición de funcionario de la Administración de Justicia, al tiempo que se reflejan las diferentes contribuciones realizadas por la doctrina y la jurisprudencia. El primer capítulo constituye la parte general de la obra y aborda la relevancia constitucional que tienen los actos de comunicación y su concepto teórico, los aspectos comunes que los caracterizan, así como los requisitos relativos a la forma, el tiempo y el lugar, el formato, la lengua o el lenguaje jurídico. Continúa con el estudio de los diversos operadores jurídicos que en ellos intervienen, efectuando una distinción entre los sujetos activos y los sujetos pasivos o destinatarios de los mismos. Asimismo se aborda la cuestión de los actos de comunicación defectuosos o nulos, en el que se la diferente gradación que tienen en orden a los efectos que producen y los diferentes cauces legales para atacarlos y dejarlos sin efecto. Los capítulos segundo, tercero y cuarto se dedican a lo que la Ley de Enjuiciamiento Civil denomina forma de efectuar los actos de comunicación, es decir, el modo en que los mismos se transmiten y hacen llegar a sus destinatarios, que son en esencia dos, la remisión, caracterizada por la ausencia de contacto físico entre el emisor y el receptor, y la entrega, la forma más antigua y simple, aquella que se efectúa de forma directa, entre personas, sin intermediarios y sin el empleo de medios creados por el hombre de carácter técnico para salvar las distancias entre unos y otros. En el capítulo segundo se estudia ese primer sistema de remisión en su esquema tradicional, aquel en el que correo postal sigue teniendo todavía una destacada importancia, mientras que con el capítulo tercero se hace lo propio respecto de las comunicaciones electrónicas, informáticas o telemáticas, que cuentan ya con una fuerte implantación en el ámbito de la Administración de Justicia. El cuarto versa sobre el segundo de los sistemas de comunicación, el realizado mediante entrega directa o personal por parte de funcionario o procurador al propio interesado o a determinados terceros que determina la ley. A la comunicación edictal se dedica el capítulo cinco, caracterizada por su empleo subsidiario, aunque ello no impide que en determinados supuestos establecidos por el propio legislador se ordene acudir a ella sin tal carácter o atenuando sus postulados. A continuación el capítulo sexto ahonda en el análisis de actos de comunicación en determinados procesos judiciales sobre los que ejercen una notable influencia para su desarrollo o su alusión a los mismos es mayor, como ocurre en el ámbito del proceso de ejecución civil, tanto en el común u ordinario, como en el especial hipotecario, así como en el ámbito del juicio verbal de desahucio o en el proceso monitorio. Tras las conclusiones, se ofrece una propuesta esencial de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de actos de comunicación, en un intento de contribuir a la mejora del sistema y de remover las deficiencias de mayo relieve que padece. El trabajo se completa con una relación de jurisprudencia y bibliografía consultada.

En el presente trabajo se demuestra que en la lucha contra el cambio climático el derecho procesal juega un papel relevante, ya que a través de un sistema procesal eficiente se obtendrá la justicia climática necesaria para evitar la comisión de delitos contra el medio ambiente y el desarrollo económico productivo cegado por la avaricia económica. La razón de ello se fundamenta en la profunda investigación interdisciplinar que se realiza en el presente trabajo en el cual se plantean los diversos mecanismos legislativos y procesales penales existentes en la lucha contra el cambio climático, los sistemas de responsabilidad penal y las propuestas de futuro existentes por la doctrina y la sociedad. Así como, las vías jurisdiccionales internacionales que podemos utilizar para proteger el medio ambiente a corto plazo, como puede ser la jurisdicción universal o la Corte Penal Internacional.