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Los memoriales dedicados a las víctimas de violaciones de derechos humanos han sido abundantemente analizados en contextos de justicia transicional. En este artículo se estudia un tipo de memorial que ha recibido escasa conceptualización teórica y poca atención empírica: el “memorial funerario”. Situados en cementerios, estos memoriales ocupan un espacio intermedio entre la vida y la muerte, lo que les confiere un componente emocional y los dota de unos rasgos característicos de gran relevancia. Los memoriales funerarios sirven como espacios de negociación entre elementos religiosos, políticos y cívicos, y actúan como lugares de movilización, conflicto y encuentro. La presencia de restos humanos en ellos subvierte, de forma inequívoca, la lógica dictatorial de negación, ocultación y humillación de las víctimas. En la presente investigación hemos seleccionado seis memoriales funerarios edificados para albergar los restos de líderes históricos españoles y chilenos. Estos lugares de homenaje nos hablan con elocuencia del tipo de transición y de la sensibilidad de las nuevas democracias hacia las políticas de memoria y justicia transicional. Los memoriales funerarios no sólo honran a las figuras históricas, sino que también reflejan el compromiso de las sociedades actuales con la verdad, justicia y reparación en contextos post-dictatoriales.

El presente artículo persigue un doble objetivo: por un lado, ponderar los resultados de las dos instancias de justicia transicional creadas por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024): la Comisión para la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa y la Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Por el otro, observar cómo se comportaron los actores responsables de las violaciones de derechos humanos con relación a las labores de investigación de las Comisiones, y valorar si ello incidió en los resultados obtenidos y en el logro de sus cometidos.

Este ensayo explora los escenarios emergentes en el campo de la administración de justicia producto de los diálogos interjurisdiccionales entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las justicias comunitarias indígenas, afrodescendientes y campesinas, en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016 en Colombia. Una mirada general muestra posibles salidas a los limitantes estructurales de la justicia transicional y a las necesidades de justicia de las comunidades más afectadas por el conflicto armado. El estudio de esta sugerente ecología de justicias desarrollada en los macrocasos abiertos con relación a las labores de investigación, juzgamiento y sanción de los crímenes cometidos durante el conflicto armado nos permite aproximarnos a las contradicciones constitutivas de la justicia transicional, a las particularidades de las justicias comunitarias y a las colaboraciones inter-justicias durante los primeros años de pos-acuerdo.

Abstract: Transitional justice from below in Guatemala: Experience of the Association for Justice and Reconciliation Although criminal accountability is a central component of transitional justice (TJ), the way it converges or clashes with the practices and expectations of those affected by extreme violence is not always clear. What collective processes lead communities to embrace and pursue legal cases? What challenges does the involvement of historically violated and marginalized populations entail? In this article, we analyse the experience of an organization of survivors of the Guatemalan armed conflict that has been key to filing lawsuits for genocide. Based on the perspectives of its members, we highlight the importance of local and international intermediaries for the formation and persistence of the group, and we explore the challenges to its continuity. Our findings suggest the need to delve deeper into the contradictions between TJ and the diversity of indigenous conceptions of justice, economic constraints and gender inequities that limit the mobilisation of male and female survivors. Resumen Aunque la responsabilización penal es un componente central de la justicia transicional (JT), no siempre es nítido el modo en que converge o choca con las prácticas y expectativas de las víctimas de atrocidades masivas. ¿Qué procesos colectivos explican la adopción y sosteni-miento de causas legales en contextos comunitarios? ¿Qué desafíos conlleva el involucramien-to de poblaciones históricamente violentadas y marginalizadas? En este artículo analizamos la experiencia de una organización de sobrevivientes del conflicto armado guatemalteco que fue clave para posicionar demandas judiciales por genocidio. Con base en las perspectivas de sus integrantes destacamos la centralidad de los intermediarios locales e internacionales para la conformación y persistencia del grupo, y exploramos los retos para su continuidad. Nuestros hallazgos sugieren la necesidad de profundizar las contradicciones entre la JT y la diversidad de concepciones de justicia indígenas, así como las constricciones económicas y desigualdades de género que limitan la movilización de hombres y mujeres sobrevivientes.

Este artículo aborda las definiciones de la categoría de género que se han desarrollado en las experiencias de justicia transicional en Colombia y su operativización en informes y decisiones judiciales, con el fin de identificar sus usos y su utilidad, desde algunas premisas teóricas de los estudios de género. Concluye que el género, en tanto categoría, se asocia fundamentalmente a los sujetos mujeres y población LGBT, de quienes se presupone su existencia, relegando su uso como categoría analítica de relaciones de poder a un segundo plano. La justicia transicional en Colombia aún debería poder utilizar la categoría de género para explicar la institución de la guerra y debería mantenerse alerta para identificar cómo la guerra construyó identidades generizadas que son, a su vez, continuamente construidas a partir de la narrativa generada en las decisiones judiciales.

Las mujeres ven en las transiciones hacia la paz unas “ventanas de oportunidad” para movilizar sus perspectivas e intereses sobre la paz. En el caso de Colombia, estas ventanas son extraordinarias para visibilizar las acciones en pro de la búsqueda de la paz durante el conflicto, sin embargo, estas también son afectadas por el género; las transiciones abren posibilidades, pero el contexto de violencia y discriminación que sufren las mujeres en lo cotidiano del conflicto no se suspende durante las transiciones. La experiencia de las mujeres en el conflicto armado y su participación en los procesos de paz no es universal. Las mujeres tienen puntos en común en las agendas que buscan garantizar y avanzar sus derechos, pero las estrategias y los medios empleados para alcanzar la incorporación e implementación de dichos objetivos depende de diversos factores que usualmente favorecen la participación de los colectivos mejor informados y conectados. El artículo ofrece un análisis de las ventanas de oportunidad construidas por las mujeres en el marco del proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP (2012-2016), a través de un análisis del funcionamiento de la justicia transicional en Colombia.

