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At first glance, the competence of the PGN in the disciplinary jurisdiction and its procedural tradition interpreted in the Colombian ius puniendi jurisprudence, is in harmony with the international legal standards. Nevertheless, after looking through the national and international decisions that determine the reach of the Ministerio Público, in their preferential disciplinary power to enforce suspensions, destitutions, or disqualifications, within the respective constitutional, legal, and conventional parameters, as well as diving in the suspensions, destitutions, and disqualifications statistics of democratically elected public servants by the competent functionary, the institutional discord between the high courts in Colombia and the Interamerican Court of Human Rights (CIDH) is evident. Having a judicial precedent in existence, fruit of the 2006 Constitutional Court´s ruling, where the constitutional res iudicata effect determined the criteria in the legal interpretations on the same matter. Even though the legal interpretation is up to date, the legal loopholes could become an impunity valley in the upcoming cases, reason the current normative reality will be approximated in the Colombian disciplinary law, two years after the reflections in the 2020 InterAmerican precedent, Caso Petro Urrego Vs. Colombia., La jurisdicción disciplinaria, en específico la competencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN) en el ius puniendi colombiano, y la tradición procedimental disciplinaria, interpretada por la jurisprudencia de los procesos sancionatorios en Colombia, prima facie se encuentra en armonía con la normativa interamericana. No obstante, revisándose detalladamente sentencias internas e internacionales en donde se establece el alcance de la inhabilitación y destitución por la PGN en su poder preferente disciplinario, los controles de constitucionalidad, legalidad, convencionalidad de sus habilidades expuestas en el marco jurisprudencial nacional e internacional y analizando las estadísticas sobre funcionarios públicos elegidos popularmente suspendidos, destituidos e inhabilitados por procuradores, es evidente que existe una discordia institucional entre las corporaciones del ordenamiento jurídico interno y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Habiéndose establecido la regla jurisprudencial cuando produjo el efecto de cosa juzgada constitucional en el 2006, se determinó la interpretación de la norma y sus implicaciones. Si bien fueron actualizadas, los vacíos pendientes y cuestiones surgentes se pueden convertir en lagunas de impunidad, por lo cual se aproximará la realidad normativa disciplinaria en Colombia dos años después del Caso Petro Urrego Vs. Colombia.

The correct application of the proportionality principle in disciplinary matters, has generated a series of conflicts for the disciplinary judge at the moment to sanction the officers of the Judicial Branch, generating in some occasions a strong tension with other constitutional and legal principles, whereby its pretended with this document to stablish if actually the proportionality and legality principles are rightly applied, specifically about the officers of the Judicial Branch, investigated and judged by the Sectional and Superior Councils of the Judiciary. This article pretends then to determine, if the normative elements inside the 734 of 2002 Law, are sufficient and suitable to applicate correctly the proportionality principle harmonically with the legality principle, at the moment to stablish the disciplinary sanction that is imposed to the officers of the Judicial Branch; all this developed under the frame of a legal social investigation, that inquires at the bottom of the disciplinary jurisdiction —disciplinary operators— the legal and factual phenomena that they deal with at the moment to quantify the sanction, using at the time an inductive deductive investigation method, analyzing a few disciplinary decisions where officers of the Judicial Branch had been sanctioned. Finally this dissertation will be developed analyzing the application of this two principles in the disciplinary, legislative field and the decisions of the Constitutional Court, to present a series of recommendations facing the application of the disciplinary power in the investigations followed to the officers of the Judicial Branch., La correcta aplicación del principio de proporcionalidad en materia disciplinaria, ha generado una serie de conflictos para el juez disciplinario al momento de sancionar a los funcionarios de la Rama Judicial, presentándose en algunas ocasiones una fuerte tensión con otros principios legales y constitucionales, por lo cual se pretende con este documento establecer si en la actualidad se aplican de forma correcta los principios de proporcionalidad y legalidad en materia disciplinaria, específicamente respecto de los funcionarios de la Rama Judicial, investigados y sancionados por los Consejos Seccionales del país en primera instancia, y en segunda, por el Consejo Superior de la Judicatura. Este artículo busca entonces determinar, si los elementos normativos que se encuentran dentro de la Ley 734 de 2002, son suficientes e idóneos en la aplicación adecuada del principio de proporcionalidad en consonancia con el principio de legalidad, al momento de la tasación de las sanciones disciplinarias que se les imponen a los funcionarios públicos de la Rama Judicial. Todo esto desarrollado bajo un marco de investigación sociojurídica, que indaga al interior de la Jurisdicción Disciplinaria —operadores disciplinarios— los fenómenos fácticos y jurídicos que enfrentan al momento de la cuantificación de la sanción, empleando a su vez un método inductivo-deductivo de investigación, analizando varias providencias disciplinarias en las cuales han resultado sancionados funcionarios de la Rama Judicial. Finalmente, esta disertación se desarrollará analizando la aplicación de estos dos principios en el campo disciplinario, legislativo y en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, para así presentar una serie de recomendaciones frente al ejercicio de la potestad disciplinaria en las investigaciones a funcionarios de la Rama Judicial.

