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Este artículo estudia situaciones límite de la reversión donde pueden no ser adecuadas las regulaciones al uso en la materia. This article studies dificults situations refering the "reversión" of expropiation (cornpulsory purchase of goods).

El objetivo central de la tesis es responder a la pregunta ¿Por qué demoran tanto las expropiaciones? ¿Ha sido un problema normativo, de gestión o ambos? Para ello, se analiza la normatividad de expropiaciones en dos etapas, primero los regímenes legales de expropiaciones previos al Decreto Legislativo N° 1192, debido a que estos fueron los marcos legales vigentes al momento de adjudicarse la totalidad de las concesiones de infraestructura de transporte que reportaron retrasos en la liberación de terrenos. En una segunda etapa se analiza el régimen legal actual aprobado en el año 2015 que implementa una reforma normativa dirigida a facilitar la liberación de terrenos en los proyectos de infraestructura con alta incidencia de expropiaciones. Seguidamente, se analizan dos proyectos concesionados: el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el cual se aplicó el derogado marco legal de expropiaciones y el caso de la autopista Quilca-La Concordia, a fin de mostrar la vinculación entre la ingeniería de detalle y las liberaciones prediales. La tesis culmina con el desarrollo de una propuesta contractual en un proyecto de APP en infraestructura vial, que, tomando los aportes de la reforma en expropiaciones, plantea la participación privada en la liberación de terrenos bajo un nuevo modelo contractual basado en la regulación de incentivos y en la búsqueda de eficiencias entre el sector público y operador privado.

Fil: Krzizok, Bianca Maria. Universidad en Zúrich; Suiza Abstract: During today’s situation of COVID-19, States take emergency measures which will be subject to investment arbitration claims sooner or later. The aim of this paper is to provide a possible solution to such cases where the State’s and the investor’s interests compete with each other. By analysing cases from the 21th century and applying my findings to hypothetical COVID-19 cases, a general answer on how to solve COVID-19 related investment disputes shall be given. Resumen: En la situación actual de COVID-19, los Estados adoptan medidas de emergencia que, tarde o temprano, serán objeto de demandas de arbitraje de inversiones. El objetivo de este documento es ofrecer una posible solución a estos casos en los que los intereses del Estado y del inversor compiten entre sí. Mediante el análisis de casos del siglo XXI y la aplicación de mis conclusiones a casos hipotéticos de COVID-19, se dará una respuesta general sobre cómo resolver las disputas de inversión relacionadas con COVID-19. Sommario: Nell’attuale situazione creatasi a causa del virus COVID-19 gli Stati adottano misure di emergenza che prima o poi saranno soggette a richieste di arbitrato per quanto concerne soprattutto gli investimenti. Lo scopo di questo articolo è di fornire una possibile soluzione quando gli interessi dello Stato e quelli dell’investitore sono in competizione tra di loro. Analizzando alcuni recenti casi e applicando i miei risultati a casi ipotetici di COVID-19, si cercherà di dare una risposta generale su come si possano risolvere le controversie di investimento legate al COVID-19.

This article aims to identify the release of land is a problem that can be avoided by the State, through effective project planning, as well as the establishment of the minimum necessary to proceed with the award. We will analyze how project planning is important for the development of different sectors of a country, and then determine how the status of PPP awards and land release is. El presente artículo tiene como finalidad identificar que la liberación de terrenos es un problema que puede ser evitado por el Estado, por medio de una planificación efectiva de los proyectos, así como el establecimiento de un mínimo indispensable para que se proceda con la adjudicación. Se analizará cómo es que la planificación de proyectos resulta importante para el desarrollo de los diferentes sectores de un país, para luego, determinar cómo es que se encuentra el estado de las adjudicaciones de APP y la liberación de terrenos.

