Search

Este trabajo analiza el camino recorrido por la UE y España para el impulso del equilibrio de género en las sociedades cotizadas desde hace varios años, pues se parte de que la igualdad de género en los consejos de administración de aquellas es un objetivo estratégico al que no cabe renunciar. Se comienza con el estudio de la fallida Propuesta de Directiva de 2012 y su final aprobación en 2022, cuando la UE da un nuevo y decidido impulso a esta materia en los ámbitos de poder de las grandes empresas. Con todo, la Directiva, como norma unificadora de carácter mínimo, adopta un enfoque moderado y progresivo, cuyo desarrollo queda a los Estados miembros. Nuestro país, ya cuenta con un proyecto de ley en la materia que, en su ámbito de aplicación y en algunos aspectos de contenido, resulta más ambicioso que la norma europea. Cabe esperar que dicho texto provisional llegue a ver la luz y, con su aplicación, ayude a conseguir la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos sociales., This paper analyses the path taken by the EU and Spain to promote gender balance in listed companies over the last few years, since it is assumed that gender equality on the boards of directors of listed companies is a strategic objective that cannot be renounced. The research begins with a study of the failed 2012 Proposal for a Directive and its final approval in 2022, when the EU gave a new and decisive boost to this issue in the spheres of power of large companies. However, the Directive, as a minimum unifying standard, adopts a moderate and progressive approach, the development of which is left to the Member States. Our country already has a draft law on the subject which, in its scope of application and in some aspects of content, is more ambitious than the European standard. It is to be hoped that this provisional text will see the light of day and, with its application, will help to achieve real and effective equality in all social spheres.

La vulnerabilidad de la mujer es consustancial a la propia estructura social fundada sobre las bases del dominio patriarcal. Ello explica por qué la violencia de género afecta de forma transversal a todas las mujeres con independencia de su clase social, etnia, religión, nacionalidad o edad. Respecto a este último factor, la especial vulnerabilidad que presentan las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género ha llevado a que en el Pacto de Estado se incluya, como una de las medidas a implementar, la realización de estudios que incidan sobre su situación. Los datos muestran que el 8,89% de las mujeres víctimas mortales de la violencia de género entre los años 2003 a 2021 tenían más de 61 años. En los años 2004, 2012 y 2020, este fue el segundo grupo de edad en que se registró un mayor número víctimas mortales. El presente trabajo tiene por objeto analizar el tratamiento jurídico penal de estas muertes y, más concretamente, la aplicación de la circunstancia agravante de alevosía. A tal efecto, se establecen pautas para una configuración de la alevosía doméstica con perspectiva de género.

El artículo examina las últimas modificaciones introducidas por el RD-ley 5/2023 en el régimen jurídico del derecho de las personas trabajadoras a solicitar adaptaciones en las condiciones de trabajo, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, regulado en el artículo34.8 ET. En concreto, se realiza un análisis jurisprudencial de las cuestiones más controvertidas sobre su ejercicio y se plantea la posibilidad de tomar en consideración la perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo a la hora de efectuar el juicio de ponderación entre las necesidades de conciliación de la persona trabajadora y las organizativas y productivas de la empresa., This paper examines the latest modifications introduced by RD-Law 5/2023 in the legal regime of the right of workers to request adaptations to their working conditions, in order to make their right to work-life balance, regulated in artículo 34.8 ET, effective. Specifically, a case law analysis is carried out on the most controversial issues regarding the exercise of this right and the possibility of taking into consideration the perspective of health and safety at work when weighing up the needs of the worker and the organisational and productive needs of the company.

En el presente trabajo se analizan los principales escollos que deberá superar un signo sonoro para poder ser registrado como marca; esencialmente, los requisitos de representación que se deberán cumplir, así como las prohibiciones de registro que tienen más incidencia en relación con este tipo de signos.

El presente trabajo aborda la declaración del coimputado como prueba de cargo, cuestión que obliga a analizar no sólo la admisibilidad de la propia prueba y su naturaleza jurídica, sino también su eventual suficiencia para enervar, por sí sola, la presunción de inocencia. Junto con ello, se estudiarán los posibles escenarios procesales ante los que nos podríamos encontrar en función de diversas variables (declaración en un mismo proceso o en otro distinto, acogimiento al silencio, rebeldía, etc.), para terminar efectuando una propuesta de lege ferenda.

El carácter expansivo del Derecho de marcas se manifiesta, entre otros aspectos, en la gran variedad de signos cuyo registro se admite como marca. Este estudio se centra en tres tipos signos que se caracterizan por integrarse o confundirse con la apariencia de los productos que designan: la marca patrón, la marca de posición y la marca de color; marcas en las que se manifiesta la tensión existente entre, por un lado, la decisión de dar respuesta al anhelo de los operadores por contar con instrumentos de diferenciación atrayentes y, de otro, la necesidad de velar por mantener la libre disponibilidad en el mercado de determinados elementos para usos distintos de los marcarios. Con este presupuesto, y tras hacer una delimitación de estos tipos de marcas y de sus requisitos de representación, se revisan a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las prohibiciones absolutas de registro que constituyen el principal obstáculo para su protección como marca, así como el alcance de la protección jurídica que recibirán una vez registradas, One of the elements that shows the expansion of the trademark law is the great variety of signs whose registration is admitted as a trademark. This study focuses on three types of signs that are integrated or confused with the appearance of the products: the pattern mark, the position mark and the color mark. These types of marks are an excellent example of the tension between the desire of the economic operators to have attractive elements of differentiation and the need to ensure the free availability in the market of certain elements. Having this into account, we analyze the concept of these non-traditional trademarks and their representation requirements, the main absolute grounds for refusal and the scope of legal protection that they receive once registered