This article suggests that the impunity of crimes of the powerful in the Global South must be understood in terms of a continuity of colonial state crime. To arrive at this argument, the article deploys a case study of the experience of the Peace Community of San José de Apartadó in Colombia: a campesino community that, in the context of institutionalised impunity for the atrocities committed against its members, broke off relations with Colombia’s justice system. By reflecting upon opposing narratives surrounding this rupture, the article seeks to better understand the survivors’ perspective in a context where narratives of the historically marginalised tend to be occluded by legalistic rationalities that normalise the crimes of the powerful. In so doing, however, the article seeks not to merely give a voice to subjugated knowledges but to mount a challenge to the capacity of legality (as embodied in TJ) in bringing about changes that can adequately address histories of violence. On the contrary, to address such dynamics, the article argues, we need to address the crimes of the powerful in their continuity with a colonial social order, wherein the dehumanisation of colonial subjects serves to rationalise the plunder of their territories. Este artículo sugiere que la impunidad de los crímenes de los poderosos en el Sur Global es consecuencia de la continuidad del crimen de estado colonial. Para llegar tal conclusión, el texto describe narrativas que han marcado la ruptura de la Comunidad de Paz de Apartadó con el sistema de justicia colombiano. En este sentido, se trata de comprender las narrativas de los sobrevivientes en un contexto en el que las voces de los sujetos históricamente marginados tienden a ser silenciadas por argumentos legalistas que normalizan la criminalidad de los poderosos. Además de resaltar la importancia de comprender los saberes históricamente subordinados, el artículo busca resaltar la necesidad de cuestionar la capacidad de la legalidad (incluso la Justicia Transicional) para hacerle frente a las historias de violencia sistemática. En síntesis, se sostiene que los crímenes de los poderosos deben comprenderse desde su naturaleza colonial, cuya persistencia ha facilitado la deshumanización de los sujetos coloniales, racionalizando el despojo de sus territorios.

Presentación del dossier 47 Ante los desafíos académicos y las posibilidades de encuentros disciplinares, este dossier surgió con el propósito de explorar nuevos horizontes de discusión en la justicia transicional a partir del análisis de las tramas, de las políticas y de las perspectivas bajo las que opera, prestando especial atención a los grupos minoritarios, a las interseccionalidades y a las violencias en el marco de procesos de posconflicto, democratización y reconciliación. Como ejes para la reflexión se propuso el abordaje de la memoria y el negacionismo frente a procesos de violencia estructural y masiva, el exterminio y el colonialismo; la complicidad y la responsabilidad estatal-corporativa en el marco de la justicia de transición; la adopción de categorías de análisis como la violencia estructural, el daño social, los daños al medioambiente y los crímenes de los poderosos en los procesos de justicia transicional; y las apuestas por la construcción de paz a partir de experiencias populares, procesos colectivos y simbólicos de resistencia contrahegemónica. Así, se reunieron trabajos que, desde marcos interpretativos críticos y multidisciplinarios, problematizan y profundizan en el debate sobre las posibilidades y límites de los conceptos y herramientas de la justicia transicional en escenarios de posconflicto y procesos de democratización e institucionalización de una nueva normatividad estatal orientados hacia la construcción de paz. El dossier está compuesto por ocho artículos que exploran los problemas y pilares fundamentales en los enfoques emergentes de la justicia transicional ofreciendo perspectivas innovadoras y valiosas en un contexto global donde la construcción de una paz duradera y la reconciliación requieren de una visión integral y crítica. Los estudios aquí presentados ahondan en cuatro pilares esenciales que guían este campo: la memoria colectiva; la justicia ambiental; la responsabilidad de los actores económicos en la violencia; y los retos en la reparación efectiva de las víctimas

el conflicto armado interno que azotó a la región del norte del departamento del Cauca (Colombia) alteró el vínculo ancestral entre las comunidades afrodescendientes y la naturaleza. Buscando el reconocimiento de estos hechos y los consecuentes daños generados, el Consejo Comunitario de Cuenca del Río Cauca y Microcuenca de los ríos Teta y Mazamorrero (Buenos Aires y Santander de Quilichao, Cauca) solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el reconocimiento del río Cauca como víctima del conflicto armado desde una apuesta étnica, territorial y socioecológica que aboga por las intrínsecas relaciones entre lo humano y lo no-humano. El artículo recoge esta experiencia para indagar los factores que posibilitan la incidencia de comunidades étnicas ante dichas instancias. Siguiendo una metodología de Investigación Acción Participativa que da cuenta del proceso de reflexión, sanación y reivindicación socioecológica comunitaria ante la JEP y los marcos teóricos de construcción de paz local, decolonialidad e infrapolítica, la investigación demuestra el potencial de los saberes ancestrales y los procesos histórico-políticos de las comunidades afrodescendientes para promover nuevos enfoques, nociones y metodologías para el reconocimiento de la naturaleza como víctima del conflicto armado, desafiando así la visión moderno-liberal-capitalista de la justicia transicional.

este artículo evalúa la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras expedida por el Gobierno colombiano en 2012 para favorecer los diálogos de paz, promover la justicia transicional y reparar a las víctimas del conflicto armado interno, enfatizando especialmente la recuperación de su salud mental Para tal fin se revisaron en detalle algunos artículos de esta ley y se analizaron 36 noticias relativas a ella en la prensa colombiana con el objetivo de evaluar su grado de cumplimiento. Asimismo, el autor elevó derechos de petición y comunicaciones personales a entidades públicas encargadas de su implementación para evidenciar las diversas dificultades que enfrentan las víctimas para ser escuchadas. Este ejercicio reveló que la implementación de la Ley 1448 ha tenido diversos obstáculos, pero generalmente resumidos en la negligencia estatal para cumplir a las víctimas lo pactado en el papel. Así, el estudio concluye que las instituciones estatales han resultado insuficientes en la implementación efectiva de la Ley 1448, lo que ha resultado, contra el espíritu normativo, en frecuentes situaciones de revictimización.

