Search

Las nuevas tecnologías disruptivas tienen tal calificación porque provocan una brusca revolución sobre aspectos sociales, económicos y jurídicos. La materia tributaria no es ajena al impacto que ofrecen nuevas tecnologías como el Big Data, la Inteligencia Artificial, la robótica o los nuevos modelos de negocio basados en la generación de contenido online. Se producen una serie de desafíos sobre los sistemas tributarios a la par que la apertura de nuevas oportunidades para la mejora del cumplimiento tributario y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. El principal objetivo debe ser que las nuevas tecnologías no impidan una aplicación transversal de los principios constitucionales que rigen el sistema tributario y asegurar una tributación justa que garantice el sostenimiento de los gastos públicos. A estos efectos, esta obra colectiva analiza el impacto de la digitalización sobre los sistemas tributarios, especialmente en lo que respecta a la robótica, la Inteligencia Artificial y las técnicas de análisis de macrodatos o Big Data. El enfoque de estudio que se sigue en este libro es doméstico e internacional y busca ofrecer una visión del estado actual de la cuestión y proponer, en la medida de lo posible, una serie de propuestas para un sistema tributario más justo y equitativo. 2021-22

Reseña de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia tributaria. Análisis crítico de las diferentes sentencias del TEDH que han analizado la incidencia del Convenio Europeo en materia tributaria durante el período comprendido entre junio de 2016 a junio de 2017.

El presente trabajo se centra en la residencia fiscal de las personas físicas, haciendo especial referencia a algunos aspectos de actualidad como el trabajo a distancia o el control de los cambios de residencia mediante herramientas basadas en el procesamiento de Big Data. En primer lugar, se analizan las circunstancias por que una persona física tiene la condición de residente fiscal en España a propósito de jurisprudencia y doctrina administrativa reciente. Para después poner en relación las 'nuevas' formas de trabajo con la residencia de las personas físicas, incluyendo una referencia a los regímenes que permiten atraer talento internacional. Estas nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, pueden conllevar cambios de residencia. Para este, u otros casos, la Administración tributaria contempla emplear sistemas de inteligencia artificial para verificar que se trata de cambios de residencia válidos. The present article tackles the tax residence of individual persons with a special reference to new tendencies such as remote work or monitoring the changes of residence through strategies based on the processing of Big Data. First, the author analyses the circumstances under which a person is regarded as a tax resident in Spain in the light of recent case law and administrative doctrine. Then, the paper focuses on the 'new' ways of working and the regimes to attract international talent. These new forms of working, such as tele-working, may lead to changes of residence. For this, or other cases, the Tax Administration may use artificial intelligence systems to verify whether those changes of residence are valid. Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación "Data science y machine learning en el ámbito tributario" (PID2019-108963RB-I00) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y cuyos investigadores principales son los profesores Begoña Pérez y Jorge Martín.

A través del presente trabajo se denuncia la insuficiencia del actual marco regulatorio para dar respuesta a los múltiples interrogantes que plantea el uso de la IA en la tramitación de los procedimientos tributarios. Partiendo de la concepción de una Administración ciudadano-céntrica e imbuida de la filosofía del compliance, se reclama una legislación más definida, a nivel estatal y europeo, que concilie el empleo de las tecnologías avanzadas con el máximo respeto a los derechos de los contribuyentes. En este sentido, además de reforzar los ya existentes, deberían articularse en la normativa tributaria nuevos derechos, a imagen y semejanza del modelo francés, así como preverse el específico régimen jurídico aplicable en los casos de mal funcionamiento de los sistemas inteligentes, evitando así un debilitamiento de la posición del contribuyente. The aim of this paper is to denounce the insufficiency of the current regulatory framework to answer the multiple questions posed by the use of AI in the tax procedures. Taking as a premise the conception of a citizen-centric Administration and imbued with the philosophy of compliance, a more defined legislation is called for, at the state and European level, that reconciles the use of advanced technologies with the respect for the rights of taxpayers. In this sense, in addition to reinforcing existing ones, new rights should be articulated in the tax regulations –similar to the French mode–-, as well as providing for a specific legal regime applicable in cases of malfunction of intelligent systems, thus avoiding a weakening of the taxpayer's position. El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de I+D+i “Data Science y Machine Learning en el ámbito tributario”, Referencia PID2019-108963RB-I00, concedido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; y, asimismo, se ha desarrollado en el seno del Programa PROMETEO 2020, “El Derecho Financiero y Tributario ante el reto de la innovación científica y tecnológica”, concedido a Grupos de Investigación de Excelencia. Resolución de 8 de julio de 2020, PROMETEO/2020/092, financiado por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana.

La inteligencia artificial se halla cada vez más presente en la actuación de la Administración tributaria sobre todo a través de la utilización de sistemas basados en algoritmos de Machine Learning de apoyo a la decisión. Sobre estas decisiones se despliega el principio de explicabilidad, el cual requiere la justificación de la decisión en términos comprensibles para el obligado tributario. En este trabajo rastreamos el ordenamiento tributario (y de forma supletoria, la normativa administrativa) en busca de la base legal que sustente el derecho de los obligados tributarios a obtener dicha explicación para constatar la ausencia de una base jurídica adecuada. Este hecho, unido al bajo grado de interpretabilidad de los algoritmos de Machine Learning utilizados por la Administración tributaria, nos lleva a proponer una reforma legislativa que materialice esta debida explicación en explicaciones locales o individuales. Artificial intelligence is increasingly present in the tax administration's decisions, especially through the use of systems based on Machine Learning algorithms to support decisions. These decisions are subject to the principle of explainability, which requires the justification of the decision in understable terms to the tax-payer. In this paper we scour the tax system (and supplementary administrative regulations) in search of the legal basis that supports the tax-payers' right to obtain such an explanation, but we can only verify the absence of a proper legal basis. This fact, together with the low degree of interpretability of the Machine Learning algorithms used by the tax administration, leads us to propose a legislative reform that materialises this due explanation in local or individual explanations.

Al hilo de la reciente propuesta acerca de un hipotético impuesto sobre las grandes fortunas, ya sea europeo o estatal, con vistas a paliar la crisis económica provocada por el COVID-19, el presente trabajo reflexiona sobre la necesidad de reformar la imposición patrimonial en España. Tomando como premisa la configuración del sistema en vigor, ampliamente denostado por sus ineficiencias, se ahonda en el fundamento de un gravamen sobre el patrimonio y se aportan posibles soluciones en aras a la reordenación de las figuras impositivas existentes. Asimismo, se efectúa una aproximación a un futurible impuesto sobre las grandes fortunas, al tiempo que se advierte sobre la imposibilidad de trasladar algunas experiencias comparadas en materia de imposición patrimonial al caso español. El hecho de que las políticas fiscales de reconstrucción anunciadas por la UE y por el Gobierno de España no incluyan medidas focalizadas en el ámbito patrimonial -tal y como recomienda la OCDE- demora una vez más una reforma que, a nuestro juicio, debería ser integral y urgente.