La teoría jurídica discute recurrentemente qué importancia debe darse a la voluntad prescriptiva de las autoridades normativas al interpretar las disposiciones que promulgan y determinar su contenido. En particular se discute si la ley debe entenderse solo por su texto o si hay que recurrir también a otros indicios para indagar la intención real del legislador o incluso presumir la que hubiera tenido respecto del caso examinado; y si esta reconstrucción de la intención legislativa es mejor fuente del derecho que el significado aparente del propio texto legal y justifica que este sea desatendido. La tesis reconstructiva intencionalista se apoya en la poderosa intuición de que el derecho legislado es el producto intencional de autoridades normativas y su significado y contenido dependen de esa intención. Sin embargo, en los sistemas jurídicos actuales el texto legal es la vía establecida para que las autoridades comuniquen su intención y creen derecho, de manera que está justificado por razones jurídicas y prácticas tomar el texto como la fuente exclusiva y auténtica del derecho legislado. Además los significados de las emisiones se objetivan cuando están condicionados por convenciones y prácticas, como ocurre destacadamente en contextos institucionales como la legislación. Esto sitúa la responsabilidad del éxito de la comunicación normativa sobre todo en los legisladores, que deben cuidar que su intención esté bien explicada en las disposiciones que promulga, mientras que los destinatarios que las interpretan deben poder confiar en esa capacidad y presuponer que lo que dice la ley es el derecho querido por la autoridad legislativa., Legal theory recurrently discusses what importance should be given to the prescriptive will of the normative authorities when interpreting the provisions they enact and determining their content. In particular, it is discussed whether the law should be understood only by its text or whether it is also necessary to resort to other evidence to find out the real intention of the legislator or even to presume the one he would have had with respect to the case under examination; and whether this reconstruction of the legislative intent is a better source of law than the apparent meaning of the legal text itself and justifies the latter being ignored. The reconstructive intentionalist thesis rests on the powerful intuition that the legislated law is the intentional product of normative authorities and its meaning and content depend on that intention. However, in current legal systems the legal text is the established way for authorities to communicate their intent and create law, so that it is justified on legal and practical grounds to take the text as the exclusive and authentic source of legislated law. Moreover, meanings of utterances are made objective when they are conditioned by conventions and practices, as is especially the case in institutional contexts such as legislation. This places the responsibility for the success of the communication of norms mainly on legislators, who must take care that their intention is well explained in the provisions they enact, while the addressees who interpret them must be able to rely on that ability and presuppose that what the law says is the law intended by the legislative authority.

El Centro Nacional de Inteligencia cada vez tiene acceso a más datos personales de los ciudadanos. Al mismo tiempo, los ficheros propiedad del CNI se encuentran expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la normativa de protección de datos de carácter personal. La eventual confluencia de las investigaciones de seguridad del CNI y las investigaciones policiales, a través del flujo de datos del primero al segundo, supone una amenaza a los derechos procesales. La única manera de poner fin a esta amenaza es regular esta cesión, estableciendo las limitaciones procedentes y fijando las consecuencias de la incorporación de datos procedentes del CNI a un futuro proceso penal.

Este trabajo analiza el refuerzo del carácter dual de la nueva formación profesional (FP), a partir de la LO 3/2022 y su reglamento de desarrollo, aprobado por el RD 659/2023. Este carácter dual se traduce en una mayor corresponsabilidad de la empresa, junto con el centro educativo, en la formación del aprendiz. Así, ahora se potencia la participación de todo tipo de entidades empresariales en el sistema de FP, lo que se logra con diversas medidas, como la ampliación del concepto de empresa, a través de la equiparación a esta de diferentes organismos asimilados; la promoción de las medidas para ayudar a la implicación de las PYME y a las microempresas o la atención al personal formador de la empresa, como los tutores o las personas expertas de aquella. Sin duda, son medidas que pueden contribuir a dar un impulso positivo y definitivo al sistema de FP., This work analyses the reinforcement of the dual nature of the new vocational training (VT), based on Organic Act No. 3/2022 and its development regulations, approved by Royal Decree No. 659/2023. This dual nature translates into greater co-responsibility of the company, together with the educational centre, in the training of the apprentice. Thus, the participation of all types of business entities in the VT system is now enhanced, which is achieved with various measures, such as the expansion of the concept of company, through the equalization of different assimilated organizations to it; the promotion of measures to help the involvement of SMEs and micro-enterprises or attention to the company’s training personnel, such as tutors or experts from the company. Without a doubt, they are measures that can contribute to giving a positive and definitive boost to the VT system.

El presente trabajo examina la problemática que se produce cuando una marca que ha caducado por falta de uso, pero que continúa siendo conocida por los consumidores, es posteriormente registrada o utilizada por un tercero. Tras delimitar la figura de las llamadas marcas zombis y su resurrección, se examinan los casos en que puede considerarse que se ha producido un registro de mala fe y se sostiene la imposibilidad de aplicar la prohibición de registro de marcas engañosas. También se estudia el papel del conocimiento residual de la marca zombi como elemento que puede determinar su vinculación con otra marca de su antiguo titular, así como su relación con la protección de las marcas no registradas notoriamente conocidas. Finalmente, el trabajo concluye con el examen de la posible aplicación del Derecho represor de la competencia desleal., This work focuses on the problem that occurs when a trademark that has expired due to lack of use, but which continues to be known by consumers, is subsequently registered or used by a third party. First, it is studied the figure of the so-called zombie trademark and its resurrection. Then, the cases in which it can be considered that there has been a registration in bad faith are examined and it is argued the impossibility of applying the prohibition of registration of misleading trademarks. The role of residual goodwill of the zombie trademark is also studied as an element that can determine its link with another trademark of its former owner, as well as its relationship with the protection of well-known unregistered trademarks. Finally, the work concludes with the examination of the possible application of the unfair competition law.