¿Por qué si México transitó desde un régimen autoritario hacia uno pretendidamente democrático y se han implementado diversas instancias de justicia transicional, el país padece en el presente niveles de violencia sin precedentes? Se aventuran dos hipótesis. Primera: la forma específica en que ocurrió la transición democrática imposibilitó una justicia transicional efectiva. Segunda: la justicia transicional implementada por el primer gobierno electo democráticamente (2000-2006) fue una simulación, constituyendo una amnistía de facto para los perpetradores de violaciones de derechos humanos del pasado autoritario. Se persigue evidenciar que la modalidad en que ocurrió la transición democrática determinó los magros resultados de los mecanismos de justicia transicional, y que la impunidad ante los crímenes del pasado propició el aumento de la criminalidad en el presente.

Este artículo pretende explicar cómo fue posible el tránsito de las luchas sociales por la memoria a su reconocimiento como una política de Estado. Para ello se entiende el Estado no como un aparato ni como una entidad inmutable y compacta sino como un campo de fuerzas y de lucha entre grupos dominantes y subordinados que cuando cambia provoca su reconfiguración. Se propone analizar las condiciones sociales y políticas entre la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) y la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) como un proceso social y político, altamente contencioso, que condujo a la institucionalización de la política pública de memoria en Colombia como un deber del Estado basado en la democratización de la memoria.

La reconstrucción del pasado reciente del conflicto armado y los procesos de verdad, justicia y reparación con garantías de no repetición, como pilares fundamentales de la justicia transicional en defensa de los derechos de las víctimas, han exacerbado los ejercicios de construcción de memoria en el país. El presente artículo tiene como objetivo describir la producción intelectual sobre los usos y abusos de la memoria, a partir de un ejercicio de revisión documental en bases de datos de producción científica, considerando sus prácticas en términos de intervención, las temáticas abordadas y las metodologías que se han utilizado para el análisis de la construcción de memoria en el marco del conflicto armado colombiano y la reparación de las víctimas en el periodo de 2008 y 2017. Los resultados indican que existe una vasta producción documental sobre la construcción de la memoria histórica en términos de reparación, formas de resistencia y procesos judiciales. The construction of the recent armed conflict and the truth process, justice and reparation of guareantees of not repeated, as a fundamental anchor of the transitional justice defending the humanrights of the victims, it has beeen exarcebate the costruction of memory in our country. The recent article has as an obtective to describe the intelectual production about the uses and abuses of the memory, according to an exercise of documental revisión and the data base of cientific production, considering the practicum in terms of intervention, the thematics well talked about in this documentary and the methodology used for the analysis of the memory construction in the frame of the conflicto armed in Colombia and the victims affair during 2008 and 2017. The results indicates that there is a documental production about the comnstruction of the history memory in terms of reparation, ways of resistence ans judicial processs.

El tema de la justicia transicional mexicana, materializado a través de una Fiscalía Especial que funcionó entre 2001 y 2006, sigue siendo ignorado en la academia. La mayoría de los estudios existentes supone que la Fiscalía Especial fue creada para generar resultados que contribuirían a la consolidación de la democracia mexicana: particularmente, verdad y justicia. También señalan que esta institución fracasó, porque no obtuvo verdad ni justicia. No coinciden, sin embargo, sobre las razones detrás de dicho fracaso: falta de voluntad política, ausencia de personal capacitado, elaboración de estrategias jurídicas torpes. Este artículo se aleja de estas interpretaciones y rastrea la genealogía de la Fiscalía Especial. Para hacerlo, analiza críticamente el papel crucial que desempeñó en la justicia transicional la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución que hasta ahora ha sido ignorada en los estudios sobre el tema. El argumento que enmarca esta investigación es que, en México, la justicia transicional fue diseñada por la CNDH de tal manera que contribuyó a perpetuar la injusticia. Este artículo busca mostrar que no es que la Fiscalía Especial haya fracasado en la marcha, sino que desde su origen fue pensada para otorgar un indulto a los perpetradores de crímenes.

El presente artículo surge como producto de actualización y profundización de la actividad docente en el área de derecho internacional público. El objetivo principal es describir la regulación jurídico-política para los actores armados, legales e ilegales, en el territorio colombiano y demarcado en el contexto relativo al año 2021. La metodología obedece a una investigación de tipo descriptiva que se apoya en la recolección de información de fuentes secundarias a través de la técnica del webmining o minería electrónica, utilizando técnicas de investigación cualitativa, enmarcada en los alcances del Acuerdo Final de Paz entre las Farc-Ep y el Estado colombiano. Explora los ámbitos de los fueros militares, las amnistías a los delitos considerados políticos y los tránsitos de la justicia ordinaria en marcos excepcionales de coyunturas políticas para la consecución de escenarios de construcción de paz. Los principales resultados se clasifican en la regulación para actores armados legales e ilegales. Como conclusión principal, se esgrimen las dificultades de la aplicación imperativa de la normatividad internacional contemporánea, dada la costumbre adquirida por la sociedad internacional dentro del escenario clásico de las relaciones internacionales.