Este trabajo estudia uno de los recursos más olvidados en la doctrina jurídico financiera: los recursos patrimoniales y los ingresos derivados de su gestión. Como prueba metodológica realiza un análisis de uno de los recursos patrimoniales más importantes para las Universidades públicas y los Organismos Públicos de Investigación, como son los derivados de la transferencia de conocimiento, ya sea en forma de patentes o de Empresas de Base Tecnológica. This work studies one of the most forgotten resources in the financial legal doctrine: the patrimonial resources and the income derived from its management. As a methodological test, it performs an analysis of one of the most important heritage resources for public universities and public research organizations, such as those derived from the transfer of knowledge, either in the form of patents or Spin-off.

El modelo de cumplimiento cooperativo instaurado entre la Administración y los contribuyentes resulta claramente beneficiado por la irrupción expansiva de la inteligencia artificial, que se proyecta tanto en las políticas de “profiling taxpayers” desarrolladas por la Administración –a través de métodos predictivos de análisis de datos bien con fines de control fiscal, bien para incrementar el grado de cumplimiento voluntario de los contribuyentes–, como en las sofisticadas herramientas susceptibles de integrarse en los sistemas de gestión de riesgos fiscales al servicio de los contribuyentes. No obstante sus indudables ventajas en el ámbito del tax compliance, las soluciones de inteligencia artificial plantean dudas acerca del adecuado respeto de los derechos fundamentales –en especial, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la protección de datos de carácter personal–, tal y como han revelado algunas experiencias de Derecho comparado. A través del presente trabajo se pretende efectuar una aproximación a esta realidad, analizando los pros y contras de estas poderosas herramientas, cuyo uso exige una adecuada regulación legal que, a nuestro juicio, debería primar la ética y salvaguardar los derechos de las personas, como valor nuclear prevalente, en la línea propugnada por la Unión Europea. The cooperative compliance model established between the Administration and taxpayers is clearly benefited by the expansive irruption of artificial intelligence, which is projected both in the “taxpayer profiling” policies developed by the Administration –through predictive methods of analysis of data either with the objective of fiscal control, or to increase the degree of voluntary compliance of taxpayers–, as well as sophisticated tools that can be integrated into tax risk management systems at the service of taxpayers. In spite of their undoubted advantages in the field of tax compliance, artificial intelligence solutions raise doubts about the adequate respect of fundamental rights –in particular, the right to effective judicial protection and the right to protection of personal data–, as some experiences of comparative law have revealed. The aim of this paper is to approach to this reality, analyzing the pros and cons of these powerful tools, the use of which requires adequate legal regulation that, in our opinion, should prevail ethics and safeguard the rights of people, as a nuclear and prevalent value, in the line advocated by the European Union.

Aunque los pronunciamientos del TJUE en los casos Tesco-Global y Vodafone habían generado una gran expectación por la repercusión que pudieran tener sobre las distintas iniciativas (tanto nacionales, como de la Comisión) sobre la tributación de los servicios digitales en la UE, el contenido final de los mismos ha sido decepcionante. En su análisis sobre la compatibilidad de estas medidas tributarias con la normativa europea sobre ayudas de Estado el TJUE, en un giro inesperado, aplica el test de la vinculación en lugar del test de las tres fases, lo que le permite evitar pronunciarse sobre la principal cuestión de fondo en estos asuntos: la compatibilidad desde el punto de vista económico de los impuestos sobre el volumen de negocios que aplican un tipo de gravamen progresivo con mínimos exentos con los artículos 107 y 108 TFUE. Although eagerly awaited due to their potential impact on digital services taxes in the EU framework, the CJEU's judgments on Tesco-Global and Vodafone cases have proven to be disappointing. While analyzing the compatibility of the Hungarian tax with State aid EU rules, the CJEU took an unexpected turn and applied the hypothecation test instead of the three-step analysis. In so doing, the CJEU was able to avoid deciding on the merits of the case. As a result, uncertainty about the compatibility of turnover taxes with progressive tariffs still remains. La Profesora Begoña Pérez Bernabeu es miembro investigador del Grupo de Investigación que ha recibido las Ayudas para Grupos de Investigación de Excelencia del Programa PROMETEO 2020, «El Derecho Financiero y Tributario ante el reto de la innovación Científica y Tecnológica», (Resolución de concesión de 8 de julio de 2020, Expediente PROMETE0/2020/092), financiado por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y cuya investigadora principal es Amparo Navarro Faure.

El actual marco regulador del procedimiento de recuperación de las ayudas de Estado de carácter fiscal hace escasas y parcas referencias al estatuto y los mecanismos de defensa jurídica del contribuyente afectado por un procedimiento de este tipo, siendo, principalmente, la jurisprudencia de los tribunales europeos la que ha perfilado estos aspectos. No obstante, el creciente grado de complejidad técnica de las medidas fiscales consideradas ayudas de Estado y la condición de empresas multinacionales de buena parte de los contribuyentes obligados a devolver estas ayudas, plantean interrogantes sobre los medios de defensa a su disposición que todavía no han obtenido respuesta. En este trabajo la autora analiza los mecanismos de defensa jurídica de los contribuyentes que se ven obligados a devolver una ayuda de Estado de carácter fiscal evidenciando la falta de soluciones jurídicas respecto de algunas cuestiones al mismo tiempo que realiza propuestas de lege ferenda para subsanar estas carencias. In the current regulatory framework on fiscal State aid recovery, the taxpayer's legal status receives too little mention. In fact, this aspect has been mainly developed by the EU case law. The increasing high degree of the technical complexity of recent fiscal State aid involving multinational companies raises unanswered questions regarding the taxpayers' means of defence which can be invoked in a recovery procedure. This paper focusses on the recovery of fiscal State aid from a taxpayer's point of view paying attention to the means of defence available for taxpayers. In so doing, the author shows the existing gaps in the taxpayer's legal protection regime when they are involved in a recovery process and making proposals de lege ferenda in order to overcome these gaps.

