Search

Esta investigación tiene por objeto determinar los alcances y los límites de la capacidad asociativa de las empresas públicas en el Ecuador. Esto debido a que existe en el país un entendimiento muy limitado de la aplicación del Derecho Administrativo en el ejercicio de la función pública. Lamentablemente los funcionarios públicos por el desconocimiento han optado cuando toman decisiones en desaciertos por la indebida aplicación de la norma. Para lograr el objetivo de esta investigación fue necesario analizar el origen, la naturaleza jurídica y el rol de la empresa pública en el Estado, para luego de acuerdo con el ordenamiento jurídico caracterizar las distintas modalidades asociativas existentes, inclusive aquellas que siendo atípicas podrían ser usadas por una empresa pública. Una vez caracterizada cada modalidad, considerando la naturaleza jurídica y rol de la empresa pública se pudo determinar su compatibilidad. De tal manera, que se identificaron que existen muchas limitaciones de orden legal que resultan en el ejercicio de la capacidad asociativa de la empresa pública en el Ecuador.

Mediante esta investigación se visibiliza que el Consejo de la Judicatura ha vulnerado el derecho constitucional a la seguridad jurídica en cuanto a la aplicación e interpretación de la normativa jurídica relativa al régimen disciplinario prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial, en relación a la calificación del retardo judicial injustificado en la prestación del servicio al que está obligado el servidor judicial. Al respecto, la infracción disciplinaria de retardo judicial se encuentra tipificada en dicho cuerpo legal solamente como retardo leve, por lo que, no existe el retardo judicial grave o gravísimo; en tal sentido, cuando la autoridad administrativa sancionadora, a su juicio, considera que el retardo es grave adecúa la conducta del servidor judicial a la infracción disciplinaria de vulneración del principio de celeridad, y, cuando dicho retardo es considerado gravísimo a la manifiesta negligencia. En tal sentido, se llega a evidenciar que la autoridad administrativa se encuentra revestida de una amplia libertad para calificar el retardo judicial injustificado a través de un tipo penal administrativo en blanco como es la manifiesta negligencia, sin el establecimiento del tiempo que constituye uno u otro tipo de retardo y sin las causales para su justificación, en contraposición a las garantías, derechos y principios que integran la seguridad jurídica. De ahí que, durante el desarrollo de los capítulos que comprende la presente tesis, mediante un estudio doctrinario y normativo, se traen a colación aquellos elementos indispensables que comprende el contenido esencial del derecho a la seguridad jurídica en su dimensión formal y material; se describe el régimen disciplinario aplicado por el Consejo de la Judicatura en el marco de su facultad tanto discrecional como sancionatoria; para luego abordarse los límites jurídicos a las que están sujetas; finalmente se analiza un grupo de resoluciones emitidas por el Consejo de la Judicatura durante el periodo 2015 a 2017 para la provincia de Imbabura.

El derecho positivo es inacabado, y siempre lo será si tenemos en cuenta que está supeditado a los cambios de la sociedad y a las presiones morales que ejercen quienes hacen parte de esta. En tal sentido se precisa que el debate por los derechos de los animales está puesto sobre la mesa y está siendo tocado por distintas áreas del conocimiento, la ciencia por ejemplo, hoy la ciencia reconoce que los animales, además de ser sintientes, son seres consientes y que en virtud de dicha conciencia toman decisiones continuamente esto fue advertido por un grupo de neurocientíficos como se verá más adelante, en el derecho se reclaman cambios de legislación para que los animales no sean tratados como meros bienes, sino como seres titulares de derechos, como los humanos, pero no con los mismos derechos; pues es importante precisar que como se sostienen en esta tesis cada especie animal es particular y cada animal es un individuo distinto de otro, incluso aunque sean de la misma especie y el derecho debe llegar a respetar la subjetividad y la individualidad de cada ser con existencia. El derecho animal está orientado a marcar un límite en aras de que los animales sean respetados, lo que para el profesor Luigi Ferrajoli seria trazar un límite al poder de las mayorías. En este sentido se debe aclarar que lo que se reclama es que los animales sean sujetos de derecho, lo que implica que sean protegidas sus capacidades, sus necesidades y sus vulnerabilidades, se hace esta precisión porque los animales han sido reconocidos como objetos de protección, y en virtud de dicha protección han sido salvaguardados derechos, como el de propiedad, o el del ambiente, ambos pensados en pro del ser humano, el primero pecuniario y el segundo relacionado con la conservación de flora y fauna para futuras generaciones humanas, dichos derechos postulan a los animales como medios, y además limitan las garantías a la acción popular o a acciones medioambientales, que en suma protegen los derechos de las personas, contrario sensu a lo que amparan los derechos a la naturaleza y los derechos animales luchas similares pero que comparten el argumento de que los seres vivos no pueden seguir siendo considerados como objetos.

En esta investigación de tesis se analizan las ventajas y desventajas de la emisión de notas promisorias, instrumentos financieros también conocidos como bonos municipales, los que constituyen una fuente alternativa de financiamiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. Los objetivos que se propuso este estudio son analizar la normativa que permite la implementación de la emisión de notas promisorias y establecer su origen en el ordenamiento jurídico; estudiar los principios de suficiencia financiera y autonomía en el marco de la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizado Municipales; y determinar el procedimiento de la emisión de los bonos municipales como fuente alternativa de financiamiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizado. Se pretende -y así consta en la pregunta de investigación- saber ¿en qué medida estas constituyen una fuente alternativa de financiamiento dentro de la suficiencia de autodeterminación de los gobiernos locales? Para cumplir con los objetivos planteados se utilizó el método de investigación bibliográfica de fuentes doctrinarios, jurisprudenciales y normativas, que se consultaron en formato tanto físico como digital. El enfoque de este estudio es descriptivo y aplicativo, por cuanto se analiza doctrinaria y legalmente la viabilidad de la emisión de bonos municipales como instrumentos de financiamiento alternativo para los niveles de gobierno municipales. Los resultados que arroja esta investigación se refieren a la positiva viabilidad del uso de las notas promisorias como instrumentos de financiamiento alternativo de las municipalidades cuando precisan financiamiento. Se concluye, de este modo, que las notas promisorias pueden y deben ser usadas para financiar obras de infraestructura. Se recomienda, asimismo, vetar su uso para cubrir deudas, ya que esa eventualidad desvirtuaría la naturaleza del instrumento.

¿Debería implementarse el concepto de gestión con enfoque a resultados en el ámbito de la contratación pública ecuatoriana? y, de ser afirmativa la respuesta, ¿cuáles son los elementos requeridos para dicha implementación? Esta investigación es de tipo crítico descriptivo y comparativo con la regulación normal y estándar del Ecuador con la gestión para resultados con el fin de conocer y emitir juicios de valor respecto de la realidad ecuatoriana en temas de contratación pública y por ende del manejo de los recursos públicos en las entidades para lograr una eficiente gestión de los mismos para resultados. El análisis de la normativa vigente e histórica en Ecuador y otros países, así como otros instrumentos normativos de organismos internacionales, utiliza el método dogmático, con la técnica de análisis documental. Con el fin obtener una visión más amplia sobre el tema se encuestó a directores de los entes rectores de contratación pública de varios países de Latinoamérica y se entrevistó a la Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador, Sercop. El estudio concluye que el concepto de Gestión para Resultados debe implementarse en el Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador debido a que prioriza el cumplimiento de los objetivos gubernamentales en beneficio de la sociedad.