Este artículo aborda una discusión inédita sobre el lugar del saber propio indígena y su ley de origen —el más valioso de los bienes comunes— en una teoría intercultural de los delitos internacionales. En el marco de la transición colombiana, que implica la obligación de estabilizar una paz incluyente, es inaplazable abrir el camino a preguntas que permitan dotar de un sentido culturalmente adecuado a los bienes jurídicos afectados por los crímenes atroces que han aumentado el riesgo de exterminio de los pueblos indígenas colombianos. Este artículo hace una primera aproximación a esa discusión, aferrado a la fuerza de las teorías jurídicas del sur global, para encontrar en la gramática del derecho penal, el lugar debido al conocimiento indígena y conjurar su sometimiento y consecuente extinción.

En este artículo se examinan las implicaciones del reconocimiento de los daños contra la naturaleza en el contexto de la justicia transicional, centrándose en el Informe Final de la Comisión de la Verdad elaborado en cumplimiento del "Acuerdo de Paz celebrado entre el Estado colombiano y las FARC-EP", específicamente desde su perspectiva ecológica. El enfoque propuesto por la Comisión ofrece elementos para avanzar en la consolidación de un giro eco-jurídico en la justicia transicional, permitiendo desafiar algunas de las tendencias antropocéntricas que tradicionalmente la han caracterizado. El informe reconoce el papel decisivo que la naturaleza no humana desempeñó en el desarrollo del conflicto armado, reivindicando su condición de víctima, y destaca la importancia de reparar los lazos socio-ecosistémicos dañados como condición necesaria para lograr una paz estable. El caso colombiano demuestra la necesidad de considerar las complejas relaciones humano-no humano en la explicación y resolución de conflictos sociales, así como en la construcción de una sociedad verdaderamente equitativa. A pesar de que el enfoque ecocéntrico del Informe representa un avance significativo en el ámbito de la justicia transicional, el artículo sugiere que la Comisión de la Verdad no alcanza a extraer todas las consecuencias de su propio enfoque desde el punto de vista de la justicia restaurativa ambiental.

Este artículo indaga sobre el deber de la JEP de avocar conocimiento de un macro-caso de violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado (VSXCA). Para ello estudia el contexto sobre la VSXCA en Colombia, la justicia transicional con enfoque de género y los criterios de priori-zación y selección establecidos por la JEP.

El presente artículo analiza la relación entre el derecho a la verdad y su desenlace y/o implicaciones en los derechos humanos, en el contexto de la región latinoamericana, para ello, se emplea el enfoque didáctico. En ese sentido, se pretende ahondar más que desde una perspectiva que permita al lector formarse un criterio elemental de esta temática, por cuanto, somos conscientes que este tópico presenta mayores grados de problematicidad y análisis, sobre todo, si nos referimos al continente americano. En consecuencia, se plantea el escenario sociopolítico que ha vivido Latinoamérica, desde tiempos pasados, y como éste ha impedido el surgimiento y consolidación de una cultura democrática en los diferentes países de la región. Por último, se presenta algunos aportes que, desde los diferentes órganos del sistema interamericano de derechos humanos, como son: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y La Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han suscitado en el marco de la consolidación del derecho a la verdad como herramienta en contra de la impunidad.

Este trabajo surge luego de conocer y escuchar “¿Dónde están?”, de Luciano Supervielle, músico, compositor y productor uruguayo. La obra –compuesta en 2021 para la Marcha del Silencio que se lleva a cabo los días 20 de mayo, fecha en la que el pueblo uruguayo conmemora a las víctimas del terrorismo de Estado, repudia las violaciones a los derechos humanos y reclama por memoria, verdad y justicia– está formada por una melodía de 197 notas que representan a las personas que aún hoy permanecen desaparecidas. El artículo realiza un recorrido histórico-político acerca de la situación del Uruguay luego de finalizada la dictadura, para indagar sobre el proceso de justicia transicional, el rol asumido por el Estado, las acciones impulsadas por la sociedad civil y las actuaciones de los organismos de derechos humanos. Para ello se consultaron normativas, reportes de diferentes asociaciones de la sociedad civil y se estudiaron informes y recomendaciones de diversos órganos del sistema internacional de derechos humanos. Finalmente se analizaron las características generales de la obra y las declaraciones del autor a la luz de la noción de “obra abierta” de Umberto Eco (1962) y de conceptos principales del arte como activismo (Expósito et al., 2011; Capasso y Bugnone, 2019).

Este artículo aborda la relación entre el reconocimiento de crímenes masivos y el esclarecimiento de tragedias individuales en los escenarios judiciales de la justicia transicional, para lo cual revisa y analiza las narrativas de víctimas y victimarios en los distintos escenarios judiciales de los modelos de justicia transicional de la Ley de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. El resultado es un desencuentro entre las verdades ofrecidas por los máximos responsables y las verdades esperadas por las víctimas, vividos por unos y otros como verdades insoportables altamente contenciosas apuntaladas en la sospecha y la desconfianza mutua. Muchas de estas verdades insoportables provienen del olvido y el desconocimiento, la desindividualización, la compartimentación organizacional, la arbitrariedad más allá de las complicidades, y el desprecio por los civiles y su reconocimiento como víctimas, realidades profundamente imbricadas en la dinámica del conflicto armado.

Este texto trata sobre el proceso de organización del Archivo de la Memoria del FUR 30 de julio, una organización estudiantil de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA), que se fundó en 1974 y dejó de existir en 1980; su creación y su accionar se dieron en el marco del movimiento revolucionario en El Salvador de la segunda mitad de la década de 1970. El archivo fue organizado entre 2017 y 2022 por la iniciativa de exmiembros del FUR, reorganizados en la Red de Exmilitantes del FUR 30, para preservar la memoria de ese movimiento estudiantil, promover procesos de justicia transicional en los casos de los estudiantes que murieron en esos años y en la guerra civil, y colocarlo al servicio de la consulta para fines de la investigación científica social. Este archivo está integrado por dos fondos documentales, y en conjunto lo constituyen aproximadamente tres mil quinientas unidades simples y compuestas.