Resumen El presente trabajo comenta una sentencia de la Corte Suprema y discurre acerca del contenido de la indemnización expropiatoria, respecto del daño material; con la finalidad de constatar que este no queda restringido a la compensación económica por la pérdida del bien, sino que, en virtud de la regla constitucional, comprende también toda otra consecuencia patrimonial dañosa efectiva causada al propietario, a consecuencia directa e inmediata de la expropiación. Así, en el caso de una expropiación parcial, además del costo de reposición del bien expropiado, la indemnización puede abarcar el costo del daño material ocasionado a las edificaciones existentes en la fracción no expropiada de un inmueble, en tanto se verifique como una consecuencia inmediata y directa de la expropiación, y la ulterior concreción de las obras que motivan el acto ablatorio.

Acima do título: "Dossiê: meio-ambiente em disputa" Bibliografia: p. 186 e notas de rodapé Disponível também em: https://www.scielo.br/j/civitas/a/KNPrfysCbx8YNQDZKyK5bQR/?lang=pt Artigo está licenciado sob forma de uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional The incidence of paper mills in the Três Lagoas region, as of 2009, brought a series of commitments and consequences to the settlers of the agrarian reform. With the offer of unlimited tax exemptions, public financing through BNDES and other industrial development programs and projects, the industries established and started the processes for the duplication of their industrial plants. Already, the settlers are at the mercy, therefore, can not obtain access to investments, nor to the financing of public banks and other development agencies. In this perspective, the only source of financing for family agricultural production ends up being the paper mills themselves, through their PDS - sustainable development plans and programs. Only in the settlement where the research was given there are 181 lots, but less than 20 were benefited by the financing. In this sense, the form and the model of financing, the speed and volume of resources contributed are at the absolute and exclusive discretion of the own pulleys, which has social and economic repercussions among the settlers, creating as a zone of imprisonment of the settlers to the paper, here called cages of paper. A incidência de indústrias papeleiras na região de Três Lagoas, a partir de 2009, trouxe uma série de compromissos e consequências aos assentados da reforma agrária. Com a oferta de isenções fiscais ilimitadas, financiamento público via BNDES e outros programas e projetos de fomento industrial, as indústrias se estabeleceram e iniciaram os processos para duplicação de suas plantas industriais. Já, os assentados ficam à mercê, pois, não têm condições de obter acesso a investimentos, nem a financiamentos dos bancos públicos e demais agências de fomento. Nessa perspectiva, a única fonte de financiamento da produção agrícola familiar acaba sendo as próprias papeleiras, por meio de seus planos e programas de desenvolvimento sustentável (PDS). Apenas no assentamento onde se desenvolveu a empiria há 181 lotes, mas, menos de 20 foram beneficiados pelos financiamentos. Nesse sentido, a forma e o modelo de financiamento, a velocidade e o volume de recursos aportados ficam à discricionariedade absoluta e exclusiva das próprias papeleiras, o que repercute social e economicamente entre os assentados, criando como que uma zona de aprisionamento dos assentados às papeleiras, aqui denominadas cativeiros de papel. La incidencia de industrias papeleras en la región de Três Lagoas, a partir de 2009, trae serie de compromisos y consecuencias a los asentados de la reforma agraria. Con la oferta de exenciones fiscales ilimitadas, financiamiento público vía BNDES y otros programas y proyectos de fomento industrial, las industrias se establecieron e iniciaron los procesos para duplicación de sus plantas industriales. Ya, los asentados se quedan a merced, pues, no tienen condiciones de obtener acceso a inversiones, ni a financiamientos de los bancos públicos y demás agencias de fomento. En esta perspectiva, la única fuente de financiamiento de la producción agrícola familiar termina siendo las propias papeles, a través de sus PDS - planes y programas de desarrollo sostenible. Sólo en el asentamiento donde se dio la encuesta son 181 lotes, pero menos de 20 fueron beneficiados por las financiaciones. En este sentido, la forma y el modelo de financiamiento, la velocidad y el volumen de recursos aportados quedan a la discrecionalidad absoluta y exclusiva de las propias papeles, lo que repercute social y económicamente entre los asentados, creando como una zona de encarcelamiento de los asentados a las papeleras, aquí denominada cadenas de papel.

