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En el presente artículo los autores analizan una serie de diferentes significados del concepto jurídico “Confianza legítima”, enfocándose en la más práctica acepción del concepto jurídico, el de una regla que es impuesta por el “Código Civil y Comercial de la Nación” y otras leyes comerciales argentinas, tales como la “Ley General de Sociedades” o la normativa de “lealtad comercial”, tomando nota de los artículos incluidos en dichas disposiciones jurídicas que asumen a la confianza legítima como una causa fáctica de muchas instituciones civiles y comerciales.

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El ordenamiento jurídico en un Estado social de derecho, como Colombia, proporciona seguridad, certeza y confianza en el sistema tributario, fuente principal de ingresos para financiar los fines esenciales del mismo. Siendo así, la relación jurídica que se desprende de la obligación tributaria, más que una relación de poder entre las partes, las subordina a en igualdad de condiciones a la potestad e imperio de la Constitución y la ley, lo cual implica que, previamente los contribuyentes deben conocer la forma en que actuará la administración tributaria y las consecuencias presentes y futuras de su conducta. De esta forma, el sujeto pasivo podrá darle un manejo oportuno al riesgo fiscal sin comprometer la sostenibilidad financiera empresarial o personal. Se utiliza el método hermenéutico, a partir de la comprensión de supuestos teóricos, el análisis de categorías y conceptos a través de los cuales se concluye que, el orden jurídico tributario, no siempre garantiza seguridad, certeza y confianza jurídica, situación que subyace de la coyuntura política, económica y social en el contexto interno y externo.

The Court of Justice of the European Union issued a judgment on Regulations 338/97 and 865/2006, related to the protection of species of wild fauna and flora and the control of their trade. The judgment refers to a case in which authorization to trade five specimens of the hyacinth macaw was denied because their ancestors were irregularly transported from Uruguay. The Court concluded that the prohibition on trade applies to specimens whose ancestors were acquired in a manner detrimental to the survival of the species in the wild. Furthermore, it establishes that Member States are responsible for establishing the procedures and means of proof to verify compliance with the criteria established in Regulation No. 865/2006. [Extracted from the article]

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El presente artículo tiene como finalidad efectuar un análisis de los criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema en lo relativo a la no renovación de los empleos a contrata, para lo cual se considerará los precedentes a contar del año 2015 hasta el 2019, procediendo a evidenciar las falencias y cambios en el ejercicio interpretativo de la judicatura ante las acciones constitucionales de protección ejercidos por parte del personal de los empleos a contrata. Para ello se tendrá en especial consideración la relevancia del principio de confianza legitima y la relación de los criterios adoptados con el principio de eficiencia en contraposición a un ejercicio profundo de razonamiento exigido en cada caso concreto.

La degradación normativa del sistema normativo español y del tributario, en particular, reclaman la aplicación urgente de medidas de mejora de la calidad legislativa, con la finalidad esencial de garantizar la seguridad y la certeza jurídica, como proyección del valor de la justicia. Objetivo que se viene persiguiendo, esencialmente, desde la reforma de las Leyes 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de Contratos del Sector Público, cuya aplicación en el ámbito tributario no solamente reclama una mayor seguridad jurídica, sino un renovado entendimiento de este principio a la luz de las nuevas relaciones que van surgiendo en dicho ordenamiento, como ocurre con el compliance tributario. Principio cuya implementación implica un importante cambio de mentalidad desde el entendimiento de la “buena regulación” como un bien público en sí mismo y garantía, por tanto, de la posición jurídica de los ciudadanos afectados por las normas.