A partir del comentario hecho por José L. L. Aranguren sobre «puede» y «debe» en ética, aquí se plantea el significado de los principios de ética en la situación de retroceso democrático del siglo XXI. Ha sido analizada por la filosofía y la teoría política recientes. En los años sesenta, las críticas de D. Sternberger al modelo de polis, de política cívica en las obras de H. Arendt, se apoyaban en la imagen de la ciudad hundida. Pero las preguntas sobre el alcance del realismo («puede») y el lugar de los principios («debe») siguen abiertas. ¿Ultra posse nemo obligatur? Aquella imagen de la polis puede ser reemplazada por otra algo distinta, la ciudad sumergida. Se encuentra en la literatura, sería también la metáfora de la necesaria reconstrucción de las políticas democráticas, con el «deber ser» como núcleo de la cultura cívica. Los principios éticos y, en especial, justicia como equidad será aquí la referencia en dos situaciones: (1) la política de salud pública, (2) los procesos de paz. En conclusión, el marco normativo cuenta o ha de contar, tanto en la paz como en la guerra. Decir «nunca más» es también una forma de recordar el papel crucial de los principios.

El enfoque de género es un principio transversal aplicable a todas las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Su inclusión en el marco jurídico del sistema de justicia transicional genera muchas expectativas frente al avance en la protección de los derechos de las víctimas que acudan ante la justicia. Las recientes actuaciones de la Jurisdicción de Paz demuestran que existe un propósito claro de corregir los sesgos de género que han permeado la justicia y perpetuado la discriminación ejercida en contra de las mujeres. No obstante, aún son muchos los retos que en la práctica judicial y estos deben ser superados si se pretende que el sistema integrado de justicia transicional cumpla los estándares internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres y consolide una verdadera posibilidad de alcanzar la paz.

En este artículo se abordan las representaciones sociales que los reincorporados, exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), elaboran de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de la relación que establecen con el conflicto armado, el Acuerdo de paz y actores como el Estado y la extinta guerrilla, a partir de entrevistas a profundidad realizadas a once personas en proceso de reincorporación. La justicia transicional plantea dinámicas distintas a la justicia tradicional, en cuanto busca balancear objetivos de paz y justicia, requiriendo una participación más activa de los responsables de crímenes en un proceso que fomenta la cooperación. Esto demanda a los reincorporados asumir una posición particular frente a esta nueva autoridad judicial, al igual que su comprensión del proceso influirá en su participación. Se encuentra que los entrevistados confían en la JEP para dar a conocer su verdad del conflicto armado y para aportar a la construcción de paz a través de las sanciones propias.

Este artículo aborda los avances de la justicia transicional colombiana creada por el Acuerdo Final de Paz de 2016. Un argumento central es que las organizaciones étnicas han sido actores centrales en el diseño y la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y no Repetición (CEV) y, en menor medida, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). A la vez, discutimos fricciones, limitaciones y conflictos que han emergido al reconocer la diversidad étnica en estos mecanismos transicionales. De manera crítica y reflexiva, analizamos discursos y prácticas ligadas al multiculturalismo liberal y exploramos alternativas desde los movimientos étnicos. Aunque el camino hacia la interculturalidad es complejo, este permite alcanzar un enfoque transformador y garantizar la no-continuidad de las violencias estructurales, relacionadas con una institucionalidad reticente a pensarse desde una interculturalidad crítica.

Este artículo reseña: Leigh A. PAYNE, Gabriel PEREIRA y Laura BERNAL-BERMÚDEZ, Justicia transicional y rendición de cuentas de actores económicos, desde abajo: desplegando la palanca de Arquímedes, Dejusticia, Bogotá, 2021, 486 pp.

Los alcances de la justicia transicional se han ido ampliando con el tiempo, concerniendo ya no de forma exclusiva a países que acaban de transitar a la democracia y quieren procesar un pasado de abusos, sino también a países que padecen conflictos armados internos o que recién han emergido de uno. Esto es, se le atribuye a la justicia transicional la posibilidad de pacificar sociedades en conflicto. El presente ensayo surge del cuestionamiento de su capacidad para lograr acuerdos de paz en una sociedad como la mexicana, caracterizada por una crisis de violencia criminal. La hipótesis que articula la investigación es que su potencial para construir la paz depende de los intereses y motivaciones de los grupos involucrados, y de la fortaleza de las instituciones estatales. El objetivo es evidenciar que, en el caso mexicano, la justicia transicional no puede contribuir a la pacificación del país, dada la compleja naturaleza de la violencia criminal y el contexto de fragilidad estatal. Se trata de una investigación cualitativa documental, que rastrea procesos de causalidad a través de los cuales vincula las experiencias fallidas de justicia transicional en el país con la explosión de la violencia criminal, y abona a la comprensión de la inutilidad de pretender negociar procesos de paz con los grupos criminales.

El objetivo de este artículo es analizar el aporte que puede ofrecer a los procesos de justicia transicional las orientaciones y mecanismos de la justicia restaurativa, para negociar la paz en conflictos armados. Para lo cual se usó una metodología cualitativa con diseño descriptivo y exploratoria, con un enfoque histórico y con fuentes secundarias consistentes en tratados internacionales, estudios, acuerdos de paz y experiencias comparadas. Análisis en el que se concluye que los conflictos armados son parte de la historia de la humanidad, siendo el siglo XX unos de los más letales, frente a los que se requiere para mitigar sus graves consecuencias, implementar procesos de justicia transicional, la que necesita incorporar como uno de sus formas de intervención, mecanismos de justicia restaurativa, doctrina que mediante procesos de negociación mediada, permita esclarecer la verdad, reparar a las víctimas, preservar la memoria histórica y construir caminos de paz.