Reseña de jurisprudencia del TEDH en materia tributaria. Análisis crítico de las distintas sentencias del Tribunal que han analizado la incidencia del Convenio Europeo en materia tributaria durante el período comprendido entre junio de 2017 y junio de 2018.

El distinto régimen fiscal por el que tributan los clubes españoles de fútbol profesional que no fueron obligados a transformarse en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) por la Ley 10/1990 fue declarado ayuda de Estado por Decisión de la Comisión del año 2016 y España quedó obligada a su recuperación. Sin embargo, tras el recurso presentado por el FC Barcelona, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha declarado la nulidad de esta Decisión de la Comisión por motivos formales, sin entrar en el fondo del asunto, debido a que considera que la Comisión incumplió su obligación de probar la existencia de la ventaja. Aunque la prueba de la existencia de una ventaja selectiva en el ámbito de las ayudas de Estado de carácter fiscal es, como en el presente caso, compleja, en este trabajo proponemos recurrir al TIE como herramienta al servicio de la actividad probatoria de la Comisión. In 2016 the European Commission regarded the different tax regimen that some Spanish football clubs enjoyed as State aid and ordered its recovery. The reason for this different trax treatment is that the Spanish Act 10/1990 did not forced these football clubs become limited companies and allowed them to remain non-profit making bodies. However FC Barcelona lodged an appeal against this decision with the General Court of the European Union. As a result of this appeal, the Court has annulled the decision on the grounds of mere formal arguments. The main reason for the Court annulment of the Commission decision was that Commission failed to fulfilled its obligation to provide evidences of the existence of the fiscal advantage. It is still an arduous task to prove the existence of a fiscal advantage, for this reason we suggest to use the Effective Tax Rate (ETR) as the adecuate evidential tool for Commission who bears the burden of proof in such cases.

Desde 2012 el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ha constituido una importante fuente de financiación para las CCAA, ante la imposibilidad de acceder a los mercados financieros. Sin embargo, su carácter discrecional, la condicionalidad financiera y fiscal impuesta, así como la férrea supervisión y control por parte del Estado –que incide negativamente sobre la autonomía financiera de los entes subcentrales– aconsejan el abandono paulatino de esta figura y la conveniencia de que las CCAA vayan retornando de nuevo a la disciplina de los mercados. A través del presente trabajo se efectúa una aproximación al origen, caracterización y funcionamiento del FLA, prestando especial atención al recurso de las autonomías al mismo, en un contexto de crisis económica, marcado empero por las exigencias derivadas de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La experiencia acumulada en el período 2012-2019 nos permite valorar los resultados alcanzados por este mecanismo de apoyo a la liquidez, al tiempo que formular una serie de reflexiones finales, que contribuyan al debate sobre las distintas cuestiones que todavía plantea esta temática. Since 2012, the Autonomous Liquidity Fund (FLA) has been an important source of financing for the Autonomous Communities, given the impossibility of accessing the financial markets. However, its discretionary nature, the financial and fiscal conditionality imposed, as well as the strict supervision and control by the State – which negatively affects the financial autonomy of the subcentral entities – advise the gradual abandonment of this figure and the convenience of the Autonomous Communities will return again to the discipline of the markets. The aim of this paper is to analyze the origin, characterization and functioning of the FLA, paying special attention to the resource of the autonomies to it, in a context of economic crisis, marked however by the demands derived from the principles of budgetary stability and financial sustainability. The experience accumulated in the period 2012-2019 allows us to assess the results achieved by this mechanism to support liquidity and to formulate some final reflections that contribute to the debate on the different issues that this topic still raises.

El presente trabajo aborda el fomento de la inversión empresarial en actividades de I+D+i por medio del ordenamiento jurídico-tributario. En concreto, el artículo se centra en los mecanismos que el contribuyente que lleva a cabo un proceso de I+D+i dispone para la certera aplicación del incentivo fiscal, bien sobre la actividad o bien sobre el resultado. Se pone de relieve la necesidad de dotar de seguridad jurídica a las inversiones en I+D+i, siendo un pilar clave un riguroso sistema de certificaciones a la I+D+i. El trabajo concluye con ciertas propuestas que mejoren nuestro actual sistema de certificaciones a la I+D+i, habiendo realizado para ello un análisis de Derecho comparado. This article refers to the promotion of business investment in R&D&I through the tax system. In particular, the article focuses on the mechanisms the taxpayer has to an accurate application of both input and output incentives. The author underlines the need to provide business investment with legal certainty, being R&D&I certificates a key pillar of the tax incentives’ application. The article ends with some proposals to improve the current Spanish system of R&D&I certificates having considered, for that purpose, a legal comparative analysis. El presente trabajo se ha desarrollado durante la estancia de investigación realizada en el Institute for Austrian and International Tax Law en el año 2018, la cual ha estado financiada por la Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research, OeAD-GmbH (Ernst Mach Grant). Asimismo, este trabajo se enmarca en el proyecto “La seguridad jurídica en el ordenamiento tributario español” (DER2015-68072-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y en el proyecto “Los Planes de Acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, y la seguridad jurídica en el ordenamiento europeo e internacional” (PROMETEO 2016/053), financiado por la Generalitat Valenciana.

El presente estudio tiene como objeto analizar si la imposibilidad de que las liquidaciones vinculadas al delito de defraudación tributaria se revisen en vía judicial por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa pudiera suponer una vulneración del artículo 24 de la Constitución española, en concreto, del derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la ley. En este sentido, pese a concluirse la constitucionalidad formal de dicha previsión normativa, se cuestiona que el desplazamiento al orden penal del control de legalidad de tales liquidaciones constituya la mejor opción desde una perspectiva técnico-jurídica, al llevarse a cabo por órganos judiciales no especializados en el ámbito tributario y que, por tanto, no son los naturalmente competentes por razón de la materia. El enjuiciamiento de las liquidaciones vinculadas al delito de defraudación tributaria por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa ofrecería mayores garantías a los justiciables, coadyuvando a la consecución de una auténtica tutela judicial efectiva. The aim of this paper is to analyze whether the fact that tax assessments related to tax crime cannot be submitted before the tax jurisdiction constitutes a violation of article 24 of the Spanish Constitution and, particularly, of the fundamental right to a legal predetermined judge. In this line, notwithstanding the formal constitutionality of that provision, the author questions whether the assignment to the criminal court of the legal control of these tax assessments represents the best option from a technical and juridical point of view, taking into account that these judges are not specialized in taxation; and, consequently, they are not the originally competent ones by reason of matter. In the author's opinion, taxpayers guarantees' would be more respected if tax assessments related to tax crimes could be submitted before tax jurisdiction, which would mean the achievement of a true effective judicial protection. Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación «La seguridad jurídica en el ordenamiento tributario español» (referencia DER2015-68072-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyos investigadores principales son la Dra. Begoña Pérez Bernabéu y el Dr. Jorge Martín López.

