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Actualmente las empresas de Transporte de Carga y Mercancías que prestan servicios de transporte de carga y mercancías por carretera en el Perú, al amparo del IUS VARIANDI, han empezado a emplear diversos mecanismos de control hacia sus trabajadores (conductores) mientras estos realizan el transporte de mercancías en las distintas vías del territorio nacional. Dichas empresas han visto en las Tecnologías de la Información y Comunicación un apoyo importante para el desarrollo de sus objetivos, siendo una de ellas el constante control en la fiscalización hacia los conductores de vehículos de carga y mercancías, y que dentro de los dispositivos con los que la mayoría de las empresas cuentan se encuentran las cámaras de video vigilancia las cuales se colocan dentro de la cabina del vehículo donde se encuentra el conductor, la cual posee la finalidad de captar videos e imágenes de la conducción que realizan los trabajadores, las pulseras de sueño destinadas al monitoreo de sueño de los conductores, y finalmente, la Lifeband de SMART CAP, el cual es un dispositivo en forma de vincha colocado en la frente de los conductores con la finalidad de monitorear los niveles de fatiga de estos. Sin embargo, la utilización de estos dispositivos para la fiscalización de los conductores podría estar vulnerando el derecho fundamental a la intimidad de los conductores. Es por ello, que la finalidad del presente trabajo se orienta a analizar cada uno de estos dispositivos y determinar si es que evidentemente existe una vulneración al derecho fundamental de la intimidad de los conductores, sirviéndose para ello la utilización del test de proporcionalidad que ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional peruano, vi A su vez, también pretende presentar algunas propuestas de mejora en cuanto a la regulación en el sector transporte respecto a los puntos desarrollados en el presente trabajo, y por último, establecer que dentro de las obligaciones a cargo del empleador (empresas de trans

En la presente investigación se aborda la problemática que surge por el uso acelerado de las tecnologías de la información y comunicación en el trabajo, sobre todo, entre los años 2020- 2021, que se aplica en mayor medida el teletrabajo y trabajo remoto. Por ello, se planteó como objetivo analizar la necesidad de regular la desconexión digital en el teletrabajo y trabajo remoto en Perú. La investigación se realizó con el enfoque cualitativo, utilizando el diseño fenomenológico, complementado con métodos afines, como el estudio de caso, análisis documental y entrevistas a profundidad a expertos en el tema. Se encontró que es necesaria la regulación del derecho a la desconexión digital en Perú, ya que, permite garantizar otros derechos como la jornada máxima, el descanso y la salud; los empleadores tienen el deber de implementar políticas internas para efectivizar este derecho. Por lo tanto, sería conveniente el desarrollo de este derecho en la legislación sobre jornada de trabajo y en la ley de seguridad y salud en el trabajo.

La presente investigación tiene por objeto, establecer las dificultades en la aplicación de la normativa procesal respecto del Proceso Constitucional de Cumplimiento y proponer las modificaciones pertinentes al C.P.Const. para una tutela más efectiva. El tipo de investigación fue documental y de campo, de nivel analítico y propositivo. Se estudiaron las principales características de los Procesos Constitucionales, comparando las similitudes y diferencias entre el Proceso Constitucional de Cumplimiento y el Proceso Contencioso Administrativo Urgente. Asimismo, se analizó cien expedientes de sendos procesos a efecto de poder comparar, el tiempo de demora en la emisión de sentencia de primera instancia y, en el caso del Proceso Constitucional de Cumplimiento, poder identificar las principales causales de improcedencia. Todo esto nos llevó a identificar que, a nivel legislativo, el Proceso de Contencioso Administrativo Urgente tiene plazos ligeramente más cortos que el Proceso de Cumplimiento, ello debido a que este último utiliza la estructura procesal del Amparo ante la ausencia de uno propio. A nivel de aplicación, se encontró que existe una alta tasa de improcedencia en etapa de calificación de demanda dentro del citado proceso constitucional, siendo la principal causal aplicada, aquella contenida en el artículo 5°, inciso 2 del C.P.Const., resaltándose que, en cada resolución, se aludía al Proceso Contencioso Administrativo Urgente como vía igualmente satisfactoria. Finalmente, se determinó que en promedio el proceso ordinario supera en celeridad al proceso constitucional a pesar de lo señalado por la doctrina, por lo que se propone realizar modificaciones al C.P.Const., a efecto de mejorar la eficacia y celeridad del Proceso de Cumplimiento, ello tomando como inspiración la estructura del Proceso Único de Ejecución Civil.