La Ley No 21.076 introdujo el art. 139 bis a la Ley General de Servicios Electricos, el cual amplio la red de distribucion electrica hasta incluir el medidor de consumo, y radico en las distribuidoras la titularidad del dominio sobre dicho equipo. Este articulo de investigacion sostiene la inconstitucionalidad de fondo de la Ley N° 21.076; y la existencia de un trade-off economico favorable a los intereses de empresas distribuidoras en desmedro de los usuarios regulados. Cuestiona tambien -en hipotesis determinadas- incluir en tarifas el financiamiento de instalaciones de reemplazo y servicios asociados. La metodologia de la investigacion comprende el analisis de la Ley N° 21.076 frente al de las normas constitucionales, administrativas y regulatorias del sector y mercado relevante, conjuntamente con el analisis economico de su interaccion. El estudio concluye que el art. 139 bis es inconstitucional y -como tal- pasiblede variadas acciones constitucionales, administrativas y jurisdiccionales. Concluye tambien y en todo caso, la derogacion tacita de una funcion publica de arbitraje, la lesion a la autonomia de un grupo intermedio y la desaparicion de contrapesos de los usuarios regulados al poder de mercado de las concesionarias de distribucion en cuanto monopolistas naturales. Act Nr. 21.076 introduced section 139 bis to the Electric Services General Act, that expanded the power distribution network to include consumption meters and placed equipment ownership on distributors. This paper advances the substantial unconstitutionality of Act Nr. 21.076 as well as the existence of an economic trade-off favorable to the interests of distribution companies, to the detriment of regulated users. It also questions -in certain hypotheses- to include in tariffs the financing of replacement equipments and associated services. The methodology of the enquiry is based on the analysis of Act Nr. 21.076 against the constitutional, administrative and regulatory framework of the industry sector and relevant market, together with the economic analysis of their interaction. The study concludes that section 139 bis suffers from unconstitutionality and, therefore, is subject to an array of constitutional, administrative and jurisdictional actions. It also concludes, at any rate, on a tacit derogation of a public adjudicatory function, the damage to the autonomy of an intermediate group, and the loss of counterweights to the market power of distribution concessionaires as natural monopolists, to the detriment of regulated users.

Son muchos y variados los estudios y regímenes de los bienes públicos en el derecho colombiano, encontrándose su clasificación estructurada en el Código Civil. En la presente investigación se pretende analizar si en Colombia existen fenómenos jurídicos por los cuales los bienes que ostentan la calidad de uso público dejan de serlo, ya sea porque cambian su calidad de dominio público, a la de un bien patrimonial del Estado o de los particulares. La clasificación de los bienes ha variado por el mismo desarrollo legislativo y por la necesidad de adelantar gestiones en el campo del derecho civil más eficientes, en lo pertinente al patrimonio público, es así como, si bien es cierto existen una clasificación de bienes: públicos y fiscales, esta división ha generado polémica de tal suerte que se habla de una categoría de bienes y afectaciones cuya protección se hace inminente y es tarea primordial del Estado. No obstante, estos bienes merecen protección legal frente a intereses de los particulares de querer apropiarse y de conocer que los mismos son inembargables, inalienables e imprescriptibles, muchos particulares buscan dentro del marco legal apoderase de los mismos. De igual modo, y bajo las pretensiones gubernamentales, en medio del proceso de paz, se ha permitido la apropiación de tales bienes para uso extractivo, siempre y cuando se garantice la protección ambiental, atendiendo de esta manera las prerrogativas constitucionales de los artículos 79 y 80 que establecen el trabajo por un ambiente sano para el goce y disfrute de todos los colombianos y la posibilidad de un Desarrollo Sostenible fundamentado en el uso racional y adecuado de los recursos naturales, que en el orden administrativo han hecho posible la generación de entes, como las CAR, Parques Nacionales y otros, orientados al cuidado y protección de los mismos. There are many and varied studies and regimes of public goods in Colombian law, and their classification is structured in the Civil Code. In the present investigation it is tried to analyze if in Colombia there are legal phenomena by which the goods that show the quality of public use cease to be, either because they change their quality of public domain, that of a patrimonial property of the State or of the Individuals. The classification of goods has varied by the same legislative development and by the need to advance more efficient procedures in the field of civil law, as far as the public patrimony is concerned, it is as well, although there is a classification of goods: public And prosecutors, this division has generated controversy in such a way that it speaks of a category of goods and affections whose protection is imminent and is the primary task of the State. However, these assets deserve legal protection against the interests of individuals of wanting to appropriate and know that they are unencumberable, inalienable and imprescriptible, many individuals seek within the legal framework to seize them. Similarly, and under the government's pretensions, in the midst of the peace process, the appropriation of such goods for extractive use has been allowed, provided that environmental protection is guaranteed, thus addressing the constitutional prerogatives of articles 79 and 80 that establish work for a healthy environment for the enjoyment and enjoyment of all Colombians and the possibility of a Sustainable Development based on the rational and adequate use of natural resources, which in the administrative order have made possible the generation of entities, Such as CARs, National Parks and others, oriented to the care and protection thereof. Magister en Derecho Público http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Maestría