This contribution offers a critical reflection on fisheries crime as described in the Spanish Penal Code. It sets out the reasons why its treatment is considered ineffective, and why the administrative offences and sanctions provided for in Law 3/2001 on Maritime Fisheries are more effective and dissuasive. However, it also considers that a legislative policy relying on the severity of administrative sanctions for its effectiveness may be counterproductive. The most recent judgements of the ECtHR consider that a disproportionate administrative sanction is equivalent to a penalty and should therefore be imposed with the same procedural and substantive safeguards. Finally, it is concluded that in order to avoid impunity for serious crimes in the field of IUU fishing activities, often managed by transnational and organised criminal networks with links to other criminal activities, the contribution of criminal jurisdiction is essential. Therefore, a reform of the Spanish Criminal Code is required, extending the conducts punishable as fishing crimes, increasing the penalties and establishing the criminal liability of legal persons

La instauración del Espacio Europeo de Educación Superior ha transformado el modelo educativo de las universidades y los objetivos de aprendizaje. Ya no se trata únicamente de la adquisición por el alumnado de conocimientos teóricos, sino de que estos también desarrollen competencias y habilidades profesionales. Entre estas competencias, la competencia digital es cada vez más importante en la sociedad contemporánea y en el mundo laboral. Esto incluye no solo el manejo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), sino también la creación de contenidos digitales (Guillén et al., 2017). En este contexto, se ha propuesto una acción de innovación docente para fomentar el desarrollo de estas competencias digitales, así como otras habilidades profesionales como la investigación, la exposición oral y la creatividad, entre los estudiantes. Esta acción educativa consiste en la elaboración por el alumnado del Grado en Relaciones Internacionales en grupos, de un vídeo o píldora educativa, 44 con una duración de entre 3 y 5 minutos, donde trabajen un tema propuesto por el profesorado de la asignatura de Organizaciones Internacionales. Tras comprobar la veracidad de la información de los vídeos, estos serán subidos a Moodle UA, a fin de que los alumnos los puedan visualizar las veces que consideren necesarias y les sirva de herramienta de ayuda en el seguimiento de la asignatura. La implementación en las universidades españolas de píldoras educativas ha sido ampliamente experimentada, sin embargo, su uso convencional es la elaboración de estos vídeos por el profesorado. Nuestra propuesta parte de situar al alumnado como protagonista del soporte digital. Las pocas universidades españolas que han implementado este recurso docente, trasladando al alumnado el proceso de elaboración de las píldoras, proporcionan datos que demuestran mejores resultados académicos en los estudiantes . Por su parte, la Universidad de Alicante y, concretamente, la Facultad de Derecho

El presente trabajo analiza el régimen jurídico de la acreditación de competencias profesionales adquiridas por vías no formales e informales en España. En primer lugar, se parte del análisis del concepto de cualificaciones y competencias profesionales, para, posteriormente, estudiar el papel que juegan aquellas en el contrato de trabajo. Desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida, la acreditación de las competencias con las que ya cuenta la población trabajadora es fundamental para que esta pueda continuar formándose y acceder a puestos de trabajo cualificados, pero, en ningún caso, aquella sustituye a la formación propiamente dicha. Por último, se profundiza en el procedimiento administrativo de acreditación de las citadas competencias, con particular atención a las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2022., This paper analyzes the legal framework of the validation of professional skills acquired through non-formal and informal learning in Spain. It starts from the analysis of the concept of qualifications and professional competences. Later it studies the role that these play in the employment contract. From the perspective of lifelong learning, the validation of the skills that the working population already has is essential so that they can continue training and access qualified jobs, but in no case does it replace training itself. Finally, the administrative procedure for accreditation of the aforementioned competences is studied in detail, with particular attention to the modifications introduced by Organic Law 3/2022.

La “influencia” se ha identificado como el método más útil a través del que las empresas y otros interesados pueden inclinar el sentido de las decisiones públicas a favor de sus particulares intereses. Ello ha derivado en la creación de un auténtico “mercado de influencias”, principal forma de corrupción en los países desarrollados, que ha eclosionado de forma más visible para el gran público tras el escándalo de las comisiones millonarias vinculados a contratos de emergencia para el suministro de material contra la COVID-19. En atención a ello, en el presente trabajo se analizan los elementos objetivos y subjetivos del delito de venta de influencias (art. 430 CP). Asimismo, se aborda la cuestión de la necesaria criminalización de ciertas formas de lobbying que lesionan gravemente los principios de imparcialidad, objetividad e igualdad de participación en el ejercicio de la toma de decisiones públicas.

Los estudios muestran como, en la mayoría de los casos, las mujeres víctimas de violencia de género son madres que conviven con sus hijos menores de edad en el momento en que se producen las agresiones, convirtiéndose éstos últimos, por tanto, en víctimas de este ambiente de violencia. Ello exige una intensificación y protección que parte de su reconocimiento como víctimas directas ante los efectos negativos a corto y largo plazo que de ello se deriva. Asimismo, el Derecho Penal no ha permanecido ajeno a esta realidad otorgando un tratamiento penal diverso al hecho de perpetrar esos actos en su presencia teniendo incidencia en la agravación penal (la agravante de en presencia de menores, la alevosía doméstica, la aflicción moral como forma de enseñamiento ante la presencia de menores) y en la tipificación penal (la afectación de la salud psíquica del menor: del menoscabo a la lesión).

No son pocas las voces que suscitan la cuestión de la criminalización de ciertas formas de lobbying, argumentando con relación a su identidad estructural y de bien jurídico con la venta de influencias y a sus consecuencias (negativas) en el terreno de la transparencia en la toma de decisiones públicas. Las páginas que siguen se dedican a explorar la posibilidad de extenderles el modelo de tipificación del tráfico contenido en el Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa, ratificado por España el 26 de enero de 2010. Los resultados de dicho análisis pueden servir como punto de partida para considerar y, en su caso, proponer una reforma del actual artículo 430 del Código penal español que permita su aplicación a aquellas actividades que, sustrayéndose a los controles democráticos, usan como medio de interferencia en algunas decisiones públicas la transmisión de información técnica o especializada., Many opinions have been expressed with regard to the criminalization of certain forms of lobbying, using the arguments of their structural identity and of legal good with trading in influence and their consequences in the field of transparency in public decision-making. The pages that follow will examine the possibility of applying the trading in influence criminalization model contained in the Criminal Law Convention on Corruption of the Council of Europe, ratified by Spain on 26 January 2010. The results could serve as a starting point for taking into consideration and, in appropriate cases, proposing a reform of article 430 of the Criminal Code that permits its effective application to those lobbying activities that, escaping democratic controls, interfere with the public decision-making procedure.

