Search

Este trabajo de investigación se realizó para la Procuraduría General de la Nación, por la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario cuyo objetivo era el análisis de decisiones arbitrales derivadas de contratos estatales. En cada decisión se pretende identificar el problema jurídico, la decisión, la influencia del procurador cuando emite conceptos respecto de la decisión que se debe tomar por el Tribunal, la cuantía, los temas principales y accesorios, etc.

Este es un trabajo de investigación para la Procuraduría General de la Nación que busca analizar la incidencia de las decisiones de Tribunales de Arbitramento en materia de contratación del Estado. Por tanto, consistió en el análisis de laudos arbitrales derivados de contratos estatales y en los que en cada uno se analizó: el problema jurídico, la decisión, la incidencia del concepto del procurador en la decisión, la cuantía, los temas principales y accesorios, entre otros aspectos.

En el año 2016, el Gobierno Nacional presentó un proyecto de reforma del régimen de contratación estatal, con base en las recomendaciones hechas por el comité de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Uno de sus ejes centrales se situó en la ecuación económica y financiera del contrato. Dentro de esta figura se le otorgó al juez la facultad de terminar unilateralmente el contrato, cuando a ello hubiere lugar. Por lo tanto, este proyecto hará un análisis crítico sobre las repercusiones de esta nueva atribución del juez que afecta no solo al concepto de la ecuación económica y financiera del contrato sino también, a todo el régimen de contratación pública colombiano.

Desde que la Asamblea Nacional constituyente de 1991estableció los parámetros en orden con las demandas sociales de un cuerpo constitucional más liberal en contraposición a la constitución de 1886, que contaba con características más reaccionarias y conservadoras. Dicha apertura hacia la transformación de lo comprendido en la constitución como orden jurídico transversal a las dinámicas institucionales, estructuró a un Estado de derecho garantista, lo que repercutió en un aumento en las demandas dirigidas a los entes administrativos de corte pública, lo que repercutió en la progresiva conformación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) en 2011, que atravesó un proceso de transformación en el ámbito teórico y práctico, pasando de un funcionamiento descentralizado a un modelo híbrido con la reforma institucional del año 2019. Por lo que en la presente investigación se aborda el fenómeno desde una revisión conceptual general de lo que implica la acción social y jurídica desde el marco de una constitución de un Estado Social de Derecho, así mismo, se de la comprensión desde el desarrollo doctrinal de lo que implica un órgano de defensa del Estado desde una perspectiva histórica, entendiendo a su vez, los diferentes modelos existentes y experimentados en el orden mundial, detallando a partir del respectivo desarrollo la determinación de las tensiones existentes en el funcionamiento fáctico de la ANDJE, a partir, de sus procesos delimitados entre los años 2011 al 2021.

Este trabajo corresponde al estudio de investigación realizado por un periodo de 7 años, en el que se analiza el postulado del principio constitucional “orden justo”, aplicado en las relaciones que se supeditan entre el Estado y los particulares, principalmente en los contratos que se orientan por el régimen de la Ley 80 de 1.993. Bajo este entendido, se realiza un estudio desde el derecho constitucional, desde el derecho administrativo y en este; se abarca la selección objetiva para determinar la forma como el Estado puede alcanzar un orden justo a partir de la aplicación de procesos de selección de contratistas regulados por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. Señalando como fundamental la existencia de una responsabilidad del Estado, de tipo extracontractual bajo la protección del principio neminen laedere en aquellos casos en los cuales se transgreda la selección objetiva en desarrollo de una selección de contratistas. Bajo este contexto, la Tesis Doctoral sustenta las preguntas de investigación y con ello, la demostración de la hipótesis a partir del estudio de 20 procesos de contratación adelantados por diferentes entidades del Estado, a partir de los cuales se crea un Test de cumplimiento de reglas derivadas de la selección objetiva para determinar si un proceso de selección de contratitas permite el cumplimiento del orden justo que como mandato constitucional debe ser acatado por las autoridades administrativas competentes.

Con una revisión de la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de los últimos quince años, este documento analizó la eficacia y suficiencia de las restituciones mutuas como efecto jurídico de la nulidad absoluta de los contratos estatales, con el objetivo de determinar las implicaciones que conlleva su aplicabilidad en los contratos de concesión que incluyen la asociación público - privada de recursos en los proyectos de infraestructura vial y establecer mecanismos de protección de los intereses que de buena fe participan en su ejecución.