La autonomía universitaria es un principio reconocido en la Constitución del Ecuador desde año 2008. Sin embargo, este principio data de épocas, lugares y se encuentra contemplado en legislaciones y sistemas que existían antes de que el Ecuador se configurara como República; es por ello, que se precisa realizar en este trabajo de investigación un análisis histórico de la autonomía universitaria como fenómeno trascendental que ha aportado a la construcción de la historia y el debate en muchas naciones, siendo el Ecuador una de ellas. Asimismo, en este trabajo se analizan los cambios a los que ha sido sometido el principio y finalmente se llega a analizar un caso en particular que es un hito en la historia de la autonomía universitaria ecuatoriana: el caso de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Esta universidad fue establecida en el Ecuador en el año de 1992, como sede oficial de la Universidad Andina Simón Bolívar que tiene hasta la actualidad su establecimiento principal en la ciudad de La Paz en Bolivia. Desde su instauración en el Ecuador ha aportado incuantificablemente con la investigación, el diálogo y el debate en nuestro país, fortaleciendo la academia ecuatoriana. Desde el año 2007 cuando inició el período de gobierno de Rafael Correa, tanto en la Constitución del Ecuador de 2008 como en la Ley Orgánica de Educación Superior de 2010, la autonomía universitaria fue redactada como principio concedido a las instituciones de educación superior, bajo la denominación “autonomía responsable”. A partir de ello, el uso del término “autonomía responsable” influyó directamente para lograr un ataque invasivo por parte del gobierno a la autonomía de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, tras la elección del rector de su sede en el país. Luego de varios ataques, la lucha cesó y la armonía de la universidad fue restituida tras haberse emitido una sentencia de la Corte Constitucional que declaraba la vulneración de este principio y algunas medidas de reparación en favor de esta casa de estudios. No obstante, es un claro ejemplo de cómo la resistencia digna venció a la opresión que ejercía durante su poder el gobierno de turno. Es el primer caso sobre esta materia en el que hay una sentencia de orden constitucional en la que se esclarecen los alcances de la autonomía universitaria y un mayor desarrollo legal sobre el principio. Sin embargo, como se verá, quedan algunas secuelas de esta invasión, la lucha por la autonomía universitaria no ha cesado, aún queda mucho camino por recorrer en esta materia.

El presente trabajo permite ampliar el panorama respecto de la interacción entre la política fiscal, el destino de los ingresos tributarios en el Ecuador y los resultados económicos y sociales desde una perspectiva técnica y académica. En el primer capítulo se realiza un análisis teórico del gasto público de forma deductiva yendo desde el concepto más amplio de la política económica, las finanzas públicas, la política fiscal para llegar finalmente a la conceptualización del gasto público, los tipos de gasto y su composición. En el segundo capítulo se estudia el presupuesto como medio de instrumentación del gasto público, sus principios, estructura y clasificación. Finalmente, en el tercer capítulo se examina de forma cuantitativa el destino que se dio al ingreso tributario considerando la regla financiera que señala que el gasto corriente se financia con ingreso corriente es decir con las recaudaciones tributarias. Los rubros de gasto público que se analizaron corresponden a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2010) y Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) enfocados en los cambios de la política económica de la Constitución del año 2008. La presente investigación busca contribuir a los estudios que se están realizando en el Ecuador respecto del gasto público puesto que por haber sido considerado un tema de naturaleza política, los tratadistas no le habían dado suficiente relevancia académica. La tendencia creciente del nivel de gasto público en el Ecuador a partir del año 2008 ha fomentado la participación de académicos y profesionales que han realizado importantes contribuciones tanto desde el punto de vista jurídico como económico. En la investigación realizada se examinó literatura de importantes tratadistas ecuatorianos, latinoamericanos, españoles y anglosajones, lo que permitió conocer el tratamiento que tiene el estudio del gasto público en varias regiones del mundo. En la parte final del estudio se compara la información histórica de varios rubros del presupuesto general del estado con los objetivos de la política económica mediante análisis de valores absolutos y porcentuales. El primer método permite verificar la línea de tendencia que ha tenido un tipo de gasto y el segundo el peso que cada tipo de gasto tuvo sobre el presupuesto general del Estado. De la misma forma se verifica el cumplimiento a nivel constitutivo de los rubros salud y educación que cuentan con una política específica de gasto. Para concluir el análisis se observaron los valores y porcentajes estadísticos de indicadores socio-económicos para conocer la incidencia que tuvo sobre estos indicadores el destino del ingreso tributario.

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo realizar un análisis pormenorizado de la contribución del 0,5% que grava a las operaciones de crédito otorgadas por las instituciones financieras del sector privado reguladas por la Superintendencia de Bancos. Esta figura impositiva fue implementada con la expedición del Código Orgánico Monetario y Financiero en el año 2014, en reemplazo de la asignación presupuestaria que se entregaba a la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) con la derogada Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, siendo su finalidad obtener recursos para financiar la lucha contra el cáncer en el país. La Constitución de la República del Ecuador vigente,1 en su artículo 298 establece expresamente limitaciones para establecer preasignaciones presupuestarias adicionales a las ya existentes, habiéndose inobservado esta disposición desde la implementación de la contribución del 0,5%; considerando además que la denominada contribución ya existió bajo la figura de impuesto que fue derogado en el año 2008, e implementado nuevamente con el Código Orgánico Monetario y Financiero en el año 2014, bajo una estructura, y regulación diferente en varios aspectos. Esta contribución encierra un objetivo extrafiscal, mismo que se encuentra encaminado a financiar la lucha contra el cáncer en el país, y se aproxima al tipo de figura impositiva conocidas por la doctrina como heterodoxas, o innovadora a las cuales acuden los gobiernos con el fin de obtener ingresos adicionales a los ordinarios u ortodoxos, siendo el gobierno ecuatoriano uno de los que han adoptado políticas heterodoxas por medio de la implementación de figuras impositivas como la que es objeto de este estudio. El presente trabajo se encuentra conformado por tres capítulos, distribuidos de la siguiente manera: el primer capítulo aborda un análisis desde el punto de vista doctrinario de figuras tributarias similares a la contribución del 0,5% sobre las operaciones de crédito; en el segundo capítulo se realiza un análisis y aproximación histórico normativa de las figuras impositivas aplicables sobre las operaciones de crédito a lo largo del tiempo; en el tercer capítulo se realiza un análisis sobre la caracterización y problemática jurídica en torno a la referida contribución, así como una revisión de su estructura y metodología, con lo cual verificaremos si la misma está o no cumpliendo con el fin para el cual fue creada.

La judicialización del acceso a medicamentos, es un fenómeno nuevo en el Ecuador, que requiere de un permanente análisis y seguimiento, se espera su incremento y progresividad; este trabajo de investigación pretende explorar el mismo, iniciando con el estudio de la judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales, haciendo énfasis en el derecho a la salud y el acceso a medicamentos; será revisada desde el activismo judicial, considerando instrumentos internacionales, la Constitución ecuatoriana y leyes nacionales que le otorgan contenido y mecanismos de efectividad; para ello, se ha escogido tres sentencias de la Corte Constitucional que tratan específicamente sobre el acceso a medicamentos para enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, en el periodo comprendido entre 2014 a 2017. La investigación propone una metodología para establecer si los fallos han sido emitidos desde el activismo judicial, y si éste ha sido progresista o conservador, considerando a la sobreinterpretación constitucional como riesgo, en un Estado constitucional de derechos y justicia como el ecuatoriano.

Todas las personas requerimos bienes para poder satisfacer nuestras necesidades elementales. El caso del Estado no es distinto, ya que también es una persona, pero es una persona jurídica, que representa al pueblo, por tanto, debe satisfacer necesidades de la población a través de diferentes clases de bienes. Ahora bien, el mismo hecho de que el Estado tenga que satisfacer necesidades, que propiamente no son suyas, sino de la población que representa, conlleva a que la adquisición, administración y enajenación de sus bienes tengan un régimen jurídico distinto al que tenemos las personas privadas. En el desarrollo del capítulo uno se va analizar los dos regímenes que ostentan los bienes del Estado, los de dominio público y de dominio privado. En este sentido, se desarrollará la naturaleza que tiene los bienes de dominio público, y su relación con el proceso de afectación. De igual manera, se analizarán los elementos indispensables del dominio público, así como las diferentes clasificaciones y características que se pueden presentar, considerando el régimen especial al cual se encuentran sometidos los bienes de dominio público. Posteriormente se examinará el cambio de régimen de un bien de dominio público a uno de dominio privado mediante un proceso de desafectación, analizando las diferentes formas en que puede producirse. Mientras que a partir del capítulo dos se determinarán las potestades y competencias que tiene el Estado sobre la administración de sus bienes, para que en uso de ellas pueda afectar y desafectar bienes de dominio público. Finalmente, una vez que se hayan determinado competencias y potestades, se estudiarán los títulos y modos de adquirir el dominio a través de los cuales una persona privada adquiere bienes provenientes de la desafectación realizada por el Estado. Con ello se pretende determinar los requisitos y la legalidad de actos o hechos administrativos a través de los cuales el Estado pueda realizar transferencias gratuitas de dominio a personas particulares. El análisis de los aspectos señalados tendrá principalmente un componente doctrinario, desarrollando lo que establece la teoría acerca del ingreso y salida de bienes en el dominio público del Estado, y verificando como aquella doctrina se podría aplicar en la realidad administrativa de las instituciones públicas, considerando que las mismas están regidas por normas y principios de derecho administrativo.

