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Este artículo se enfoca en examinar el alcance de la facultad sancionadora ejercida por la Procuraduría General de la Nación (PGN) con relación a los funcionarios públicos elegidos popularmente, a la luz de la nueva realidad normativa creada a raíz del caso Petro Urrego. El objetivo principal es determinar si las modificaciones realizadas a las atribuciones de supervisión y control de la entidad administrativa se ajustan a los estándares internacionales establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Para lograr este propósito, se lleva a cabo una comparación entre las disposiciones del régimen disciplinario colombiano y las garantías judiciales y derechos políticos consagrados en el tratado, con el fin de evaluar si las características del poder disciplinario se alinean con las 1 disposiciones del instrumento de derecho internacional. Las conclusiones del análisis revelan la existencia de un error por parte del legislador, debido a una notable omisión en el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la CADH. Esto implica que las reformas implementadas en el marco normativo colombiano no se ajustan plenamente a los estándares internacionales y, por lo tanto, pueden generar vulneraciones a los derechos políticos de los funcionarios públicos elegidos popularmente. Es fundamental abordar esta problemática y corregir las deficiencias identificadas, a fin de garantizar el respeto y la protección de los derechos políticos de todos los funcionarios públicos y asegurar la plena compatibilidad del ordenamiento jurídico colombiano con las obligaciones internacionales asumidas en el ámbito de los derechos humanos. This article examines the scope of the sanctioning power exercised by the Office of the Attorney General (PGN) against publicly elected officials in accordance with the new regulatory framework created by the Petro Urrego case, focusing on determining whether the modifications made to the oversight authority of the administrative entity comply with the international standards enshrined in the American Convention on Human Rights (CADH). To this end, a comparison is made between the norms of the Colombian disciplinary regime and the judicial guarantees and political rights enshrined in the treaty, revealing whether the characteristics of the disciplinary power are consistent with the international legal instrument The conclusions highlight a legislative oversight and substantial omission in complying 2 with the guidelines set forth by the CADH. It is essential to address this issue and correct the identified deficiencies in order to ensure respect for and protection of the political rights of all publicly elected officials and to ensure full compatibility of the Colombian legal framework with the international obligations assumed in the field of human rights Magister en Derecho Penal Maestría

La disolución del poder colonial en la América española creó una serie de interrogantes respecto al ordenamiento jurídico-político de los futuros estados soberanos. En este sentido, el proyecto constitucional presentado por Simón Bolívar ante el Segundo Congreso Nacional de Venezuela reunido en Angostura en 1819 insistió en la idea de que el control político del país debía estar al mando de un poder central conservador capaz de garantizar los derechos ciudadanos sin menoscabo de la estabilidad sociopolítica del orden republicano. El presente artículo examina la concepción bolivariana del cuerpo político venezolano a la luz de las circunstancias sociohistóricas a las que el Libertador debió hacer frente durante aquellos años de lucha independista. The end of colonial rule in Spanish America posed difficult questions regarding the political organization of the newly sovereign states. In this respect, the constitutional project presented by Simón Bolívar to the Second National Congress of Venezuela, which met in Angostura in 1819, insisted that the country should be under the control of a conservative central power capable of guaranteeing the rights of the individual without endangering the socio-political stability of the republican order. This article examines the Liberator’s conception of the Venezuelan political body in the light of the socio-historical circumstances he was forced to confront during the Wars of Independence.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la limitación de derechos políticos de servidores elegidos por voto popular debe darse por un juez competente dentro de un proceso penal. Ante esta situación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del alcalde de Bogotá ordenó adecuar la normatividad interna al considerar que una autoridad administrativa no puede restringir derechos políticos a este tipo de servidores. En Colombia, para cumplir con la obligación de adecuación se adelantó una reforma legislativa que esencialmente creó una función jurisdiccional a la Procuraduría General de la Nación, entidad encargada de ejercer potestad disciplinaria frente a servidores elegidos por voto popular, esperando cumplir así la Convención. Sin embargo, bajo un análisis comparado se pudo establecer la particularidad en Colombia de la competencia otorgada al órgano de control y la necesidad de un diseño institucional acorde a las obligaciones internacionales, buscando que la potestad sancionatoria sea otorgada a los jueces quienes gozan de mayor independencia y autonomía. The American Convention on Human Rights establishes that the limitation of political rights of public servants elected by popular vote must be made by a competent judge within a criminal proceeding. In view of this situation, the Inter-American Court of Human Rights in the case of the Mayor of Bogota ordered the adaptation of domestic legislation, considering that an administrative authority cannot restrict the political rights of this type of public servant. In Colombia, in order to comply with the obligation of adaptation, a legislative reform was carried out that essentially created a jurisdictional function for the Office of the Attorney General of the Nation, an entity in charge of exercising disciplinary powers over public servants elected by popular vote, in the hope of complying with the Convention. However, under a comparative analysis it was possible to establish the particularity in Colombia of the competence granted to the control body and the need for an institutional design in accordance with international obligations, seeking that the sanctioning power be granted to judges who enjoy greater independence and autonomy

This article describes the standards established in the Inter-American Human Rights System applicable to the restriction of political rights. Specifically, the analysis focuses on the transit provided by the Colombian legal system regarding the limitation of these rights through disci­plinary sanctions as an expression of the punitive power of the State. To that end, it examines domestic legislation, the jurisprudence of the Constitutional Court on the subject, the international condemnation of the Colombian State by the Inter-American Court of Human Rights and the adequacy of the domestic legal system carried out because of this conviction. Finally, there is a reflection on the State’s refusal to adopt the human rights parameters that have been set for regulating the exercise of political rights., En el presente artículo se realiza una descripción de los estándares establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos aplicables a la restricción de los derechos políticos. Concretamente, el análisis se centra en el tránsito experimentado por el ordenamiento jurídico colombiano frente a la limitación de estos derechos mediante sanciones disciplinarias como ex­presión del poder punitivo del Estado. Para tal efecto, se examinan la legislación interna, la jurisprudencia de la Corte Constitucional pertinente a la materia, la condena internacional del Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la adecuación del ordenamiento jurídico interno llevada a cabo con ocasión de esta condena. Finalmente, se hace una reflexión acerca de la negativa estatal de adoptar los parámetros que en materia de derechos humanos se han fijado para la reglamentación del ejercicio de los derechos políticos.