En el ordenamiento jurídico colombiano existen ciertos límites para que las entidades públicas impongan las multas causadas en la ejecución del contrato estatal. De la existencia de estos límites, surge la necesidad de analizar si los mismos incentivan el cumplimiento íntegro de las prestaciones del contratista. Determinado que con su eliminación podrían aumentarse los incentivos al cumplimiento de las obligaciones, se harán proposiciones para que la multa y su imposición tengan una mayor efectividad.

El objetivo principal del presente trabajo se orienta a explicar la evolución y razón de ser de las inhabilidades e incompatibilidades de la contratación estatal en Colombia desde su génesis, cuya finalidad y origen estaba basado en principios, tales como el interés público, la transparencia, objetividad, imparcialidad, la moralidad pública, entre otros; hasta las más recientes causales y supuestos de hecho acompañados de una sanción e introducidos por el legislador a través de un catálogo de medidas estrictas, para determinar los efectos jurídicos que traen consigo y si se evidencia una transformación del derecho administrativo tendiente a un régimen sancionador. De este modo, será posible determinar y cuestionar qué ha motivado al legislador colombiano a lo largo de la evolución normativa para reforzar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades mediante la incorporación de nuevas causales, tendientes a combatir la corrupción y a sancionar la conducta de los oferentes y servidores públicos, y si se han trastocado los valores que originalmente protege el sistema.

Con la expedición del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), el cual reguló la manera en que las entidades estatales deben realizar sus contratos atendiendo a la consecución de los fines del Estado Colombiano plasmados en la Constitución Política y siguiendo unos principios que garantizan la consecución de tales fines, se buscó crear un régimen de contratación que rigiera de manera general y única para todas las entidades estatales del territorio nacional.

Partiendo de la base que el trabajo de investigación implica una disertación argumentativa, se destaca a primera a mano que nos encontramos frente a un tema aparente e ilusoriamente pacífico, el cual no ha sido objeto de un intenso análisis, que en el fondo logre demostrar o por lo menos poner de presente que tenemos un estatuto de contratación estatal con graves falencias en su componente fundamental como lo constituye la selección objetiva de los contratistas, que no sobra recordar es uno de los aspectos esenciales que lo diferencia con el derecho privado negocial. En ese orden, el presente estudio nos ayudará a comprender de mejor manera el contexto sobre el cual el estado ejecuta recursos públicos a través de procesos de contratación sustentados en modalidades de selección no solamente disparejas, sino adicionalmente con falencias que pueden llegar a considerarlos como poco eficientes e idóneos para cumplir con los fines para los que se establecieron y principalmente atentatorios del principio de la selección objetiva como premisa fundamental de tales figuras. Bajo tal perspectiva, el estudio acoge gran relevancia cuando en la actualidad vemos con bastante frecuencia los múltiples fracasos de grandes y pequeños proyectos cuya debilidad no solo se incentiva, sino que además se patrocina con el esquema que tenemos para escoger a los mejores contratistas del estado, esto aunado a las diversas reformas de fondo que se han tratado de propiciar pero que por coyunturas políticas han sido relegadas al total olvido como consecuencia del desinterés tanto del ejecutivo como del legislador para sacarlas victoriosas. En ese entendido, revisaremos la evolución histórica tanto de las modalidades de selección, como del principio de selección objetiva tratando de entender la sindéresis de su definición, abordando preceptivas normativas trasversales que inciden en su materialización, para luego compararlas con lineamientos de organismos internacionales que se preocupan por la mat

El propósito del presente trabajo es identificar y exponer los beneficios teóricos y prácticos de indemnizar las lesiones fisiológicas causadas por el Estado, a través del daño a la salud como perjuicio inmaterial autónomo, desplazando el 'daño a la vida de relación' o alteración en las condiciones de existencia debido a las críticas y falencias de este último a partir del desarrollo jurisprudencial emitido por el Consejo de Estado Colombiano.

