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Al demandar ejecutivamente a una persona, con el escrito de la demanda se pueden solicitar medidas cautelares que buscan asegurar de manera anticipada el cumplimiento del fallo. Cuando se trata de un proceso ejecutivo adelantado dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se plantea una situación desventajosa para el demandante por cuanto los bienes del Estado gozan de especial protección constitucional, motivo por el cual sus bienes no se pueden embargar en virtud del principio de sostenibilidad fiscal y presupuestal. Esto ha producido una multiplicidad de medidas cautelares decretadas y fallos que no pueden ser ejecutadas porque los bienes del Estado son inembargables. Las medidas cautelares en este tipo de procesos pierdan total eficacia y los fallos se vuelvan ilusorios, ya que la ley no establece mecanismos para asegurar su cumplimiento, situación que provoca una falla de la administración para con sus administrados (Texto tomado de la fuente). When suing a person executively, with the letter of demand, precautionary measures can be requested that seek to ensure compliance with the ruling in advance. When it comes to an executive proceeding carried out within the contentious-administrative jurisdiction, a disadvantageous situation arises for the plaintiff since State assets enjoy special constitutional protection, which is why their assets cannot be seized by virtue of the principle of fiscal and budgetary sustainability. This has produced a multiplicity of decreed precautionary measures and rulings that cannot be executed because State assets cannot be seized. The precautionary measures in this type of process lose their effectiveness and the rulings become illusory, since the law does not establish mechanisms to ensure compliance, a situation that causes a failure of the administration towards its administrators. Maestría Magíster en Derecho Explicativa, cuantitativa

Existe una tensión entre el derecho a la tutela del crédito de que gozan todas las personas y el derecho fundamental y principio constitucional de la protección de la libertad de cultos religiosos, de profesar la religión que se estime de acuerdo con las convicciones propias de cada individuo, y el derecho a asociarse con otros para compartir las mismas visiones y ritos dentro de una religión determinada. En este contexto, el presente capítulo tiene como propósito responder el siguiente interrogante: ¿El Código General del Proceso vulnera el derecho a la igualdad y a la libertad de cultos al establecer la inembargabilidad de los bienes únicamente para los cultos o confesiones que hayan suscrito concordato, tratado de derecho internacional o convenio público interno con el Estado colombiano? Para resolver esta pregunta, se analizará dentro de este trabajo el régimen de inembargabilidad de ciertos bienes y su razón de ser. Paso seguido, se harán unas reflexiones sobre la libertad de cultos como un derecho fundamental y un principio constitucional dentro del ordenamiento jurídico colombiano, para revisar cuál es su alcance y cuáles son las prestaciones que se derivan de este derecho a cargo del Estado colombiano. Con posterioridad, se expondrán algunas consideraciones sobre el derecho a la igualdad y la igualdad relacional, para finalmente concluir si el régimen actual de inembargabilidad de bienes destinados al culto religioso respeta el derecho a la igualdad y a la libertad de cultos, o debe ser modificado o interpretado de una manera distinta para garantizar estos derechos. Actually, it exists a tensión between the right of the judicial protection for the credit that all the people have and the constitutional principle of the protection of the freedom of religious workship, according to the personal convictions of each one, and the right of associationwith others to share the same visions within each religión. In this context, we want to answer in this chapter the following question: The Code of General Process violate the rigth of equality and the freedom of regilious workship, when by establishing the indefeasibility of assets only for cults or confessions that have signed a concordat, international law treaty or internal public agreement with the Colombian State? In orden to solve this question, in this writting we analyze the indefeasibility regime and its justification. Then, we do some análisis about the freedom of religious workship as a constitutional and fundamental rigth, in orden to check which are the duties wich are derived of this rigth in charge of the colombian State. After that, in the text we expose some ideas about the rigth of equality, in order to conclude, at last, if the indefeasibility regime of some assets of some cults and confessions respect the rigth of equality, or needs a modification ora n intepretation in a different way in order to guarantee the protection of these rigths.

En el ordenamiento jurídico de Colombia, se prevé el principio de inembargabilidad de los recursos provenientes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, debido a que éstos, detentan un interés público, no obstante, se encuentra en franca contraposición al ponderarlo con el derecho a la tutela judicial efectiva, concepto último, que según lo ha señalado la Corte Constitucional Colombiana, va más allá del acceso a la justicia, es decir, implica la garantía de ver el cumplimiento de una decisión judicial, aspecto este sobre el que se hará especial énfasis, como quiera que, el referido principio de inembargabilidad, se ha interpretado por la judicatura, dentro de un contexto amplio, que raya con lo absoluto, lo cual ha generado la ineficacia de eventuales medidas cautelares y acciones ejecutivas, iniciadas en procura de perseguir el pago de obligaciones causadas por la prestación de servicios de salud, aspecto que difiere con el alcance que han dado la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia al principio en mención. En consecuencia, el análisis se llevará a cabo inicialmente frente al origen de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, posteriormente, se estudiará el principio de inembargabilidad de dichos dineros, a partir del desarrollo a nivel normativo y jurisprudencial, con el propósito de determinar su alcance, para finalmente confrontarlo con el derecho a la tutela judicial efectiva y fijar una posición crítica sobre el particular. In the Colombian legal system, the principle of non-seizure of resources from the General System of Social Security in Health is foreseen, because they have a public interest, however, it is in direct opposition when weighed it with the right to effective judicial protection, the ultimate concept, which, according to what the Colombian Constitutional Court has indicated, goes beyond access to justice, that is, it implies the guarantee of seeing the fulfillment of a judicial decision, an aspect on which it will be made special Emphasis, as the aforementioned principle of non-seizure has been interpreted by the judiciary, within a broad context, that borders on the absolute, which has generated the ineffectiveness of possible precautionary measures and executive actions, initiated in an attempt to prosecute the payment of obligations caused by the provision of health services, an aspect that differs from the scope given by the Constitutional Court and the Supreme of Justice at the beginning in mention. Consequently, the analysis will be carried out initially against the origin of the resources of the General System of Social Security in Health, later, the principle of non-seizure of said monies will be studied, from the development at a normative and jurisprudential level, with the purpose to determine its scope, to finally confront it with the right to effective judicial protection and establish a critical position on the matter

34 p. El Fideicomiso Civil y el Contrato de Fiducia Mercantil son negocios jurídicos cuya estructura se ha adaptado a las dinámicas contractuales actuales, al punto de quedar incluso, con regulaciones especiales y diversas bajo el régimen civil y comercial, sin representar esto obstáculo alguno para que las figuras adquirieran la fuerza y relevancia actual, sino por el contrario ha permitido que continúen generando la confianza, las garantías jurídicas y contables y el vehículo idóneo para el desarrollo de casi cualquier negocio. Si bien ambos actos jurídicos permiten la constitución de la denominada Propiedad Fiduciaria, estos suelen celebrarse con finalidades diversas y cuentan con diferencias en su formación y estructura con consecuencias jurídicas trascendentales al momento de predicar el beneficio de la inembargabilidad de la propiedad fiduciaria.