Digital, Este articulo pretende reflexionar sobre cómo es posible transformar las instituciones de gobernanza de modo que desarrollen sensibilidad frente a las necesidades diferenciadas de las mujeres, desafíen la desigualdad de género y promuevan la realización de sus derechos, teniendo como punto de partida la igualdad y el enfoque de género como parte de los principios rectores más relevantes del acuerdo de paz firmado entre el estado colombiano y las FARC-EP; el cual propende por el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derechos en relación con el acceso a las condiciones reales de igualdad frente a los hombres, en materia de tierras, proyectos productivos, opciones de financiamiento, estructura, servicios técnicos y formación, lo cual se hace necesario revisar los avances frente al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en Colombia, que permita identificar la evolución hacia una gobernanza transformadora y con perspectiva de género. Cabe decir, que procurar avanzar en la defensa de los derechos políticos de las mujeres en el contexto de lo que hoy se entiende por gobernanza, es una deuda pendiente que tiene Colombia principalmente en el camino hacia la construcción de una paz estable y duradera; así mismo, el objeto de este artículo es dar a conocer como la mujer más allá de ejercer su rol protagónico en su esfera privada es igual de importante en la esfera de lo público máxime cuando las mujeres que fueron incorporadas a las filas de la FARC, de manera involuntaria o por razón de creer en la causa, se convirtieron en un armade guerra y víctima del conflicto armado., This article aims to reflect on how governance institutions can be transformed so that they become sensitive to women's differentiated needs, challenge gender inequality and promote the realization of their rights. In order to achieve this, it is set as starting points equality and a gender approach as part of the most relevant guiding principles of the peace agreement signed between the Colombian State and the FARC-EP; which aims for the recognition of women as autonomous citizens, subjects of rights, with access to real conditions of equality with men, in terms of land distribution, productivity projects, funding options, structure, technical services and training. Hence the need to review the progress made with regard to the exercise of women's political rights in Colombia, that allows to identify the evolution towards a transformative governance and gender perspective. It should be said that seeking to advance in the defense of women's political rights in the context of what is understood today as governance is a major debt that Colombia has on the road to the construction of a stable and lasting peace. Likewise, the purpose of this article is to make known how women, beyond exercising their leading role in their private sphere, are equally important in the public sphere, especially when women who were incorporated into the ranks of the FARC, involuntarily or by reason of believing in the cause, became an armament of war and a victim of armed conflict., Maestría, Magíster en Gestión Pública y Gobierno, Gestión Pública, Gobernanza y Gobernabilidad, Tabla de Contenido Resumen 9 Descripción 9 Summary 11 Abstract 11 Introducción 13 Metodología 17 Evolución Hacia una Gobernanza Transformadora y con Perspectiva de Género 19 ¿Qué se Entiende por Gobernanza? 19 Las Cuatro Olas del Feminismo: Síntesis Histórica y Definiciones Conceptuales 29 Aportes Teóricos de la Perspectiva Feminista a las Relaciones de Género, Política y Estado 33 Discusión 41 Conclusión 49 Bibliografía. 52

La Procuraduría General de la Nación, es una Autoridad Administrativa, encargada de investigar en proceso disciplinario y en este marco emitir sanción a los servidores públicos, así mismo, tiene la facultad legal de restringir derechos políticos como el de elegir y ser elegido, sin embargo, a voces del numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dicha facultad debe estar en cabeza de un juez y la limitación realizarse en un proceso penal, por ello en sentencia del 8 de julio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano para que en un plazo razonable ajuste sus normas internas a las disposiciones que establece la Convención. The Attorney General's Office is an Administrative Authority, in charge of investigating and disciplining public servants, it also has the legal power to restrict political rights such as the right to elect and be elected, however, according to numeral 2 of Article 23 of the Inter-American Convention on Human Rights, such power must be in the hands of a judge and the limitation must be made in a criminal proceeding, therefore, in a judgment of July 8, 2020, the Colombian State was ordered to adjust its domestic legal system to the provisions of the Convention within a reasonable period of time. Magister en Derecho Público http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Maestría

This article aims to carry out a review of the requirements and impediments to be a candidate for representative public office required by current legislation, in order to submit them to evaluation to determine whether the current regulatory framework is sufficient to ensure, precisely, the “ suitability "or" aptitude ", especially in its" ethical "dimension, of said candidates; being that, on the basis of this, some recommendations can be formulated that allow optimizing that principle of suitability for the exercise of public office. https://doi.org/10.5281/zenodo.7062454, En el presente artículo se pretende realizar una revisión de los requisitos e impedimentos para ser candidato a cargos públicos representativos que exige en la legislación vigente, a efectos de someterlos a evaluación para dilucidar si el marco normativo vigente resulta suficiente para asegurar, precisamente, la “idoneidad” o “aptitud”, sobre todo en su dimensión “ética”, de dichos candidatos; siendo que, sobre la base de ello, se puedan formular algunas recomendaciones que permitan optimizar aquel principio de idoneidad para el ejercicio de cargos públicos.

Resumen Los tribunales electorales tienen un objetivo de pacificación social; pues se trata de salvaguardar la legitimidad de una determinada forma de organización socio-política. En este sentido, su responsabilidad es cumplir con el principio de transparencia y publicidad como forma de rendición de cuentas y vinculo necesario con quienes recurren a sus servicios. Por ello, y dado el interés político que revisten sus actividades, es deseable establecer parámetros mínimos respecto a la forma de comunicación de los juzgadores electorales con la ciudadanía, lo cual involucra, en su análisis. la búsqueda de equilibrio entre: la ética judicial, transparencia, derecho a la información, rendición de cuentas y libertad de expresión. Este equilibrio se logra bajo los presupuestos del discurso, la ponderación y la argumentación; estructuras previas que posibilitan justificar la excepcionalidad de la secrecía judicial como regla general en el proceso de comunicación previa a la existencia de la cosa juzgada. Ante esto, la trilogía presupuestal propuesta utilitaria sirve como herramienta para determinar los límites del juzgador electoral en la comunicación de sus proyectos de sentencia, previo a su discusión colegiada. Abstract The electoral courts have an objective of social pacification; as it is about safeguarding the legitimacy of a certain form of socio-political organization. In this sense, its responsibility is to comply with the principle of transparency and publicity as a form of accountability and necessary link with those who use its services. For this reason, and given the political interest that their activities, it is desirable to establish minimum parameters regarding the form of communication between electoral judges and citizens, which it involves in their analysis. the search for balance between judicial ethics, transparency, right to information, accountability, and freedom of expression. This balance is achieved under the assumptions of discourse, pondering, and argumentation; previous structures that make it possible to justify the exceptionality of the judicial secretariat as a general rule in the communication process before the existence of a final judgment. Given this, the proposed utilitarian budget trilogy serves as a tool to determine the limits of the electoral judge in the communication of their draft sentences, before their collegiate discussion.