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Se analiza en este trabajo la degradación y degeneración actual de las leyes, originada por diversas causas: crisis de los Parlamentos, presión que los intereses corporativos ejercen en el proceso de creación de las normas, y la propia integración europea, que ha originado la pérdida de calidad democrática, en favor de la eficacia, en la actuación reguladora de los Estados. La conjunción de estos factores ha originado una legislación caótica y fragmentaria, lo que se aprecia, con especial intensidad, en el ámbito del Derecho financiero y tributario. Es evidente que esta situación, causada por el uso de una deficiente técnica legal, no contribuye a dotar de contenido a la estabilidad y a la certeza jurídica que de las leyes debe predicarse. Es muy grave que esto suceda, puesto que la certeza sobre el Derecho aplicable constituye la exigencia primaria del principio de seguridad jurídica, con su correlato de confianza legítima. Y este imparable avance de la inseguridad jurídica también origina un indeseable aumento de la litigiosidad tributaria.

Tanto el ordenamiento tributario español como el italiano han reformado la normativa mercantil aplicable al gobierno de las sociedades introduciendo la evaluación del riesgo fiscal entre los deberes fiduciarios de los administradores, en línea con las políticas de cumplimiento cooperativo promovidas desde la OCDE, que en Italia han dado lugar a un procedimiento tributario específico para las grandes empresas, denominado de adempimento collaborativo. En este trabajo se describen dichas disposiciones en España (epígrafe 1) e Italia (epígrafe 2) en términos comparativos. El epígrafe tercero se centra en realzar el papel fundamental que en la configuración de estos deberes fiduciarios tiene el principio de confianza legítima, para dedicar el cuarto a una reflexión final sobre el previsible desarrollo que estas políticas están llamadas a tener en el Derecho tributario. El objetivo es el de evidenciar el papel que pueden cumplir estas políticas cooperativas de prevención de riesgos fiscales en el seno de las corporaciones como instrumento útil para construir una relaciones tributarias fundamentadas sobre la colaboración mutua, que contribuyan a reducir la litigiosidad y que, desde el ámbito inicial de las grandes empresas, se puedan extender al conjunto de los contribuyentes.

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The judgment of the High Court of Justice of Extremadura, dated July 28, 2021, deals with an administrative appeal filed by a company against a resolution that imposed a fine of 240,401 euros for committing a very serious environmental protection violation. The company argued that the violation was minor or serious, but the court determined that it was a very serious violation according to Law 16/2015. Additionally, the company claimed that the sanctioning procedure could not be initiated due to a pending environmental authorization, but the court considered that the violation referred to the absence of an Environmental Impact Statement and that the company had started the activities without obtaining said statement. The court dismissed the appeal in its entirety. [Extracted from the article]

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El presente trabajo tiene por objeto analizar el principio de confianza legítima en el Derecho Tributario italiano. Para ello, en primer lugar, se estudia la configuración de dicho principio general del Derecho, lo que supone un examen de su naturaleza jurídica, de su fundamento, de sus requisitos de aplicación y de su concepto. En segundo lugar, se analiza la recepción del principio de confianza legítima en el Statuto dei Diritti del Contribuente. Y, en tercer lugar, se estudian aquellos ámbitos del ordenamiento tributario italiano en los que el principio de confianza legítima juega un papel fundamental.

En el contexto de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se establecen algunas medidas en el Decreto 902 de 2017 con el fin de facilitar la implementación de una reforma rural integral. Esas medidas pueden ir en contravía de la protección a la propiedad privada. El autor propone una lectura de la protección de la propiedad privada legítimamente adquirida con base en los principios generales del derecho, la buena fe y la confianza legítima, con el fin de evitar equivocaciones en el momento de aplicar el Decreto 907 de 2017.

El presente trabajo tiene por objeto analizar el tratamiento que recibe el llamado fondo de comercio financiero a la luz de los sucesivos pronunciamientos emitidos a este respecto por la Comisión Europea, en los que se vino a poner de manifiesto que la medida en cuestión implicaba el uso de recursos por parte del Estado, ya que se renunciaba a esta parte de ingresos. Y, por lo que respecta a la selectividad, se señaló que favorecía a determinadas empresas o producciones, perteneciendo las empresas beneficiarias a una categoría específica por la aplicación de derecho o de hecho de los criterios previstos en el régimen objeto de análisis. En la actualidad el panorama podría cambiar de manera considerable tras la aparición de las Sentencias del Tribunal General de la Unión Europea de 7 de noviembre de 2014, a través de las cuales se resuelve anular las Decisiones de la Comisión que declararon ilegales las ayudas fiscales de España a las multinacionales españolas por comprar empresas extranjeras, al considerar que el Ejecutivo comunitario no demostró el carácter selectivo de este régimen, así como del Auto del citado Tribunal de 27 de febrero de 2015, por el que se desestima la solicitud de medidas provisionales planteada por el Reino de España en orden a la suspensión de la ejecución de la Decisión 2015/314/UE de la Comisión.

