El derecho fundamental al agua dentro del marco del servicio público de agua potable en el Ecuador

El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable, patrimonio estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado y constituye un elemento vital para la naturaleza y la existencia de los seres humanos. La Constitución de la República de 2008, en el artículo 318 determina que se prohíbe toda forma de privatización del agua. Esta norma jurídica marca una dicotomía en el ámbito del derecho administrativo en relación a la institución jurídica de la prestación del servicio público de agua potable cuando éste es prestado por particulares. Estos criterios y enfoques serán abordados con el propósito de observar que a nivel de la comunidad internacional existe una dualidad marcada, por una parte de quienes proclaman la defensa del derecho fundamental al agua cuya norma ha sido desarrollada en instrumentos internacionales, y por otra parte, la existencia de grandes corporaciones a nivel internacional para interferir en las legislaciones de los países denominados en vías de desarrollo con la intención de forjar normas encaminadas a consagrar las privatizaciones y buscar mecanismos legales para obtener beneficios de orden lucrativo. Este escenario se ha dado en el contexto nacional, por una parte se ha consagrado que el derecho humano al agua es fundamental y por otro lado la prestación del servicio público de agua potable cuando es prestado por particulares, para lo cual se ha seleccionado el caso de la concesión del servicio público de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Guayaquil, por existir mecanismos administrativos que se asemejan a la privatización de este servicio público, lo cual se contrasta literalmente con la norma constitucional que garantiza el derecho fundamental al agua y la prohibición de privatización. El derecho humano al agua es fundamental y no puede ser quebrantado ni soslayado bajo ningún argumento, el agua es sinónimo de vida y esencial para la existencia de los ciudadanos quienes deben tener acceso al líquido vital, sin que se mermen las necesidades básicas del servicio público que debe ser asumido responsablemente por el Estado ecuatoriano, en el nivel de gobierno competente, permitiendo que los ciudadanos ejerzan sus derechos sin que sean afectados.