La importancia de controlar el acceso a estos datos PNR por parte de las autoridades competentes se convierte en un punto esencial del sistema PNR-UE y del sistema PNR desarrollado por la LOPNR. Este control determinará al final el valor real de los datos PNR. No se trata exclusivamente de que contribuyan a aumentar la eficacia policial en la prevención, detección o investigación, sino que lo que interesa fundamentalmente es que sean datos que puedan aumentar la eficacia judicial en la persecución de los delitos de terrorismo y otros delitos graves, entendida en el sentido de que vayan a permitir obtener más sentencias de condena. Y para ello, como ha demostrado la experiencia de la recogida y conservación de los datos de las comunicaciones telefónicas, será necesario determinar claramente cuáles son los límites para la utilización de estos datos con fines probatorios. Los jueces y tribunales españoles, y, en general, los jueces y tribunales de la Unión Europea, tienen el papel fundamental de proteger el derecho a la intimidad, a la protección de datos personales y, también, el derecho a la libre circulación dentro de la Unión Europea, lo que se traducirá, en no pocas ocasiones, en la imposibilidad de incorporar estos datos PNR, o los resultados obtenidos a partir de su tratamiento, como prueba de cargo válida para fundamentar una sentencia de condena.

La obligación de uso efectivo es un elemento básico del Derecho de marcas. Pero para dar cumplimiento a esa obligación, es imprescindible que el uso que se haga del signo en el tráfico se realice en consonancia con la función esencial de la marca. Partiendo de esa premisa, en el presente trabajo se analiza cuándo se cumple este requisito, dependiendo de si se trata de una marca individual, de una marca colectiva o de una marca de garantía. Se aborda, además, la cuestión de si la función esencial de la marca varía cuando esta incorpora elementos de índole geográfica, convirtiéndose así también en indicativo de la procedencia geográfica de los productos o servicios designados.

El presente estudio analiza los supuestos en los que el titular de un derecho de obtención vegetal puede ejercitar su derecho contra los terceros que realizan actos de explotación, no del material de multiplicación o reproducción de la variedad, sino del producto de la cosecha. A tal efecto se examina la regulación del Convenio de la UPOV, del Reglamento de la Unión (Reglamento 2100/94) y de la Ley española (Ley 3/2000). Estos textos legales someten la extensión del derecho del obtentor a los actos realizados con el producto de la cosecha al cumplimiento de una serie de condiciones que han dado lugar a numerosas controversias y debate, hasta el punto de que esta es una de las cuestiones más candentes del Derecho de las obtenciones vegetales en los últimos años. El trabajo analiza pormenorizadamente cada una de estas condiciones o requisitos.

El delito de contrabando constituye una de las manifestaciones más graves e importantes de la delincuencia económica. En la presente monografía se ofrece una visión exhaustiva sobre los problemas teóricos y prácticos que presenta su aplicación en España y que guardan relación con la necesidad de armonizar la tutela penal de los bienes jurídicos que alberga con los criterios sentados por la normativa aduanera de la Unión Europea. La obra se centra, en primer lugar, en los que podrían presentarse como elementos comunes a las modalidades con que aparece tipificado en la LO 12/1995, de 12 de diciembre, modificada por la LO 6/2011, de 30 de junio (configuración de los tipos y formas de imputación subjetiva, sanciones, responsabilidad penal de las personas jurídicas, responsabilidad civil, comiso y medidas cautelares), así como en cuestiones de política criminal (vigencia en este ámbito del principio de ultima ratio y determinación de los bienes jurídicos protegidos). Posteriormente, se analizan de forma sistemática todos y cada uno de los tipos que pueden servir de base a su aplicación, haciéndose especial referencia a la conducta típica, al Iter criminis y a los problemas concursales. Para llevar a cabo el estudio se han examinado los pronunciamientos jurisprudenciales y los planteamientos y opiniones doctrinales, tratados siempre con rigor científico y claridad expositiva. Abordar las distintas cuestiones técnico-jurídicas que plantea la regulación del contrabando en España, a la altura de 2022, ha permitido descubrir lo viejo y lo nuevo del delito y, también, aquellas deficiencias e imprecisiones que deberían ser corregidas en una próxima reforma.

Presentada como una de las manifiestaciones más sobresalientes de la justicia restaurativa, la mediación penal plantea numerosas incógnitas, las más sugerentes, quizá, las relativas a su capacidad de rendimiento en el Derecho penal de adultos y de adaptación a los principios esenciales que lo presiden. Esta obra pretende reflexionar sobre su presente y futuro, a la luz del Derecho vigente en la materia (Código penal, Estatuto de la Víctima y Ley Integral 1/2004 de 28 de diciembre) y del Anteproyecto de Reforma de la LECrim, aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de noviembre de 2020. Se organiza en cuatro partes: en la primera se abordan el análisis del marco normativo de la mediación, de las experiencias en España, de los elementos que la definen y de su relación con los fines de las penas; en la segunda se delimita el contenido de los principios y garantías que la presiden, prestándose especial atención a los problemas y dudas que suscita la necesaria vigencia del principio constitucional de presunción de inocencia; en la tercera se describen las consecuencias que puede desplegar en determinadas figuras de la Parte General del Código penal; y en la cuarta, por último, se incide en una cuestión ampliamente tratada por la doctrina española: la decisión (político-criminalmente discutible) de prohibirla en casos de violencia de género. El objetivo fundamental del trabajo es el de examinar los principales problemas teóricos y prácticos que suscita, tratando de afrontarlos con criterios materiales y planteando reformas legislativas orientadas a facilitar su incardinación en el Derecho penal de adultos. Para ello se han tenido presente tanto las nuevas vías interpretativas que ofrecen tanto la doctrina y jurisprudencia españolas, como la literatura especializada existente en los países que forman parte de nuestro entorno jurídico más próximo (Portugal, Italia, Alemania) y en el mundo anglosajón.