El objetivo del presente trabajo es analizar la postura adoptada por España ante el Convenio multilateral de la OCDE para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, firmado el 7 de junio de 2017. La pretensión del citado instrumento es actualizar la red mundial de convenios de doble imposición, sin necesidad de renegociar bilateralmente cada uno de ellos, posibilitando la asunción de las medidas previstas en las Acciones 2, 6, 7 y 14 BEPS (the four minimum standards). A estos efectos, España –como Estado firmante– ha presentado una lista provisional de reservas y notificaciones que matizan la aplicación del Convenio multilateral sobre los 86 CDI españoles comprendidos. Nuestro estudio se centra en el análisis de las distintas opciones y reservas que ha formulado el Estado español, así como en el fundamento que subyace a cada una de ellas, sin perjuicio de efectuar una valoración global sobre el significado, contenido y alcance del propio instrumento multilateral desde el prisma de la Fiscalidad internacional. The aim of this paper is to analyze the Spanish position before the OECD Multilateral Instrument to prevent base erosion and profit shifting (MLI), signed on 7 June 2017. The MLI attempts to implement results from the BEPS Project into bilateral tax treaties worldwide, by transposing minimum standards (BEPS Actions 2, 6, 7 and 14). In this context, Spain –as a signatory jurisdiction– has delivered a ”provisional list of expected reservations and notifications”, in order to specify the application of the MLI over the 86 Spanish tax treaties covered. This paper focuses on the analysis of the different options and reservations made by Spain. In addition, a global evaluation of the significance, content and effectiveness of the MLI in the sphere of the international taxation is also provided. El presente trabajo se ha realizado en el marco de los Proyectos de investigación: ”El Plan de acción europeo contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y su incidencia en el ordenamiento jurídico español” (DER2015-64816-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de excelencia; y, ”Los Planes de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, y la seguridad jurídica en el ordenamiento europeo e internacional” (Prometeo/2016/053), concedido por la Generalitat Valenciana a grupos de investigación de excelencia.

Este artículo trata de reivindicar las funciones de control y legitimación de la actuación administrativa que también deberían atribuirse a la audiencia en sede procedimental. Frente a una jurisprudencia que únicamente la concibe como un instrumento al servicio de la defensa jurídica de los interesados, considerando su inobservancia como causa de anulabilidad sólo en caso de indefensión material, se aboga por una concepción más amplia de la audiencia, como mecanismo de participación ciudadana en el ejercicio de las potestades administrativas que, en última instancia, refuerza la legalidad y legitimidad de las resoluciones de los procedimientos. Desde esta óptica, tal vez cabría replantearse las consecuencias predicables del incumplimiento de las exigencias propias de la audiencia, puesto que su carácter esencial, derivado de esa configuración poliédrica, parece aconsejar una respuesta más contundente en términos de invalidez jurídica, sobre todo en aquellos procedimientos, como los tributarios de comprobación e investigación, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen. Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación «La seguridad jurídica en el ordenamiento tributario español» (referencia DER2015-68072-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyos investigadores principales son la Dra. Begoña Pérez Bernabeu y el Dr. Jorge Martín López.

Existen dos problemas concretos que inciden en la ejecución de las sentencias que condenan a las entidades locales al pago de una cantidad pecuniaria: por un lado, la confrontación entre el derecho a la tutela judicial efectiva y a la eficaz ejecución de sentencias que condenan a una Administración Pública; y por otro lado la búsqueda de la financiación necesaria para poder afrontar con las máximas garantías el pago y con el menor trastorno en la liquidez de la propia Administración. Este trabajo trata de analizar la colisión entre la tutela judicial efectiva y dos institutos esenciales del Derecho Financiero: la legalidad presupuestaria (el Presupuesto) y la financiación del mismo (el Gasto Público). Se analizan estos aspectos teniendo en cuenta la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio que establece un nuevo mecanismo de financiación de la ejecución de sentencias firmes para las Entidades Locales. Este trabajo se enmarca dentro de los siguientes proyectos de investigación: «Los planes de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, y la seguridad jurídica en el ordenamiento europeo e internacional», (PROMETE0/2016/053) financiado por la Generalitat Valenciana a grupos de investigación de excelencia, y cuya investigadora principal es la Dra. Amparo Navarro Faure; «El plan de acción europeo contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y su incidencia en el Ordenamiento tributario español». DER2015-64816-P (MINECO/FEDER) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y cuyo investigador principal es el Dr. Emilio Cencerrada; y "La seguridad jurídica en el ordenamiento tributario español" (referencia DER2015-68072-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyos investigadores principales son la Dra. Begoña Pérez Bernabéu y el Dr. Jorge Martín López.

El régimen fiscal de las startups y las Empresas de Base Tecnológica (EBT). Tributación e incentivos fiscales

El presente trabajo analiza la reciente doctrina del Tribunal Supremo sobre la relevancia invalidante de los vicios formales de los actos tributarios y, en particular, sobre las consecuencias de la omisión del trámite de audiencia en procedimientos de naturaleza tributaria. Partiendo del carácter nuclear de este derecho, reconocido a nivel internacional y constitucional, y proclamado como garantía esencial de los contribuyentes por el artículo 34.1.m) de la LGT, la autora cuestiona la interpretación que del artículo 48.2 de la Ley 39/2015 efectúa el Tribunal Supremo y, en concreto, el criterio observado para determinar la existencia de "indefensión material", como requisito necesario para decretar la anulabilidad del acto. Disconforme con este planteamiento, así como con la insuficiente respuesta (retroacción de actuaciones) que tanto el ordenamiento como los Tribunales anudan a la ausencia de un derecho trascendental para los contribuyentes, el estudio concluye con una propuesta de lege ferenda, en virtud de la cual se postula la posibilidad de extender al supuesto de omisión de este trámite, los efectos que se prevén en otro caso de vicios formales -como es la superación del plazo máximo del procedimiento inspector-, privando al menos con ello de efectos interruptivos de la prescripción a todas las actuaciones realizadas en dicho procedimiento tributario. This paper analyzes the recent doctrine of the Supreme Court on the invalidating relevance of the formal defects of tax acts and, in particular, on the consequences of the omission of the hearing process in tax procedures. Taking into account the nuclear nature of this right, which is recognized at the international and constitutional level, and proclaimed as an essential guarantee of the taxpayers by article 34.1 .m) of the LGT, the author questions the interpretation of article 48.2 of Act 39/2015 made by the Supreme Court and, in particular, the criterion observed to determine the existence of "material defenselessness", as a necessary requirement to decree the annulment of the act. Disagreeing with this approach, as well as with the insufficient response that both the legal system and the Tribunals tie to the absence of a transcendental right for the taxpayers, the study concludes with a proposal of lege ferenda, by virtue of which it is postulated the possibility to extend to this case of omission of the hearing process, the effects legally established for another case of formal defects -such as the exceeding of the maximum term of the inspection procedure-, thus depriving at least interruptive effects of the prescription to all the actions carried out in said tax procedure. El trabajo se enmarca en el Proyecto de investigación sobre «La seguridad jurídica en el ordenamiento tributario español» (DER2015-68072-P MINECO/FEDER), concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

