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The Chilean Consumer Protection Law does not mention sustainable consumption as an explicit principle. In this context, the objective of this work lies in investigating its possible validity as a general principle of consumer law in Chile. The research managed to prove the initial hypothesis that postulated the legal effectiveness of sustainable consumption as a general principle of consumer law. In fact, from the use of the dogmatic methodology, it was concluded that its validity can also be derived from a harmonious and systematic interpretation of the principles and rules that the Chilean legal system actually contains. Specifically, the normative effectiveness of sustainable consumption can be derived from two ways within the techniques of legal positivism. The first of them consists of a concretization of general principles, which, in the hypothesis presented, would correspond to pro natura and pro homine. Secondly, sustainable consumption as a general principle would be obtained from a generalization made from specific manifestations. The latter would be rooted in the consecration of basic consumer rights, the discipline of information and advertising, as well as the establishment of mechanisms to extend the durability of goods. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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La Ley de Protección al Consumidor chilena no menciona al consumo sustentable como un principio explícito. En este contexto, el objetivo del presente trabajo radica en indagar su posible vigencia como un principio general del derecho de consumo en Chile. La investigación logró acreditar la hipótesis inicial, que postulaba la eficacia jurígena del consumo sustentable como principio general del derecho de consumo. En efecto, a partir de la utilización de la metodología dogmática, se llegó a la conclusión de que su vigencia puede ser derivada igualmente de una interpretación armónica y sistemática de los principios y las reglas que el ordenamiento jurídico chileno de hecho contiene. En concreto, la eficacia normativa del consumo sustentable puede desprenderse a partir de dos vías dentro de las técnicas del positivismo jurídico. La primera de ellas consiste en una concretización de principios generales, los cuales, en el supuesto planteado, corresponderían al pro natura y el pro homine. En segundo término, el consumo sustentable como principio general sería obtenido de una generalización realizada a partir de manifestaciones específicas. Estas últimas se encontrarían radicadas en la consagración de los derechos básicos de los consumidores, la disciplina de la información y la publicidad, así como en la instauración de mecanismos de extensión de la durabilidad de los bienes.

En 1975, la Conferencia de Asilomar inauguró una forma de normatividad que ha sido en general minusvalorada por los juristas: la declaración de una moratoria científica de carácter voluntaria, temporal y universal. Desde entonces, se han sucedido este tipo de declaraciones, aunque con desigual resultado. Su principal característica es que los científicos realizan un descubrimiento o innovación tecnocientífica cuyo alcance inmediato no pueden calibrar, en un contexto de anomia jurídica y de desconocimiento total y absoluto por parte de la sociedad y los poderes públicos. Pues bien, nos planteamos en qué medida el Derecho podría o debería receptar este tipo de declaraciones con objeto de que sean vinculantes, en concordancia con el contenido de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO.

El presente artículo tiene como objetivo formular algunas aproximaciones teóricas sobre los principios del Derecho del Trabajo vinculando sus funciones y contenido protector a su vigencia y eficacia actual. Su abordaje está dividido en tres ejes fundamentales para su mejor comprensión. El primero está destinado a los principios generales del derecho: su conceptualización, diferencia con otras fuentes del derecho y la evolución de su función normativa. El segundo apartado busca adentrarse más precisamente en el principio protector y su fundamento a través de tres preguntas básicas (¿a quién se protege? ¿por qué? ¿cómo lo hace?), para luego pasar a describir someramente el proceso de su recepción legal, constitucional y jurisprudencial en nuestro sistema normativo. El último eje, por su parte, estará destinado a brindar un pantallazo general sobre el presente del sistema de protección y algunas de las principales limitaciones con las que cuenta para cumplir con su objetivo.

El Principio de concentración constituye, sin lugar a duda, uno de los principios procesales de mayor relevancia en cualquier ordenamiento jurídico. Aporta rapidez, agilidad a los procesos, sin perder eficacia y validez en los actos procesales, que se logran reunir en un solo momento. En Ecuador, aunque la Constitución de 2008 prevé este principio, el vigente Código Orgánico General de Procesos (COGEP) no lo establece de forma expresa, contrario a la legislación procesal uruguaya, que si lo define formalmente en su normativa. Este es el punto central sobre el que se centró el presente estudio, delimitar la insuficiencia del COGEP en materia de regulación de este principio, teniendo como referente la legislación uruguaya, y en base a ello se propuso una reforma pertinente.