El papel del Ministerio Fiscal es trascendental para la adecuada persecución de los delitos de agresiones, acoso y abusos sexuales, garantizando, al mismo tiempo, la adecuada protección de la víctima y de sus intereses. En este sentido, la impunidad de estos hechos delictivos, así como la mejor protección de las víctimas, tanto presentes como futuras, no pasa necesariamente por convertir estos delitos en delitos públicos, sino porque el Ministerio Fiscal efectúe una correcta ponderación de los intereses en presencia. Ello incluye, necesariamente, que la actividad de ponderación sea, en primer lugar, llevada a cabo; y, en segundo lugar, que dicha ponderación sea objeto de control, bien por el superior jerárquico del fiscal, bien por el órgano jurisdiccional.

El presente trabajo se centra en las marcas compuestas por el nombre de celebridades para examinar si la fama del personaje tiene alguna relevancia en el régimen jurídico de dichas marcas. Se analiza si el conocimiento del personaje por parte del público implica, per se, un mayor ámbito de protección de la marca, así como las implicaciones de la fama a la hora de realizar la comparación de dichas marcas con marcas de terceros y determinar si concurre riesgo de confusión o procede la especial protección de las marcas de renombre. Finalmente, cuando es un tercero quien solicita como marca el nombre de una celebridad, también se estudia el papel que puede jugar la fama del personaje para apreciar mala fe en la solicitud. El trabajo se centra en el Derecho europeo de marcas, a la luz de la más reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General., This work focuses on trademarks composed by the name of celebrities to examine whether the fame of the character has any relevance in the legal regime. It is examined if the character’s fame implies, per se, a broader scope of protection for the trademark, as well as the implications of fame in the comparison of the trademarks with other signs necessary to determine whether there is similarity between them giving rise to a likelihood of confusion on the part of consumers, or to the special protection of marks with a reputation. Finally, when the trademark application is filed by a third party, the paper studies the role of character’s fame to appreciate that the applicant is acting in bad faith. The study focuses on European trademark law, in the light of the most recent case-law of the Court of Justice and the General Court.

Al hilo de un reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo español se examinan los problemas que se suscitan, en relación con los requisitos de novedad y carácter singular en materia de diseño industrial, cuando se aplica un mismo estampado a dos prendas de vestir diferentes., This paper comments a recent judgment of the Spanish Supreme Court on industrial design law and in connection with that the problems that arise, in relation to the requirements of novelty and singular character, when the same pattern is applied to two different garments.

Este trabajo busca exponer de forma introductoria un análisis del Acuerdo de Subvenciones a la Pesca aprobado por la OMC el 17 de julio de 2022, y de las distintas posiciones de los Estados participantes en las negociaciones. La cuestión de las subvenciones a la pesca se ha venido debatiendo desde los años 70, pero es especialmente tras el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y en concreto, el 14.6, en el que se plantea la prohibición de las subvenciones a la pesca, que estas negociaciones han tenido mayores avances, entre los diferentes asuntos debatidos por los Estados, pudiéndose destacar las subvenciones al combustible o el trato diferencial a países en desarrollo y menos avanzados. La aprobación de este Acuerdo supone un gran avance en materia de sostenibilidad medioambiental, pero dadas las modificaciones que ha sufrido el Acuerdo Final frente a los Proyectos de texto previos, aún queda mucho por hacer para que este Acuerdo sea capaz de lograr los objetivos perseguidos inicialmente por la OMC., Este traballo pretende plantexar unha análise introdutoria do Acordo sobre Subvencións á Pesca aprobado pola OMC o 17 de xuño de 2022, e das diferentes posicións dos Estados participantes nas negociacións. O tema das subvencións á pesca debátese desde os anos 70, pero é sobre todo despois do establecemento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), e concretamente do 14.6, no que se plantexa a prohibición das subvencións á pesca, que estas negociacións fixeron maiores avances. Entre as distintas cuestións que debaten os Estados pódense destacar as subvencións aos combustibles ou o trato diferenciado dos países en desenvolvemento e menos avanzados. A aprobación deste Acordo supón un gran avance en materia de sustentabilidade ambiental, pero dadas as modificacións que sufriu o Acordo Definitivo respecto dos anteriores borradores de textos, aínda queda moito por facer para que este Acordo poida acadar os obxectivos inicialmente establecidos perseguido pola OMC., This paper seeks to make an introductory analysis of the Agreement on Fisheries Subsidies approved by the WTO on June 17, 2022, and of the different positions of the States participating in the negotiations. The issue of fisheries subsidies has been debated since the 1970s, but it is especially after the establishment of the Sustainable Development Goals (SDG), and specifically, 14.6, in which the prohibition of subsidies is raised to fishing, that these negotiations have made greater progress, among the different issues debated by the States, being able to highlight fuel subsidies or the differential treatment of developing and less advanced countries. The approval of this Agreement represents a great advance in terms of environmental sustainability, but given the modifications that the Final Agreement has undergone compared to the previous draft texts, there is still much to be done for this Agreement to be able to achieve the objectives initially pursued by the WTO.

El presente trabajo se dirige a exponer una concreta problemática que se da en el marco del derecho de la competencia aplicado a las nuevas formas tecnológicas: los buscadores en la red. En primer lugar, se realizará una pequeña introducción sobre las nuevas formas de interacción en el ámbito de los negocios jurídicos, haciendo hincapié en el fenómeno del e-commerce. Luego, con objeto de explicar la problemática principal, se analizará la reciente sentencia del Tribunal General sobre el asunto de Google Shopping c. Comisión. Dentro de este punto, comenzaré explicando los hechos, para continuar con un análisis de la posición de dominio del gigante tecnológico y, por último, finalizar con las conclusiones sobre la abusividad de la conducta que arrojan la investigación de la Comisión y las interpretaciones del Tribunal. Finalmente, las conclusiones del trabajo en su conjunto se dirigirán a mostrar, mediante la deducción extraída del caso analizado, la importante necesidad de adaptación del ordenamiento al nuevo sistema económico, así como el control de las grandes empresas tecnológicas que, a día de hoy, tienen unas tasas de poder inigualables.

