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El autor analiza la película La voz de la igualdad, basada en la vida de la Jueza de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. El trabajo pone especial atención en el caso “Charles Moritz Vs La Oficina de Impuestos”, defendido por Ruth Ginsburg al inicio de su carrera. En el referido caso se discutía la procedencia de la deducción de gastos de tutela efectuado por el Sr. Moritz en la determinación de su impuesto a la renta. Conforme a la ley americana, las hijas solteras que tuvieran empleo fuera de casa estaban facultadas a deducir los gastos de tutela. El Sr. Moritz era soltero, cuidaba de su madre y tenía un empleo fuera de casa, pero no era una hija, sino un hijo, razón por la cual la oficina de impuestos le negó la deducción. La estrategia de la abogada fue alegar discriminación de género en contra de su cliente, pues la ley injustamente presumía que quienes se encargaban del cuidado de los padres eran las hijas. Su objetivo era conseguir la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 214 del Código Tributario americano, por violación del principio de igualdad ante la ley; para luego demandar, caso por caso, la inconstitucionalidad de 178 leyes americanas que discriminaban a las mujeres.

El presente artículo discute el rol del juez constitucional colombiano en la protección del derecho a la igualdad de los inversionistas locales frente a los acuerdos internacionales de inversión (AII) suscritos por Colombia. A nivel global, los AII han sido acusados de crear tratos discriminatorios en contra de los inversionistas locales al otorgar a los inversionistas extranjeros mejores derechos sustanciales y procesales. Aunque la Corte Constitucional desde su creación ha tenido a su cargo el control de constitucionalidad de los AII suscritos por Colombia, solo recientemente, en el marco del control de los AII con Francia e Israel, hizo uso de ese control para abordar la posible violación del derecho a la igualdad de los inversionistas locales como consecuencia de la suscripción de tales tratados internacionales. El trabajo analiza la forma en que la Corte Constitucional realizó el control de constitucionalidad de los AII con Francia e Israel, particularmente en lo que atañe a las medidas adoptadas para la protección del derecho a la igualdad de los inversionistas locales. El artículo concluye que el tribunal constitucional, en su deseo de tomar parte en el debate moderno sobre los AII, pudo haber desconocido la naturaleza y el contexto histórico de esos tratados, así como su propia jurisprudencia en materia de protección del derecho a la igualdad. Así mismo, el texto pone en evidencia que la Corte no aplicó de forma uniforme y consistente su estándar de control respecto de todas las disposiciones de los AII, y que sus decisiones crean problemas prácticos que pueden convertirse, eventualmente, en obstáculos para la negociación y conclusión de AII por parte del gobierno colombiano.

The anti-racist struggle in Brazil has experienced an endless dispute among narratives, confronting obstacles in the legal field impeding its implementation and effectiveness. The entire dispute interferes with the country's ability to solidify the Right to Equality stated in the Constitution of the Federal Republic of Brazil. With the aim of contributing to the debate on the matter of the effectiveness of the anti-racist struggle, this article provides reflections on its paths and setbacks in the legislative sphere, its application in the courts, and the perpetuation of racist practices in the building of the collective conscience by means of the media and social practices by way of "humor". [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El objetivo del trabajo es analizar y dar cuenta de los aspectos esenciales que encierra el test de igualdad desde la perspectiva de la jurisprudencia constitucional, ya que en los últimos años dicho test fue utilizado por diversas instancias judiciales, sin embargo, su uso se dio de forma inadecuada porque muchas veces su aplicación no se orientó por lo desarrollado en el Expediente N.° 00045-2004-PI/TC y 00004-2006-PI/TC, es más, ni el mismo órgano emisor lo sigue, siendo así, la tesis central que se asume aquí es que los criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 00045-2004-PI/TC y 00004-2006-PI/TC –sobre el test de igualdad– sean aplicados de manera uniforme, de esa manera sería mucho más sencillo establecer si un hecho o acto constituye tratamiento justificado o injustificado, además, se evitan las inconsistencias en su aplicación; por último, se propone que lo recogido en esa sentencia sea declarada precedente constitucional para que genere predictibilidad la aplicación del mencionado test.