Este artículo analiza la implementación de la política de restitución de tierras de Colombia durante más de 12 años, con el objetivo de proporcionar información sobre el debate acerca del desempeño y la eficacia de las instituciones para abordar los problemas de propiedad en contextos de conflicto armado y acceso desigual a la tierra. Los autores recopilaron información estadística sobre las reclamaciones tramitadas, realizaron entrevistas y discusiones en grupos focales y analizaron más de 860 decisiones extraídas de la página web de la agencia gubernamental para comprender por qué la Agencia para la Restitución de Tierras de Colombia ha rechazado más del 65 % de todas las reclamaciones recibidas. El artículo busca contribuir a la literatura sobre justicia transicional (JT) y gobernanza de la tierra de tres maneras: proporciona pruebas empíricas, facilita la conexión entre los hallazgos empíricos y la literatura sobre burocracias transicionales, y mejora la comprensión del diseño y funcionamiento de las burocracias JT relacionadas con la tierra. Los autores sostienen que, si bien los marcos normativos innovadores y los impulsos políticos al más alto nivel son necesarios para una implementación de los mecanismos de justicia transicional de manera exitosa, es necesario ofrecer una explicación más detallada del éxito o fracaso de dichos mecanismos. El artículo se centra en la literatura académica, examina las principales características del modelo de restitución colombiano, y concluye con una serie de reflexiones sobre los límites de la reforma institucional en contextos de transición.

Este artículo analiza el rol de los actores religiosos en las comisiones de la verdad de Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú y Colombia, con lo que abre el camino para reflexionar sobre la importancia de estos instrumentos de la justicia transicional en América Latina. Para tal efecto, se recurrió a una investigación cualitativa de orden documental desde el estudio comparado, la cual permitió identificar los aportes de los sectores religiosos, en su mayoría cristianos, a la construcción y búsqueda de la verdad en cada uno de los países que implementaron comisiones de la verdad por diversas circunstancias políticas. El hallazgo es que el accionar de estos actores no ha sido homogéneo y que sus comportamientos han estado sujetos a la realidad sociopolítica de cada país.

La dictadura franquista supuso en España un periodo de vulneración sistemática de los Derechos Humanos. Algunos autores han afirmado que, por tanto, los acontecimientos acaecidos durante la misma, así como durante la Guerra Civil previa, constituyen actos calificables como vulneraciones graves de los derechos humanos en un contexto de violencia política, lo cual los convertiría en imprescriptibles e inamnistiables. Conceptualizado dicho extremo y enmarcándose en el mismo, este artículo busca analizar la represión de la protesta social proveniente de la oposición al franquismo a través de la vulneración de los derechos humanos, poniendo el acento en la figura de la víctima durante un período convulso pero también crucial: la transición. La violencia de motivación política actúa como hilo conductor desde el golpe de estado de 1936 hasta ya aprobada la Constitución democrática. Solo así podrá entenderse la dimensión real de la victimización en el periodo de la transición. Recibido: 30 junio 2022 Aceptado: 28 marzo 2023

El objetivo del artículo es comprender los aportes del contramonumento Fragmentos a la reparación simbólica de las víctimas de la violencia sexual del conflicto armado colombiano. Para esto, se siguió una metodología de análisis documental en la cual se utilizan diferentes fuentes disponibles en línea, publicadas en el periodo 2012-2020. Este texto concluye que Doris Salcedo realiza sus obras partiendo de una concepción irrepresentable de la violencia, un uso metafórico de los objetos y la escucha de testimonios de víctimas. Con respecto a los contramonumentos, estos pueden concebirse como formas de arte público que aspiran a la búsqueda de verdad y justicia sobre el pasado, especialmente cuando este ha sido violento. El lenguaje metafórico y ficcio- nal del arte permite pensar nuevos caminos para sensibilizar a la sociedad sobre crímenes como la violencia sexual.

El artículo es de reflexión y su objetivo principal es responder a la siguiente pregunta problema: ¿cómo se interrelacionan la evolución de la Nueva Violencia, la misión de la fuerza pública y la justicia constitucional alternativa? El recorte temporal es 2016-2021 y el recorte espacial es Colombia; atendiendo a los factores de incidencia endógenos y exógenos. La metodología es analítica con enfoque cualitativo sin descartar elementos propios de técnicas cuantitativas, apoyándose en fuentes de tipo secundarias, recolectadas a través de un ejercicio de minería electrónica. Ofrece conceptos novedosos para la comprensión del contexto jurídico-político particular. La conclusión principal obedece a la adaptación constitucional e histórica de los cuerpos de seguridad y defensa a la lucha contrainsurgente y antinarcótica, dada la presencia de amenazas híbridas, también mutantes en composición, ideología y en el tiempo, con actores nacionales e internacionales, ligados al narcotráfico y otros negocios plagados de actores grises.

Este texto pretende identificar y comprender las representaciones sociales de mujeres desplazadas por causa del conflicto armado colombiano de la vereda Granizal y el municipio de Turbo (Antioquia) en torno a procesos transicionales en escenarios de posacuerdo en Colombia. La metodología se construyó a partir del enfoque fenomenológico-hermenéutico a través de entrevistas en profundidad y semiestructuradas. Los resultados de esta investigación demuestran que, ante el impacto y consecuencias del desplazamiento forzado, las mujeres han construido formas individuales y colectivas de afrontamiento y resistencia para la reconstrucción de sus vidas, siendo los procesos y acciones transicionales del Estado ineficientes para garantizar el acceso a sus derechos, por lo que diariamente afrontan condiciones de exclusión, pobreza y violencia, que les permite afirmar que el discurso transicional del Estado Colombiano puede ser banal y mentiroso.