This open access book investigates the role of collective bargaining in the gig economy. Despite the variety of situations covered by the term ‘gig economy’, collective agreements for employees and non-employees are being concluded in various countries, either at company or at branch level. Offline workers such as riders, food deliverers, drivers or providers of cleaning services are slowly gaining access to the series of negotiated rights that, in the past, were only available to employees. Embedded in the EU legal framework, including the EU Commission’s proposal for a Directive on improving working conditions in platform work and its Draft Guidelines on the application of EU competition law, both from December 2021, the chapters analyse recent high-profile decisions including Uber in France’s Cour de Cassation, Glovo in the Tribunal Supremo, and Uber in the UK Supreme Court. They evaluate the bargaining agents in different Member States of the EU, to determine whether established actors are participating in the dynamics of the gig economy or if they are being substituted, totally or partially, by new agents. Interesting best practices are drawn from the comparison, also as regards the contents of collective bargaining, raising awareness in those countries that are being left behind in the dynamics of the gig economy

La declaración de Bolonia tenía por objeto la construcción de un espacio europeo de enseñanza superior como instrumento clave en la promoción de la movilidad de los ciudadanos, su ocupabilidad y el desarrollo global del continente. Su implementación conllevó, ante todo, un cambio en el paradigma educativo -todavía pendiente de consolidarse- centrado en el aprendizaje, lo que exigía la implementación, junto con la clase magistral, de nuevas técnicas docentes basadas en una metodología activa en la que el alumnado sea el protagonista de su propia formación. El enfoque formativo debía basarse, asimismo, en la adquisición de competencias por parte del estudiantado que los capacitase para integrarse en un mercado laboral cambiante y que les facultase para convertirse en ciudadanos activos, libres y comprometidos en el marco de una sociedad democrática. A este respecto, la “clase invertida” se presenta como un método docente altamente atractivo para las enseñanzas jurídicas. El presente trabajo tiene por objeto el abordaje de una experiencia docente consistente en la utilización de la metodología docente activa de la clase invertida. Se trata este de un modelo de aprendizaje en el que el alumnado realiza una aproximación a un determinado ámbito temático fuera del aula a través de los materiales (ppt comentado, vídeos, unidades didácticas, extractos de artículos, sentencias, etc.) seleccionado o elaborados expresamente por el profesorado (sesión asíncrona), dedicándose el tiempo en el aula a la consolidación de esos conocimientos mediante la realización de diversas actividades prácticas (sesión síncrona) consistentes, en nuestro caso, en el método del caso. Su aplicación ha tenido lugar en el marco de las clases interactivas de la materia de “Derecho Penal, Parte Especial-Delitos contra el orden socioeconómico y contra la comunidad impartida” impartida en el segundo cuatrimestre del tercer curso del grado en Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela por estimarse

Las mujeres no son las únicas víctimas de violencia de género. Numerosos estudios han puesto de relieve las repercusiones que en el desarrollo de los hijos e hijas menores de las mujeres maltratadas tiene su exposición indirecta a actos de violencia de género. Ello exige una intensificación en su asistencia y protección que parte de su reconocimiento como víctimas directas. Asimismo, el Derecho Penal no ha permanecido ajeno a esta realidad otorgando un tratamiento penal diverso al hecho de perpetrar esos actos en su presencia.

El presente artículo analiza dos de las diferentes vías a través de las que puede articularse la formación en prevención de riesgos laborales. En concreto, la formación específica de las personas trabajadoras regulada en el art. 19 LPRL y la formación específica o cualificada, que, a su vez, comprende la formación de las personas que realizan funciones preventivas en la empresa y la de la representación de los trabajadores en la materia. Todo ello desde la perspectiva de los retos que plantean, para la formación en esta materia, los nuevos riesgos laborales —o, más bien, nuevos factores de riesgo laboral— derivados de la digitalización., The paper focuses on two of the different types of occupational health and safety training: the specific training of workers regulated in art. 19 LPRL and specific or qualified training, which, in turn, includes the training of people who perform preventive tasks in the company and that of workers’ representatives. All this from the perspective of the challenges posed for training in this area by the new occupational risks —or rather new occupational risk factors— derived from digitization.

This contribution aims to explore the viability of implementing restorative justice encounters in the field of socioeconomic and corruption crimes. In these cases, the response of the traditional penal system is not satisfactory due to these three main reasons: a) neither the community owning the interest nor the associations acting on its behalf are recognised as injured parties; b) the damages are not always direct and economic in nature, but social (social damage), indirect and diffuse (affecting an indeterminate group of people, society as a whole); c) there is no channel for claiming reparation for the damage caused. The criminal process must be complemented by restorative justice. However, crimes against supra-individual legal assets present different characteristics from classic crime -the hard core of criminal law- which represent, at the very least, several challenges for carrying out restorative justice processes.

La presente comunicación analiza el delito de ciberacoso sexual de menores regulado en el art. 183.1 CP.

La lucha contra el fraude y la corrupción ha marcado la agenda de la Unión Europea desde 1988. A este respecto, la política de la UE en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la UE ha sido objeto de diversas medidas de armonización, siendo la más reciente la que ha tenido lugar a través de la Directiva 2017/1371. En ella se contempla un concepto común de fraude y de otras actividades ilegales (blanqueo de capitales, corrupción y malversación) cometidas intencionadamente por personas físicas o jurídicas, que afecten a los intereses financieros de la UE (delitos PIF). Sin lugar a duda, ello conlleva un incremento de su nivel de protección al armonizarse las definiciones, las sanciones y los plazos de prescripción de estas infracciones penales. Asimismo, la Directiva no solo es un instrumento esencial para la armonización de los delitos PIF entre los Estados miembros a efectos de garantizar la aplicación uniforme de la política de la UE en este ámbito, sino que además es crucial para el funcionamiento de la Fiscalía Europea cuyo ámbito objetivo de actuación lo constituyen, precisamente, los delitos mencionados (Reglamento 2017/1939). Centrándonos en la corrupción, debemos señalar que se trata de un fenómeno complejo que no siempre implica el incumplimiento de normas y las consiguientes responsabilidades penales o administrativas. En este sentido, una de las modalidades de corrupción más influyentes, rentables y dañinas para el bien común en el marco de la legalidad existente es la “captura política” del Estado, consistente en el control por grandes grupos de interés de concretas áreas de políticas, de forma tal que los gobernantes no pueden y, en otras muchas ocasiones, no quieren formular políticas autónomamente en ese ámbito. Diversos autores han advertido que la forma principal de corrupción en los países desarrollados es la de los “mercados de influencia”. La relevancia de los lobbies en la economía de mercado y en el correcto funcionamiento del