RESUMEN El gran reto de la democracia moderna es la institucionalización de la par ticipación. Desde la década de 1990, así lo han entendido distintos países latinoamericanos, que han llevado a cabo procesos constituyentes en los que la participación ocupa un papel esencial. Entre todos ellos, la Constitución colombiana de 1991 resulta pionera. Su constitucionalización de la partici pación marcó un camino que han seguido otros países de la región. Pero la participación es un derecho que depende de su desarrollo. En los treinta años transcurridos desde su aprobación este concepto se ha ido consolidando en Colombia a través de las leyes estatutarias de desarrollo y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Así se ha ido configurando un sistema participa tivo, complementario a la democracia representativa, donde el derecho de participación ocupa un papel fundamentalmente instrumental de refuerzo a la consecución de otros derechos fundamentales, de control y, en general, de fortalecimiento de la legitimidad de la democracia. ABSTRACT The great challenge of modern democracy is the institutionalization of partici pation. Since the 1990s, this has been understood by different Latin American countries that have carried out constituent processes in which participation plays an essential role. Among all of them, the Colombian Constitution of 1991 is pioneering. Its constitutionalization of participation marked a path that other countries in the region have followed. But participation is a right that depends on its development. In the thirty years since its approval, this concept has been consolidated in Colombia through development laws and the jurisprudence of the Constitutional Court. Thus, a participatory system has been formed, complementary to representative democracy, where the right of participation plays a fundamentally instrumental role in strengthening the achievement of other fundamental rights, control and in strengthening the legitimacy of democracy.

Resumo: O artigo apresenta uma análise sobre o processo de construção dos relacionamentos entre as religiões ayahuasqueiras e o Estado brasileiro. Estas religiões utilizam a bebida psicoativa ayahuasca, sendo associadas ao debate público contemporâneo sobre drogas. Ampliando seus direitos, conforme constroem sua legitimidade social elas passam a se afastar do tema das drogas. A conquista do direito do uso religioso da ayahuasca e a possibilidade de inclusão deste tema nas políticas culturais do Estado brasileiro são expressões das escolhas, estratégias e projetos políticos das religiões abordadas no presente artigo. Pretende-se traçar algumas comparações entre a política das religiões ayahuasqueiras com a de outras expressões religiosas brasileiras. Abstract: The article presents an analysis on the process of building relationships between the ayahuasca religions and the Brazilian State. These religions use the ayahuasca psychoactive drink, and are associated with the contemporary public discussion concerning drugs. However, as they build their social legitimacy and broaden their rights, they are moving away from the drug issue. The conquest of the right of religious use of ayahuasca and the inclusion of this theme in the cultural policies of the Brazilian State are expressions of the political choices, strategies and projects of the religions commented on in this article. It is also intended to draw some comparisons between the politics of the ayahuasca religions and that of other Brazilian religious expressions.

This article shows the main findings obtained from the experience of observing an unprecedented process in the Costa Rican electoral political history, through which the citizens of Río Cuarto had the possibility of choosing the political and administrative center of their canton. The team of Centro Agenda Joven (UNED) participated as an exceptional witness. Using a mixed methods approach, it was possible to determine that the majority of young voters perceive politics with commitment, enthusiasm and even passion, relegating indifference and disgust towards electoral activities. This population sector uses its political rights, both in logistical aspects, as well as in coordination and supervision. Likewise, the investigation registered various manifestations about the responsibility that young people should assume in a historical moment like this, in which they began the path towards the construction of a cantonal identity, which they found in the electronic media and social networks, tools of great value to assume responsibility and leadership in the process. Este artículo presenta los principales hallazgos de la experiencia de observación de un proceso sin precedentes en la historia político-electoral costarricense, por medio del cual la ciudadanía de Río Cuarto contó con la posibilidad de escoger el centro político y administrativo de su cantón y en el que el equipo del Centro Agenda Joven de la UNED participó como testigo de excepción. Mediante un enfoque de complementariedad metodológica, se determinó que la mayoría de las personas jóvenes electoras perciben la política con compromiso, entusiasmo e incluso pasión al relegar la indiferencia y el disgusto hacia actividades electorales. Este sector poblacional utiliza sus derechos políticos, tanto en aspectos logísticos, como de coordinación y fiscalización. Asimismo, la investigación registró diversas manifestaciones acerca de la responsabilidad que debían asumir las personas jóvenes en un momento histórico como este, en el que iniciaban el camino hacia la construcción de una identidad cantonal, quienes encontraron en los medios electrónicos y las redes sociales, herramientas de gran valía para asumir cuotas de responsabilidad y liderazgo en diversas actividades del proceso.

RESUMEN: En ¿Qué es el tercer estado?, el abate Sieyes hace depender la legitimidad política de los aportes en la esfera productiva, creando un discurso o una retórica al servicio de la Revolución: es porque el pueblo llano realiza todos los trabajos realmente útiles, y porque la nobleza no es más que una carga para la sociedad, que el tercer estado es una nación completa, y que los privilegiados ―a no ser que dejen de serlo― no pueden formar parte de ella. Sin embargo, al mismo tiempo que hace de la utilidad económica del tercer estado su mayor argumento político, Sieyes pretende que las desigualdades de riqueza y de propiedad queden fuera del terreno de la política. Se opone, además, al reconocimiento de derechos políticos a las clases trabajadoras. Estos dos puntos de tensión, por ahora insertos en el discurso universalista del abate, saldrán pronto a la luz, haciendo girar la rueda de la Revolución Francesa. ABSTRACT: In What Is the Third Estate?, abbé Sieyes makes political legitimacy dependent on contributions in the productive sphere, creating a discourse or a rhetoric at the service of the Revolution: it is because the common people perform all the really useful work, and because nobility is nothing but a burden to society, that the Third Estate is a complete nation, and that the privileged ― unless they cease to be so ― cannot be part of it. However, while making the economic usefulness of the Third Estate its major political argument, Sieyes claims that inequalities of wealth and property are outside the realm of politics. Moreover, he opposes the recognition of political rights for the working classes. These two points of tension, for now inserted in the abbé's universalist discourse, will soon come to light, turning the wheel of the French Revolution.