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Polonia interpuso recurso de anulación contra la Decisión por la que se creó en 2015 una reserva de estabilidad del mercado del derechos de emisión de la Unión, basándose en los siguientes motivos: 1°) Infracción del artículo 192.2.1 c) TFUE, por haberse empleado el procedimiento legislativo ordinario pese a tratarse de una medida que afecta de forma significativa a la elección entre diferentes fuentes de energía y a la estructura general del abastecimiento energético de los Estados; 2°) Vulneración del principio de cooperación leal y de las competencias del Consejo establecidas en el artículo 15 TUE, por contradecir las conclusiones del Consejo Europeo de 23 y 24 de octubre de 2014; 3°) Vulneración de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima; 4°) Vulneración del principio de proporcionalidad, por adoptarse medidas de reducción de emisiones más ambiciosas que las exigidas por el Derecho internacional y la Directiva 2003/87; y, 5°) Incumplimiento de la obligación de analizar debidamente los efectos de la decisión impugnada en los Estados y en el mercado del comercio de derechos de emisión. El Tribunal de Justicia desestima todas las alegaciones. En primer lugar, la Sentencia, aplicando los criterios de control consagrados sobre la elección de la base jurídica de los actos de las Instituciones concluye que el empleo del art. 192.1 TFUE es correcto, pues el legislador de la Unión perseguía corregir las deficiencias del sistema de comercio de emisiones y no influir en la selección de las fuentes de energía por los Estados ni en la estructura del abastecimiento. En segundo lugar, entiende que las declaraciones del Consejo no pueden condicionar las opciones normativas del legislador de la Unión. En tercer lugar, el Tribunal tampoco aprecia que la Decisión vulnere los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y proporcionalidad, de conformidad con su jurisprudencia consolidada en la materia. Centrándonos en el principio de confianza legítima, la Sentencia concluye que no se dan los presupuestos necesarios para entender vulnerado este principio general del Derecho de la Unión conforme a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia pues las Instituciones no dieron garantías de que el funcionamiento del régimen de comercio de emisiones no se modificaría. En cuanto al principio de proporcionalidad y partiendo del reconocimiento de un amplio margen de apreciación al legislador de la Unión para adoptar medidas técnicas en ámbitos de gran complejidad técnica, como el comercio de emisiones y el carácter limitado del control judicial de las mismas, no encuentra ningún motivo que ponga de manifiesto que la opción normativa elegida fuera más allá de lo necesario. Máxime cuando la demandante no demostró, en modo alguno, que sus inconvenientes fueran desproporcionados respecto de sus ventajas. Por último, considera que no era obligatorio analizar los efectos de la medida en todos los Estados. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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Este artículo analiza el rol de la acción de cumplimiento tras el escenario que supusoel incumplimiento del Gobierno sobre lo pactado en los acuerdos regionales que motivaron la terminación del Paro Nacional Agrario de 2013, mediante los cuales se suscribió el compromiso de suspender mecanismos policivos de decomiso y destrucción de semillas no certificadas, así como de mejorar condiciones para continuar con las prácticas tradicionales de resiembra que a los campesinos les ha garantizado su soberanía alimentaria durante generaciones. El problema jurídico que se busca abordar es de si tal incumplimiento se generó o no en un contexto de inseguridad jurídica para las comunidades campesinas, en su condición de administrados y, si en tal sentido, se presentó una defraudación de su confianza legítima. Se propone que, a través de la legítima confianza y la buena fe como enfoques interpretativos, la acción de cumplimiento sería invocable en esta situación particular.