La presente investigación busca analizar la figura del daño punitivo en el derecho laboral peruano, las implicancias legales que tiene este y si se da una correcta aplicación de la figura del daño punitivo en materia laboral, ya que observamos que existe una incongruencia en el nombre de la figura y la naturaleza de esta, generando incertidumbre jurídica tanto a las partes del proceso como al Juez al momento de aplicarla. A lo largo de la investigación daremos a conocer que existe una vulneración y una afectación a los aportes del fondo previsional de pensiones del trabajador cuando existe un despido incausado o fraudulento y es por eso que se creó esta figura del daño punitivo, pero al existir una incongruencia y por ende una distorsión del contenido del daño punitivo muchas veces pierde su finalidad y se tiene como resultado su mala aplicación, por lo que es necesario una modificación en su aplicación y en el nombre de la figura. Para ello, la presente tesis se encuentra estructurada en 4 capítulos los cuales busca ubicar al lector en un primer momento en la evolución constitucional del derecho laboral peruano incluyendo la teoría general de la relación laboral en el sector privado, que se desarrolla en el primer capítulo, en el segundo capítulo se desarrollara el derecho de daños en el derecho laboral peruano, posteriormente en el tercer capítulo se analizara el daño punitivo en el derecho laboral Peruano desde un análisis del V Pleno Jurisdiccional en materia laboral y finalmente la propuesta del daño punitivo como daño pensionario; lo cual nos conllevará a precisar si es necesaria o no una modificatoria legislativa, tomando en cuenta las conclusiones recogidas a lo largo del desarrollo de la presente investigación y el resultado de los análisis de las sentencias en materia laboral de los expedientes del año 2018, emitidas por la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

El problema a desarrollar en la presente tesis recae en la falta de reconocimiento expreso en la Constitución Política del Perú respecto de la primacía de los tratados internacionales en general – salvo aquellos que versan sobre Derechos Humanos –, sobre las leyes naturales del Derecho Interno, más aún en los casos donde entran en contradicción las obligaciones dimanantes contenidas en ambos instrumentos normativos y donde usualmente los administradores de justicia dado su desconocimiento del Derecho Internacional Público, se enfocan únicamente en hacer cumplir la norma legal interna desconociendo las obligaciones que el Estado peruano contrajo en el marco internacional. Ello, en virtud a que de la interpretación de ciertos artículos como el inciso 1) del artículo 118 y el inciso 4) del artículo 200 de la Constitución peruana vigente, los tratados ostentan la jerarquía normativa de rango de ley al igual que a las leyes propiamente dichas sin reconocer expresamente la primacía de una respecto de la otra. En efecto, habría la posibilidad de realizar un uso abusivo de esta omisión normativa y la consecuente responsabilidad internacional al invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado – en contravención a lo estipulado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre los tratados del año 1969 aprobada por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas –, conllevando a su inaplicación en nuestro ordenamiento jurídico y al resquebrajamiento de la propia economía del Tratado y de las relaciones del Estado Peruano con los otros Estados miembros. Ante tal conflicto normativo, se desarrollan algunas propuestas en base a los objetivos previamente planteados, estas son, una reestructuración jerárquica de la normativa nacional mediante la atribución de un rango supralegal a los tratados superior a las normas propias del Derecho Interno e infra constitucional a los preceptos constitucionales contenidas en la Carta Magna