La brecha salarial entre hombres y mujeres es un problema de dimensiones globales en el que, si bien se ha avanzado mucho, aún queda mucho por recorrer. En este contexto, el presente artículo aborda, a partir de doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, la problemática en torno a la igualdad salarial en el Perú. Para ello, desarrolla de manera previa el contenido esencial del derecho de igualdad, el derecho a la remuneración y el derecho a la no discriminación, y cómo estos toman forma en el marco de las relaciones laborales. Como resultado de este análisis, se detallan los criterios que deben seguir tanto los jueces como los organismos fiscalizadores para determinar cuándo una diferenciación salarial es legítima o no, y si esta ha constituido un acto hostil o discriminatorio.

Desde la expedición de una serie de normas que prohíben la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, se ha concretizado la efectividad de dicha prohibición en el Perú. Sin embargo, la prohibición a la discriminación remunerativa no opera de manera absoluta, en la cual pueden darse excepciones y justificaciones al desbalance remunerativo entre hombres y mujeres. El presente artículo explora las normas relevantes y hace énfasis en las excepciones y justificaciones a la prohibición a la discriminación remunerativa, examinando los casos donde estos podrían desenvolverse.

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Este artículo recoge los resultados de una parte del trabajo de grado “La comprensión de la categoría profesor ocasional en la Universidad de Pamplona: una mirada jurídica y social”. Su objetivo se centra en el análisis legal acerca de la dirección de entidades educativas - departamentos, programas de pregrado y posgrado, entre otras – por parte de profesores ocasionales en las universidades estatales colombianas. Para el desarrollo de este trabajo se ha tenido en cuenta la metodología cualitativa descriptiva. Consiste en un estudio documental que asume los supuestos teóricos y metodológicos de López Medina (2002) expresados en la obra ‘El derecho de los jueces’. La definición del punto arquimédico, el desarrollo de la ingeniería en reversa, la composición del nicho citacional y la reconstrucción de la Línea Jurisprudencial han sido los pasos relevantes para dar una mirada jurídica al tema de estudio. Se cree que por su condición, los profesores ocasionales no pueden asumir la dirección de éstas entidades dentro de las Universidades públicas. No obstante, en virtud del derecho a la igualdad la Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera – del Consejo de Estado determina que los docentes ocasionales por cumplir funciones similares a los de planta en el campo educativo y, adicionalmente, estar obligados a acreditar las mismas condiciones de formación y experiencia, ello los hace miembros de la ‘comunidad educativa’, que al tenor del artículo 68 de la Carta Política “participará en la dirección de las instituciones de educación”.

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Resumen: La lengua de signos es una lengua natural, de uso principal o preferente, de personas que viven en España y gozan de la ciudadanía española. Si el resto de las lenguas que se hablan en este Estado disfruta de mención constitucional, carece de sentido que no se otorgue el mismo trato a la lengua de signos. Para ello se precisa una reforma de la Constitución en el art. 3.2. Reflejando al máximo nivel normativo la realidad de uso de la lengua de signos, se efectúa una remoción de obstáculos para la integración de las personas sordas y sordociegas, y se previenen afecciones a la igualdad en este grupo humano susceptible de discriminación. Abstract: Sign language is a common lenguage, of main or preferent use by individuals living in Spain and enjoying Spanish citizenship. Given that the rest of the lenguages spoken in the State are mentioned in the Constitution, it is non sense that same treatement is not accorded to sign language. For this to be solved, it is necessary to reform article 3.2 of the Constitution. Thus, placing at the highest legal level the reality of sign language, obstacles to integration of deaf and deaf-blind persons are removed and infingements to equality of this group —very sensitive to discrimination— are prevented. Summary: 1. Introduction. 2. A proposal of constitutional reform. 3. Disability protection rules in general, and of the sign language in particular. 4. Sign Language as element worthy of express constitutional mention. 5. The specific location of sign language in the Constitution and the effects of their constitutionalization. 6. The reform proposal refers to all the spanish signs languages. 7. The process of constitutional reform for the proposal. 8. Conclusions. 9. Bibliography.