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Esta sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad mercantil Rofeica Energía SA -propietaria de una planta de cogeneración que tiene por finalidad suministrar el calor recuperado de la cogeneración a varios procesos industriales próximos a la planta, actuando como distribuidora de energía térmica- contra el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. La entidad recurrente solicita la anulación íntegra de los siguientes artículos del RD 413/2014 y la Orden IET 1045/2014, que establecen un nuevo régimen retributivo específico aplicable a la actividad fotovoltaica, contrario a derecho y con efectos retroactivos lesivos para la demandante: del RD 413/2014, el Título IV, Capítulo 1 (arts. 11 a 27, ambos incluidos), las disposiciones adicionales 1a, 2a, 6a, y 18a, y la disposición transitoria 8a; y de la Orden IET 1045/2014, los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8 y los respectivos Anexos a los que dichos preceptos hacen referencia. Asimismo, solicita que se le reconozca el derecho a obtener una compensación por los daños y perjuicios sufridos a resultas de la aplicación de las citadas normas contrarias a derecho, por un importe total de 1.850.226,12 euros por la refacturación en virtud de la aplicación de la Disposición Transitoria 8a del RD 413/2014, como daño cierto, sufrido e inevitable ya para la recurrente. La recurrente sostiene la nulidad de las indicadas disposiciones del Real Decreto 413/2014 y de la Orden IET 1045/2014 en diferentes motivos. En primer lugar, en su carácter contrario a normas y principios de rango superior, de derecho nacional y europeo. En particular, considera que la aplicación de dichas normas es incompatible con varios preceptos de la Ley 24/2013, del sector eléctrico, que estas normas vienen a desarrollar, pues impide a los cogeneradores como la recurrente competir, en igualdad de condiciones respecto de otras tecnologías del generación eléctrica, lo que supone una evidente discriminación hacia este sector; que su aplicación también resulta incompatible con el principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos de los administrados; que la consolidación de un cambio tan radical en el modelo retributivo de la cogeneración, y la aplicación de dichas normas atenta contra los principios de seguridad jurídica y confianza legítima de numerosos operadores como la recurrente, activos en el ámbito de la cogeneración; que dichas normas atentan contra los principios legales de proporcionalidad y estabilidad regulatoria; y que las normas impugnadas culminan un proceso de adopción de medidas estatales, cuyo objeto y efecto es el de obstaculizar la adopción de los objetivos establecidos por la Directiva 2012/72/CE, de eficiencia energética, entre otras normas europeas. En segundo lugar, en la desviación de poder en que incurre la Administración, ya que las normas impugnadas se separan del objetivo de fomento de las energías renovables, para aprobar un nuevo modelo retributivo con un propósito sustancialmente distinto -la reducción del déficit tarifario-. En tercer lugar, en el derecho de la parte a obtener un resarcimiento en forma de indemnización económica, por los daños y perjuicios derivados de las normas impugnadas. El Tribunal Supremo desestima el recurso, reiterando su doctrina ya sentada en numerosos recursos anteriores contra el Real Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014, ya resueltos. No obstante, la Sentencia cuenta con los votos particulares de los Magistrados Eduardo Espín Templado y Eduardo Calvo Rojas (a este último voto particular se adhiere la Magistrada Ma Isabel Perelló Doménech). El primero de ellos considera que sí hay retroactividad contraria a derecho, por producirse la vulneración de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, de forma que sí hubiera procedido una estimación parcial del recurso. El Segundo también cuestiona la decisión de la Sala con relación al principio de irretroactividad y aprecia una irretroactividad ilícita, por vulneración de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The Eiser case constitutes the first international report against Spain as a result of the new remuneration system for renewable energies. Although the report takes into account that, in the circumstances of the case, the applicants' investments have been substantially devoid of profitability and value, its most important teaching is that the right to fair and equitable treatment entails the requirement of some stability Regulatory; So that legitimate investor expectation acts as a limit on regulatory risk and not on the reverse, which is how the regulatory risk has been conceived so far by the Supreme Court. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El presente trabajo destaca las particularidades de la responsabilidad patrimonial por información errónea, realizando un estudio de los requisitos necesarios para su existencia. Luego, a partir de un análisis de la doctrina del Consejo de Estado en este ámbito, identifica una serie de nuevas exigencias para la estimación de responsabilidad patrimonial por información errónea, las cuales son examinadas desde el punto de vista legal, jurisprudencial y doctrinal. Por último, dilucida, a manera de conclusión, la justificación o no de esas nuevas exigencias en relación con las garantías de los ciudadanos supuestamente lesionados.