Tanto el concepto de interés público, utilidad pública, o bienestar público, como la cláusula de medidas no preclusivas son elementos que están muy presentes en los acuerdos de inversión, y principalmente juegan un papel importante para definir si el Estado receptor de la inversión ha violado las protecciones al inversionista o está actuando dentro de sus potestades regulatorias. Dichos elementos pueden ser una válvula de escape para los Estados a fin de justificar sus incumplimientos al tratado con respecto a los inversores o al mismo tiempo ser un limitante para adoptar medidas necesarias que buscan proteger y preservar los intereses públicos preponderantes para el Estado como la salud pública, el medio ambiente o la seguridad, siendo evidente el conflicto existente entre el poder soberano de Estado a regular sus intereses internos y la protección de los derechos de los inversionistas contenidos en el tratado. De tal forma que, a partir de las múltiples decisiones en el Arbitraje Internacional de Inversión y del estudio concreto de un caso contra Colombia se pretende dilucidar la aplicación de los intereses públicos estatales y su relación con la clausula de medidas no preclusivas contenida en los Acuerdos de Inversión y como estos conceptos permean los estándares de protección al inversionista. The concept of public interest, public utility, or public welfare, as the non-preclusive measures clause are elements that are present in investment agreements, and mainly play an important role in defining whether the State receiving the investment has violated investor protections or is acting within its regulatory powers. These elements can be an escape valve for the States in order to justify their breaches of the treaty with respect to investors or at the same time be a limitation to adopt necessary measures that seek to protect and preserve the prevailing public interests for the State such as the public health, the environment or security, being evident the conflict between the sovereign power of the State to regulate their internal interests and the protection of the rights of investors contained in the treaty. So that, based on the multiple decisions in International Investment Arbitration and the concrete study of a case against Colombia, the intention is to elucidate the application of state public interests and its relationship with the non-preclusive measures clause contained in the Agreements of Investment and how these concepts permeate the investor protection standards. Pregrado Abogado(a)

El derecho colombiano no brinda una real protección a los accionistas minoritarios respecto a los diferentes tipos de expropiación que se pueden llegar a presentar en una sociedad por parte de un accionista mayoritario. Los fallos judiciales y la consecuencia de la expropiación, en la mayoría de los casos, concluyen con la restitución de lo expropiado a la sociedad y no con sanciones ejemplarizantes que eviten este tipo de conductas. Por esto y por muchas razones más, la teoría de juegos nos demuestra que el accionista mayoritario tendrá incentivos para realizar los actos de expropiación, debido a que la ley es ampliamente laxa y generalmente no impone sanciones drásticas a este tipo de conductas The law in Colombia does not provide a real protection for the minority shareholders for the tunneling activities that may be undertaken by the majority shareholder in a company. In most cases, the judicial decisions and the consequences of the tunneling activities conclude with the restitution of the resources to the company but not with exemplary sanctions, which could avoid this type of behaviors. Thus, the game theory reveals that the majority shareholder may not be deterred from carrying out these acts of tunneling. The law is widely lax and generally does not impose drastic sanctions for this type of behavior Magíster en Derecho Privado Maestría