El presente trabajo analiza el gravamen de las ganancias derivadas de la transmisión indirecta de acciones, como política fiscal emergente de los países en vías de desarrollo, encaminada a la protección de su base imponible. Estas transacciones, frecuentemente canalizadas a través de sociedades offshore, exceden en muchos casos la legítima planificación fiscal de los contribuyentes, buscando en última instancia enajenar las acciones sin coste fiscal alguno. Al objeto de combatir esta técnica de elusión fiscal, los Estados articulan en su normativa interna cláusulas antiabuso, generales o específicas, cuya aplicación, sin embargo, no está exenta de problemática. Canadá, India, China y Perú constituyen ejemplos de esta política fiscal, a la que es ajena la mayoría de países miembros de la OCDE y, en particular, los Estados miembros de la UE, debido a la ausencia en estas latitudes de un activo mercado offshore. Atendida la dimensión internacional de la temática abordada, que no es sino una manifestación más de la necesidad de luchar contra el BEPS, creemos que la acción unilateral adoptada por los Estados no resulta adecuada, siendo necesario arbitrar soluciones coordinadas que aseguren la compatibilidad con los CDI aplicables (evitando supuestos de doble o hasta de múltiple imposición) y resuelvan las dificultades que la puesta en práctica de tal gravamen suscita. This paper analyzes the taxation of capital gains derived from indirect transfer of shares. We are faced with an emerging tax policy championed by the developing countries, in order to protect their tax base. These transactions, usually carried out through offshore companies, often exceed the taxpayers legitimate tax planning, as the final objective is to transfer the shares without any tax cost. In order to struggle against this practice, many countries have adopted in their domestic law general or specific anti-avoidance measures, which should be examined. Canada, India, China and Peru are examples of this policy trend, which has not yet extended to other OECD Member States and, particularly, to the European countries, because of the lack of an active offshore market in these territories. Taxing indirect transfers of shares is a new example of the need of fighting against BEPS. However, the unilateral initiative adopted by some States is not adequate. In our view, this topic requires a coordinated action which guarantees the compatibility of these taxing measures with the double tax treaties (avoiding situations of double or even multiple taxations) and resolves the practical difficulties in its enforcement. Este trabajo se ha realizado merced a la obtención de una Beca postdoctoral para estancias en centros de investigación extranjeros, concedida por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del conocimiento de la Universidad de Alicante (Resolución de 4 de octubre de 2016) y disfrutada en la Università degli Studi di Torino (Italia) del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016.

El presente trabajo versa sobre el régimen español de patent box a la luz de los documentos finales de la OCDE, analizando su adaptación al enfoque del nexo y las posibles incidencias que otras medidas pueden tener en el efecto incentivador que sobre la innovación persigue el régimen de patent box. Bajo el objetivo de reforzar los requisitos de sustantividad en los actuales estándares internacionales, la supervivencia de los regímenes de patent box pasa por adecuarse al enfoque del nexo previsto en el Informe Final de la Acción 5, y a cuyo acuerdo ha llegado también el Grupo “Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas”. Por otro lado, tienen especial relevancia las relaciones entre los regímenes de patent box y las normas sobre transparencia fiscal internacional al hilo de las recomendaciones del Informe Final de la Acción 3. Igualmente, en materia de cánones, el Informe Final de la Acción 6 propone su tributación en el Estado de la fuente basado en la existencia de un régimen tributario especial en el Estado de residencia.

Este trabajo aborda el análisis del nuevo Título VI de la Ley General Tributaria, que contiene las normas de desarrollo del procedimiento administrativo en supuestos de delito contra la Hacienda Pública, desde el punto de vista de algunos de los principios fundamentales del ordenamiento tributario, en particular, el principio non bis in idem, el principio de no autoincriminación, el principio de contradicción y el principio de proporcionalidad, como límite a las actuaciones inspectoras. El trabajo tiene por objeto la exposición y el análisis crítico de determinados aspectos de la regulación que pueden afectar los derechos y garantías de los contribuyentes en los procedimientos de aplicación de los tributos. The aim of this paper is to examine the new Title VI of the General Tax Act, containing the rules about the administrative procedure in case of tax crime. This analysis is performed from the point of view of some fundamental principles in Tax Law, such as non bis in idem principle, the privilege against self-incrimination, contradictory principle and proportionality, as a limit of the administrative actions. The object of the present article is to describe and analyse critically various aspects of the regulation that it may affect the taxpayers’ rights in tax procedures. Este trabajo se ha realizado como consecuencia de la obtención de una beca postdoctoral para estancias en centros de investigación extranjeros, concedida por la Generalitat Valenciana (Resolución de 4 de mayo de 2015), y disfrutada en el ”Institute of Advanced Legal Studies” de la ”University of London” del 29 de junio al 31 de julio de 2015.

La reciente crisis económica y financiera que han sufrido los países europeos ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar un proceso de mayor integración en la UEM. El presente trabajo apuesta por la creación de un Presupuesto para los Estados miembros de la zona euro con funciones de estabilización macroeconómica financiando exclusivamente las políticas económicas anticíclicas de la zona euro, analizando la idónea base jurídica para su creación y los posibles recursos que lo financiarían. The recent economic and financial crisis in European countries has underscored the need to promote a deeper integration at EMU. This paper endorses the creation of a Budget for euro zone members linked to macroeconomic stability functions, financing exclusively countercyclical policies in euro zone. This paper also questions the most suitable legal basis and the resources needed for its funding.