La presente investigación académica procura determinar la aplicabilidad y vigencia del principio de legalidad en el no tan recientemente adoptado constitucionalismo contemporáneo en el Ecuador, con las consecuencias que implica el garantismo y la aplicación directa y central de los principios generales de derecho. Para ello, en el primer capítulo presentaré de forma cronológica la evolución del Estado, el derecho y la administración en doctrina y en el Ecuador; destacaré las circunstancias en las cuales nace el principio de legalidad y cómo a través de este, la Administración Pública se atribuye facultades específicas. Finalmente, relataré como el principio de legalidad ha perdido su posición privilegiada en el Estado moderno y como ha pasado de ser un acto regulador a convertirse en un acto regulado. En un segundo capítulo, se partirá de la estructura del sistema de fuentes de derecho actual, para luego destacar la supremacía constitucional y el surgimiento del Neoconstitucionalismo en el Ecuador a través de la expedición de la Constitución de 2008, para cerrar estableceré cuales son los medios de control constitucional de la actividad administrativa. En el tercer capítulo, develaré cuál es el papel actual del principio de legalidad en el Estado constitucional de derechos y justicia; así como, desde el punto de vista de los máximos órganos de justicia ecuatoriana, analizaré su aplicabilidad y vigencia. Finalmente estableceré las conclusiones generadas como resultado de la investigación jurídica realizada.

La presente investigación realiza un estudio que relaciona el tema de la protección del derecho a la salud con el presupuesto público en el Ecuador, respecto de la normativa constitucional. Esta investigación demuestra en forma amplia cómo el poder político ha dado forma a las leyes presupuestarias para que obedezcan a intereses cortoplacistas, que en definitiva han venido heredando un sistema de salud que aún presenta una serie de dificultades para superarlos, esto es por ejemplo, la visión multidimensional de la salud, que exige ver a las enfermedades más allá del cuerpo humano y el ámbito biológico sino también en su entorno y sus múltiples formas de reproducción social. La configuración del presupuesto en la norma constitucional, no tiene rango o fuerza de ley, pues su tratamiento queda relegado a ser tan sólo un instrumento de finanzas públicas, situación que además limita la capacidad jurídica de someter al presupuesto púbico al control constitucional. La salud si bien en la actualidad posee un desarrollo constitucional importante, no ha pasado de ser una aspiración social. Esta lucha sigue siendo un reto para los movimientos de salud, pues la realidad muestra, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, que en promedio no se ha alcanzado a llegar ni al 2.5 % en cuanto a gastos realizados en el sector salud, respecto del PIB del Estado. Queda demostrado además que la disposición constitucional transitoria del año 2008 respecto de llegar a un porcentaje del 4 % de inversión en salud respecto del PIB, no se ha cumplido. Según la exposición previa, el estudio realizado si bien demuestra las falencias jurídicas y la situación social actual de la salud, también aborda una mirada crítica respecto de nuevas formas de acción, que no sólo busca que el derecho vea al capital como única fuente de solución de problemas sociales como la salud, sino que también a través de la participación social y desde la perspectiva de la construcción del buen vivir, el derecho pueda contribuir a transformar realidades, adaptándolo a las formas de vida y saberes históricamente desarrollados que al ser introducidos en el ámbito jurídico, permiten verdaderos cambios en la lucha por el acceso al derecho a la salud.

El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable, patrimonio estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado y constituye un elemento vital para la naturaleza y la existencia de los seres humanos. La Constitución de la República de 2008, en el artículo 318 determina que se prohíbe toda forma de privatización del agua. Esta norma jurídica marca una dicotomía en el ámbito del derecho administrativo en relación a la institución jurídica de la prestación del servicio público de agua potable cuando éste es prestado por particulares. Estos criterios y enfoques serán abordados con el propósito de observar que a nivel de la comunidad internacional existe una dualidad marcada, por una parte de quienes proclaman la defensa del derecho fundamental al agua cuya norma ha sido desarrollada en instrumentos internacionales, y por otra parte, la existencia de grandes corporaciones a nivel internacional para interferir en las legislaciones de los países denominados en vías de desarrollo con la intención de forjar normas encaminadas a consagrar las privatizaciones y buscar mecanismos legales para obtener beneficios de orden lucrativo. Este escenario se ha dado en el contexto nacional, por una parte se ha consagrado que el derecho humano al agua es fundamental y por otro lado la prestación del servicio público de agua potable cuando es prestado por particulares, para lo cual se ha seleccionado el caso de la concesión del servicio público de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Guayaquil, por existir mecanismos administrativos que se asemejan a la privatización de este servicio público, lo cual se contrasta literalmente con la norma constitucional que garantiza el derecho fundamental al agua y la prohibición de privatización. El derecho humano al agua es fundamental y no puede ser quebrantado ni soslayado bajo ningún argumento, el agua es sinónimo de vida y esencial para la existencia de los ciudadanos quienes deben tener acceso al líquido vital, sin que se mermen las necesidades básicas del servicio público que debe ser asumido responsablemente por el Estado ecuatoriano, en el nivel de gobierno competente, permitiendo que los ciudadanos ejerzan sus derechos sin que sean afectados.

El reconocimiento del derecho a la seguridad social de las personas que realizan trabajo no remunerado del hogar y las limitaciones que por asuntos económicos y de manejo de recursos trae consigo, es una situación que se viene dando desde hace pocos años atrás. Además este trabajo se vuelve relevante, en razón de que la cuestión se abordará desde un enfoque interdisciplinario, que incluye al derecho constitucional, la seguridad social, y el derecho de las finanzas públicas; volviéndose interesante su lectura, en virtud de la presencia de una diversidad de criterios y el debate que está presente. En el transcurso del proceso investigativo, se evidenciaron importantes hallazgos. En este sentido, con respecto a la calificación de la seguridad social como derecho fundamental. En el sistema ecuatoriano, este ostenta tal categoría únicamente por estar reconocido en el ordenamiento jurídico interno; mientras que al tomar como ejemplo a Colombia, se evidencia que aquel considera a la seguridad social como un derecho fundamental, siempre que su desconocimiento legal menoscabe otros derechos previamente reconocidos como fundamentales, en otras palabras, no es inmediato, sino está condicionado. Otro aspecto, a mi criterio relevante, es lo referente a la aplicación del principio de solidaridad. En el Ecuador, se plasma a través de tributos, cuyo pago corresponde a la sociedad en general; mientras que en el país vecino, funciona de otra manera, en razón de que previo a distribuir el dinero, el Estado mediante un censo socio económico evalúa y determina quienes realmente deben ser beneficiarios. Cabe recalcar que la temporalidad, es lo que distingue a esta herramienta, ya que si la situación del individuo mejora, entonces se extinguirá este derecho. En la parte económica, lo primordial es lo referente a los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, su presupuesto y como este ha sido manejado por la administración. En este contexto, también se analiza profundamente la intromisión que sin ser esta legal, ha tenido el Estado en los fondos de dicha institución, convirtiendolo en su caja chica.