Fil: Cañardo, Hernando V. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina Fil: Cañardo, Hernando V. Sociedad Americana de Derecho Internacional; Argentina Resumen: La doctrina del acto de Estado es una regla jurisprudencial aplicada en aquellos casos que implican en forma directa la legalidad de una norma o acto gubernamental extranjero realizado en su propio territorio. Desde sus orígenes hasta la actualidad su análisis se ha complicado pues el ámbito no solo se relaciona con actos como expropiaciones o repudiación de contratos, sino con otras áreas tales como los derechos humanos, el terrorismo y los monopolios. El presente artículo analiza sus orígenes y desarrollo en la jurisprudencia norteamericana. Abstract: The act of state doctrine is a judicial rule of abstention to be applied in those cases that concern directly the legality of a governmental action or rule, done or enacted by a sovereign State in its own territory. Since its origin to present times, the analysis has been tangled, as its scope is not only related nowadays with expropriations or contract breaches, but other areas such as Human Rights, terrorism and antitrust. This paper deals with the origins and evolution of the act of state doctrine in United States’ case law.

La propiedad es un derecho fundamental el cual es garantizado por la Constitución Política del Perú, así como por el resto del ordenamiento jurídico vigente. Como todo derecho el mismo no es absoluto, por ello la Constitución establece los mecanismos por medio de los cuales este derecho puede ser afectado de forma legítima. Estos mecanismos no son mas que la materialización de las garantías por lo cual su cumplimiento es irrenunciable. El artículo 70 de la Constitución señala a la expropiación es procedente si y sólo sí se cumplen los enunciados en el mismo, es por ello que dentro de los mismos encontramos a la indemnización justipreciada, concepto que viene a garantizar el principio de indemnidad patrimonial del afectado con la finalidad que el proceso expropiatorio no sea causa de un daño patrimonial. Al ser una indemnización que procura la garantía de un principio el mismo difícilmente puede ser considerado como ganancia, esto debido a que la racionalidad del concepto es completamente indemnizatorio estando esto muy lejos de ser una ganancia de capital y por ende sujeto al impuesto, tal como erróneamente es calificado por la Ley de Impuesto a la Renta

La presente investigación se desarrolla teniendo al arbitraje de inversión como eje central, analizado a la luz de un caso específico, en donde el Estado colombiano es demandado por la multinacional española Gas Natural Fenosa (GNF) hoy denominada Naturgy, accionista mayoritaria de la sociedad Electrificadora del Caribe – Electricaribe S.A. E.S.P. El cuestionamiento central de esta investigación es determinar sí con la intervención y orden de liquidación de Electricaribe ¿El Estado colombiano expropió a GNF o si su actuación corresponde al ejercicio legitimo de la potestad o derecho a regular que tienen los Estados? El anterior cuestionamiento se responde con un concluyente argumento: el Estado colombiano con sus actuaciones a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, no expropió a la multinacional española Gas Natural Fenosa. The present research closely analyzes the international arbitration case between the Colombian State and the Spanish multinational corporation, Gas Natural Fenosa (GNF), currently called Naturgy, majority shareholder of the Electric company the Caribbean - Electricaribe SA E.S.P. My research question is to determine whether state’s intervention and dissolution of Electricaribe is a legitimate exercise of its power or constitutes an expropriation against GNF. My answer is decisively negative: the Colombian State, acting thought its Superintendent for Residential Public Services, did not expropriate GNF. Maestría Magíster en Derecho del Estado con énfasis en Derecho Público

El trabajo se centra en un pequeño análisis de algunos aspectos y circunstancias jurídicas y sociales que rodearon al grupo empresarial Ruiz-Mateos s.a., en especial la situación que llevó la expropiación al tribunal constitucional, en un recurso contra el decreto que dictaba la expropiación y un breve análisis de la emisión de pagarés que acontecieron en el año 2009 que supuso un daño patrimonial para pequeños inversores quienes carecían de conocimientos financieros y se dejaron llevar por una publicidad acerca de una rentabilidad que ofrecían sin garantías reales y debido a una valoración de los activos que no se correspondía con la realidad