Los límites a la potestad de comprobación tributaria derivados del principio de seguridad jurídica se configuran como una importante garantía del contribuyente que no siempre ha sido objeto de una interpretación unívoca. El trabajo trata de analizar las verdaderas fronteras de la comprobación tributaria frente a la confianza legítima que generan actos propios previos de la Administración y frente al instituto de la prescripción tributaria. En los últimos tiempos se ha generado una conflictividad importante en torno a la posibilidad de declarar en fraude de ley actos o negocios realizados en períodos ya prescritos pero con efectos en ejercicios no prescritos. El trabajo analiza, a la luz del principio de seguridad jurídica, las soluciones jurisprudenciales y valora críticamente las aportaciones del Proyecto de Ley General Tributaria sobre esta cuestión. Limits to the tax investigation arising from legal certainty principle are considered the key of taxpayer protection. This paper analyzes the true boundaries of the tax Administration power developing a tax inspection. The legitimate expectations principle and time limits play an important role in this matter. The number of jurisdictional conflicts has increased due to statement of abuse of law in relationship with business operations that can not be investigated by tax Administration, but with effects on current tax periods. This paper focuses, in the light of legal certainty principle, on the solutions to this problem given by Courts and the approach of the new Draft of the Spanish General Tax Act.

Este trabajo aborda el estudio del crowdfunding y su tratamiento fiscal en el sistema español. El notable protagonismo adquirido por este modo de financiación alternativa para proyectos innovadores exige la creación de un marco jurídico adecuado y el establecimiento de un sistema de incentivos fiscales que impulsen su desarrollo. En este sentido, la Ley de fomento de la financiación empresarial establece el régimen jurídico del crowdfunding financiero, dando cobertura legal a esta nueva forma de financiación. Sin embargo, el análisis de los incentivos fiscales aplicables a las distintas modalidades de crowdfunding revela la necesidad de crear un régimen fiscal favorable para las actividades de financiación colectiva, como mecanismo de estímulo para la participación de los ciudadanos en el desarrollo de proyectos empresariales o científicos que pueden fortalecer la economía de nuestro país. The aim of this paper is to examine the tax treatment of the so-called crowdfunding in the Spanish system. The relevance of this alternative method of financing for innovative projects requires a suitable legal framework and an attractive tax incentives system in order to promote it. In this regard, the Act to promote Business Funding establishes the legal regime of the financial crowdfunding. However, the analysis of tax incentives implemented to different modalities of crowdfunding has indicated the need to set a favourable tax regime for that kind of activities. This can be used as a mechanism for the involvement of citizens into the development of business or scientific projects that can foster the Spanish economy.

El presente trabajo tiene por objeto principal el análisis de las últimas iniciativas europeas frente al fenómeno de la elusión fiscal. Así, se examina en profundidad la Recomendación de la Comisión sobre planificación fiscal agresiva y en especial, el modelo de norma general antiabuso diseñado por dicha institución partiéndose a tales efectos de la doctrina del TJUE sobre el abuso de derecho en la esfera tributaria. Igualmente, se aborda la introducción, en la Directiva matriz-filial, de una norma antiabuso que evidencia una clara tendencia hacia la utilización de esta figura como herramienta jurídica contra las estructuras fiscales abusivas o fraudulentas. The goal of this paper is to analyse the recent EU updates concerning tax avoidance. Accordingly, it is explored the Commissión Recommendation on aggressive tax planning; in particular, the article deals with the model of the general anti-abuse rule designed by the EU Commission through the ECJ case-law on abuse of law on tax matters. Moreover, the author tackles the introduction of an anti-abuse rule on the Parent-Subsidiary Directive, which means that there are clear signs of using the GAAR as a sold legal instrument against tax avoidance structures.

El capítulo analiza los aspectos mercantiles y tributarios del contrato de licencia de patentes.

Análisis de los aspectos mercantiles y tributarios del contrato de licencia de marcas.

El presente estudio aborda la figura de los business angels y su tratamiento fiscal en el sistema español. La relevancia de esta fuente de financiación para las empresas innovadoras, especialmente en sus fases iniciales, exige, a nuestro juicio, la creación de un marco tributario favorable, que impulse su actividad inversora y contribuya a reactivar, por ende, la economía de nuestro país. Con base en las directrices europeas y en los modelos instaurados en algunos Estados miembros, examinaremos de manera crítica las distintas medidas fiscales adoptadas, tanto a nivel autonómico como estatal, al objeto de concluir el carácter adecuado o no de las mismas y, en particular, de los incentivos previstos en la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, actualmente en vigor. The aim of this paper is to examine the tax treatment of the so-called business angels in the Spanish system. The relevance of this informal investors, namely in the early-stage of innovative entities, requires, in our opinion, an attractive tax regulation, in order to promote its activity and, consequently, the revitalization of the Spanish economy. Taking into account the European guidelines and the comparative experience of other Member States, we analyze the different measures adopted, both in the autonomous and national level, with particular reference to the tax incentives introduced by Act 14/2013, currently in force, in order to conclude the aspects that should be improved. Este trabajo se enmarca en el Proyecto de investigación «La investigación y la transferencia de conocimiento en el marco del ordenamiento financiero comunitario e internacional» (PROMETE0/2012/073), cuya investigadora principal es la Prof. Dra. Amparo Navarro Faure.

En el presente trabajo se valora si la fiscalidad puede resultar una figura válida para hacer frente a los desafíos ambientales, por medio de la internalización de las externalidades negativas e incentivos que impliquen un cambio de actitud en los agentes económicos. En busca de un tributo ecológico efectivo, procede analizar las relaciones de éste con los principios de justicia tributaria y, especialmente, la exigencia de una finalidad extrafiscal distinta de la financiera o presupuestaria. Siendo ésta clave de la justificación de la existencia de un tributo ambiental y cuya ausencia o deriva supone riesgos como los acaecidos con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (o “céntimo sanitario”).

A través del presente trabajo se pretende analizar algunas de las medidas correctivas que sobre la Administración pública impone la LOEPSF. En concreto, la contenida en el art. 20.3 de la citada Ley, que obliga a recabar un informe del Ministerio de Hacienda para la percepción de subvenciones públicas a los entes del sector público integrados en Comunidades Autónomas que no hayan cumplido los objetivos de déficit. El trabajo defiende una interpretación restrictiva del citado precepto sobre la base del análisis del presupuesto de hecho de la norma y su naturaleza de norma sancionadora. Through this paper is to analyze some of the corrective measures on public administration imposes LOEPSF. Specifically, contained in art. 20.3 of the Act, which requires collecting a Ministry of Finance to the perception of public subsidies to public sector entities integrated into Autonomous Communities that have not met the deficit targets. The work advocates a restrictive interpretation of that provision on the basis of the budget made the rule and its punitive nature.