Hay quienes sostienen que los principios generales del derecho –fuente del Derecho Internacional– son aquellos reconocidos en todos los sistemas jurídicos como tales, determinados por el método del derecho comparado. Sin embargo, algunos autores y la jurisprudencia misma han mostrado cómo en la práctica los jueces aplican el derecho que conocen y que la mayoría de los jueces de la Corte Internacional de Justicia tienen una formación en derecho occidental. Esto ha causado que haya Estados, entre ellos los islámicos, que no se sientan representados por el Derecho Internacional. Hay, por un lado, una tendencia dentro de los Estados con una población mayoritaria musulmana a establecer constituciones islámicas y, por otro, una mayor apertura e interacción de estos Estados hacia la Comunidad Internacional. Estos actores se han manifestado contra la falta de legitimación del derecho internacional, lo cual es un problema porque los conflictos internacionales con y entre estos Estados deben resolverse conforme a derecho. Es por eso que es importante la conjunción del artículo 38. 1. c) con el artículo 9 del Estatuto que establece que debe haber una representatividad de las naciones en la composición de la Corte. La hipótesis de este trabajo es que la Corte Internacional de Justicia no tiene en cuenta el derecho islámico al aplicar los principios generales del derecho y que esta situación tiene una correlación con la nacionalidad y formación de los jueces.

El Derecho societario no constituye una isla en el mar del ordenamiento jurídico argentino. Los principios generales del derecho -con la fuerza expansiva que les confiere el título preliminar del Codigo Civil y Comercial de la Nacion- invaden e informan toda la dinámica societaria; permitiendo que los diferentes institutos jurídicos regidos por la ley de sociedades 19550, tengan la impronta propia de aquellos. De esta manera, los operadores del derecho tenemos el deber de interpretar y aplicar la normativa societaria de acuerdo a las directivas que emanan de los principios generales del derecho, buscando siempre un equilibrio que permita resolver los diferentes conflictos a la luz de la justica.

In 1975, the Asilomar Conference inaugurated a form of regulation that has been generally underestimated by jurists: the declaration of a voluntary, temporary and universal scientific moratorium. Since then, these types of statements have occurred, although with uneven results. The main characteristic of these statements is that scientists make a techno-scientific discovery or innovation whose immediate scope they cannot calibrate, in a context of legal anomie and total and absolute ignorance on the part of society and public powers. Well, we wonder to what extent the law could or should accept this type of statement in order to make it binding, in accordance with the content of the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights Of UNESCO. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The Simplified Joint - Stocked Companies were introduced toArgentinian legal system by 27349 law, among a package of measuresdesigned to favor entrepreneurship. They are a hybrid company type, withsimilar characteristics to limited liability societies, but whose capital is divided into shares suchas Anonymous Societies. The use of this figure can be beneficial and convenient for businessmen;but it must be considered that in the way that the Simplified Joint - Stocked Companies wereregulated, they can be used by unscrupulous agents as instruments to brake the law and harmthird parties. This article intends to perform an analysis of the figure to detect its advantagesand disadvantages through the analysis of several doctrinal positions in this regard, amongauthors that promote them as the best legal solution for entrepreneurs and others who considerthem a coadjutant mechanism to corruption in the Argentine legal system. From this analysisit can be concluded that the incorporation of this type of companies to our legislation reportsthe introduction of a new tool that due to its speed, simplicity and operability is useful to theargentinian business community, but this utility should not be used to the detriment of the rightsof third parties, a situation in which the General Principles of Law would be relevant.Keywords:

This paper is intended to address in a synthetic way but with recent citations of the doctrine and jurisprudence some general principles of law, in order to contribute to the systematization, content, and affirmation of the general principles of law, and so, achieve the goal of a better law, the development of legal science and the progress of society. This paper makes particular emphasis on Colombian law, but it is projected as well inside the civil law tradition.