Since the beginning of community life, it has been necessary to establish limits to private property in order to meet the social needs that are demanded.Within the scope of the limitations we are going to study administrative or public utility easements whose main foundation is the general interest or public utility that private property represents for society Administrative easements are such an everyday institution that goes unnoticed even for jurists, we take for granted the existence of roads, airports, the light of our houses and even the beaches in which we bathe. However, we do not see the legislative reality that exists behind what is called the public domain and how its establishment affects the owners of the land on which they are constituted. The object of study of this work will analyze the difficulties in conceiving this institution, the most important administrative easements and the problem in reference to economic compensation, encompassed not only from the field of civil legislation, but also administrative and urban planning. Desde el origen de la vida en comunidad ha sido necesario establecer límites a la propiedad privada con el objetivo de satisfacer las necesidades sociales que se demandan. Dentro del ámbito de las limitaciones vamos a estudiar las servidumbres administrativas o de utilidad pública cuyo fundamento principal es el interés general o utilidad pública que la propiedad privada representa para la sociedad. Las servidumbres administrativas son una institución tan cotidiana que pasa desapercibida incluso para los juristas, damos por hecho la existencia de carreteras, aeropuertos, la luz de nuestras e incluso las playas en las que nos bañamos. Sin embargo, no vemos la realidad legislativa que existe detrás de lo que se denomina el dominio público y de cómo su establecimiento afecta a los dueños de los terrenos sobre los que se constituyen. El objeto de estudio de este trabajo analizará las dificultades a la hora de concebir esta institución, las servidumbres administrativas más destacadas y el problema respecto a su compensación económica, abarcada no solo desde el ámbito de la legislación civil, sino también administrativa y urbanística.

89 páginas En el año 1994 la multinacional canadiense hoy llamada Eco Oro Minerals llegó a Colombia, obtuvo licencias de exploración y explotación minera en el área del Páramo de Santurbán y empezó a dar desarrollo al Proyecto Angostura. Los procesos de explotación empezaron a hacer mella en el ambiente y el Estado colombiano empezó a limitar las actividades de Eco Oro, con el fin de proteger el ecosistema del páramo y todo lo que de él se desprende (flora, fauna, recursos hídricos); hasta tal punto que la multinacional viendo afectadas sus inversiones, decide demandar a Colombia ante el CIADI. Dentro del trabajo se busca desarrollar una posible estrategia de defensa de las partes; de esta manera, según los hechos, se puede apreciar que la argumentación de la multinacional se fundamentará en la expropiación indirecta y la violación al trato justo y equitativo. Mientras que la argumentación de Colombia se basará en el Estado de necesidad como causal de ausencia de ilicitud ante el incumplimiento de una obligación internacional; sin embargo, se concluye dentro de una hipótesis del fallo, que la diplomacia y la experticia nacional fueron insuficientes, y por lo tanto, Colombia será declarada responsable por un hecho internacionalmente ilícito. In 1994 the Canadian multinational today called Eco Oro Minerals arrived to Colombia, it obtained mining exploration and exploitation licenses in the area of Páramo de Santurbán and began to develop the Angostura Project. The exploitation processes began to take a toll on the environment and the State Colombian began to limit the activities of Eco Oro, in order to protect the ecosystem of the moor and everything that emerges from it (flora, fauna, resources water); to such an extent that the multinational seeing its investments affected, decides to sue Colombia before ICSID. Within the job you are looking for develop a possible defense strategy for the parties; in this way, according to the facts, it can be assessed that the multinational's argument be based on indirect expropriation and violation of fair treatment and equitable While Colombia's argument will be based on the State of necessity as a cause of absence of illegality in the event of a breach of international obligation; however, it is concluded within a hypothesis of ruling, that diplomacy and national expertise were insufficient, and therefore, Colombia will be held liable for an internationally wrongful act. Maestría Magíster en Derecho