Por su importancia para la democracia y el ejercicio de los demás derechos humanos, los derechos políticos demandan un régimen especial de protección, con arreglo al cual debe interpretarse el artículo 23 de la Convención Americana. Sin embargo, en Colombia se admiten diferentes modalidades de restricción, como las sanciones disciplinarias que permiten a la Procuraduría General de la Nación (órgano no judicial) castigar a servidores públicos democráticamente elegidos con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Pese al fallo de la Corte Interamericana en el Caso Petro Urrego vs Colombia, aún se estima que dicha potestad sancionatoria es legítima para luchar contra la corrupción. Debe examinarse el asunto mediante un control de convencionalidad, aplicando un juicio de proporcionalidad. Due to their importance for democracy and the exercise of other human rights, political rights require a special protection regime, according to which Article 23 of the American Convention must be interpreted. However, in Colombia different types of restriction are allowed, such as disciplinary sanctions through which the National Office of Internal Affairs (a non-judicial authority) can to punish democratically elected public officials with dismissal and inability to hold public office. Despite the ruling of the Inter-American Court in the Petro Urrego vs. Colombia Case, it is still considered that said sanctioning power is legitimate to fight corruption. The matter should be examined by means of a conventionality control, applying a proportionality test. Magister en Defensa de los Derechos Humanos y el DIH ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Maestría

Los derechos políticos son una garantía fundamental en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin embargo, algunos estudios afirman que Colombia es uno de los pocos Estados en el cual restringe dicho derecho a los miembros de su Fuerza Pública. Por lo cual, la presente tesis busca dar respuesta a la pregunta ¿Cuáles son los estándares convencionales de los derechos políticos que permiten la restricción del derecho a elegir a los integrantes de la Fuerza Pública colombiana? Para dar respuesta a la pregunta problema se hizo aplicación de un sistema semiautomático de búsqueda de jurisprudencia de la Corte Interamericana en el marco de la inteligencia artificial aplicada al método de análisis jurisprudencial, investigación interdisciplinaria entre el Grupo de Derecho Público y el Grupo ACCEDER de Ingeniería Multimedia, ambos de la Universidad Militar Nueva Granada. Teniendo como resultado que el Estado colombiano cumple con sus obligaciones internacionales y está facultado a limitar el derecho al voto de los miembros de la Fuerza Pública debido a que los derechos políticos no son absolutos y la limitación establecida por el Estado de Colombia en el artículo 219 de su Constitución Política es legítima, necesaria y proporcional. Este resultado se allega después de haber hecho aplicación de la herramienta informática la cual identifica los espacios citacionales que permiten establecer los espacios convencionales de los derechos políticos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. TABLA DE CONTENIDO RESUMEN 3 PALABRAS CLAVES 3 ABSTRACT 3 KEYWORDS 4 INTRODUCCIÓN 4 1. MÉTODO DE CREACIÓN DE ESPACIOS CITACIONALES Y ESTÁNDARES CONVENCIONALES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 7 2. LOS DERECHOS POLÍTICOS EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE IDH 15 2.1. Descripción de los Derechos Políticos por parte de la Corte IDH 15 2.2. Nichos citacionales y espacios convencionales de los Derechos Políticos en la jurisprudencia de la Corte IDH. 18 2.2.1. Derecho a ser elegido 23 2.2.2. El derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso y la estabilidad en cargos públicos…. 25 2.2.3. El derecho a participar en asuntos públicos 26 2.2.4. Limitaciones a los derechos políticos 28 3. LÍNEA JURISPRUDENCIAL 29 3.1. Contexto colombiano de los Derechos Políticos a los militares 29 3.2. Contexto suramericano de los derechos políticos a miembros de la fuerza publica 31 3.3. Línea jurisprudencial de la Corte Interamericana del derecho a elegir vs límites de los derechos políticos. 34 3.4. Test de proporcionalidad 35 CONCLUSIONES 37 Referencias 39 Political rights are a fundamental guarantee in the American Convention on Human Rights; however, some studies affirm that Colombia is one of the few States in which it restricts said right to the members of its Public Force. Therefore, this thesis seeks to answer the question: What are the conventional standards of political rights that allow the restriction of the right to elect the members of the Colombian Public Force? To answer the problem question, a semi-automatic system of search for jurisprudence of the Inter-American Court was applied in the framework of artificial intelligence applied to the jurisprudential analysis method, interdisciplinary research between the Public Law Group and the ACCEDER Engineering Group Multimedia, both from the Military University Nueva Granada. Having as a result that the Colombian State fulfills its international obligations and is empowered to limit the right to vote of the members of the Public Force because the political rights are not absolute and the limitation established by the State of Colombia in Article 219 of its Political Constitution is legitimate, necessary and proportional. This result is close after having made application of the computer tool which identifies the citation spaces that allow establishing the conventional spaces of political rights in the jurisprudence of the Inter-American Court. Maestría

En el presente trabajo se estudian las posibles limitaciones que pueden llegar a presentar la potestad disciplinaria, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación (PNG) en especial y en relación con la restricción de los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto popular. Lo anterior, partiendo de la idea de institución como la restricción que el hombre ha creado para limitar su interacción, en el caso concreto el derecho a elegir y ser elegido y como aquella que prima el derecho sobre el poder, encontrando así también una descripción de diseño institucional y la convencionalidad frente a derechos políticos, construcción teórica de la Potestad sancionatoria disciplinaria. Determinando con ello el tipo de función que sobre la misma recae, incluyendo aspectos importantes respecto de los precedentes tanto de la Corte Interamericana de Derechos humano como de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, para así plasmar reglas y sub reglas de interpretación que pueden llegar a limitar la sanción Disciplinaria, en aras de determinar que respecto a los derechos fundamentales de elegir y ser elegido, en tratándose de los servidores públicos elegidos por voto popular, se deben respetar ciertas reglas de interpretación y principios. In the following research paper there are sections that study the possible limitations that the disciplinary authority may present, especially at the head of the Procuraduría General de la Nación (PGN) and in relation to the restriction of the political rights of public workers elected by the popular elections, the foregoing, starting from the idea of institution as the restriction that man has created to limit his interaction, in the specific case the right to choose and be chosen and as the one that prevails the right over the power, thus finding a description of institutional design and conventionality against political rights, theoretical construction of the disciplinary sanctioning power, thereby determining the type of function that falls on it, including important aspects regarding the precedents of both the Inter-American Court of Human Rights and the Constitutional Court and the Council of the State, in order to portray the rules and sub rules of interpretation that may limit the disciplinary sanction, in order to determine the fundamental rights to elect and be elected, in the case of public workers elected by popular vote, certain rules of interpretation and principles must be respected. Magister en Derecho Administrativo Maestría

This research seeks to clearly show the relationship and level of priority regarding the functions assigned to the Attorney against the importance of the right to vote and its democratic effectiveness in a social state of law that urgently needs to regulate the actions of the Public Prosecutor’s Office According to the constitutional and conventional rights and guarantees of an elected official by popular vote.However, through a qualitative basic methodology, we hope to be able to clearly identify the stages and ways of developing by the Office of the Attorney General the special disciplinary process aimed at sanctioning possible disciplinary facts, and to be able to see if the proper application of norms, treaties and concepts of the Inter-American Court of Human Rights with respect to the matter.All of the above in order to establish that the positive regulation of the special sanctioning procedure that is applied by the Attorney against elected officials by suffrage is required, as well as to implement political guarantees for both the investigated and the voters, and finally, the procedure through the accompaniment of the judicial branch. Con la presente investigación se busca evidenciar con claridad la relación y nivel de prioridad respecto de las funciones asignadas al procurador contra la importancia del derecho al voto y su efectividad democrática en un Estado social de derecho que necesita con urgencia reglamentar las actuaciones del Ministerio Público de acuerdo con los derechos y garantías constitucionales y convencionales que tiene un funcionario electo por voto popular. Ahora bien, por medio de una metodología básica cualitativa esperamos poder identificar con claridad las etapas y formas de desarrollar por parte de la Procuraduría el proceso disciplinario especial encaminado a sancionar posibles hechos disciplinables, y poder vislumbrar si se realiza la debida aplicación de las normas, tratados y conceptos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la materia. Todo lo anterior para poder llegar a establecer que se requiere la reglamentación positiva del procedimiento especial sancionatorio que se aplica por parte del procurador contra servidores electos por sufragio, así como implementar garantías políticas tanto para el investigado como para sus electores y finalmente que se ajuste el procedimiento por medio del acompañamiento de la rama judicial.