El presente trabajo se realiza con base en tres Recursos de Amparo en los cuales se analizó si hubo cumplimiento del Principio al Debido Proceso y el Derecho de defensa durante la tramitación de los procesos disciplinarios por violencia escolar en tres centros educativos. Adicionalmente, se enfatiza en diferenciar la violencia escolar en general del fenómeno del bullying.Todo estudiante investigado por alguna falta disciplinaria debe tener conocimiento preciso de los hechos por los que se le investiga, las posibles sanciones y además poder acceder a las pruebas en su contra, para luego ejercer su defensa apropiadamente. La imposición de sanciones, sin respetar el orden establecido en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, acarrea una violación al principio constitucional del debido proceso, según se puede constatar al revisar resoluciones dictadas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, como ocurrió en los casos en estudio. Además, la Sala rechazará cualquier recurso que pretenda dirimir un conflicto entre partes, porque su labor consiste en verificar que se hayan respetado los principios y los procedimientos dentro del proceso disciplinario llevado a cabo.La trascendencia del presente estudio consiste en que a través del análisis de casos concretos llevados a la Sala Constitucional se puede aprender de materia disciplinaria y evitar incurrir en errores que cometen los centros educativos durante la tramitación de procesos.

El presente trabajo se realiza con base en tres Recursos de Amparo en los cuales se analizó si hubo cumplimiento del Principio al Debido Proceso y el Derecho de defensa durante la tramitación de los procesos disciplinarios por violencia escolar en tres centros educativos. Adicionalmente, se enfatiza en diferenciar la violencia escolar en general del fenómeno del bullying.Todo estudiante investigado por alguna falta disciplinaria debe tener conocimiento preciso de los hechos por los que se le investiga, las posibles sanciones y además poder acceder a las pruebas en su contra, para luego ejercer su defensa apropiadamente. La imposición de sanciones, sin respetar el orden establecido en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, acarrea una violación al principio constitucional del debido proceso, según se puede constatar al revisar resoluciones dictadas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, como ocurrió en los casos en estudio. Además, la Sala rechazará cualquier recurso que pretenda dirimir un conflicto entre partes, porque su labor consiste en verificar que se hayan respetado los principios y los procedimientos dentro del proceso disciplinario llevado a cabo.La trascendencia del presente estudio consiste en que a través del análisis de casos concretos llevados a la Sala Constitucional se puede aprender de materia disciplinaria y evitar incurrir en errores que cometen los centros educativos durante la tramitación de procesos.

