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The Royal Decree-Law 6/2022 adopts urgent measures in response to the economic and social consequences of the war in Ukraine. The increase in the price of natural gas and oil has led to higher costs of raw materials and intermediate goods, resulting in increased inflation and a slowdown in growth. Sectors such as road transport, fishing, agriculture, and livestock are particularly affected by the rising energy prices. The Spanish government has implemented measures to accelerate the energy transition and reduce dependence on imported fuels, as well as to promote renewable energies and reduce greenhouse gas emissions in transportation. Furthermore, modifications have been made to the Water Law to regulate the administrative concessions necessary for the installation of photovoltaic solar plants in the public hydraulic domain. These measures will come into effect on March 31, 2022. [Extracted from the article]

The article summarizes a ruling from the National Court of Spain on June 30, 2011, regarding the Santa María de Garoña Nuclear Power Plant. The case involves different parties with contradictory opinions on the date of cessation of the operation of the nuclear plant. While some plaintiffs seek the immediate closure of the plant, others intend to extend its operating authorization. The ruling addresses issues of jurisdiction, non-compliance with procedures, and the need for an environmental impact assessment in the renewal of the operating authorization. [Extracted from the article]

Law 10/2022, of December 23, modifies Law 5/2020, on fiscal, financial, administrative, and public sector measures, and creates the tax on installations that impact the environment. This modification increases the percentage of income related to nuclear power production to 50%, with the aim of balancing and revitalizing the areas affected by the closure of the Ascó and Vandellòs nuclear power plants. The Nuclear Transition Fund, created to finance socio-economic development and a fair energy transition in these areas, has a budget of twenty-four million euros. The law came into effect on December 29, 2022. [Extracted from the article]

A través de la disposición adicional segunda de la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, se introdujo la exigencia de que la autorización de explotación de una central nuclear sólo podría tener como titular a una persona jurídica (a diferencia de situaciones de cotitularidad existentes hasta el momento). Así, con la nueva redacción dada al artículo 28 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, se disponía que «el titular de la autorización de explotación de una central nuclear deberá ser una persona jurídica que tenga por objeto exclusivo la gestión de centrales nucleares, contando a tal efecto con los medios materiales, económicos-financieros y personales necesarios para garantizar la explotación segura de la misma». Además, en la disposición adicional tercera de esta Ley 12/2011, se daba el plazo de un año para que las sociedades cotitulares de instalaciones nucleares presentasen un plan de adaptación sobre los nuevos requisitos de propiedad, siendo que «el incumplimiento de la obligación de adaptación en la forma y plazos establecidos en la presente disposición constituye infracción grave a los efectos de lo dispuesto en el artículo 86 b) de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear». Pues bien, en el caso de la Central Nuclear de Alcaraz, Unidades I y II, en Cáceres, las mercantiles cotitulares de esta instalación incumplieron con el mandato de adaptarse a estos nuevos requisitos. Por ello, a través de la Orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo de 25 de septiembre de 2014, se sancionó a IBERDROLA GENERACIÓN, S. A., a ENDESA GENERACIÓN, S. A. y a GAS NATURAL SDG, S. A., con carácter solidario, con una multa de tres millones de euros. La fundamentación y montante de la sanción hacía referencia a su calificación como infracción continuada, por cuanto a la fecha de incoación del expediente no se habían adaptado por el momento a las nuevas exigencias descritas. Una de las mercantiles sancionadas, GAS NATURAL SDG, S. A., recurrió la sanción impuesta. El motivo alegado es precisamente que no se estaría ante una infracción continuada, sino ante un incumplimiento de una obligación de adaptación en el plazo indicado en la Ley 12/2011. Este recurso es admitido por la Audiencia Nacional en su sentencia de 9 de marzo de 2016 (sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, recurso número 560/2014), anulando la sanción impuesta a través de la Orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo de 25 de septiembre de 2014. Contra tal sentencia de la Audiencia Nacional se interpone recurso de casación por parte de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo, resuelto por la sentencia objeto de análisis. El motivo principal que sustenta el recurso de casación es que, a la fecha de incoación del expediente sancionador que culmina con la Orden impugnada, las empresas permanecían sin dar cumplimiento a la obligación de adaptación, a pesar de estar ya vencido el plazo señalado. Así, a su parecer, esta situación de hecho constituiría una infracción grave del artículo 86.b) de la Ley 25/1964, pero es que además la obligación de adaptarse constituye una infracción si se excede del plazo, pero también es una infracción continuada si se permanece en ese incumplimiento. Así, saca a colación el artículo 4 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto) y la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo de tal precepto. Así, manifiesta que la no consideración como infracción continuada, ampararía que las empresas perseverasen en el incumplimiento de una obligación legal sin respuesta coactiva, premiando en definitiva el incumplimiento. La Sala, asumiendo la interpretación dada por la Abogacía del Estado, estima el recurso, casando la sentencia de la Audiencia Nacional y, en consecuencia, confirmando la sanción impuesta. El motivo que justifica esta decisión es que, si no se hiciese así, las entidades cotitulares de la central nuclear podrían persistir en el incumplimiento de manera indefinida, sin temor a ser sancionadas por ello. Cabe señalar que existe un voto particular, a través del cual el magistrado discrepante se muestra contrario a la casación de la sentencia, aduciendo que existe ausencia de tipicidad de la conducta sancionada y, aunque considere la conducta de las mercantiles reprochable, en ningún caso podría sancionarse. Por otro lado, cabe decir que en esa misma fecha, y por la misma Sala y Sección, se emitió una sentencia (recurso número 2696/2016) que analizaba el mismo supuesto y con igual resultado estimatorio del recurso de casación, cuyo procedimiento fue iniciado en origen por otra de las mercantiles sancionadas. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Royal Decree 1308/2011, of September 26, establishes physical protection measures for nuclear facilities and materials, as well as for radioactive sources. This regulation aims to guarantee the safety of the population, the environment, and national and international security against potential dangers related to radioactivity. It is based on Law 25/1964, of April 29, on Nuclear Energy, and on international commitments assumed by Spain. The decree includes provisions on authorizations, transportation, waste, and control and supervision measures. It came into effect on October 8, 2011, and repeals Royal Decree 158/1995, among other regulations. [Extracted from the article]