Pantallazo de información que circuló a la comunidad en la que se le entera de un proceso de rendición de cuentas sobre el Hospital Luis Ablanque, la misma esta marcada con una nota a modo de interrogante que indica ¿Hasta cuándo le dicen mentiras a la comunidad?

Invitación para crear la ruta jurídica para la denuncia de las afectaciones en el marco del paro cívico.

En este artículo se cuestionan las controversias entre la Constitución y los instrumentos inter-naciones sobre la permanencia o suspensión de los derechos políticos sobre el derecho al voto de las per-sonas que cometieron un ilícito. Y como el sistema jurídico mexicano debería tener fundamentos lógicos para aplicar dicha suspensión, This article questions the controversies between the Constitution and the international instru-ments concerning the permanency or suspension of political rights, particularly about the right to vote of persons that committed a crime, and how the Mexican law system should have a logic basis for applying that interruption

Las siguientes líneas describen los factores que desde el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, han promovido en el continente americano la tutela efectiva del respeto y garantía del derecho al voto de los miembros de la Fuerza Pública, demostrando así que la gran parte del continente cumple los estándares internacionales en materia de protección de derechos políticos, advirtiendo por supuesto, que en Colombia aún este paso no se ha dado a pesar de contar con las condiciones óptimas tanto en lo jurídico como en lo social, lo político y lo cultural. The following lines describe the factors that from the Inter-American System for the Protection of Human Rights, have promoted in the American continent the effective protection of the respect and guarantee of the right to vote of members of the Public Force, demonstrating that the great part of the continent It complies with international standards regarding the protection of political rights, noting, of course, that in Colombia this step has not yet taken place despite having optimal conditions in both legal and social, political and cultural aspects.

En esta investigación se hace un estudio de la participación política de la mujer en Colombia con especial atención al caso del Concejo Distrital de Bogotá, en el período comprendido del 2001 al 2012. Para ello, se hace una revisión de la evolución de los derechos políticos de la mujer en la historia de Colombia durante el siglo XX, luego se analiza la regulación normativa de la participación política de la mujer a partir de la Constitución de 1991 y finalmente se ilustra el estudio con el caso del Concejo de Bogotá. This research is a study of the political participation of women in Colombia with special attention to the case of the District Council of Bogotá in the period from 2000 to 2012. For this, a review of the evolution of political rights of women in the history of Colombia during the twentieth century, then analyzes the normative regulation of women's participation from the 1991 Constitution and finally illustrates the study with the case of the Bogota Council. Facultad de Derecho - Centro De Investigaciones Sociojurídicas

Con la presente investigación se busca evidenciar con claridad la relación y nivel de prioridad respecto de las funciones asignadas al procurador contra la importancia del derecho al voto y su efectividad democrática en un Estado social de derecho que necesita con urgencia reglamentar las actuaciones del Ministerio Público de acuerdo con los derechos y garantías constitucionales y convencionales que tiene un funcionario electo por voto popular. Ahora bien, por medio de una metodología básica cualitativa esperamos poder identificar con claridad las etapas y formas de desarrollar por parte de la Procuraduría el proceso disciplinario especial encaminado a sancionar posibles hechos disciplinables, y poder vislumbrar si se realiza la debida aplicación de las normas, tratados y conceptos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la materia. Todo lo anterior para poder llegar a establecer que se requiere la reglamentación positiva del procedimiento especial sancionatorio que se aplica por parte del procurador contra servidores electos por sufragio, así como implementar garantías políticas tanto para el investigado como para sus electores y finalmente que se ajuste el procedimiento por medio del acompañamiento de la rama judicial. This research seeks to clearly show the relationship and level of priority regarding the functions assigned to the Attorney against the importance of the right to vote and its democratic effectiveness in a social state of law that urgently needs to regulate the actions of the Public Prosecutor’s Office According to the constitutional and conventional rights and guarantees of an elected official by popular vote.However, through a qualitative basic methodology, we hope to be able to clearly identify the stages and ways of developing by the Office of the Attorney General the special disciplinary process aimed at sanctioning possible disciplinary facts, and to be able to see if the proper application of norms, treaties and concepts of the Inter-American Court of Human Rights with respect to the matter.All of the above in order to establish that the positive regulation of the special sanctioning procedure that is applied by the Attorney against elected officials by suffrage is required, as well as to implement political guarantees for both the investigated and the voters, and finally, the procedure through the accompaniment of the judicial branch.

RESUMEN: Este artículo estudia el requisito de edad como condición para acceder a ciertos cargos y corporaciones públicas de elección popular en Colombia. Se plantea un recorrido por las normas constitucionales, las leyes y algunas jurisprudencias que se han producido sobre este tema. En particular, se investiga si el legislador está facultado para determinar la edad que deben ostentar los diputados del país, señalando, por ejemplo, la persistencia de interpretaciones erradas sobre las normas relativas al tema. Se evidencia, además, que en la práctica, algunas instituciones oficiales afirman públicamente que la edad mínima para acceder a la Asamblea Departamental es de 25 años, edad superior a la estipulada en la Constitución Política. El caso de los diputados es comparado con algunas controversias generadas a propósito de la edad en los concejales, lo cual permite problematizar la diversidad de perspectivas y la relatividad cultural de estos conceptos. Se concluye así que existen confusiones e irregularidades al nivel institucional sobre el requisito de edad, lo cual tiene graves consecuencias, ya que se están vulnerando los derechos políticos de los ciudadanos colombianos. ABSTRACT: This article examines the age requirement as a condition for access to certain public offices and public corporations of popular election in Colombia. A tour of the constitutional rules, laws and some jurisprudence that have been produced on this subject is proposed. In particular, it investigates whether the legislature has the power to determine the age of deputies in the country, noting, for example, the persistence of misinterpretation of the rules on the subject. It is also evident that, in practice, some official institutions publicly affirm that the minimum age for access to the Departmental Assembly is 25 years of age, which is higher than that stipulated in the Constitution. The case of deputies is compared to some controversies about the age of councillors, which allows problematizing the diversity of perspectives and cultural relativity of these concepts. This concludes that there are confusions and irregularities at the institutional level regarding the age requirement, which has serious consequences, since the political rights of Colombian citizens are being violated. RESUMO: Este artigo estuda o requisito de idade como condição para assumir certos cargos e corporações públicas de eleição popular na Colômbia. Apresenta-se um percorrido por normas constitucionais, leis e algumas jurisprudências produzidas sobre esse tema. Em particular, investiga-se se o legislador está facultado para determinar a idade que devem ostentar os deputados do país, indicando, por exemplo, a persistência de interpretações equivocadas sobre as normas relativas ao tema. Além disso, evidencia-se que, na prática, algumas instituições oficiais afirmam publicamente que a idade mínima para entrar na Assembleia Regional é de 25 anos, idade superior à estipulada na Constituição Política. O caso dos deputados é comparado com algumas controvérsias geradas sobre a idade dos vereadores, o que permite problematizar a diversidade de perspectivas e a relatividade cultural desses conceitos. Assim, conclui-se que existem confusão e irregularidades no contexto institucional sobre o requisito de idade, o que leva a graves consequências, já que estão sendo violados os direitos políticos dos cidadãos colombianos.