The present article is the second of a three-series collection of articles that analyze the power of language to introduce a new set of concepts in contexts where societies can foster peacebuilding in post-conflict scenarios. I build up on Hannah Arendt’s moral responsibility work to understand the need to analyze responsibility in transitional justice frameworks while landing it on peacebuilding discussions. The article advances in how this concept can contribute to fostering recognition, the role it plays in [re]building civic trust and, ultimately, promoting reconciliation. This study is motivated to find a way to engage civil society in the process where social grounds are rethought on respect as a basis. I present a proposal to use the concept of responsibility while suggesting a definition circumscribed to the context of peacebuilding during transition processes.

Este artículo analiza cómo distintos actores, utilizando discursos que decían sustentarse en el orden legal transnacional de la responsabilidad, orientaron la negociación del diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz hacia el componente retributivo. Este orden, acompañado de discursos anti-impunidad de distinto tipo, orientó los debates sobre el Acuerdo de Paz a centrarse en la discusión sobre el componente de justicia, el cumplimiento de los estándares internacionales sobre la materia y la impunidad, evitando que la justicias restaurativa y distributiva tuvieran un mayor alcance en el modelo de justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 “Todos por un nuevo país” tuvo entre sus objetivos sentar las bases para la construcción de paz y promover el desarrollo económico a través de reformas que generaran el aumento de los ingresos del país. Estas reformas, paralelamente, buscaban asegurar el ingreso de Colombia a la OCDE, conocida como el “Club de los países ricos”. En este marco, la paz y el desarrollo se convirtieron en aspectos centrales del PND. Este artículo analiza las representaciones y relaciones que se establecieron entre estos conceptos a la luz del Análisis Crítico del Discurso (ACD) y cómo su interacción puede explicar algunas de las tensiones que se generaron en los procesos de restitución de tierras en Colombia. En particular, este artículo analiza las tensiones que se presentan cuando el derecho a la restitución entra en conflicto con políticas o actores que se comprendieron como fundamentales para el desarrollo económico del país en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

La presente investigación tuvo como objetivo problematizar desde la filosofía el concepto del perdón y la reconciliación en el marco de la justicia transicional en Colombia, producto del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP. Para lograr dicho análisis se implementó un enfoque metodológico cualitativo, basado en fuentes teóricas filosóficas y jurisprudenciales que pretenden dar cuenta de los mecanismos de la justicia restaurativa en Colombia, concretamente, la relación práctica que tienen la memoria y verdad para una ontología del perdón. Se obtuvo como resultado del proceso la problematización filosófica y jurídica del concepto de perdón como aquel dispositivo que se encuentra en constante disputa en el marco del postconflicto entre la soberanía del Estado como un sujeto imperium y la soberanía popular como aquel derecho de perdonar que únicamente puede emanar desde la sociedad civil en general desde la verdad a las víctimas.

En els darrers anys ha augmentat la producció legislativa autonòmica sobre la memòria històrica i la reparació a les víctimes del franquisme. Deu de les disset comunitats autònomes compten avui amb lleis de memòria, que supleixen les mancances de la legislació estatal. L'estudi comparat d'aquestes lleis mostra una sintonia evident respecte de les seves fonts doctrinals i teòriques, la seva inspiració en el dret internacional dels drets humans, la seva filosofia i conceptes vertebradors, així com les polítiques públiques de les quals són font de legalitat i legitimitat. Aquesta inspiració comuna, filosofia i continguts fa que, amb els seus límits i particularitats, es pugui parlar d'una via autonòmica per a la recuperació de la memòria històrica i la reparació a les víctimes del franquisme. A l'anàlisi dels elements comuns que defineixen i caracteritzen aquesta via (lleis, drets i polítiques públiques) està dedicat aquest treball.

Tras su consolidación durante la década del 80, la perspectiva teórico política de la justicia transicional ha hegemonizado los debates en torno al conjunto de medidas tendientes a reparar las violaciones de derechos humanos perpetradas por regímenes militares o autocráticos. El objetivo principal de este trabajo reside en reconstruir y analizar los postulados de la justicia transicional con la intención de explorar su fecundidad para la comprensión de los procesos que analiza, partiendo de la vinculación entre este campo de estudios y la experiencia de reparación a los crímenes de Estado en Argentina entre 1983 y 2015. A partir de las concepciones de justicia, transición y democracia que subyacen a la justicia transicional, se presentarán algunas consideraciones relativas al modo en que la misma comprende los conflictos sociales del pasado en oposición a la representación de una sociedad futura en la cual la institucionalidad democrática se configura como garantía de la no violencia. Finalmente, tras identificar los alcances y limitaciones de esta perspectiva, se presentará la concepción de prácticas reparatorias, construida como una alternativa para el estudio de las medidas tendientes a la reparación.

El presente artículo realiza un estudio comparativo de la aplicación del derecho internacional por parte de los tribunales superiores de Argentina y España, en relación con los modelos de justicia transicional adoptados en cada caso. Para ello, el trabajo adopta los enfoques teóricos y metodológicos propuestos por el Derecho de las relaciones exteriores y por el Derecho internacional comparado, explicados de manera general en la primera parte. La investigación sugiere que el grado de aplicación del derecho internacional por los tribunales de Argentina y España, al decidir acerca de la posibilidad de enjuiciar criminalmente los delitos de lesa humanidad, tiene relación directa con diversos aspectos del derecho interno de cada Estado.