Con el trabajo aquí realizado pretendemos efectuar un aporte a la ciencia jurídica, particularmente en materia de contratación pública a partir del estudio sistemático de la figura del “desplazamiento de las inversiones” dentro de los contratos de concesión de obra pública, en particular las denominadas concesiones de primera, segunda y tercera generación. Este estudio además plantea contribuir a la discusión y análisis jurídico toda vez que a la fecha no se conocen trabajos que hayan abordado de manera organizada y sistemática el fenómeno jurídico del “desplazamiento de las inversiones”, sino que apenas se encuentran decisiones arbitrales que han analizado el tema objeto de este trabajo desde distintas perspectivas legales y jurídicas. De esta manera, a través de este documento se abordarán en primer lugar los contratos de concesión (en sus distintas generaciones) y los esquemas normalmente empleados para su financiación en Colombia, como elemento indispensable para la debida y comprensión y desarrollo del problema que se plantea resolver con este trabajo. Luego, se abordará el análisis del “desplazamiento” desde las disciplinas financiera y jurídica, con especial énfasis en esta última, toda vez que, de las distintas decisiones arbitrales existentes a la fecha en esta materia, se puede observar un tratamiento disímil de esta materia en la denominada “jurisprudencia arbitral”. Es por ello, que se entrará al análisis del “desplazamiento de las inversiones” desde las perspectivas del desequilibrio económico del contrato, del incumplimiento contractual, y finalmente, con base en la teoría de la asignación de riesgos se planteará una tercera perspectiva en donde se presenta el fenómeno objeto de estudio como un evento donde una de las partes (concedente) obtiene un beneficio o efecto financiero favorable por el desplazamiento de las inversiones por desplazamiento a su vez del cronograma de obras, sin que por ello se ocasione un perjuicio a la entidad concedente. Como c

Este es un trabajo de investigación para la Procuraduría General de la Nación que consistió en el análisis de laudos arbitrales derivados de contratos estatales. En cada laudo se analizó el problema jurídico, la decisión, la incidencia del concepto del procurador en la decisión, la cuantía, los temas principales y accesorios, entre otros aspectos.

El presente trabajo demuestra que la utilización del arbitraje como un mecanismo alternativo de solución de conflictos es como una gran alternativa en el ordenamiento colombiano, debido a la rápidez y tecnicidad de su implementación. Así mismo, la contratación estatal tiene una asociación directa con el interés general, pues esta sirve como instrumento de la realización de los fines del Estado, el cual debe valerse de mecanismos idóneos para ejecutar dichos fines. En este sentido, la relación entre el arbitraje y la contratación estatal, se ha convertido en un elemento importante a estudiar, pues permite que los fines del Estado se materialicen de una manera más rápida y eficiente, de manera que mediante el presente estudio se evidencia a grandes rasgos el funcionamiento del arbitraje frente a los conflictos presentados en la contratación estatal.

El trabajo de grado que se presenta está compuesto por dos fichas diseñadas para el estudio de laudos arbitrales en las cuales se hace una síntesis de dos decisiones arbitrales relacionadas con temas de contratación estatal, a saber, el primero de ellos es el caso de H. Rojas Vs. el Banco de la República del año 2009, y el segundo es el caso de la Unión Temporal Ciudad Bolívar G7 vs. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. ? E.A.A.B ? del año 2010. En cada una de las fichas en mención se señalan aspectos fundamentales para entender el problema jurídico que se abordó y la solución que el tribunal adoptó frente al mismo. Con tal fin se especifican aspectos tales como los temas que se desarrollaron de manera principal y accesoria, la ratio decidendi ? siendo ésta la consideración principal que se tuvo al momento de tomar la decisión ? y la decisión que adoptó el tribunal finalmente frente a las pretensiones de la demanda y las excepciones que se hubieran presentado.

Este es un trabajo de investigación para la Procuraduría General de la Nación que consistió en el análisis de laudos arbitrales derivados de contratos estatales. En cada laudo se analizó el problema jurídico, la decisión, la incidencia del concepto del procurador en la decisión, la cuantía, los temas principales y accesorios, entre otros aspectos.

El presente trabajo contiene el análisis de los fallos que resuelven controversias derivadas de contratos estatales proferidos por la justicia arbitral durante los años de 2009 - 2015 y que será presentado a la Procuraduría General de la Nación - Delegada para la Conciliación Administrativa. Con el estudio de cada laudo arbitral se identificó el tema principal y accesorios sobre los que versan la controversia, el problema jurídico, la ratio Decidendi, el concepto emitido por el Ministerio Publico y entre otros aspectos relevantes como adopción de las decisiones arbitrales con fundamento a la jurisprudencia del Consejo de Estado.