RESUMEN Este artículo estudia el requisito de edad como condición para acceder a ciertos cargos y corporaciones públicas de elección popular en Colombia. Se plantea un recorrido por las normas constitucionales, las leyes y algunas jurisprudencias que se han producido sobre este tema. En particular, se investiga si el legislador está facultado para determinar la edad que deben ostentar los diputados del país, señalando, por ejemplo, la persistencia de interpretaciones erradas sobre las normas relativas al tema. Se evidencia, además, que en la práctica, algunas instituciones oficiales afirman públicamente que la edad mínima para acceder a la Asamblea Departamental es de 25 años, edad superior a la estipulada en la Constitución Política. El caso de los diputados es comparado con algunas controversias generadas a propósito de la edad en los concejales, lo cual permite problematizar la diversidad de perspectivas y la relatividad cultural de estos conceptos. Se concluye así que existen confusiones e irregularidades al nivel institucional sobre el requisito de edad, lo cual tiene graves consecuencias, ya que se están vulnerando los derechos políticos de los ciudadanos colombianos. ABSTRACT This article examines the age requirement as a condition for access to certain public offices and public corporations of popular election in Colombia. A tour of the constitutional rules, laws and some jurisprudence that have been produced on this subject is proposed. In particular, it investigates whether the legislature has the power to determine the age of deputies in the country, noting, for example, the persistence of misinterpretation of the rules on the subject. It is also evident that, in practice, some official institutions publicly affirm that the minimum age for access to the Departmental Assembly is 25 years of age, which is higher than that stipulated in the Constitution. The case of deputies is compared to some controversies about the age of councillors, which allows problematizing the diversity of perspectives and cultural relativity of these concepts. This concludes that there are confusions and irregularities at the institutional level regarding the age requirement, which has serious consequences, since the political rights of Colombian citizens are being violated. RESUMO Este artigo estuda o requisito de idade como condição para assumir certos cargos e corporações públicas de eleição popular na Colômbia. Apresenta-se um percorrido por normas constitucionais, leis e algumas jurisprudências produzidas sobre esse tema. Em particular, investiga-se se o legislador está facultado para determinar a idade que devem ostentar os deputados do país, indicando, por exemplo, a persistência de interpretações equivocadas sobre as normas relativas ao tema. Além disso, evidencia-se que, na prática, algumas instituições oficiais afirmam publicamente que a idade mínima para entrar na Assembleia Regional é de 25 anos, idade superior à estipulada na Constituição Política. O caso dos deputados é comparado com algumas controvérsias geradas sobre a idade dos vereadores, o que permite problematizar a diversidade de perspectivas e a relatividade cultural desses conceitos. Assim, conclui-se que existem confusão e irregularidades no contexto institucional sobre o requisito de idade, o que leva a graves consequências, já que estão sendo violados os direitos políticos dos cidadãos colombianos.

Robert Nozick's libertarian variant remains one of the most unique modern updates of liberalism. Through the recreation of a hypothetical interview, the American theorist engages here in a dialogue about the political constitution of Liberland, a no-man's land appropriated by Vít Jedlička and organized under the principles of libertarianism, the clarification of which is the purpose of this text. In the course of the conversation, comments and questions arise that allow further clarifications about the role of private property in this territory and its relation to negative liberty and justice; the necessity and form of political government; mechanisms of security and protection of freedoms; the place of political rights and taxation, among others, accompanied by a final reflection., La variante libertaria de Robert Nozick sigue siendo una de las actualizaciones modernas más singulares del liberalismo. Mediante la recreación de una entrevista hipotética es entablado aquí un diálogo del teórico estadounidense sobre la constitución política de Liberland, un terreno de nadie apropiado por Vít Jedlička y organizado bajo los principios del libertarianismo, cuyo esclarecimiento es el cometido de este texto. Con el trasegar de la conversación van surgiendo comentarios y preguntas que permiten ulteriores aclaraciones acerca del papel que en este territorio juega la propiedad privada y su relación con la libertad negativa y la justicia ; la necesidad y la forma del gobierno político; mecanismos de seguridad y protección de las libertades ; el lugar que en él ocupan los derechos políticos y los impuestos, entre otros, acompañadas por una reflexión final

Sol·licitant de l'informe: Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

La presente investigación tiene como fin evaluar, específicamente, la sanción de destitución, y de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, de servidores públicos de elección popular como facultad sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación, a la luz del marco normativo constitucional interno y del bloque de constitucionalidad, para establecer que la destitución de funcionarios públicos elegidos por sufragio popular es violatoria de la jurisprudencia de las Altas Cortes colombianas y, también, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta última, es igualmente vinculante y obligatoria para todos los operadores judiciales de los Estados miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969). Para demostrar lo anterior se ha elegido como ejemplo el caso de la destitución mediante una decisión administrtiva (no judicial) del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, expedidad por la Procuraduría General de la Nación. The purpose of the present investigation is to evaluate, specifically, the sanction of dismissal, and Inability to perform public functions, public servants of popular choice As the sanctioning power of the Office of the Attorney General of the Nation, in the light of the normative framework Constitutional block, to establish that the dismissal of Public officials elected by popular suffrage is in violation of the jurisprudence of the High Colombian Courts and also the Inter-American Court of Human Rights (I / A Court HR). The latter is also binding and binding on all legal States of the American Convention on Human Rights (Pact of San José de Costa Rica of 22 November 1969). In order to demonstrate the above, it has been chosen as an example The case of dismissal through an administrative (non-judicial) decision of the Mayor of Bogota, Gustavo Petro Urrego, expedition by the Office of the Attorney General of the Nation.