La Convención Americana sobre Derechos Humanos no regula procesos específicos, pero sí establece que las indemnizaciones compensatorias deben ser ejecutadas con el mismo procedimiento interno que esté vigente para ejecutar cualquier sentencia contra el Estado. Tras revisar el marco normativo aplicable tanto a nivel internacional como nacional, y sistematizar la jurisprudencia de la Corte, se encuentra que el nivel de cumplimiento de sus sentencias es notablemente bajo, sin embargo, existen estados que tienen cerca del cincuenta por ciento de procesos en su contra archivados por cumplimiento. Se analiza igualmente la cantidad de medidas de reparación ordenadas por la Corte contra Perú; y la correlación entre las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición con las sentencias donde se declara incumplida la obligación general de adoptar medidas de derecho interno, contenida en el artículo 2 de la Convención Americana. Posteriormente, se encuentra que el marco internacional es insuficiente pues solo considera uno de los cinco tipos de medidas de reparación que existen. Asimismo, se encuentra que, a nivel interno los mecanismos jurídicos existentes, cuales son el Código Procesal Constitucional, la Ley 27775 y los decretos legislativos 1068 y 1326, junto con sus reglamentos, resultan por un lado ineficaces para ejecutar garantías de no repetición y por el otro, ineficientes para ejecutar medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción o incluso de indemnización compensatoria. Finalmente, se propone una enmienda a la Convención y la creación de una garantía constitucional específica para ejecutar las medidas de reparación de la Corte Interamericana.

Los procedimientos de protección al consumidor, pueden desarrollarse en vía, ordinaria o sumarísima, por criterios de especialidad, materia reclamada o por la cuantía; lo que genera una decisión motivada en torno al reclamo. Esta decisión, contenida en una resolución administrativa, donde el denunciante tiene fundado su pedido, contempla entre otras, una orden para el pago de costas y costos, que corren por cargo del proveedor (denunciado). El Indecopi, a través de un procedimiento administrativo especial, tramitado inicialmente ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos (ORPS), determina el monto que corresponde otorgarse, siendo los honorarios de los abogados, un componente principal de los costos, ante tal escenario, cabe la posibilidad que se conceda el monto pedido; o se gradúe, por lo general, disminuyéndolo, en atención a determinados criterios. Lo cual genera una problemática de tipo jurídico-económica, pues surgen diversas interrogantes, como, ¿Indecopi cuenta con facultades regular los costos en sus procedimientos administrativos?, ¿se apega a la legalidad tal práctica?, ¿el determinar los costos, implica una fijación de precios en los honorarios los abogados?, ¿qué repercusión tendría ello en el mercado de servicios legales?; si existiese una regulación de precios ¿estaría justificada por criterios de razonabilidad y proporcionalidad a la luz del Análisis Económico del Derecho?, problemática que reviste alta relevancia, pues podría generarse una vulneración a la libertad de contratación entre privados, frente a la necesidad de regulación, para evitar el abuso de derecho de los denunciantes y sus abogados, en procedimientos ante Indecopi. Para abordar tales interrogantes, se ha desarrollado la presente tesis. Palabras clave: Indecopi, Costos, Regulación, Legalidad, Libertad de contratación

El presente caso de Reposición se tramitó ante el Primer Juzgado Trabajo de Arequipa, en la Vía del Proceso Abreviado Laboral. Identificado como Expediente Nº 06555-2014; la demanda fue interpuesta por Alonso Armando Ramírez Murillo, el 28 de noviembre del 2014, a efecto que se declare incausado el despido sufrido por el accionante y, se ordene la reposición en el puesto que desempeñaba como arquitecto, en contra de Servicio Inmobiliarios Midas 211 S.A.C. En este orden de ideas, señala el accionante que con fecha 01 de abril del 2012 fue contratado por la empresa demandada para desarrollar labores de arquitecto, mediante un contrato de locación de servicio, que se encontraba desnaturalizado. Y que el 01 de junio del 2012 se formalizó su contratación en virtud de un contrato a plazo indeterminado, celebrado de manera verbal. Sin embargo, el 05 de noviembre del 2014 fue despedido sin mediar causa para la extinción del vínculo laboral, de manera incausada. Despido que fue constatado por la autoridad policial y por el inspector de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Como vemos el presente análisis del expediente de materia laboral se orienta a la protección del trabajador, de existir algún tipo de abuso, revisando los hechos que se declaran, la carga de la prueba sin distorsión de la realidad. Palabras claves: Reposición, incausado, abreviado laboral, desnaturalización.