Las empresas públicas son instituciones creadas por el Estado, para la administración de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos y el aprovechamiento de los recursos naturales, así como para llevar a cabo cualquier actividad de orden económico que le corresponda al Estado, para el ejercicio de sus funciones, estas entidades gozan de ciertas prerrogativas, entre ellas, la contratación de obras, bienes o servicios mediante el procedimiento denominado giro específico del negocio, procedimiento inherente a las contrataciones que tienen relación directa con el objeto de creación de cada empresa pública procedimiento de contratación caracterizado por ser régimen especial flexible que proporciona estándares empresariales al ejercicio de su actividad. En el Ecuador esta figura jurídica denominada empresa pública fue incluida en la Constitución de la República expedida en el año 2008 basada en criterios jurídicos doctrinarios tanto extranjeros como ecuatorianos, está regulada por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, así como demás normativas que comprenden el Derecho positivo vigente. De conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, exclusivamente las actuaciones de estas entidades vinculadas a la construcción de obra pública son de naturaleza administrativa, de este modo, esta tesis investiga desde un punto de vista doctrinario, jurídico y legal aquellas circunstancias bajo las cuales se celebran los contratos al amparo del giro específico del negocio, y la naturaleza jurídica que a estos inviste, por ser efectuados en el marco de la capacidad empresarial.

La presente investigación tiene como intención abordar la naturaleza jurídica de los tributos ambientales y el margen de acción que cada uno de estos posee frente a la internalización de los fallos de mercado que deterioran la calidad del ambiente. Para el efecto, se utiliza el método descriptivo y analítico, en vista que a través de éstos se logrará determinar si los tributos ambientales implementados en los países miembros de la Comunidad Andina, responden a la progenie de los tributos extrafiscales de protección al ambiente, o en su defecto, son camuflados medios de financiación. Es así que, desde el punto de vista legal se describen los elementos objetivos y subjetivos de los tributos ambientales, destacando su conexidad con la política fiscal, tributaria y ambiental, que han sido encumbradas en los países objeto del estudio. En consecuencia, se realiza un prolijo análisis acerca de los fundamentos teóricos que permitieron a la extrafiscalidad ambiental encarnarse en los impuestos, tasas y contribuciones especiales. Posteriormente, para el estudio de su margen de acción, se acudirá al método comparativo-cualitativo, mediante el que se realizará una crítica jurídica a los tributos ambientales vigentes en Ecuador. De otra parte, se abordarán los principios constitucionales que capitanean la protección del ambiente y los relativos a la tributación ambiental, con el ánimo de confrontar si los impuestos ambientales creados en el Ecuador, respetan el principio de legalidad, reserva de ley, capacidad contributiva y equidad. Para finalizar la investigación, después de compilarse las experiencias nacionales se determinarán los problemas que merman la eficacia de los tributos ambientales vigentes en Ecuador.

La presente investigación tiene como propósito analizar el régimen jurídico tributario aplicado en los países de la Comunidad Andina respecto al trato diferenciado de las personas adultas mayores y con discapacidad El objetivo principal es conocer la evolución del régimen tributario ecuatoriano y su efecto en los beneficios aplicados al contribuyente adulto mayor y discapacitado. Este trabajo de investigación inicia con la recopilación del material tanto bibliográfico como de la normativa legal donde se contemplan los beneficios tributarios a los cuales se acogen los contribuyentes adulto mayor y personas con discapacidad, para proporcionar al lector una perspectiva general en materia tributaria y del alcance de esta investigación. Para continuar con el estudio se realiza un análisis crítico acerca de las disposiciones legales de orden social e impositivos respecto de los beneficios tributarios aplicados a las personas adultas mayores y discapacitados, y la evolución que ha originado la reforma con la Ley de Equilibrio y Finanzas Públicas; además de la aplicación de casos prácticos para evidenciar las enmiendas que han causado inconformidad y desacuerdo entre dicha población. Para finalizar, se desarrolla un análisis comparativo en el marco de los países de la Comunidad Andina, para determinar e identificar si el trato diferenciado para las personas adultas mayores y discapacitados, presenta un comportamiento similar entre los casos de estudio, por lo que se realiza un diagnóstico por separado para delimitar el régimen aplicado en cada Estado, y argumentar con base en los resultados que el Ecuador presenta un adecuado y oportuno sistema político basado en los derechos de los grupos vulnerables y de las personas en general. Lo que demuestra que el trabajo mancomunado entre el Estado y la sociedad promete un desarrollo hacia una sociedad más consciente y solidaria en pro de las personas en general.

Las diversas manifestaciones culturales que existen en cada grupo humano son producto de distintos factores, entre los que están, el lugar en el que se desarrollan, el clima, la forma de percibir el mundo por parte de sus habitantes, sus hábitos, dialectos, ideas, comportamientos, creencias y la interrelación con otras culturas. En todas las sociedades y en todas las épocas, ciertas expresiones culturales se transforman, otras desaparecen, algunas permanecen y otras se crean, de acuerdo al cambio que se suscita en el modo de pensar de sus integrantes, a los intereses que se protegen detrás de aquellas, a la variación que se da respecto a las costumbres, entre otras. A pesar de que cada sociedad mantiene por generaciones muchas de sus costumbres o tradiciones, que son aceptadas como adecuadas por el conglomerado social, se considera que existen parámetros objetivos con base en los cuales se puede determinar cuándo ciertas manifestaciones no pueden ser admisibles por lesionar intereses superiores que van más allá de una visión particular del mundo. Al ser uno de los fines del derecho la procura de la justicia, que en el concepto de Ulpiano es “la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo”, se estima que, de la misma forma en la que este ha ido reconociendo paulatinamente a ciertos grupos humanos históricamente marginados, los derechos que les corresponden al haberlos incluido dentro de la condición jurídica de persona, es decir, de sujeto de derechos, se debe reconsiderar el fundamento para la clasificación únicamente del ser humano como tal e incorporar dentro de este concepto jurídico, a todos aquellos seres dotados de sensibilidad y poseedores de sus propios intereses, que son, por lo mismo, merecedores de protección legal. Aun cuando la Constitución del Ecuador establece que los derechos son de igual jerarquía, se repara en que esto no es así. De esta manera, un derecho de rango jerárquico menor, como el derecho a la cultura en relación al derecho a la integridad de las personas no humanas, no podría transgredir a este segundo, tomando en cuenta, además, que existe la prohibición constitucional de invocar la cultura cuando se atente contra otros derechos establecidos es ese cuerpo normativo, entre los cuales se encuentran los derechos de la naturaleza, de los cuales forman parte los derechos de los animales.

La Ley Orgánica el Sistema Nacional de Contratación Pública, está próxima a cumplir diez años de vigencia, tiempo que permite analizar la dinámica administrativa respecto a varias obligaciones que tienen las entidades contratantes en virtud de la mencionada Ley, su Reglamento General y resoluciones del órgano rector. Es así, que una de las obligaciones más comunes que suelen tener las entidades de la administración pública central, institucional y seccional, es la de notificar al Servicio Nacional de Contratación Pública aquellos contratistas y/o adjudicatarios, que no hayan cumplido con sus obligaciones jurídicas (ya sea contractuales o legales) adquiriendo así la calidad de “incumplido” y “fallido” respectivamente, en virtud de la facultad sancionadora de la propia administración, otorgada por la LOSNCP. Sin embargo, en los años de vigencia de la LOSNCP, ha quedado expuesto una quehacer común de las administraciones públicas que denotan el incumplimiento de la mencionada obligación, y es que, precisamente, las entidades contratantes no informan oportunamente a las personas naturales o jurídicas a quienes se les ha sancionado con la calidad de fallido, causando que las mismas continúen siendo proveedores del Estado ecuatoriano, por estar habilitados en el Registro Único de Proveedores. Es así, que el presente trabajo investigativo, analiza la potestad normativa y sancionadora del Servicio Nacional de Contratación Pública, para determinar si es posible que se sancione a las entidades públicas por su retraso en la remisión de contratistas incumplidos y adjudicatarios fallidos a dicha Entidad. Igualmente, el presente trabajo investigativo aborda posibles soluciones que permitan disminuir el incumplimiento de las entidades contratantes en la notificación oportuna de adjudicatarios fallidos y contratistas incumplidos, y así evitar que los distintos proveedores que hayan sido sancionados no eludan los efectos de dicha sanción. Finalmente, la conclusión de la investigación denota la incapacidad legal que tiene el Servicio Nacional de Contratación Pública para sancionar a otras entidades contratantes, considerando el principio de reserva legal que debe existir para esta clase de actuaciones, así como la improcedencia constitucional de sanciones que impidan que las entidades públicas ejecuten su presupuesto asignado, con el fin de cumplir con sus atribuciones y obligaciones legales.