En el desarrollo del trabajo se encontró que no hay una unificación jurisprudencial en cuanto a la utilización de las acciones en el campo contractual del Estado, lo cual ha acarreado la coexistencia de diversas posturas adoptadas por el Consejo de Estado, y ha implicado el desconocimiento del Interés General, principio rector de la Carta Política, en favor de los derechos colectivos.

Debido al fracaso de las concesiones viales, en especial aquellas que hicieron parte de la llamada ?Tercera Generación de Concesiones Viales?, el Estado colombiano reaccionó con la expedición de la Ley 1508 de 2012, por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público-Privadas, con el fin de poder contar con una herramienta jurídica eficiente para la contratación de grandes obras de infraestructura, en especial las relativas a la construcción de carreteras y autopistas, que sirviera de catalizador para impulsar el desarrollo del país con la colaboración del sector privado y la vinculación de capital y recursos provenientes de éste. Este marco legal trae consigo nuevos conceptos e instituciones jurídicas, que merecen todo el interés del caso como objeto de estudio. Uno de estos, fundamental en este esquema novedoso, es el concepto de la disponibilidad de la infraestructura y el servicio, el cual resulta de vital importancia en la ejecución de las APP, pues fue concebido como un elemento necesario para sanear algunos de los problemas que aquejaron las concesiones estructuradas bajo los parámetros de la Ley 80 de 1993. Es por esto que esta monografía pretende determinar en qué consiste dicho concepto; cuál es su naturaleza jurídica; cuál es su finalidad y utilidad; qué comprende; y qué incentivos genera en el desarrollo de infraestructura pública.

El entendimiento de los elementos de la responsabilidad del Estado, en especial el nexo causal, ha sido de antaño un tema problemático, y se ha complejizado aún más al pretender introducir en dicho elemento de índole fáctica, consideraciones jurídicas, las cuales son propias de otros elementos que, aunque también componen el fenómeno de la responsabilidad, son diametralmente diferentes.

El legislador creó en el artículo 10 de la Ley 769 de 2002[1] el Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – Simit en los siguientes términos: “Artículo 10. Sistema Integrado de Información sobre las multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito. Con el propósito de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios, se autoriza a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado a nivel nacional, un sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT), por lo cual percibirá el 10% por la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado. En ningún caso podrá ser inferior a medio salario mínimo diario legal vigente. Parágrafo. En las dependencias de los organismos de tránsito y transportes de las entidades territoriales existirá una sede del SIMIT, con el fin de obtener la información para el consolidado nacional y para garantizar que no se efectúe ningún trámite de los que son competencia de los organismos de tránsito en donde se encuentre involucrado el infractor en cualquier calidad, si éste no se encuentra a paz y salvo”. Con la entrada en operación del Simit todas las entidades territoriales del país reconocieron y transfirieron a medida que se causaba el 10% del valor total del recaudo de las multas y sanciones de tránsito a la Federación Colombiana de Municipios con excepción del Distrito Capital de Bogotá quien, se negó argumentando que solo se debía entregar a la FCM el 10% del recaudo de las multas y sanciones por infracciones de tránsito automotor terrestre que efectivamente se recaudaran gracias a la intervención del Simit pues, con dicha interpretación se respetaba el principio administrativo según el cual sin la prestación del servicio no existía derecho a la remuneración. En consonancia con lo anteriormente expuesto la temática propuesta surge a partir del análisis de la legalidad de la negativa del Distrito Cap

El presente estudio explica que la dinámica actividad contractual del Estado no cuenta con mecanismos idóneos para la resolución de conflictos toda vez que la justicia ordinaria y el arbitraje nacional presentan múltiples barreras de operatividad. Sin embargo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reúne esfuerzos para prevenir conflictos e introducir soluciones de innovación pública. Bajo este escenario, el presente trabajo analiza, bajo una metodología reflexiva y cualitativa, los fundamentos y retos para introducir las plataformas de Resolución Electrónica de Conflictos (REC) al arbitraje administrativo, con miras a solventar las necesidades judiciales del Estado.