El presente trabajo versa sobre la reciente codificación de la doctrina judicial estadounidense de la sustancia económica y su configuración como norma general antiabuso en materia tributaria. Así, se analiza la nueva letra (o) de la sección 7701 del «Internal Revenue Code», a cuyo tenor únicamente cabe otorgar validez a los efectos jurídico-tributarios de una determinada operación -rectius, a los beneficios fiscales generados por ella- si se supera el test de la sustancia económica. En este sentido, se examina tanto el ámbito de aplicación del precepto como los dos elementos cuya concurrencia resulta exigible para verificar la sustancia económica de la operación: el cambio significativo en la posición económica del contribuyente y el propósito no fiscal de aquél en su realización. A mayor abundamiento, se estudia el estricto régimen jurídico sancionador previsto en el «Internal Revenue Code» para los supuestos de contravención de la doctrina de la sustancia económica, cuestionándose asimismo la viabilidad jurídica de castigar tales conductas elusivas.

La presente aportación examina los distintos criterios existentes en la actualidad para determinar la residencia fiscal de las entidades, con especial atención a los Estados miembros de la Unión Europea. Partiendo de estas premisas, se ponen de relieve los problemas que conlleva la falta de armonización en esta órbita y se apuntan posibles soluciones al respecto. Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF)

A través del presente capítulo se analiza el status quo del Impuesto sobre el Patrimonio en la Unión Europea, incidiendo en la ausencia de armonización de este gravamen y en el estudio de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo en esta sede. Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF)

Tomando como punto de partida la problemática generada por las sucesiones internacionales, se examina la posible armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en el seno de la Unión Europea. Al hilo de ello, se acomete un exhaustivo análisis jurisprudencial de los pronunciamientos dictados en esta materia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF)

La situación de crisis económica global en la que se encuentran las más importantes economías del planeta ha llevado a las autoridades fiscales a poner en el punto de mira de sus estrategias la lucha contra el fraude fiscal, y en particular la obtención de información tributaria relevante de la cual pueda deducirse alguna obligación tributaria ocultada. La crisis económica hace que se cuestione la eficacia de los instrumentos clásicos de intercambio de información. Aspectos tales como la bilateralidad, unilateralidad o la multilateralidad de las medidas de obtención de información, o la protección del secreto bancario y los derechos de los contribuyente frente al ánimo recaudador de las autoridades fiscales de los Estados son cuestiones que analizaremos tomando como referencia dos instrumentos opuestos de consecución del objetivo de lucha contra el fraude: la ley americana FATCA y los acuerdos bilaterales suizos RUBIK. Además hemos de considerar la nueva obligación de suministro de determinada información prevista en el Proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Todo ello permite vislumbrar un reforzamiento en la posición de la Administración tributaria en lo referente a la obtención de información.

La aplicación del mínimo por descendientes en el IRPF exige el cumplimiento de determinados requisitos, entre ellos, el de la convivencia física y la dependencia económica respecto del contribuyente con derecho a reducción. La exigencia de una convivencia habitual produce en ocasiones un trato discriminatorio en la aplicación de esta minoración, incrementado en los supuestos de separación o divorcio de los progenitores. La STC 19/2012, de 15 de febrero, declara la inconstitucionalidad del criterio de la convivencia y reclama una reforma del Impuesto, que adapte la regulación vigente del mínimo por descendientes y sus implicaciones en el cálculo de la cuota íntegra del Impuesto a los principios constitucionales de justicia tributaria.

El presente estudio tiene por objeto el análisis de la estructura jurídica que presenta el Impuesto sobre el Valor Añadido en las denominadas operaciones interiores. En este sentido, se examinan las distintas relaciones jurídicas que se derivan de la articulación normativa del tributo y que unen, en primer lugar, a la Hacienda Pública con el obligado al pago; en segundo lugar, a los obligados a realizar y soportar la repercusión del impuesto; y, en tercer lugar, al propio repercutido con el ente público. Así, se hace especial referencia al estatus jurídico de los diferentes sujetos que intervienen en la aplicación del tributo, incidiendo en los derechos, obligaciones, potestades y deberes que el ordenamiento atribuye a los mismos en el seno de cada relación jurídica. En definitiva, el trabajo pone de relieve la configuración atípica y compleja del Impuesto sobre el Valor Añadido, subrayando la íntima conexión existente entre los diversos vínculos jurídicos que emanan de su ordenación normativa, como exigencia lógica de los principios de neutralidad fiscal y justicia tributaria.

El presente trabajo aborda las cuestiones de mayor actualidad en relación con la interpretación y aplicación de los convenios de doble imposición internacional desde el punto de vista del Estado español. Se trata de la Relatoría nacional de España, presentada y expuesta al hilo de las XXVI Jornadas del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT). Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT); Asociación Española de Derecho Financiero (AEDF).

El presente estudio aboga por la necesaria aplicación supletoria de la normativa administrativa común al ámbito de la revisión tributaria y, en concreto, a una de las vías revisoras específicas establecidas por el ordenamiento tributario: el procedimiento especial de revisión por vicios de nulidad de pleno derecho. Supletoriedad esta que, partiendo del artículo 7.2º de la vigente Ley General Tributaria y superando la Disposición Adicional Quinta de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, permitiría, en última instancia, la revisión en vía administrativa de disposiciones tributarias nulas de pleno derecho, la suspensión de la ejecución del acto tributario cuya nulidad se pretende, la limitación temporal del ejercicio de la potestad administrativa revisora o, incluso, la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración tributaria en los supuestos de nulidad de pleno derecho.

Muchos de los Estados miembros de la Unión Europea poseen una estructura política descentralizada que confiere a sus entes territoriales competencias, en virtud de las cuales, pueden adoptar medidas fiscales que sean consideradas ayudas de Estado. Frente a la posición anteriormente mantenida por la Comisión Europea y el TJUE, desde la sentencia de éste último de 6 de septiembre de 2006 en el asunto C-88/03, conocido como caso Azores, las medidas fiscales adoptadas por los entes territoriales de los Estados miembros no van a ser consideradas automáticamente como selectivas, sino que, si los entes territoriales cumplen determinados requisitos de autonomía (institucional, en materia de procedimiento y económica), el ámbito territorial para apreciar la selectividad vendrá constituido por el ámbito geográfico del ámbito territorial, lo que eximirá a la medida de ser considerada ayuda de Estado si dentro de su territorio tiene aplicación general. Este trabajo se centra en analizar el grado de cumplimiento por parte de las CCAA de los tres requisitos de autonomía enunciados por el TJUE en el caso Azores, concluyendo que las CCAA de régimen foral sí cumplen estas exigencias, las CCAA de régimen común no lo hacen.