Una de las grandes preocupaciones históricas de la sociedad española es, entre otras, la de la calidad del mecanismo arbitrado para la representación política. La inapaciguada agitación con respecto al diseño consagrado en la LOREG –conocido popular pero faliblemente como “sistema D’Hondt”– ha cobrado fuerza nuevamente en el contexto socio-económico actual, campo abonado para que erupcione una vez más lo que podría denominarse bajo el calificativo de “la cuestión electoral de la democracia española”. Por ese motivo, es preciso abordar las consecuencias prácticas de los artículos 6 y 68 CE, ya que ambos son relevantes para comprender la situación actual de la representación política, del sistema electoral y de partidos en nuestro país, así como de los derechos políticos que están en juego. One of the earliest leading worries of the Spanish society is that of the quality of the mechanism for the political representation. The unquenchable agitation with regard to the design dedicated in the Organic Law of Electoral Representation –commonly but wrongly known as “D’Hondt System”– has gathered more strength in the current social-economic context, a solvent field in order to once again explode what might be named under the epithet of “the electoral question of the Spanish democracy”. For that reason, it is demanded to deal with the practical consequences of the 6th and the 68th articles of the Spanish Constitution, due to both of them are relevant to understand the current situation of the political representation, of the electoral system and of parties in our country, as well as of the political rights that are at stake.

El proceso de integración que supone la Unión Europea ha dado lugar a multitud de fenómenos políticos nuevos. Un ejemplo es la adquisición del derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones locales o europea en el país de residencia de ciudadanos procedentes de otros países de la Unión Europea; una ampliación de la participación que deja al margen el derecho de voto en las elecciones nacionales, obviando así cuestiones referentes a soberanía y migración. En este artículo se analiza la opinión pública europea respecto a la adquisición o pérdida del derecho al sufragio activo en elecciones nacionales en las migraciones intraeuropeas. Se determina una tipología en función de dicha opinión, explorando su relación con la propuesta de clúster de culturas cívico-políticas en la Unión Europea. Asimismo, el estudio empírico de la actitud social ante el derecho de voto migrante (la actitud de las distintas sociedades a la integración del migrante en sus comunidades políticas) nos permite observar la permeabilidad de la comunidad política en distintas configuraciones nacionales. Para ello, proponemos un marco interpretativo que nos permite observar la orientación social a través de dos ejes principales: un eje selectivo del derecho, desde el que observar una ciudadanía vinculada al Estado o la Nación, y un segundo eje en el que la ciudadanía pivota entre su formulación inclusiva cosmopolita y un enunciado excluyente sin derechos. Los datos proceden de los barómetros flash 364 de 2012 y 430 de 2015. The integration process involving the European Union has given rise to a multitude of new political phenomena. An example of this is the acquisition of the right to vote and stand in local or European elections in the country of residence of citizens from other countries within the European Union; an increase in participation that marginalises the right of vote in national elections, thus ignoring issues related to sovereignty and migration. This article analyses the European public opinion with respect to the acquisition or loss of the right to active suffrage in national elections in intra-European migrations. A typology based on that opinion is determined, exploring its relationship with the proposal of cluster of civic cultures in the European Union. In addition, the empirical study of social attitudes regarding voting rights for migrants (the attitude of different societies to the integration of migrants in their political communities) allows us to observe the permeability of the political community in different national settings. In order to do so, we propose an interpretive framework allowing us to observe the social orientation through two main approaches: a selective approach of the law from which to observe citizenship linked to the State or nation; and a second approach in which citizenship pivots between its cosmopolitan and inclusive formulation and an exclusionary statement without rights. The data originates from flash barometers 364 of 2012 and 430 of 2015. Este estudio ha sido financiado por el proyecto CSO2012-32930 «La participación política como candidatos de los residentes europeos en España», Ministerio de Economía y Competitividad.

Los Derechos Políticos en Colombia se encuentran consagrados en el artículo 40 de la Constitución Política, como las garantías que todo ciudadano tiene a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, mediante la participación en elecciones, plebiscitos, referendos y consultas populares. Sin embargo, a partir de las potestades sancionatorias otorgadas al Procurador General de la Nación a través de la Constitución y avaladas por el alto tribunal constitucional encargado de la salvaguarda e interpretación de la Carta Política, se han generado una serie de manifestaciones en contra de dichas facultades por ser consideradas exorbitantes ya que podría carecer de las garantías judiciales suficientes en el desarrollo del proceso disciplinario. Así las cosas, a través de un tratamiento esencialmente cualitativo, donde se aplicaron el análisis, la síntesis, la inducción y la deducción de la jurisprudencia internacional que ha desarrollado el concepto y alcance del derecho a elegir y ser elegido; se podría establecer que Colombia no ha adecuado la normatividad interna a los estándares internacionales en materia de protección a los derechos políticos cuando de establecimiento de recursos adecuados y efectivos se trata. Political Rights in Colombia are enshrined in Article 40 of the Constitut, which guarantees every citizen to participate in the establishment, exercise and control of political power, through participation in elections, plebiscites, referenda and popular surveys. However, from sanctioning powers granted to the Attorney General's Office by the Constitution and endorsed by the highest constitutional court responsible for safeguarding and interpreting the Constitution, a series have been generated against such exorbitant powers being considered because it may lack sufficient judicial guarantees in the development of the disciplinary process. So, through an essentially qualitative treatment, where the analysis, synthesis, induction and deduction of international jurisprudence that has developed the concept and scope of the right to elect and be elected applied; It could be established that Colombia's domestic legislation has not adapted to international standards on the protection of political rights when establishing adequate and effective remedies concerned.