Una de las premisas en procesos de expropiación por obra pública es cumplir con el objetivo de que la población desplazada pueda restituir sus condiciones iniciales de vida, evitando así que obras que en principio benefician a la colectividad se conviertan en agentes de exclusión de ciertas personas y grupos sociales. El caso del sistema de cable aéreo TransMiCable, construido entre 2014 y 2017 en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, es un ejemplo de cómo un sistema que puede traer grandes beneficios sociales a los residentes de la localidad implica de todas maneras el desplazamiento de quienes habitan en el suelo necesario para su construcción. En este documento de política se analizan los efectos del proceso de expropiación generados por la obra sobre la población desplazada y los cambios en sus condiciones de vida después del desplazamiento. Para tal efecto, se realiza un análisis cuantitativo de la información estadística aportada por la institución responsable de la adquisición predial de este proyecto. Adicional a esto, se hace un estudio georreferenciado de la nueva ubicación de las personas desplazadas en relación con servicios públicos y sociales y, por último, se realiza una encuesta telefónica con los propietarios y poseedores. Se encontró que, si bien no se generaron grandes desplazamientos en términos de distancia a la vivienda anterior, las condiciones finales de vivienda y localización desmejoraron en relación con las anteriores al traslado. Esto evidencia la necesidad de replantear los objetivos y procesos de expropiación, especialmente cuando se trata de población vulnerable One of the premises in expropriation processes for public works is to comply with the objective that the displaced population can restore their initial living conditions, thus avoiding that works that in principle benefit the community from becoming agents of exclusion of certain people and social groups. The case of the TransMiCable overhead cable system, built between 2014 and 2017 in the town of Ciudad Bolívar de Bogotá, is an example of how a system that can bring great social benefits to the residents of the town implies in any case the displacement of those who they live in the soil necessary for their construction. This policy document analyzes the effects of the expropriation process generated by the work on the displaced population and the changes in their living conditions after displacement. For this purpose, a quantitative analysis of the statistical information provided by the institution responsible for the property acquisition of this project is carried out. In addition to this, a georeferenced study is made of the new location of the displaced people in relation to public and social services and, finally, a telephone survey is carried out with the owners and possessors. It was found that, although no large displacements were generated in terms of distance to the previous home, the final housing and location conditions deteriorated in relation to those prior to the move. This shows the need to rethink the objectives and processes of expropriation, especially when it comes to vulnerable populations Magíster en Planificación Urbana y Regional Maestría

La potestad expropiatoria de los Estados está determinada por el concepto que se tenga de la función social de la propiedad. En ese cometido, es clave tener presente que la potestad expropiatoria cuenta con un fundamento normativo constitucional y legal, donde el concepto que se tenga de la propiedad, en la medida en que esta “tenga” o “sea” una función social, determina los lineamientos bajo los cuales se ejerce la potestad expropiatoria. Lo anterior implica hacer una lectura de la propiedad privada a la luz de los Estados Sociales de Derecho español y colombiano en un ejercicio de derecho comparado que tiene como finalidad revisar de manera detallada el fundamento de la potestad expropiatoria para, así, lograr establecer semejanzas y diferencias que permitan establecer el alcance de la expropiación en los respectivosordenamientos jurídicos The States’ power to expropriate is de-termined by how its property’s social function is understood. In doing so, it is essential to consider that the expropria-tion authority has a legal and constitu-tional policy rationale in which the con-cept given to the property -insofar this “is” or “has” a social purpose-, deter-mines the guidelines under which the power of expropriation is applied. The foregoing implies a reading of the pri-vate property in the light of the Span-iard and Colombian Social States under the rule of law in a comparative law ex-ercise that aims to review in detail the basis of the expropriatory power. This, in order to establish similarities and differences and allow to establish the scope of the expropriation in its respec-tive legal orders

El presente trabajo comprenderá dos capítulos. El primer capítulo de carácter general, el cual es trascendental para el posterior capítulo, abarcará el ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta, las teorías más difundidas de renta. Asimismo, el concepto de renta enfocado tanto para rentas no empresariales como empresariales, siendo que en ésta última, se enfatizará el penúltimo párrafo del artículo 3° del TUO de la LIR. El segundo capítulo, de carácter más definido, tratará cuestiones más específicas, empezando por qué es lo que se entiende por expropiación y su regulación en el Perú; posteriormente, se tratará de la indemnización justipreciada o justiprecio y su posible afectación o no al Impuesto a la Renta, tomándose en cuenta argumentos a favor y en contra de ello. Trabajo de investigación