El presente estudio tiene por objeto analizar la aplicación del instituto jurídico de la caducidad en el ámbito de la imposición de sanciones tributarias. Concretamente, el trabajo cuestiona si los límites temporales de incoación y terminación de los procedimientos sancionadores tributarios, respectivamente previstos en los artículos 209.2º y 211 de la vigente Ley General Tributaria, constituyen en realidad sendos supuestos de caducidad del procedimiento o, por el contrario, ostentan una naturaleza jurídica diversa. A tal efecto, se parte de la construcción dogmática de la caducidad del procedimiento elaborada en sede iuspublicista para concluir, de acuerdo con el autor, que los referidos preceptos regulan dos hipótesis normativas de caducidad, no ya del procedimiento, sino del ejercicio de la potestad administrativa sancionadora. Manifestación esta de la categoría de la caducidad caracterizada, en esencia, por conllevar para la Administración tributaria la imposibilidad de perseguir y castigar el ilícito, al vedar la incoación de ulteriores expedientes sancionadores.

Mediante el presente trabajo se examina el alcance de la audiencia al interesado, previa al traslado del tanto de culpa al orden penal en los delitos contra la Hacienda Pública, regulada en el antiguo artículo 180.1 de la Ley General Tributaria. Asimismo, se analizan las consecuencias derivadas de la omisión de dicho trámite -durante su vigencia- por parte de la Administración Tributaria, desde ambas vertientes doctrinal y jurisprudencial, constatándose que la diversidad de opiniones en cuanto a su introducción y eventual omisión se proyecta, igualmente, sobre su supresión por la Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal. La autora se manifiesta proclive a esta supresión y aporta argumentos en este sentido.

En este trabajo se realiza un análisis del artículo 119.3 de la LGT a partir del concepto de opción tributaria, pues solo desde esta perspectiva es posible realizar una valoración crítica del artículo citado y valorar su aplicación a algún supuesto concreto. Nos referimos en este trabajo a la exención por reinversión en vivienda habitual regulada en el IRPF como supuesto de opción tributaria a propósito de la doctrina del TEAC.

El trabajo analiza los posibles procedimientos de revisión en materia tributaria para proceder a la devolución de ayudas de Estado que se concedieron través de medidas tributarias favorables y que se declaran ilegales por parte de la UE.

No obstante, tal y como veremos, la solución regulada por la Ley General Tributaria tiene un ámbito de aplicación que va más allá de la falta de coordinación entre IVA e ITP, aunque ésa es la génesis del precepto, pudiendo tener una eficacia mayor de la inicialmente pensada. La aprobación de un régimen jurídico específico en la Ley General Tributaria (en adelante LGT) en relación con la duplicidad impositiva derivada de la exigencia de tributos incompatibles y su desarrollo reglamentario correspondiente han resuelto, al menos ésa es su intención, uno de los problemas jurídicos que generaba una reseñable desprotección al contribuyente, cuando no una especial irritación , y que ha dado lugar a un elevado número de quejas ante el Consejo de Defensa del Contribuyente. La falta de coordinación en la gestión del IVA, competencia del Estado, y del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales que grava las transmisiones patrimoniales onerosas de bienes inmuebles (competencia de las Comunidades Autónomas) ha sido el punto de partida que ha generado relevantes problemas en la posición jurídica del contribuyente que habiendo ingresado la deuda correspondiente a un impuesto se le exigía el pago de otro tributo incompatible con el primero por la misma operación y sin opción a obtener la devolución del primero. Frente a ese problema, la solución ha venido dada por la regulación vigente estructurada sobre la base de una suspensión del ingreso de una deuda tributaria incompatible con otra anterior, como excepción a la regla de la ejecutividad de los actos administrativos, y de un mecanismo de extinción con apariencia de compensación de deudas que derivan de tributos incompatibles. Aranzadi

La propuesta de Directiva 28/2009, en materia de asistencia mutua recaudatoria, ha incorporado novedades reseñables en este ámbito, con vistas a superar la insuficiencia de la normativa en vigor. Cuestiones tales como la obligación de comunicar determinada información de manera espontánea, o la posible presencia y colaboración activa de los funcionarios del Estado requirente durante las investigaciones a realizar en el Estado requerido constituyen, sin duda, aspectos novedosos de hondo calado. El presente trabajo efectúa una aproximación a todos ellos, sin olvidar la importante labor acometida a través de la homogenización de los instrumentos para la notificación de documentos y adopción de medidas cautelares y de ejecución, así como la regulación, también ex novo, de los supuestos de suspensión o interrupción de los plazos de prescripción. El examen de la Propuesta de Directiva plantea, lógicamente, una serie de interrogantes ante su hipotética futura aplicación, que ponen de manifiesto, sin embargo, los progresos alcanzados en la superación de los condicionantes territoriales a través de normas supranacionales y del mutuo consentimiento de los Estados miembros.

El transcurso de casi treinta años desde la aprobación de la Directiva 77/799/CEE y los factores propios de la globalización económica actual han supuesto que la lucha contra el fraude fiscal requiera de instrumentos útiles y eficaces que permitan una cooperación administrativa entre los Estados más reforzada. Por ello, se hace necesario, sobre todo a la luz de la evolución que el intercambio de información tributaria ha tenido en los últimos años gracias a la labor desarrollada por la OCDE, un instrumento normativo que prevea mecanismos jurídicos de cooperación en materia de fiscalidad que aseguren la correcta aplicación de los ordenamientos tributarios nacionales. La propuesta de Directiva sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad trata de dar respuesta a las carencias de la actual norma y de adaptarse a las nuevas tendencias internacionales en relación al intercambio de información. Aspectos tales como la existencia de un plazo de respuesta a las solicitudes de intercambio de información o la participación de funcionarios extranjeros en investigaciones administrativas son algunas de las novedades que tratan de colocar al nuevo texto normativo en la vanguardia de la cooperación administrativa. El presente trabajo se enmarca en el ámbito del proyecto de investigación «Derechos y garantías del contribuyente en situaciones de fiscalidad internacional y comunitaria» (DER2008-03473) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y cuyo investigador principal es el Dr. Luis Alfonso Martínez Giner.