En este artículo se señalan diversas discordancias legislativas en materia de responsabilidad criminal de las personas jurídicas para facilitar su reforma y mientras tanto se ofrecen interpretaciones conforme al principio de vigencia. Sorprende bastante que la Ley Orgánica 1/2015 se precie de hacer "una mejora técnica", ya que incurre en evidentes contradicciones al eximir de responsabilidad penal a las personas jurídicas por un delito que no debería haber existido debido a los programas de cumplimiento, tener en cuenta para limitar las penas infracciones leves de los deberes de control, crear atenuantes no contempladas en el artículo 31 quáter, reglas penológicas contradictorias en el artículo 66 bis y hasta una absurda pena de cárcel para las personas jurídicas por una torpe remisión, aunque ya en 2010 el legislador español invocó la supuesta "necesidad de cumplir con los compromisos internacionales", sin embargo este modelo de responsabilidad no era obligatorio, dio el mismo tratamiento a las infracciones dolosas e imprudentes y dispuso idénticas penas para distintos delitos., In this article, various legislative disagreements regarding criminal liability of legal entities are pointed out to facilitate its reform and meanwhile interpretations are offered in accordance with the principle of validity. It is quite surprising that Organic Law 1/2015 boasts of making "a technical improvement", as it incurs obvious contradictions by exempting criminal liability to legal persons for a crime that should not have existed due to compliance programs, as well as taking into account to limit the punishment non-serious breaches control duties. Organic Law 1/2015 also created mitigating circumstances not contemplated in article 31 quater, contradictory penal rules in article 66 bis and even an absurd prison for legal persons due to an awkward referral. Already in 2010 the Spanish legislator invoked the alleged "need to comply with international commitments", however this model of responsibility was not mandatory, gave the same treatment to purposely and reckless infringements and provided the same penalties for different crimes.

El presente capítulo analiza la regulación de la dispensa del deber de declarar de los testigos en el Anteproyecto de Ley de enjuiciamiento criminal de 2020.

Este trabajo analiza la regulación laboral de los repartidores de plataformas digitales por el RD-ley 9/2021, de 11 de mayo, especialmente la presunción de laboralidad introducida en la disposición adicional vigesimotercera del ET. Un punto clave es el de dilucidar la verdadera naturaleza de tal disposición, en particular su carácter iuris tantum o iuris et de iure, lo que afectará a su significado, contenido y a la carga de la prueba por las partes. Para acertar en la valoración de dicha disposición, conviene tener en cuenta dos elementos: los antecedentes de la presunción de laboralidad en el derecho español y la intención real del legislador a la hora de establecer esta figura, lo que tiene que ver, también, con los antecedentes del conflicto vivido en las calles y en los juzgados desde hace algunos años. La interpretación final de la disposición dependerá de los tribunales, pero siempre debe estar guiada por la necesidad de proteger laboralmente a quien es trabajador dependiente o subordinado. Al margen, deben poder caber los trabajadores que, de verdad, deseen prestar servicios de manera autónoma, aun siendo económicamente dependientes. En todo caso, parece claro que la actuación del legislador y de los agentes sociales será necesaria en el futuro para el completo desarrollo y aclaración del régimen jurídico de los repartidores incluidos en el ámbito del Derecho del Trabajo, This paper analyses the labour regulation of the riders –who provides services for digital platforms- by RD-law 9/2021, of May 11, especially the presumption of employment introduced in the twenty-third additional provision of the WS. A key point is to elucidate the true nature of such provision, in particular its iuris tantum or iuris et de iure nature, which will affect its meaning, content and the burden of proof for the parties. In order to correctly assess this provision, two elements should be taken into account: the antecedents of the presumption of employment in Spanish law and the real intention of the legislator when establishing this figure, which also has to do with the antecedents of the conflict experienced in the streets and in the courts for some years. The final interpretation of the provision will depend on the courts, but it must be always guided by the need to protect those who are a dependent or subordinate employee at work. On the side-lines, there must be room for workers who really want to provide services autonomously, even though they are economically dependent. In any case, it seems clear that the action of the legislator and the social agents will be necessary in the future for the complete development and clarification of the legal regime of the riders included in the field of Labour Law

El presente capítulo analiza el posible uso de altavoces inteligentes en el marco de la investigación penal.

Este trabajo aborda el nuevo RD-Ley 28/2020 sobre trabajo a distancia en el sector privado, poniendo especial atención a la regulación de la prevención de los riesgos laborales. Esta regulación comienza con una remisión a la normativa general en la materia preventiva y, después, aporta algunas reglas específicas, si bien insuficientes para resolver todos los problemas que suscita la materia. Así, deja mucho que desear la mención a los factores de riesgo que deben ser evaluados en el lugar de trabajo a distancia, así como los posibles tipos de riesgos laborales, cuya producción se pretende evitar. En este punto, resulta vaga la mera referencia a los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos, pues se debería hacer mención concreta al entorno laboral, al equipo de trabajo informático y sus diferentes elementos y a la organización del trabajo diario. Esta última debe ser entendida como la distribución entre jornada presencial y a distancia, así como entre tiempo de trabajo efectivo, de disponibilidad y descanso. Un punto polémico que centra la atención del legislador es el de la evaluación de los riesgos laborales en el domicilio del trabajador. Se contemplan las dos soluciones tradicionales: la autoevaluación por el propio trabajador y la evaluación por el experto competente en la materia de prevención. Aunque parezca que el legislador opta por esta última, pues le dedica mucha atención y detalle, la verdad es que es al revés: la vía prioritaria es la autoevaluación. Esta opción es la más garantista con la intimidad del trabajador, pero, a la vez, la más dudosa desde el punto de vista de la calidad. Entre los silencios de la nueva norma llama la atención el relativo a la naturaleza profesional de la contingencia acaecida cuando la protección falla.