This paper explores the problematic issue of the general principles of law within the canon law system. First, particular features attributable solely to legal principles or rules are selected, which - the author goes on to argue - are distinguishable from one another only in terms of the number or degree to which they are applied in practice. Second, a number of these characteristics are discussed in relation to principles in terms of the general and indeterminate nature of the latter, taking into account the relative weighting of principles and the relationships between them. The paper concludes with some reflections on the true value of principles in the context of canon law argument and interpretation, as well as in the extensive history and experience of practice. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El propósito de este trabajo es, a la vez de realizar una presentación general del Acuerdo Sobre Facilitación del Comercio; utilizarlo como disparador y marco para el análisis de los principios generales del derecho vinculados al mismo. Para ello, analizamos aquí las normas fundamentales del GATT, las que el Acuerdo de Facilitación del Comercio tiene por objeto desarrollar, así como nuestra normativa local. Todo ello nos ha llevado a redescubrir y confirmar el enorme valor de los principios fundamentales del derecho. Dichos principios claramente se encuentran contenidos en las normas que aquí se analizarán, e indudablemente constituyen la base del sistema jurídico y de lo que debiera constituir la política normativa de cualquier Estado u Organización.

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Pasados veinticinco años, pervive la falta de legitimidad en la Administración de Justicia, lo que exige indagar por las razones y proponer soluciones. Una de ellas es el artículo 230, cuyo texto parece evocar el razonamiento jurídico del siglo XIX. La enunciación de principios como criterios auxiliares parece oponerse a un razonamiento jurídico que reivindica su prevalencia sobre las restantes normas del ordenamiento. De allí el temor al prevaricato en los operadores jurisdiccionales al momento de su aplicación. Esa interpretación está alimentada por el sentido otorgado a la expresión “principios generales del derecho” como normas que están por fuera del ordenamiento jurídico, realizada en la sentencia C-083 de 1995. Por ello, es necesario abordar su estudio a partir de tres aspectos: los cambios en el razonamiento jurídico exigidos por el Estado social de derecho colombiano, el análisis de las fuentes bibliográficas empleadas en la sentencia y su coherencia con otras normas del ordenamiento. El principal hallazgo es la necesidad de una reinterpretación del artículo 230 a la luz de la naturaleza y funciones de los principios en el Estado social de derecho colombiano.

En el contexto de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se establecen algunas medidas en el Decreto 902 de 2017 con el fin de facilitar la implementación de una reforma rural integral. Esas medidas pueden ir en contravía de la protección a la propiedad privada. El autor propone una lectura de la protección de la propiedad privada legítimamente adquirida con base en los principios generales del derecho, la buena fe y la confianza legítima, con el fin de evitar equivocaciones en el momento de aplicar el Decreto 907 de 2017.

El documento desarrolla lo correspondiente a la materialización de una serie de principios procesales comunes a todos los sistemas de solución de controversias dentro del derecho internacional económico. Para tal fin, se determinarán las dinámicas de fragmentación del derecho internacional público y la generación de regímenes especiales, los cuales cuentan con diversos mecanismos de interacción entre ellos. Igualmente, se analizarán los fundamentos de los principios del derecho internacional público y cómo estos responden a las dinámicas existentes entre los derechos domésticos y el derecho internacional para finalizar con la determinación de cuáles podrían ser los principales principios procesales dentro de los sistemas de solución de controversias del derecho internacional económico.

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This paper is intended to address in a synthetic way but with recent citations of the doctrine and jurisprudence some general principles of law, in order to contribute to the systematization, content, and affirmation of the general principles of law, and so, achieve the goal of a better law, the development of legal science and the progress of society. This paper makes particular emphasis on Colombian law, but it is projected as well inside the civil law tradition. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The aim of this work is to contribute to the legal discussion whit an analysis in which normative categories converges that allow to dialogue both constitutionalists, internationalists and law theorists in the analysis of nuclear concepts in the relationship between national law and international law, Specifically in the role that plays the Principles in International Law and in the Normative Systems. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Derecho Internacional Privado; Protección del consumidor; Principios generales del derecho; Favor debilis in dubio pro consumptore; Daños; Productos defectuosos; Relación de consumo; Relación de consumo transfronteriza principio y los operadores jurídicos deberán tenerlo en cuenta para resolver diversas situaciones, como la elaboración o la interpretación de los contratos. También será de aplicación a situaciones particulares, como los daños por productos defectuosos, o el acceso a tribunales arbitrales o procesos colectivos.