La jurisprudencia nacional ha aplicado la regla “contra factum proprium quis venire non potest”, en el ámbito de la contratación estatal, con fundamento en el principio de la buena fe. Esta regla dio lugar a la formulación del principio de la confianza legítima para dotar de eficacia jurídica a aquellas situaciones en las cuales un sujeto de buena fe creyó estar bajo el amparo y protección del Estado. No obstante, estas importantes aplicaciones de la buena fe quedan en discusión cuando se advierte comprometida la validez del contrato estatal. Para garantizar la eficacia de las normas imperativas que rigen la configuración del contrato estatal debe primar el principio de legalidad y, en consecuencia, restringirse la aplicación del principio de confianza legítima que en condiciones normales le impediría a la Administración ir en contra de sus propios actos.

La funció pública europea està formada per funcionaris europeus sotmesos a un Estatut i per agents contractuals de dret públic. L’Estatut, principal fonament de la funció pública europea, té la finalitat de regular les relacions jurídiques entre les institucions i els seus funcionaris, establint entre aquests drets i obligacions recíproques. Funcionaris i agents són, per tant, titulars de drets previstos a l'Estatut i al dret primari (com els drets de defensa, el dret a la motivació, la llibertat d'expressió, la llibertat sindical, el respecte de la vida privada i familiar). Però també són titulars de deures i obligacions la violació dels quals pot donar lloc a mesures disciplinàries i a la ruptura de la relació laboral. Les institucions europees esperen que el seu personal respecti les altes normes professionals i ètiques. L’Estatut estableix i organitza els drets i obligacions dels funcionaris. També organitza el règim disciplinari, és a dir, el règim que s'aplica quan un funcionari – o antic funcionari – ignora les seves obligacions professionals, ja s’hagi comès la falta de manera voluntària o per negligència.La función pública europea está formada por funcionarios europeos sometidos a un estatuto y por agentes contractuales de derecho público. El Estatuto, principal fundamento de la función pública europea, tiene como objetivo regular las relaciones jurídicas entre las instituciones y sus funcionarios, estableciendo entre estos derechos y obligaciones recíprocas. Los funcionarios y los agentes son, por lo tanto, titulares de derechos previstos en el estatuto y en el derecho primario (como los derechos de defensa, el derecho a la motivación, la libertad de expresión, la libertad sindical, el respeto de la vida privada y familiar). Pero también son titulares de deberes y obligaciones cuya violación puede dar lugar a medidas disciplinarias y a la ruptura de la relación laboral. Las instituciones europeas esperan que su personal respete las altas normas profesionales y éticas. El estatuto establece y organiza los derechos y obligaciones de los funcionarios. También organiza el régimen disciplinario, es decir, el régimen que se aplica cuando un funcionario —o antiguo funcionario— ignora sus obligaciones profesionales, ya se haya cometido la falta voluntariamente o por negligencia.The European civil service is made up, on the one hand, of European civil servants who are governed by a statute, and agents working under public law employment contract. The statute, which is the main foundation for the European civil service, is aimed at regulating the legal relations between the institutions and their employees by establishing a set of reciprocal rights and obligations between the two. The civil servants and agents thus have rights that are provided for under the statute and primary law (such at the right to defense, the right to have the grounds for a decision stated, freedom of expression, freedom of association, and the respect for their private and family lives.) However, they also have certain duties and obligations the violation of which can lead to disciplinary sanctions and termination of employment. European institutions expect their staff to abide by a high standard of professional and ethical norms. The statute formulates and organizes civil servants´ rights and obligations. In addition, it organizes disciplinary procedures, i.e., the procedures applied when a civil servant, or former civil servant, disregards his professional obligations, regardless of whether this misconduct is voluntary or through negligence.