Este artículo estudia la presunción de daño moral a favor de las víctimas indirectas en la jurisdicción contencioso administrativa. En primer término se analizan las diversas teorías en torno a la prueba del daño moral. Posteriormente se dan las razones por las cuales la prueba del daño moral de algunas víctimas indirectas corresponde a una presunción y no a un indicio. El artículo finaliza explicando las razones por las cuales la estructura de presunción conduce a indemnizar daños inciertos, además de resultar discriminatoria frente a modelos de familia no tradicionales.

La presente investigación tiene por objetivo analizar la problemática relacionada con la igualdad y no discriminación en el ámbito educativo y apreciar las disposiciones jurídicas vigentes que en la actualidad han tratado de solucionar la misma. Como metodología se empleó el análisis documental de contenido y el método teórico analítico-sintético. A través del estudio crítico de la evolución de las declaraciones y normativas internacionales sobre el tema, así como su expresión en particular en la Unión Europea y Ecuador, se arriba a la conclusión de que aun cuando se ha recorrido un extenso camino en el tratamiento jurídico al derecho a la igualdad de la mujer y en especial su manifestación en la esfera de la educación, junto al hecho de que se sientan las bases para la erradicación de las formas de discriminación por razones de género, todavía se requieren medidas más concretas y efectivas que acompañen y permitan llevar a la práctica de modo más consecuente las disposiciones legales vigentes.

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The objective of this research is to analyze the problems related to equality and non-discrimination in the educational field and to appreciate the current legal provisions that have currently tried to solve it. The methodology used was the documentary content analysis and the analyticalsynthetic theoretical method. Through the critical study of the evolution of the international declarations and regulations on the subject, as well as its expression in particular in the European Union and Ecuador, it is concluded that even though an extensive path has been taken in the legal treatment the right to equality of women and especially their manifestation in the field of education, together with the fact that the foundations are laid for the eradication of forms of discrimination based on gender, still more concrete and effective measures are required that accompany and allow to carry out in a more consistent way the current legal provisions. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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Binding precedents are a tool that not only sustains legal certainty and the right to equality,but also is a unifying path between substantial criteria that is to be applied on similar cases. Even though several jurisdictional bodiesare vested with the power of issuing binding precedents, the lack of specialization in taxmatt ers has enhanced the importance of the binding precedents that the Tax Court issues. The authors highlight the importance of the Tax Court in the development of tax law’s legal framework, thanks to the issuance of binding precedents, as predictability reinforces legal certainty and the right to equality, as well as it reduces the cost of enforcement of tax duties, both for the tax payer and the administration, and has a positive impact on tax collection.

A weighted view of labor law: commentaries on the MSE regime and the proposal «Law of New Enterprise»The present article evaluates constitutional character of the regime of Micro and Small Enterprises (MSE) and the legislative proposal of «Law of New Enterprise» from the jurisprudence of the Constitutional Court. With this purpose it starts with analyzing own characters of the right to equality as a classical liberal right that is based on social rights as the right to work. Finally, the article seeks to dispel doubt of whether those regimes, MSE and the Law of New Enterprise, they obey to a policy of promotion of employment or rather they introduce a differentiated treatment without objective basis and therefore unconstitutional.