En el año 2008 se crea la Constitución de la República del Ecuador mediante la cual se garantizan principios y derechos como en ninguna otra Constitución, convirtiéndose así el Ecuador en un Estado Constitucional de derechos y de justicia, sometiendo al Estado a los derechos de los individuos como a sus colectividades. En este sentido la presente investigación cree necesario hacer un análisis de la materia de contratación pública, específicamente que ocurre ante la vulneración de un derecho, cuales son las vías para ejercer justiciabilidad y si éstas reparan el derecho quebrantado. Partiendo de aquello es necesario aterrizar en el primer capítulo, en los inicios del derecho como tal, así como su evolución en la sociedad, esclareciendo los diferentes tipos de derechos como los ámbitos de aplicación, a fin de determinar el derecho necesario para acudir ante los organismos de justicia. Es pertinente estudiar, en el segundo capítulo, cuales son las vías para hacer justicia; y, si éstas a su vez, son adecuadas y eficaces para alcanzar justiciabilidad en materia de contratación pública o en su defecto menoscaban o limitan derechos constitucionales. En el capítulo tercero es oportuno, analizar sentencias vinculadas con el presente tema de investigación, con la finalidad de contrastar los pronunciamientos de la Corte Constitucional respeto al análisis planteado. Es así como la presente investigación trata de cuestionar al Estado en la elaboración de sus leyes; y como éstas pueden facilitar o limitar el cumplimiento del texto constitucional en su calidad de norma suprema, buscando además alternativas de solución que faciliten el desenvolvimiento de los actores sociales ante la vulneración de derechos, así como la reparación de los mismos de manera inminente.

La presente investigación se enfoca en el cambio de paradigma en la prestación de servicios de telecomunicaciones en el país, que se dio con la promulgación de la Constitución del 2008, la cual restableció el monopolio estatal en la gestión de estos servicios. Los objetivos de la esta tesis, se centran en el estudio de las causas del restablecimiento del monopolio estatal, a fin de determinar si las mismas responden a razones de carácter técnico, económicas o políticas. Del mismo modo, se analiza los efectos jurídicos de este cambio de paradigma, a fin de determinar si constituye una barrera normativa para la entrada de nuevos actores en el mercado de las telecomunicaciones en el Ecuador; y, adicionalmente, se examina la naturaleza jurídica del espectro radioeléctrico, como elemento fundamental en la prestación de varios servicios de telecomunicaciones. Para la presente investigación jurídica, se empleó el método histórico y fundamentalmente el dogmático, asistido de las técnicas de revisión documental de doctrina relevante y legislación pertinente. En este sentido, el enfoque del mismo es cualitativo, basado en una lógica y proceso inductivo, que explora y describe las características y consecuencias jurídicas del cambio de paradigma en la prestación de servicios de telecomunicaciones; del mismo modo, la investigación es descriptiva, a fin de identificar los elementos y características de las instituciones jurídicas que son la base del estudio: el monopolio y los servicios públicos. Como resultado del presente examen, se logra responder a la pregunta central de la investigación, esto es el establecimiento de las causas que derivaron en el establecimiento de un régimen de exclusividad a favor del Estado en la gestión de los servicios de telecomunicaciones. Del mismo modo, se analiza la existencia de consecuencias jurídicas de este cambio de paradigma, en función de la aplicación que ha realizado del mismo, el órgano regulador del sector.

El trabajo de investigación, ha permitido desarrollar el análisis de las diversas posiciones doctrinarias representadas por diferentes autores, normativa comparadas, así como luego del recorrido realizado a través de la legislación ecuatoriana y principios del derecho administrativo, la naturaleza jurídica del convenio de pago. Figura que se ha erigido en la costumbre administrativa del Ecuador como instrumento para el pago de obligaciones cuasicontractuales, mismas que pueden tener su génesis en un contrato nulo, un contrato inexistente o en su defecto, prestaciones complementarias de una principal, que no han sido objeto de previa aprobación por el órgano de contratación o que han excedido los límites de incremento previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En este sentido, a partir de los principios que informan a los cuasicontratos administrativos y posturas doctrinarias, se analiza si el denominado “convenio de pago”, se constituye como una forma de cuasicontrato administrativo, cuya existencia se soporta en la dinámica contractual no reflejada en la dinámica social, es decir, procedimientos constituidos en la norma que no atienden oportunamente situaciones de urgencia, estado de necesidad y emergencia. Asimismo se analiza al convenio de pago instrumento que garantiza la posibilidad real de proscribir el enriquecimiento injusto de la administración pública, pues de su instrumentalización se hace efectivo el principio constitucional orientado en garantizar que en un Estado de Derecho, la administración pública no puede beneficiarse indebidamente o injustamente de terceros. Finalmente, este trabajo revisa los requisitos constituidos a través de la casuística absuelta por la Procuraduría General del Estado, como mecanismo para controlar que la liquidación de obligaciones, sea apegada al principio de legalidad objetiva, así como se sustenten en la legitimidad, idoneidad y pertinencia, pues no solo basta la prestación del gestor, sino que tal prestación debe ser calificada como necesaria y aparente para ingresar al patrimonio público.

Sobre el acceso a medicamentos y el derecho a la salud en el marco de la propiedad intelectual, múltiples cuestionamientos se pueden plantear, en esta tesis. Lo cierto es que a la fecha, el trabajo normativo, jurisprudencial y doctrinario que se ha suscitado entorno a él, da cuenta de una realidad que ya se había evidenciado en el Informe de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública «Salud Pública, innovación y derechos de propiedad intelectual» de la Organización Mundial de la Salud en el año 2006 “una cuestión fundamental es la relación entre la combinación de políticas que podrían fomentar la innovación biomédica de interés para los países en desarrollo y la capacidad de los países para poner a disposición del público los productos de la innovación, lo que contribuiría a hacer realidad el derecho de las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud”. En este contexto, los Estados miembros de la Comunidad Andina como signatarios de diversos instrumentos internacionales y de las disposiciones normativas contenidas en sus Cartas Fundamentales en materia del derecho a la salud, no pueden ser ajenos a su obligación de garantizar el acceso a medicamentos para su población, así deban, entre otras posibilidades, «valerse» del régimen de flexibilidades y/o excepciones «licencias obligatorias» que consagra el régimen de protección de las innovaciones farmacéuticas «principalmente el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y/o la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina» en procura de materializar la eficacia del derecho a la Salud. Por todo lo anterior el problema a analizar con la presente investigación académica estará orientado a demostrar cuáles son las razones por las que las flexibilidades que contiene el régimen de patentes farmacéuticas, particularmente las licencias obligatorias, resultan insuficientes o no para garantizar el acceso equitativo a los medicamentos de la población de los Estados miembros de la Comunidad Andina.