Las Sentencias objeto de este comentario Números 19/2016, 29/2016 y 30/2016 devienen de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Parlamento de Navarra, el Gobierno de Navarra y ciento diez diputados del Grupo Parlamentario Socialista contra varios preceptos y disposiciones del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. El objeto de los recursos coincide básicamente con el examinado por el Pleno en su sentencia 270/2015, cuyo contenido fue examinado ampliamente por el Profesor Alenza García en su artículo "las energías renovables ante la fugacidad legislativa: la mitificación de los principios de (in)seguridad jurídica y de (des)confianza legítima: [a propósito de la STC 270/2015 sobre el nuevo sistema retributivo de las energías renovables]". Simplemente efectuaré un breve resumen compendio de las tres resoluciones judiciales. Los preceptos impugnados se ciñen en lo sustancial a la modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, en orden al establecimiento de un nuevo régimen retributivo para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos, y a habilitar al Gobierno para la aprobación por real decreto del régimen jurídico y económico para estas instalaciones con retribución primada. -Tacha de inconstitucionalidad relativa a la vulneración del art. 86.1 CE en base a la ausencia de conexión entre las medidas adoptadas y la "extraordinaria y urgente necesidad" que se pretende justificar. El Pleno del Tribunal descarta este motivo amparándose en las circunstancias excepcionales que originaron el cambio del régimen retributivo, entre otras, el sobrecoste del sistema eléctrico, el aumento imprevisible del déficit tarifario, las consecuencias de la crisis económica y la necesidad de cumplimiento de los objetivos de déficit para el año 2014. De ahí que considere idóneas las medidas adoptadas para hacer frente a una situación de urgente necesidad. -Infracción del principio de seguridad jurídica, y su corolario, el principio de confianza legítima. A juicio de la Sala la invocación de estos principios no es óbice para que el legislador pueda alterar determinados aspectos del régimen retributivo anterior, máxime cuando los operadores económicos no tienen derecho a permanecer bajo una regulación permanente e inalterable. No nos encontramos "ante una norma incierta o falta de la indispensable claridad, pues cuenta con un contenido preciso y unos efectos perfectamente determinados", que no generan incertidumbre sobre su alcance. -Infracción del principio de irretroactividad incompatible con lo dispuesto en el art. 9.3 CE. Se puntualiza que el desarrollo reglamentario del nuevo sistema retributivo se llevó a cabo a través del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por lo que cesó la aplicación del régimen transitorio previsto en la DT 3a. El Pleno del Tribunal se pronuncia sobre el límite expreso de la retroactividad en relación con las leyes sancionadoras o restrictivas de derechos individuales. Supuesto que cae fuera del alcance de la norma cuya constitucionalidad se discute al tratarse de una retroactividad impropia , que "no incide en derechos patrimoniales previamente consolidados e incorporados definitivamente al patrimonio del destinatario, o en situaciones jurídicas ya agotadas o consumadas". -Vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos al apreciarse una discriminación de la producción eléctrica mediante fuentes renovables. El Tribunal no encuentra justificación alguna que avale la diferencia de tratamiento en relación con otras tecnologías. Tampoco admite la apelación al principio general de proporcionalidad de los intereses en presencia, al imponer retroactivamente un sacrificio económico que no garantiza la rentabilidad de la inversión; máxime cuando esta modificación, a su juicio, obedece a una motivación justificada y cierta. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The STC 270/2015 about the new remuneration system for renewables energies has been declared constitutional. The Constitucional Court has denied that the new legal change violated the principles of legal certainty and legitimate expectations. However, these principles have been seriously weakened by demonstrating their inability to limit a legislative mutability so dizzying, incoherent and chaotic as that produced in the field of renewable energy. [ABSTRACT FROM AUTHOR]