El artículo explora la interacción entre los estándares nacionales e internacionales de la Corte Penal Internacional en la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, particu­larmente en su determinación de hechos y conductas. Primero, se analizan algunas características estatutarias de la JEP. Posteriormente, se analiza si su marco normativo desafía los estándares inter­nacionales y si su implementación fundamenta una colisión de la CPI con Colombia, pese al cierre del examen preliminar en materia de sanciones reparadoras, trato diferenciado y responsabilidad de mando. Finalmente, analiza el Auto 019 de 2021 para demostrar cómo una de las salas de la JEP se basa en la aplicación de la jurisprudencia internacional para atribuir responsabilidad penal a los máximos dirigentes de las FARC-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La desaparición forzada es una grave violación a derechos humanos que produce graves efectos en las personas allegadas a la víctima y la sociedad en su conjunto. Si bien existen trabajos comprehensivos sobre los diversos tipos de daño en la víctima y sus familiares, no se registran suficientes reflexiones sobre las afectaciones particulares que sufren las mujeres que buscan, en quienes recaen las mayores cargas económicas, de cuidado y de exigencia de verdad y justicia. El presente artículo tiene por objetivo identificar algunos de los impactos diferenciados que sufren las mujeres que afrontan procesos de búsqueda de sus seres queridos, en el contexto colombiano de violencia sociopolítica y conflicto armado, con el propósito de proponer fórmulas de reparación integral y restablecimiento de sus derechos a partir de los ejes de reconocimiento, participación y acompañamiento para sanar.

El artículo estudia el universo total de sentencias de Justicia y Paz que, entre los años 2010 y junio de 2021, han reconocido la existencia de un patrón de macrocriminalidad de violencia basada en género, a fin de analizar las formas en las cuales la violencia sexual ha sido abordada en esta experiencia de justicia transicional. El artículo explora cuatro criterios que han tenido en cuenta los tribunales sobre la violencia sexual, para concluir su configuración, o no, como parte de un patrón de violencia de género: 1. La reiteración; 2. La planificación o política; 3. Las finalidades; 4. La motivación de género. Encontramos que, pese a que existe una normativa sobre los criterios para determinar un patrón de macrocriminalidad, al ponerla en marcha para estudiar los asuntos de género, las posiciones de los tribunales no solo son diversas, sino en muchas ocasiones contradictorias. A partir de este estudio el artículo pone en evidencia la importancia de explicitar los motivos de género del patrón y unificar criterios en las iniciativas de justicia transicional, a fin de garantizar adecuadamente los derechos de las víctimas.

Este artículo analiza los principales aportes de la MAPP–OEA a la justicia transicional en Colombia, cuyo resultado es parte de las acciones de apoyo de este organismo internacional al proceso de justicia y paz entre los años 2005 y 2016. Se utilizó una metodología cualitativa de investigación, que incluyó la utilización de herramientas metodológicas como: entrevistas y revisión documental. Entre los principales hallazgos se encontró que las acciones de apoyo de la MAPP–OEA al proceso de justicia y paz en Colombia aportaron en: a) el fortalecimien­to del ordenamiento jurídico de justicia y paz; b) el fortalecimiento de las instituciones esta­tales responsables del proceso y, c) el fortalecimiento de los juicios penales de justicia y paz. Este estudio proporciona insumos interesantes sobre los aportes de un organismo regional (como lo es la OEA), en la implementación de procesos de justicia transicional, al tiempo que sirve como referencia inicial para el análisis de la justicia transicional en Colombia, de cara a la implementación de la Justicia Especial para la Paz.

Este trabajo parte de una breve revisión sobre el estado actual del proceso transicional español en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El del Estado español no es un proceso ejemplar, pues está plagado de nexos y continuidades con la dictadura franquista y no garantiza el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Se trata, por tanto, de un proceso inconcluso que despierta intensas disputas políticas en torno a cada uno de estos ámbitos. Partiendo de este análisis, se estudia la necesidad de incorporar la perspectiva de género en los pasos que actualmente se están dando (y en los que se puedan dar en el futuro) en cada una de las dimensiones que conforman el andamiaje teórico-práctico de la justicia transicional de cara a lograr políticas de memoria más justas e inclusivas.

La tensión dialéctica entre los principios de justicia y legalidad es un componente innato del derecho penal. Cuando los sistemas jurídicos internos se enfrentan al enjuiciamiento de graves violaciones de derechos humanos cometidos por un régimen autoritario anterior esta tensión se hace aún más evidente. En el marco de un Estado democrático de derecho esta cuestión, inherente a la justicia transicional, puede encontrar diversas soluciones que llevarán a resultados radicalmente distintos: desde la impunidad hasta enjuiciamientos sin las debidas garantías. En este trabajo se analiza el conflicto entre estos principios y se exploran técnicas legales e interpretaciones flexibles orientadas a reconciliar las demandas enfrentadas de justicia y legalidad en contextos de justicia transicional.

El artículo analiza el impacto de la Corte Interamericana en los procesos de justicia transicional de los seis países del Cono Sur tras los gobiernos de dictadura de las décadas de 1970 y 1980. El objetivo es determinar la relevancia de la reconstrucción del contexto histórico en la jurisprudencia interamericana con relación a la erradicación de la violencia institucional practicada por los regímenes de facto. El estudio se realiza sobre diez sentencias condenatorias: se identifica su común denominador y se determinan cuáles han sido las medidas adoptadas por los Estados frente a tales condenas, especialmente aquellas que han supuesto reformas estructurales y sistémicas. Este análisis propone demostrar que la reconstrucción de los contextos históricos, estatales y regional, en las sentencias de la Corte Interamericana ha sido una herramienta fundamental para extender los alcances de su jurisprudencia a los procesos de justicia transicional de toda la región, más allá de los casos individuales denunciados y de los Estados condenados.