La Corte Constitucional para el período de transición en la primera sentencia de jurisprudencia vinculante No. 001-10-JPO-CC, refirió respecto de la obligación de velar por el cumplimiento de las sentencias constitucionales, de oficio o a petición de parte, considerando que de por medio se encuentra la materialización de la reparación integral, en base a lo anotado se advierte la capacidad de la Corte Constitucional de iniciar un proceso de seguimiento de cumplimiento de sus fallos. Sobre esta premisa, el eje trascendental del presente trabajo de investigación, es el análisis del proceso de seguimiento en la justicia constitucional, el cual de una manera poco perceptible pasa a ser una garantía efectiva de los derechos constitucionales, coadyuvando para el efectivo cumplimiento de las medidas de reparación integral. Ahora bien, para poder llevar a cabo un estudio integral, se analizó la evolución de la reparación integral en el marco constitucional y su efectiva materialización, para posteriormente identificar el proceso de trasconstitucionalismo vertical a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su aproximación y convergencia con la Corte Constitucional ecuatoriana y colombiana en el proceso de reparación integral y seguimiento de cumplimiento de dictámenes y sentencias constitucionales. Como desenlace del presente trabajo se determinó la funcionalidad, eficacia e importancia del proceso de seguimiento, a la luz de la Corte Constitucional del Ecuador, todo esto en base a casos prácticos. Para la elaboración de la presente investigación fue necesario la aplicación del enfoque cualitativo, el cual se facilitó la recopilación de la información doctrinaria y legal respecto al proceso de seguimiento, tanto en la CIDH, así como en las cortes constitucionales de Ecuador y Colombia. De la misma manera se evidencia la utilización de los métodos comparativo, dogmático y exegético jurídico, todo esto acompañado de una investigación empírica, lo que permitió una valoración en cuanto a las ventajas e inconvenientes del proceso de seguimiento en la justicia constitucional. Finalmente se ha de señalar que, a lo largo de la investigación se advierte la necesidad del proceso de seguimiento tanto a nivel nacional como internacional, ya que por medio de este se hace efectiva la reparación integral, así como la tutela judicial efectiva de los derechos reconocidos en la Constitución, así como en los tratados internacionales.

Uno de los problemas más graves del mundo contemporáneo es la degradación ambiental que amenaza con extinguir la vida en el planeta. Frente a semejante escenario, las naciones del mundo han desarrollado respuestas jurídicas que buscan enfrentar esta catástrofe y en ese sentido, el Ecuador con la Constitución que nos rige desde el 20 de octubre de 2008, ha dado un paso fundamental al consagrar en su texto un paradigma ambiental que debe aplicarse transversalmente en todas las actividades productivas que se desarrollen en el territorio nacional. El nuevo enfoque ecológico de la Constitución de la República se materializa a través de una amplia gama de derechos ambientales humanos subjetivos y colectivos y mediante la importante innovación que representa los derechos de la naturaleza, debiendo señalarse que tanto los derechos ambientales humanos, como los derechos de la naturaleza deben ser ejercidos dentro del marco del desarrollo sustentable, fórmula adoptada por el nuevo orden constitucional para establecer las relaciones entre economía y ambiente. En ese contexto, la contratación pública, pese a su significativa relevancia económica y social no cuenta con un marco jurídico específico que viabilice la concreción de los postulados ambientales constitucionales, lo que ha ocasionado que, aunque el Art. 288 de la Constitución de la República disponga expresamente que las compras públicas en el Ecuador se deben hacer con criterios de responsabilidad ambiental, dicho mandato sea ignorado en la práctica contractual diaria, con evidente perjuicio para la institucionalidad del país, vulnerando los derechos ambientales consagrados por la Constitución y en detrimento del modelo de desarrollo sustentable. La contratación pública en el Ecuador debe emprender rápidamente el camino de la sustentabilidad, pero para eso el primer y esencial paso es dotarla de un marco jurídico adecuado que introduzca la variable ambiental en todas las etapas de los procesos contractuales, generando así seguridad jurídica para el Estado y los contratistas, garantizando los derechos ambientales humanos y los derechos de la naturaleza, la institucionalidad del país y contribuyendo al fortalecimiento del modelo de desarrollo sustentable.

Este trabajo analiza el anticipo mínimo del impuesto a la renta en torno a su regulación y tiene como objetivo evidenciar de qué manera su base de cálculo se desarticula del impuesto a la renta. La investigación se centra en explicar la problemática en la aplicación del sistema de anticipación en Ecuador, se utilizan varias teorías jurídicas y técnicas del tributo para estimar mejor los argumentos. Mediante un orden en el análisis separaremos su incidencia desde los elementos que componen la determinación cuantitativa, para llegar a delimitar su acaecimiento en los principios del derecho tributario y la doble tributación interna. Los resultados de este trabajo confirman la existencia de un mundo de dificultades y fricciones que genera el anticipo del impuesto a la renta. Finalmente se plantea algunas de las posibles vías de solución, confirmadas en base del éxito en otros regímenes a partir de la línea comparada.

Esta investigación analiza los efectos ocasionados por la aplicación de las restricciones a las importaciones de productos de acabados para la construcción enfocado en la cerámica plana (cerámica y gres porcelánico), que es uno de los productos a los que se aplica esta medida de carácter temporal, se encuentra publicado según Resolución No. 11 del COMEX, en el Registro Oficial Suplemento (ROS) No. 456 de 11 de marzo de 2015; con vigencia de 15 meses contados a partir de su publicación. Inicia con el marco teórico, describe la evolución de las políticas comerciales aplicadas en el Ecuador, respecto a las restricciones a las importaciones, requisitos, así también los principales impuestos que intervienen y se aplican para importar, organismos que se encargan de la aprobación de las medidas que se relacionan con las actividades del comercio exterior. En el capítulo dos, se investigan las medidas adoptadas por el gobierno nacional respecto a la aplicación de las restricciones para la importaciones, se determinan los productos que se ven afectados en los procesos de importación, con mayor énfasis en la importación de cerámica plana, puesto que se considera como uno de los principales productos en acabados para la construcción, además se detalla los requisitos que están obligados a cumplir con normas y reglamentos técnicos en cuanto a la calidad de los productos, exigidos por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), para que puedan ser comercializados en el mercado nacional. Continuando la investigación, en el capítulo tres se realiza un análisis cuantitativo basado en datos reales, considerando estadísticas de empresas cuya principal actividad económica es la importación de productos de acabados para la construcción. Además se determinó que la aplicación de estas medidas impuestas por el gobierno nacional, que fueron creadas con la finalidad de fortalecer la matriz productiva y evitar la salida de divisas, no surtió efecto en la magnitud que se esperaba, puesto que, se ha incrementado el contrabando científico lo que afecta de forma directa en mayor porcentaje a las pequeñas y medianas empresas; razón por la cual los empresarios se han visto obligados en algunos casos, a cambiar su actividad económica, cerrar sus negocios y en otros a establecer recortes de personal, por la reducción en las ventas.

La presente investigación se refiere a la potestad sancionadora, de la cual se encuentra envestida la Administración Pública, como el medio para que las personas que hacen parte de una sociedad tengan plena conciencia de que los actos que contravienen las disposiciones legales establecidas, son sancionados, más aún cuando aquellos actos ocasionan perjuicios al Estado, como el llamado a precautelar los intereses públicos, por ello en el ámbito de contratación pública la potestad sancionadora también se hace presente, por ello la importancia de identificar cómo el ordenamiento jurídico ecuatoriano y la doctrina la abordan. El Ecuador con la promulgación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, concentra en una sola norma las disposiciones que tanto las entidades públicas como los proveedores, oferentes o contratistas deben observar durante los procesos y procedimientos de contratación para la ejecución de obras, adquisición de bienes y provisión de servicios, incluidos los de consultoría, de ello que la potestad sancionadora será extensiva a los proveedores y servidores públicos encargados y obligados aplicar las normas que rigen la contratación pública en el Ecuador. Es importante considerar que nuestra legislación es cuantiosa en lo que se refiere a lineamientos que las entidades contratantes deben aplicar en cuanto a planificación, transparencia y políticas públicas, pues en ellas se establecen los objetivos o caminos a seguir para hacer del Ecuador un país próspero en salud, educación, etc., lo que haría pensar que el ejercicio diario de la contratación pública, no es más que la materialización de aquellas disposiciones normativas y a través de su debido cumplimiento, el Estado ecuatoriano debería brindar desde todos sus niveles de gobierno, servicios públicos y en general, condiciones óptimas para el desarrollo de cada uno de sus habitantes, sin embargo ello nos insta a que deban existir sanciones para aquellos que por sus acciones y omisiones menoscaban esa finalidad del Estado. Bajo estos criterios se pretende principalmente conocer cuáles son las infracciones, sanciones aplicables y organismos públicos que ostentan la potestad sancionadora en contratación pública.