La Orden ETU/610/2017, de 21 de junio, modificó la Orden ITC/3372/2011, de 22 de septiembre, para establecer, entre otras cuestiones, que, en el supuesto de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima no hubiera sido aprobado dos meses antes del 31 de marzo de 2020, fecha antes de la cual el titular debía presentar la Revisión Periódica de Seguridad de la central, el titular podría presentar la solicitud de una nueva autorización con ocasión de la presentación de dicha Revisión Periódica de Seguridad, es decir, antes de 31 de marzo de 2020. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El artículo segundo. 9 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, incluye la definición de «residuo radiactivo», que ha de quedar fijado por la superación en los materiales residuales de determinados niveles de contaminación radiactiva que corresponde establecer al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Se denomina «desclasificación» al proceso mediante el que determinados materiales residuales con contenido radiactivo, generados en las instalaciones nucleares o radiactivas, pueden ser gestionados como residuos convencionales sin necesidad de un posterior control radiológico. Hasta ahora, las autorizaciones para la desclasificación se basaban en unas directrices técnicas de la Comisión Europea (fijadas en el documento Radiation Protection 122 Part 1: Practical Use of the Concepts of Clearance and Exemption, 2000). Sin embargo, los niveles de desclasificación que se contemplan en aquel documento han pasado a ser sustituidos por los que se establecen en el anexo VII de la Directiva 2013/59 Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen las normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom. Entre otros aspectos, esta Directiva regula la desclasificación de los materiales residuales y señala los criterios radiológicos que deberán gobernar el proceso de autorización para que los materiales puedan gestionarse por las vías convencionales de eliminación, reciclado o reutilización. En definitiva, mediante esta orden se traspone parcialmente al Derecho español la citada Directiva 2013/59/Euratom, del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, en lo relativo a la desclasificación de los materiales residuales sólidos generados en instalaciones nucleares en operación o en desmantelamiento que, por su baja contaminación radiactiva, pueden ser gestionados por vías convencionales. De conformidad con su artículo 1, "constituye el objeto de la presente orden la gestión de los materiales residuales, entendiendo por tales aquellos para los cuales el titular de la instalación no prevé ningún uso y a los que debe proporcionar una gestión adecuada. Se excluyen del objeto de la presente orden los materiales residuales líquidos y gaseosos cuya evacuación al medio ambiente deba ser expresamente autorizada. Se sustituye de este modo el anterior sistema de autorización administrativa caso por caso por un modelo en el que se permite a los propios titulares de las instalaciones llevar a cabo la desclasificación de los materiales residuales, atendiendo a los niveles establecidos en el anexo I de la presente orden y al proceso determinado en su artículo 4. La orden tiene manifiesto contenido técnico y carácter básico a los efectos de la distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. [ABSTRACT FROM AUTHOR]