En este artículo, el autor sostiene que la actuación disciplinaria de las universidades, siempre sometida al principio de legalidad, es incompatible con la mediación u con otros alternativos de resolución de conflictos (ADR). Esta labor sancionadora, que suele ser coordinada por los Servicios de Inspección, e irrenunciable para cualquier universidad pública, no puede amparar, ni mucho menos potenciar, la solución negociada de una infracción punible. En concreto, la mediación, como forma de solución de controversias, solo puede tener una función preventiva en el ámbito universitario, y debe ser gestionada, con mucha prudencia, por otros órganos o unidades administrativas, en ámbitos en los que previsiblemente no debe aplicarse, ex lege, ninguna actuación sancionadora. La institución de la mediación (o de otros ADR, como la conformidad o la conciliación) cohonesta muy mal con el principio de legalidad, característico del Derecho sancionador, tanto en su vertiente sustantiva como procesal. Si toda conducta infractora debe ser castigada, tras la prosecución del correspondiente procedimiento administrativo, pero resulta que, por una negociación más o menos disimulada, se soslaya la aplicación del texto sancionador (total o parcialmente) –en función de que la Inspección de Servicios decida «acusar» de una u otra forma sobre la base de la previsible, o segura, actitud posterior del infractor–, se está haciendo saltar por los aires dicho principio de legalidad, que se ve desplazado por el «principio de oportunidad; siendo el de «legalidad» el único principio que debe regir la actuación de la Administración, tal y como establecen los artículos 25.1 y 103 de nuestra Carta Magna. Muchas veces olvidamos que el interés público constituye la razón de ser del procedimiento administrativo disciplinario, verdadero instrumento para el ejercicio del ius puniendi delegado por el Estado, donde no debiera tener cabida sustancial el principio dispositivo, ya que las partes no tienen ningú, Depto. de Derecho Procesal y Derecho Penal, Fac. de Derecho, TRUE, pub

Este trabajo se centra en el estudio de la garantía de los derechos de los funcionarios públicos que han sido investigados y sancionados en virtud de la normatividad disciplinaria vigente, cuando se ha hecho una inadecuada, incompleta o deficiente valoración probatoria que vulnera reconocimientos constitucionales como el debido proceso y el derecho de defensa. Todo lo anterior desde una concepción descriptivo-analítica, que pretende generar un marco de consecuencias jurídicas a partir de los criterios establecidos por la Corte Constitucional para la configuración del defecto fáctico, esbozados desde la conformidad para garantizar la debida valoración de la prueba en el marco del proceso disciplinario.

Este trabajado de investigación tiene como principal objetivo diseñar una propuesta de implementación o de reestructuración de la herramienta actual para la gestión de los procesos disciplinarios, que favorezca el proceso de toma decisiones en el área de HR ventas, ajustada a las necesidades del área en la ciudad de Bogotá. Dada la preocupación de la organización por la pérdida de datos, información y el no seguimiento de los casos disciplinarios para el personal de ventas FR, la investigación inició con una revisión bibliográfica de las teorías sobre la gestión documental, el debido proceso e información sobre el manejo de los procesos disciplinarios. Se procedió a un relacionamiento exploratorio con la herramienta ya existente dentro del área HR ventas, y se procedió a identificar las principales falencias de esta para la gestión de la información derivada de los casos disciplinarios del personal FR ventas, luego se realizó una encuesta al equipo de HR ventas a nivel nacional y 4 entrevistas con el área, y el departamento legal de la compañía. En esta investigación se utilizó el método cualitativo-descriptivo. Se identificó que, a pesar de contar con una herramienta para el almacenamiento y gestión de la información derivada de los procesos disciplinarios, esta poseía problemas relacionados con la pérdida de información. A partir los factores mencionados, se presentó un rediseño de la herramienta, la cual se adaptará a las necesidades del área y resaltando la importancia de la gestión documental para la toma de decisiones sobre la gestión del personal de ventas. Se realizó la socialización del rediseño de la herramienta con el equipo de HR ventas Bogotá para su implementación en las tareas diarias.