El presente trabajo de investigación tiene como eje trascendental de su contenido los ingresos tributarios y su rol en las fases de la deuda pública, como componentes vinculados de la actividad financiera del Estado; la realidad financiera del Estado ecuatoriano introduce al estudio del presupuesto y la planificación nacional para vislumbrar el manejo de la deuda pública atendiendo muy especialmente a los principios de equilibrio, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El contenido de esta investigación convergen el análisis de la relación de los ingresos tributarios y la deuda pública en la estabilidad presupuestaria, por lo que el determinar la organización constitucional, legal de la planificación y su orientación ha sido de vital importancia, sobre todo si se intenta realizar un diagnóstico de la situación de los ingresos tributarios y el manejo de la deuda pública en Ecuador desde el año 2007 a la luz del equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera. Entre los métodos empleados está el dogmático que posibilitó el estudio de la actividad financiera desde la perspectiva del Derecho Financiero; el método sistemático me permitió proceder a realizar una reunión racional de los componentes de la actividad financiera del Estado y sus más importantes instrumentos. El método sincrético posibilitó el desarrollo armonioso del contenido con enfoques desarrollados desde las teorías de las finanzas públicas y la doctrina del Derecho financiero. La investigación me llevó a concluir que los recursos públicos son los medios a través de los cuales el Estado puede proveerse de ingresos, entre los cuales se reconocieron los recursos del crédito público y los recursos tributarios, es así que los ingresos tributarios son los componentes de mayor importancia en la actividad financiera pública, pues determinan la elasticidad del gasto y del endeudamiento. El ciclo de la deuda pública está conformado de tres fases: la del crédito, empréstito y de deuda pública propiamente dicha; en estas fases los ingresos tributarios tienen un rol que varía al tratarse de un crédito contraído con un acreedor nacional o un extranjero y que genera una deuda interna o externa respectivamente. Los componentes de las finanzas públicas están reflejados en el presupuesto general del Estado que a su vez está sujeto en Ecuador a la planificación nacional, conocida como Plan Nacional del Buen Vivir que encierra un conjunto ordenado de directrices y objetivos.

Los impuestos vigentes en la República del Ecuador, han dado varios giros y han tenido grandes cambios, sin embargo, es evidente que esto es el producto de un avance en el pensamiento tanto del contribuyente como del fisco; como fieles legitimarios de esta relación jurídico tributaria entre la Administración y el administrado, se debe velar por la indudable coexistencia de las normas, el fisco y el administrado. Es por eso que se han expuesto las normas y los principios que revisten la relación jurídico tributaria entre las partes, a través de insumos como el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, la Ley Reformatoria a la Equidad Tributaria, el Plan Nacional para el Buen Vivir, impuestos como el Impuesto a la Renta, etc., y también principios como el de equidad, proporcionalidad, redistribución de las rentas, capacidad contributiva, etc., para que la relación sea más productiva y beneficiosa para los dos protagonistas de esta relación tributaria, sin establecer preferencias ni imparcialidades, sino todo como un gran cuerpo de avances y méritos tanto de la Administración como del administrado, en un régimen evidentemente perfectible. Se han clasificado a los impuestos de acuerdo a la doctrina y las nuevas corrientes propuestas por distintos autores; sin embargo, se ha adoptado la visión de Pérez de Ayala como una propuesta de este trabajo, para analizar el Impuesto a la Renta desde el elemento económico que lo produce. A continuación se encontrará una breve reseña del desarrollo histórico de cada uno de los impuestos o hechos económicos, pues esto revela la enorme importancia de establecer mecanismos de justicia en la imposición tributaria del Estado; adicionales a la norma. Finalmente, se identificó, describió y desarrolló los impuestos, con sus respectivos sujetos, hechos imponibles, elementos, objetos imponibles, efectos económicos, tasas, tarifas, naturaleza, etc., en definitiva, todo factor que contribuye en la construcción de este complejo régimen impositivo; en el desarrollo de este trabajo se pretenderá determinar la existencia o no de un régimen tributario que evidencia o materializa la justicia tributaria en algunos impuestos que gravan la renta y el patrimonio.

Es indudable que la tendencia del derecho público, en tiempos de globalización se caracteriza por ceder mayor participación a los particulares en la realización de obras y en la prestación de servicios públicos; por esta razón, el Estado ha incursionado en nuevas formas de realización de estos procesos en torno al nuevo sistema de compras públicas. Por lo expuesto, es importante analizar el Gobierno Electrónico y su relación con la contratación pública estatal a nivel nacional e internacional y el avance que esta ha tenido, vinculándose a la contratación pública en el proceso de gobernanza electrónica o política pública que el Estado determina o genera a fin de que se ejecute la debida y correcta aplicación de las herramientas integrantes de un gobierno electrónico con el objetivo de dinamizarlo. Así también conocer las características de la gobernanza electrónica y el gobierno electrónico en el Estado, definiendo cada uno de los elementos que integran la contratación pública electrónica, sus objetivos, los mismos que nos permiten visualizar la relación estricta entre la Gobernanza Electrónica, gobierno electrónico y contratación pública electrónica. La contratación pública electrónica en el Ecuador para su instauración y fortalecimiento ha requerido de varios actos administrativos que motiven oficialmente el uso de una plataforma electrónica, lo que ha conllevado al legislativoejecutivo y a sus instituciones a emitir instrumentos legales como acuerdos, leyes, reglamentos y resoluciones, en los cuales se determine la normativa clara para el uso y aplicación de estas herramientas de contratación; se analiza los instrumentos legales de vital importancia que sirvieron de antecedente para la construcción y funcionamiento del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Ecuador, así como también las características actuales del mismo especialmente en relación a los procedimientos dinámicos catálogo electrónico y subasta inversa electrónica.

El gasto tributario es un mecanismo de incentivo que el Estado a través de las políticas del Gobierno Nacional implementa con el objetivo de alcanzar mejores niveles de calidad de vida para la población. Su aplicación guarda relación con lo dispuesto en el COPCI referente a los sectores económicos que se consideran viables de incentivar. De esta manera, la presente investigación analiza desde un criterio cuantitativo y cualitativo la política fiscal actual, determinando los resultados en base a la aplicación de procesos descriptivos que permitieron establecer que las medidas actuales no han podido fomentar un amplio cambio de la matriz productiva, manteniéndose la dependencia de recursos no renovables como el petróleo, lo que hacen de la economía vulnerable frente a la variabilidad de los precios internacionales. En este caso, lo que deja de percibir el Estado producto del gasto tributario se ha focalizado en sectores estratégicos buscando mayor equidad y desarrollo que permitan captar mayor inversión nacional e internacional, aspectos que en la actualidad no se han logrado eficientemente. No obstante, no puede calificarse a las medidas como inadecuadas, son un primer paso para mejorar la gestión económica nacional, debiendo sobre éstas, determinarse niveles esperados de inversión para que la evaluación permita disponer de una visión más amplia.