El artículo aborda el tema de los principios de impulso de oficio y de verdad material en el marco de los fines y objetivos que cumplen los principios del procedimiento administrativo contenidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, presenta las características y elementos constitutivos más significativos de cada principio, así como la vinculación que cada uno tiene para con el personal de la administración pública como encargada de instruir y resolver cada procedimiento administrativo con celeridad, certeza y veracidad

El autor, dentro de su línea de investigación en justicia constitucional, se adentra en la expresión Ley como fuente del ordenamiento jurídico y ubica históricamente el término hasta su desarrollo y clasificación dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

This paper defines the concept of equity under the Constitution of 1991. For this porpuse it will be analyzed the main colombian jurisprudence related to this matter and some contributions from the economy who has served as a basis for structuring the concepts of equity in the colombian Constitution. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

This document develops the materialization of a series of procedural principles which are common to all systems of controversies solution within International Economic Law. For this purpose, international public law fragmentation dynamics and generation of special regimes, which have different interaction mechanisms among them will be determined. Likewise, principles of international public law and how these respond to exiting dynamics among domestic laws and international law will be analyzed and it will be finished with determination of which could be the main procedural principles within controversies solution systems of international economic law. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

A la globalización de la economía y de las comunicaciones van aparejadas las nuevas categorías de “consumidor” y “relación de consumo”. La categoría “consumidor” es despersonalizada y revela en sus características la posición asimétrica de uno de los sujetos de la relación de consumo. Parte débil de la relación de consumo, al consumidor se le otorga especial protección en aras de “humanizar” esta disciplina y de mitigar los efectos de la asimetría en la posición de las partes determinada por las condiciones del mercado y de la contratación masiva. Así, conviene a la doctrina construir las bases dogmáticas de los principios generales de una disciplina legal que actualizó nuestro derecho de protección al consumidor y lo ubicó en una etapa decididamente garantista.

En materia de derecho de los contratos el solus consensus obligat implica que, en principio, los contratos se forman por el solo consentimiento de las partes y los modos para su exteriorización son libres. En la actualidad la palabra “consensualismo” se encuentra casi forzosamente precedida por el sustantivo descriptivo “principio”, lo que indica que el carácter de principio del consensualismo es un asunto que se entiende natural, obvio y bastante arraigado en las bases de nuestro derecho privado de los contratos. A pesar de esta naturalidad como principio que caracteriza al consensualismo, en el presente estudio se pretende dejar de lado esta asentada convicción y regresar a las razones y fundamentos que justificaron su elevación a rango superior. Luego de algunas precisiones sobre la noción, alcance y fundamentos del principio del consensualismo se formula un ejercicio de confrontación conceptual que conduce a relevar el carácter principalista del consensualismo.

Para atender las exigencias del mundo actual se requiere de la proposición de categorías dogmáticas que contribuyan en el desarrollo del sistema jurídico unificando conceptos, simplificando caminos interpretativos, y sobre la base de la propia tradición rediseñar instrumentos para mejorar el derecho poniéndolo a tono con las exigencias de su tiempo. De allí la intención del autor de aventurarse en una reconstrucción histórico-dogmática de figuras bien conocidas por la tradición del sistema jurídico romano-germánico, en aras de identificar un principio de moderación en los contratos. Un principio de equilibrio que desde los tiempos de la Escuela medieval se contiene en la expresión reductio ad aequitatem y se realiza mediante instrumentos que procuran corregir y adaptar el contrato según el caso. Así, el autor se fija en los momentos de la celebración y de la ejecución del contrato para observar la ratio de los institutos que en esos momentos del iter contractual sirven la causa de la equidad para ajustar la sinalagmaticidad de la relación, contrastar abusos y desequilibrios causados por las partes o por eventos extraños al riesgo del contrato.

No son pocos, ni idénticos, los significados que se le atribuyen al vocablo principio en el marco del derecho internacional; justamente por esto nos parece oportuno dedicarnos a la tarea, en las líneas que siguen, de perfilar el alcance de este concepto en el ordenamiento trasnacional y para ello lo mejor es servirnos de la teoría general del derecho. Así, la primera labor que abordaremos será construir un marco conceptual, desde dicha teoría general, con nociones básicas tales como disposición, fuente, norma y, cómo no, la de los propios principios. Este esfuerzo nos ayudará a tratar esos conceptos desde las particularidades del derecho internacional de un modo más preciso y fructífero. Hemos de aclarar, en todo caso, que nuestra intención es pedagógica, por ello el documento no pretende llegar a conclusión alguna, simplemente anhelamos presentar un marco conceptual que pueda serle útil al lector.

El presente artículo hace un análisis de las diferentes fuentes del derecho internacional, bajo dos perspectivas, la primera, una visión clásica señalando las diferentes fuentes del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de justicia; y la segunda, señalando aquellas fuentes que, sin encontrarse en el artículo 38, han sido desarrolladas por la jurisprudencia y la doctrina.

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