Women were one of the last social groups to conquer political rights in contemporary democracies. Although there are no more legal obstacles for female political participation (active and passive), women’s presence in Brazilian parliaments is minimal. In the Lower House of Parliament (Câmara dos Deputados), after 2014 Elections –that is, 19 years after gender quota regulations in Brazil– women still occupy less than 10% of the seats. That being the case, in this brief study, we revisit cultural, social and institutional variables which are commonly presented as a justification for female under-representation in Brazil. Subsequently, we address gender violence situations which took place in Brazil’s Lower House of Parliament, as well as how they were dealt with by this organization. Furthermore, in attempt to better understand the relations between gender, representation, violence and harassment in the political field, questionnaires were sent to representatives in the Lower House of Parliament, where the two paradigmatic cases which are object of this study took place. In this attempt, we also interview the Vice-Governor of a Brazilian state, a woman who can provide the perspective of the executive branch on the matter. The analysis of these results –including the percentage of answers– should allow us to raise a connection between gender violence in politics and female under-representation. Las mujeres han sido uno de los últimos contingentes sociales en alcanzar derechos políticos dentro de las democracias contemporáneas. A pesar de no subsistir impedimentos legales para su participación política (activa o pasiva), la presencia de mujeres en el parlamento brasileño es insignificante. En la Cámara de los Diputados, tras las elecciones de 2014 –19 años después de la regulación de las cuotas de género en Brasil– las mujeres todavía ocupan menos del 10% de los asientos. En este breve estudio, se revisan las variables culturales, sociales e institucionales que se presentan comúnmente como justificación para la baja representación femenina en Brasil. Posteriormente, serán revisadas algunas situaciones de violencia de género ocurridas en la Cámara de los Diputados y el trato que se les dio dentro del organismo. Asimismo, en el intento de obtener una idea de la relación entre representación, violencia y acoso político y de género, se enviaron cuestionarios a los miembros del Parlamento Federal, escenario en donde se desarrollaron los dos casos paradigmas que serán estudiados en este trabajo. Con el mismo fin, también se entrevistó a la vicegobernadora del Estado de Piauí-Brasil, que nos proporcionó una perspectiva sobre el tema objeto de estudio en el Poder Ejecutivo. El análisis de dichos resultados –incluyendo los porcentajes de las respuestas– permite delimitar la relación entre violencia de género en la política y laescasa representación femenina.

La presente investigación está orientada a crear una nueva forma de visualización de los aspectos más importantes en materia jurídico social, antropológica e histórica de las comunidades indígenas Colombianas, actuando de manera consecuente al posible postconflicto que se avecina; por consiguiente, el problema de la investigación y su desarrollo, está determinado por el análisis de las teorías concernientes al enfoque diferencial subjetivo de las sujetos investigados, la cosmovisión política y ambiental de los mismos y sus conocimientos ancestrales milenarios para así poder entender, analizar y fortalecer una posible solución al problema jurídico, antropológico y materialista investigado, prestándole especial atención demás a la consulta previa enmarcada en el convenio 169 de la OIT (1989) como mecanismo de protección elevado a la categoría de derecho fundamental, ya que como pretenden demostrar los autores, representa la principal herramienta de protección y participación de las comunidades indígenas. De manera que para esto, se analizaran los aspectos más relevantes referentes a estos temas, valiéndose para esto de herramientas como la normatividad tanto internacional como nacional, la teoría jurisprudencial, además de la observación de experiencias y manifestaciones de quienes se han visto afectados por estas problemáticas, abordándolas con el desarrollo de su tesis, antítesis y síntesis de manera completa y especializada, creando y mostrando los aspectos más innovadores del tema , la trascendencia del problema y la pertinencia de la solución propuesta. Abogado Pregrado

This dissertation from the qualitative research methodology and from a descriptiveperspective - historical, aims to reflect on the legal status of political partiesand their role in the Colombian state. This in order to understand the deficienciesthat these organizations have demonstrated in the context of Colombian politics.To this end, the fundamental policy framework is developed figure and thematicdiscussion principals are anticipated against that organization. La presente disertacion desde la metodología de investigación cualitativa y desde una perspectiva histórico-descrptiva, pretende reflexionar sobre la naturaleza jurídica de los partidos politicos y su papel en el Estado colombiano. Lo anterior con la finalidad de comprender las deficiencias que dichas organizaciones han evidenciado en el marco de la política colombiana. Para tal efecto se desarrolla el marco normativo fundamental de la figura y se preven las principales tematicas de debate frente a dicha organización.

Las dinámicas de la ciudadanía en la Comuna 10 de Medellín abre las posibilidades de una ciudadanía alternativa mediante la cual los empleadores, porque generan actividad laboral y público que gesta sus funciones en ella, logren acuerdos y pactos para procurarse los derechos civiles, políticos y constitucionales que les han sido esquivos por parte de la administración municipal. El objetivo de la investigación consistió en reconocer las dinámicas de la ciudadanía alternativa que se llevan a cabo en la Comuna 10 de la ciudad de Medellín así como las formas de manifestación constitucional. La metodología gravitó sobre un estudio de caso único, en el cual se seleccionó la Comuna 10, más conocida como El Hueco, Guayaquil o la Candelaria; se diseñaron los instrumentos (la encuesta, la entrevista y el diario de campo), se elaboraron gráficos estadísticos y se hizo un análisis descriptivo-cualitativo de los resultados obtenidos. Previamente, se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica sobre el tema de la ciudadanía, la cultura política y los análisis constitucionales en contextos de impacto social, político y territorial, con aplicación de instrumentos propios de las investigaciones cualitativas y aplicadas. La unidad de análisis la conformaron cinco organizaciones comunitarias de la Comuna 10, la Junta de Acción Comunal Local, entidades encargadas de las políticas de ordenamiento territorial, en este caso, Asoguayaquil y la Gerencia del Centro, así como la oficina responsable de la organización, planea-ción y desarrollo de la Comuna 10 y los empleadores, empleados y trabajadores del sector, a quienes se les aplicó alguno de los instrumentos: 600 en total. The dynamics of citizenship in Medellin 10th Commune open the possibilities of alternative citizenship. Through it, employers, employees and public, who create their functions in it, achieve agreements to ensure civilian, political and constitutional rights that have been denied to them by the municipal administration. The objective of this research consists in recognizing the dynamics of alternative citizenship that take place in the 10th Commune of the city of Medellin, as well as forms of constitutional expression. The methodology is centered in the study of a unique case, the one of the 10th Commune, formed by El Hueco, Guayaquil and La Candelaria neighborhoods, we developed the research instruments (survey, interview and field journal), we created the graphical statistics and we performed a descriptive and qualitative analysis of the results. Previously, we performed a review of the scientific literature on the subjects of citizenship, political culture and the constitutional analysis in contexts of social, political and territorial impact with the application of instruments of qualitative and applied research. The unit of analysis was made up of five community organizations of the 10th Commune, the Local Community Action Board, some entities responsible for policies of land use, in this case Asoguayaquil and the Downtown Management, as well as the office responsible for the Organization, planning and development of the 10th Commune, and employers, employees and workers in the sector who took part in the survey: 600 in total.

The paper denies that art. 15 of the chilean Constitution establishes a right not to vote. What is instead protectected by this article is the citizen's electoral decision-making process. Under this perspective are considered several statements from chilean electoral system. Since a constitutional right not to vote is not included in it, any new legal statement that establishes compulsory voting would involve no transgression to art. 15 of the Constitution., El artículo niega que el artículo 15 de la Constitución Política de Chile consagre el derecho a no asistir a sufragar. Lo que protege en cambio es la formación de la voluntad electoral del ciudadano. Bajo esta perspectiva se consideran varias disposiciones del sistema electoral chileno. Al no incluir este un derecho constitucional a la abstención electoral, cualquier restablecimiento legal de la obligación de sufragar no significaría afectación alguna del artículo 15 de la Constitución.