Despite the progress regarding the rights of people with disabilities around the world, Colombia's domestic law still includes barriers that allow the infringement of these rights. One of the recurring practices in Colombia is the sterilization of people with cognitive and psycho-social disabilities. To carry out this procedure, the legal will of the person with disability can be superseded by another person, resulting in a forced sterilization. This constitutes a violation of the right against torture and other inhumane or degrading treatment. For this reason, the aim of this paper is to analyze the legal status of the sterilization of people with cognitive and psycho-social disabilities in Colombia, taking into account the contradiction between the regime of legal capacity in Colombia and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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La concepción originaria de la Corte Constitucional, respecto de si el nasciturus es poseedor o no del derecho absoluto a la vida, ha ido cambiando gradualmente a medida que han ido pasando las sentencias que han estudiado el tema. No se ha llegado a la idea de considerar que el derecho a la vida se posee, al igual que todos los derechos fundamentales, desde el nacimiento, sin embargo, sí ha ido calando en la Corte la idea que el derecho a la vida del nasciturus, si es que este lo posee, no es absoluto y por eso en ocasiones debe ceder frente a los derechos de la mujer. 'El derecho al aborto y La tolerancia en el discurso iusfilosófico y la vigencia del pensamiento liberal en América Latina' son trabajos de investigación en donde se hace manifiesto el uso del término tolerancia en los diferentes sectores de poder de la sociedad y como argumento de aceptación a la diferencia, por lo tanto, para un país como Colombia, es particularmente problemático que el aborto admita una tolerancia en sentido positivo, esto porque la influencia del discurso religioso es tan fuerte que coarta las decisiones públicas aun en desmedro de las políticas de salud. Por esto se hace necesario elaborar un discurso conciliador entre el estamento político y los pronunciamientos dogmáticos de la iglesia católica en Colombia en lo que al aborto se refiere.

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La idea de entablar una discusión acerca de si el aborto es un derecho necesario en nuestra sociedad actual, para que ninguna mujer tenga que enfrentar dicho dilema, no está desconociendo de ninguna manera los derechos de protección que tiene el nasciturus. Por el contrario, es una reflexión encaminada a conciliar los derechos del que está por nacer con los de la que ya está constituida. Tanto se le debe dar oportunidad a los engendrados para que se desarrollen sin ningún tipo de obstáculos, tanto debemos darles la posibilidad a las mujeres para que decidan sobre sus vidas. Cuando existan en Colombia alternativas de tipo social para la crianza y el mantenimiento de los hijos, entonces la decisión podrá ser también compartida con el Estado y, en caso contrario, como es la mujer la que cargará con el peso de la responsabilidad, que ellas tengan entonces el derecho de decidir sobre su propio cuerpo, si optan o no por el aborto. No es específicamente el aborto, sino el derecho a decidir, el que les da a las mujeres la Constitución para que desarrollen libremente su personalidad

La dinámica con la que se desarrolla el fenómeno democrático exige una constante actualización de los conceptos teóricos a efectos de facilitar la comprensión de las reglas que rigen la configuración de las decisiones políticas. Prueba de ello es la sentencia de la Corte Constitucional C–551 de 2003, por la cual se realizó control previo de constitucionalidad a la Ley 796 de 2003, convocatoria a un referendo de reforma constitucional, donde se desestima la naturaleza de una de las formas de manifestación política del poder constituyente primario cual es el voto en blanco. El análisis realizado por la Corte Constitucional no solo elude la real naturaleza del voto en blanco sino que infringe principios fundamentales para un Estado democrático, social y de derecho como el principio participativo, el derecho a la igualdad y el principio de libertad, infracciones de naturaleza sustancial que necesariamente conducen a la evaluación de la cosa juzgada que merece todo pronunciamiento jurisdiccional.

The formation of the State and its legal order has been undertaken by the male community with the result of female exclusion; neither the law nor the political system has considered equality between men and women as a fundamental principle. The right to equality lies on the questioning of the philosophical and cultural claims which consider men as the universal subject and women as a specific category. Within Feminist legal theory there are great differences when it comes to an alternative theoretical proposal to solve the problem of gender vs. sex. The proclamation of the Constitution, the adaptation of the legal framework to the principles and constitutional values, and academic feminism have made for the development of gender studies in the field of law.

This article discusses the constitutionality of one of the regulatory measures upon the right to conscientious objection: the registration of conscientious objectors. To this end, the requirements posed by the principles of reasonableness and equality are taken into account, considering under the latter the so-called indirect discrimination and equal access to public office. Moreover, the issue is also tackled considering the provisions of argentinian Personal Data Protection Law, nº 25.326. [ABSTRACT FROM AUTHOR]