El Plan Nacional del Buen Vivir es uno de los instrumentos más relevantes en el desenvolvimiento político, legal, económico y social del Ecuador, en el cual se basan las políticas fiscales aplicables para la recaudación tributaria, que permitirá sufragar el gasto público necesario para el cumplimiento de los objetivos planteados en este plan. Partiendo de esta premisa, en este trabajo se analizan y critican los principios fundamentales del PNBV y los efectos fiscales que produce su aplicación, enfocando dicho análisis desde la perspectiva del gasto público, confrontándolo con el desarrollo fáctico que ha tenido el Ecuador en este tiempo, teniendo en cuenta el aumento en la recaudación que ha perseguido el gobierno para cumplir con el gasto público propuesto. Es de esta manera que en principio se estudia al gasto público como tal, estableciendo conceptos y definiciones que trazan su dinámica en las finanzas públicas y consecuentemente su incidencia en el presupuesto estatal para el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Estado en el PNBV. Finalmente se analiza el objetivo 8 del PNBV que es el que pretende consolidar el sistema económico, social y solidario del país, haciendo hincapié en tres de sus lineamientos, los cuales considero fundamentales para el entendimiento de la política fiscal empleada en el Ecuador que son: a) Invertir los recursos públicos para generar crecimiento económico sostenido y transformaciones estructurales; b) Fortalecer el manejo de las finanzas públicas; y, c) Fortalecer la progresividad y la eficiencia del sistema tributario. Al finalizar este trabajo se concluye si el modelo esbozado en el plan es sustentable y acorde a la realidad nacional del Ecuador.

El presupuesto referencial dentro de la contratación pública en el Ecuador, ha sido un elemento que sirve para seleccionar el proceso de contratación a seguir, un requisito que se exige al momento de elaborar el Plan Anual de Contratación y una exigencia al momento de solicitar la certificación presupuestaria, que contenga los fondos necesarios para llevar a cabo una contratación. En la Subasta Inversa Electrónica, el presupuesto referencial se lo fija sin un criterio homologado entre entidades contratantes, mientras que en los convenios marco que se desarrollan para la provisión de bienes en el Catálogo Electrónico, el SERCOP lleva un proceso que no permite garantizar que los valores de los bienes ofertados que deben ser adquiridos con el carácter de obligatorios por las entidades contratantes, sean los mejores del mercado. La efectiva o errónea determinación del presupuesto referencial en los procesos de contratación y la inteligencia en las compras públicas, provoca una afectación en el gasto público, evidenciándose que las políticas que contiene el Plan Nacional de Desarrollo y los lineamientos que la cartera de Estado encargada de las Finanzas expide para efectuar los gastos, son fastuosos postulados muy bien fundamentados, pero que difícilmente son entendidos y puestos en práctica. El presupuesto referencial es un factor trascendental para el cumplimiento de los objetivos de todo Gobierno, ya que permite pasar de lo planificado a lo realizado, por esto es necesario analizar sus componentes, su naturaleza y su importancia para la Administración, a fin de poder determinar su posicionamiento real dentro las compras públicas y su estrecha relación con el gasto público.

Este trabajo investigativo a permitido a partir del análisis de las diversas posiciones de la doctrina representada por diferentes autores así como luego del breve recorrido realizado a través de la normativa histórica de nuestro país clarificar los principios de reserva de ley, de legalidad y su papel en la formación de las normas tributarias conforme a como han sido plasmados en el transcurrir de los años. Dentro de este recorrido histórico estudiar el proceso legislativo para la elaboración de las normas tanto aquellas calificadas con el carácter económico urgente como aquellas que no. Así también analizar como han sido y son concebidos y tramitados ambos tipos de proyectos de ley y la manera como fue y es utilizada la figura del decreto-ley por parte de quienes han ostentado la Presidencia de la República. Con la finalidad de realizar una valoración de cómo ha evolucionado la calificación de urgencia en materia económica de proyectos de ley, en especial aquellos que en su contenido han estipulado regulaciones de carácter tributario y por cuanto nuestra legislación y academia no brinda mayores aportes sobre el tema, hemos acudido a autores españoles quienes nos han contribuido con la experiencia de su país sobre el estado de crisis, la extrafiscalidad y la delegación legislativa que en nuestra legislación se asimila a la urgencia y a los decretos-ley. Aterrizando lo investigado y aprendido en un análisis de los proyectos de ley calificados como económicos urgentes en los últimos años enfatizando en: Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno y Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado ambas con un contenido tributario y promulgadas mediante la figura de decreto-ley. Con la finalidad de determinar si para su creación se observaron los principios de reserva ley y de legalidad, así como con el trámite constitucional establecido para la vigencia de las leyes.

La presente investigación, nace por la carencia dentro de la doctrina contemporánea de estudios que definan y describan al régimen simplificado, así como de la problemática que gira en torno de los pequeños contribuyentes adscritos a éste, luego de cinco años de su implementación en nuestra legislación. En la actualidad, no hay estudios que demuestren como se viene desarrollando el comercio informal en el Ecuador, por lo que no podríamos comprobar si el RISE y las demás normas jurídicas atinentes al tema, creadas hasta la actualidad, llegan a ser realmente efectivas para la regularización de este grupo social, pues la bibliografía ecuatoriana que trata sobre el tema es de los años noventa. Además, cabe la posibilidad de que el RISE esté siendo mal aplicado tanto por parte de la Administración Tributaria como de sus afiliados, lo que generaría problemas prácticos y jurídicos; a éstos se debe presentar una propuesta que se ajuste a las necesidades actuales del Ecuador. Es necesario realizar un estudio en que se cotejen cifras para verificar si el RISE se constituye como un instrumento efectivo para regular el comercio informal en el Ecuador. Por ello, el presente estudio tratará de determinar ¿Cuál ha sido la incidencia del Régimen Simplificado Ecuatoriano, como medio para regularizar la informalidad en el país, desde su implementación en el año 2007 con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador?; para dilucidar la pregunta planteada deberemos estudiar tanto al sector informal como al régimen simplificado, desde el punto de vista social, estadístico y por supuesto legal.

La presente investigación realiza un estudio de las posibles distorsiones existentes en el anticipo del impuesto a la renta en el Ecuador. Partiendo del análisis teórico y doctrinario correspondiente a la imposición sobre las rentas. Concomitantemente, se analiza el tratamiento que la doctrina otorga a las figuras de los pagos a cuenta en particular, su definición y su naturaleza jurídica, concebida desde diferentes puntos de vista. En base a estas consideraciones, se pretende finalizar la investigación, haciendo referencia a la estructura jurídica y a la regulación que nuestro sistema impositivo establece para el anticipo del impuesto a la renta. De tal manera, se explica la forma en la que se calcula y las posibilidades de devolución que admiten las normas. Para finalizar, se plantean varias ideas a modo de conclusión, determinando principalmente la existencia de elementos que distorsionan la naturaleza primaria del impuesto a la renta y su anticipo, mediante un análisis integro que no se centra únicamente en el enfoque constitucionalista, sino que también hace referencia a su metodología, naturaleza jurídica y efectos.

En el presente trabajo de investigación se ha hecho un esfuerzo por revalorizar el contenido del principio de No Confiscatoriedad, como un principio de carácter transcendental dentro del Régimen Tributario ecuatoriano, entendiéndolo a la vez como un derecho que tienen los contribuyentes y como una regla a respetarse por parte de los poderes del Estado, en particular del poder tributario. En tal virtud, el principio de No Confiscatoriedad tiene sus diferentes campos de aplicación, siendo uno de ellos el del respeto al mínimo exento, beneficio fiscal que tiene que ser protegido como prerrogativa de una vida digna, tanto en impuestos directos e indirectos. Por tal razón se ha procedido a realizar un análisis de supuestos de confiscatoriedad que pueden presentarse en algunos impuestos de recaudación nacional (renta, IVA e ICE), para lo cual hemos estudiado la naturaleza de estos impuestos para llegar a tales supuestos o escenarios. De todo lo anteriormente analizado ha resultado crucial el tema de la presión tributaria, pero ya no analizado solo como un mero dato macroeconómico, sino, como un criterio básico de investigación aplicado a situaciones concretas (personas, empresas o comunidades), para esto es fundamental el análisis de índices de pobreza de desigualdad, de desempleo para utilizarlo como parámetros tanto en la formación (capacidad contributiva abstracta) como en la gestión de tributos (capacidad contributiva concreta). Se trata de conciliar por medio del principio de No Conficatoriedad, al principio de igualdad con eficiencia, la equidad y suficiencia recaudatoria, en fin conciliar derecho y economía.