El largometraje "Una cuestión de género" retrata la etapa de formación universitaria y los primeros años de ejercicio profesional de Ruth Bader Ginsburg, quien acabaría por convertirse en un verdadero icono de la lucha por la igualdad de género y, ya en los años noventa, en magistrada de la Corte Suprema estadounidense. La presente obra, dirigida tanto a los juristas como a quienes no lo son, centra su análisis en este período inicial que refleja la película y, más concretamente, en los dos primeros casos con los que Ginsburg inició su lucha ante los tribunales: Moritz contra Commissioner y Reed contra Reed. Con todo, también abordaremos el antes y el después de la trayectoria vital de esta brillante jurista, para así ofrecer al lector las claves que le permitirán comprender más profundamente "Una cuestión de género" pero, sobre todo, la personalidad y el legado de la insustituible Ginsburg.

Aunque situar a Concepción Arenal en la órbita de la llamada Escuela Correccionalista española es lugar común en la literatura penal y penitenciaria, en realidad practicó un correccionalismo muy atemperado por su creencia en el ser humano y en la necesidad de respetar su libertad, entendida como capacidad de autodeterminación racional. Sus aportaciones a la cuestión penitenciaria, ampliamente reconocidas en el extranjero, supusieron un giro radical en las políticas puestas en marcha en la España del siglo XIX. Su visión del delito como un fenómeno basado en las características individuales y diferenciadoras del delincuente permite identificarla como una de las pioneras de la sociología criminal en nuestro país., Although commonly seen as one of the most prominent representatives of the great Spanish Correctionalist School, Concepción Arenal represents a humanized version of Correctionalism, one based on her belief in human being and on the need to respect and defend his freedom, understood as capacity for rational self-determination. Her proposals for prison reform marked a major shift in the way penitentiary penitentiary policy was conceived and implemented up to that moment in Spain. Considered one of the precursors of criminal Sociology in Spain, she stressed that labeling

Este trabajo tiene por objeto el análisis criminológicos de las muertes por violencia de género de las mujeres mayores de 65 años.

O acoso defínese, de forma xenérica, como «unha constelación de comportamentos polo cal unha persoa de forma repetida diríxese a outra impoñéndolle comunicacións e/ou contactos non desexados». Dos diversos estudos realizados sobre este fenómeno conclúese que entre un 4,5 % e un 23,4 % da poboación mundial foi vítima ao longo da súa vida dunha conduta de acoso. As investigacións tamén puxeron de manifesto a íntima relación existente entre o acoso e a violencia de xénero, especialmente con ocasión da ruptura da relación. Ante a constatación desta realidade, procedeuse a incluír no Convenio de Istambul, do 11 de maio de 2011, o acoso como unha forma de violencia contra a muller que debe ser tipificada polos Estados que o ratifiquen. Por tanto, a súa tipificación é froito das obrigas supranacionais asumidas polo noso país. Trátase, así, de ofrecer unha resposta á realización de condutas insistentes e reiteradas —que en moitas ocasións non podían ser cualificadas como coaccións ou ameazas— por medio das cales se menoscaba a liberdade de obrar da vítima, á que se somete a persecucións ou vixilancias constantes, chamadas reiteradas ou outros actos continuos de acoso que provocan unha grave alteración no desenvolvemento da súa vida cotiá.

El legislador de la Unión Europea ha apostado claramente por dotar de una protección específica a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Sin embargo, los preceptos que determinan el contenido de la protección otorgada aún plantean diversos interrogantes a los que va tratando de dar respuesta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tomando como referencia la normativa que regula estas figuras en el ámbito de los productos vitivinícolas, en este trabajo se hace un análisis de la extensión de esa protección, desgranando los distintos tipos de conductas que pueden ser prohibidas en defensa de la denominación protegida

O delito de tráfico de menores para a súa adopción ilegal regulouse por primeira vez no Código Penal de 1995. A súa tipificación foi froito das obrigas supranacionais asumidas por España e da inexistencia no texto punitivo dun precepto capaz de abarcar o total desvalor inherente a esta conduta. A ratio legis do tipo é a sanción daqueles comportamentos que tratan ao menor como unha mercancía susceptible de ser vendida e comprada.

Os partidos políticos desempeñan un papel fundamental no funcionamento democrático do Estado. Con todo, o seu financiamento ilegal é unha constante nas democracias e unha das formas máis graves da corrupción política. Por iso, o lexislador optou pola súa tipificación autónoma na reforma operada, no Código Penal, pola Lei Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (art. 304 bis). Certamente, a configuración dun delito de financiamento ilegal dos partidos políticos supón unha protección reforzada da función constitucional que aqueles desenvolven, en tanto que vehículos a través dos que canalizar a manifestación da vontade popular sen ningunha interferencia externa. Pese ao loable desta iniciativa, a súa articulación é altamente deficiente ao non contemplar unha ampla gama de situacións que poden danar de forma grave o ben xurídico tutelado polo tipo penal.

Los extraordinarios desarrollos alcanzados en el campo de la inteligencia artificial determinan la necesidad de revisar aspectos asentados en el Derecho de patentes, entre ellos, la posibilidad de que se pueda reconocer la calidad de inventor a un sistema de inteligencia artificial. En el presente trabajo se examinan los retos que plantea esta cuestión a la luz de la normativa española de patentes y del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas. En concreto, se hace un análisis de la figura del inventor en la normativa vigente para, a partir de este, valorar la necesidad o no de modificar la normativa actual para adaptarse a las expectativas suscitadas por la capacidad inventiva de los sistemas de inteligencia artificial., The rocketed developments in artificial intelligence field make necessary to review some topics on Patent Law, specially the concept of inventorship in order to asses if an artificial intelligence system can be considered as inventor. This paper examines this problem in the Spanish and European Law. Taking into account the analysis of the legal concept of inventor, we examine whether it is necessary to change the regulation to adapt it to the new challenges of the inventive capacity of the artificial intelligence systems.