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La consulta previa a los pueblos indígenas en México se fundamenta en el reconocimiento internacional y el marco jurídico nacional que busca proteger y promover los derechos de estas comunidades. Este proceso garantiza que los pueblos indígenas puedan participar en decisiones que afectan sus vidas, territorios y recursos. El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, son claves en este reconocimiento. A nivel nacional, la Constitución y diversas leyes refuerzan este derecho. Sin embargo, la implementación de la consulta previa en México ha sido inconsistente, enfrentando desafíos como la falta de claridad en los procedimientos y la resistencia de algunas autoridades y empresas. La reciente sentencia de la SCJN en el caso de la Planta de Amoniaco 2200 en Topolobampo subraya la obligación de realizar consultas genuinas y efectivas con las comunidades indígenas desde las primeras etapas de cualquier proyecto que las afecte.

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La Constitución Política de Colombia reglamenta el pluralismo, y de ahí se desprende el derecho a la consulta previa, la cual es una garantía constitucional para las comunidades étnicas. La Constitución también reglamenta la propiedad intelectual, que involucra los derechos del obtentor. Pero se ha puesto en discusión la primacía del derecho a la propiedad intelectual y el pluralismo, como en el caso del Tratado de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1991, ratificado mediante la Ley 1518 de 2012, que fue declarado inexequible mediante la Sentencia C-1051 de 2012, por no haber agotado el requisito de consulta previa. Este artículo pretende analizar cómo el pluralismo en toda su extensión afecta la implementación de tratados internacionales relacionados con propiedad intelectual como la UPOV de 1991.

En este artículo analizo la categoría “comunidad étnica” como mecanismo de la gubernamentalidad que gestiona y reactualiza la diferencia étnico-racial en Colombia. Para ello, examino su emergencia y uso en los procesos de la Consulta previa libre e informada. Acudo a la revisión y análisis de sentencias de la Corte Constitucional, a entrevistas en profundidad y a la observación participante en la Orinoquía para mostrar cómo la reflexión jurídica sobre los derechos a la diferencia produce nuevas subjetividades que se presentan como anteriores al Estado nación, a la vez que agencia nuevas estructuras burocráticas estatales. Este trabajo se enmarca en la antropología del Estado y se sustenta principalmente en las teorías de las identidades y la gubernamentalidad.

En los Estados latinoamericanos, las migraciones de los indígenas del campo a la ciudad tienen ya tintes históricos, no obstante, en los últimos años dichos flujos se han acelerado, debido a conflictos extractivos en sus territorios ancestrales y la búsqueda de empleo. En este contexto, los gobiernos locales de ciudades que no cuentan con una población indígena autóctona se encuentran en una situación inesperada de diversidad étnica que demanda una respuesta multicultural. Así es el caso de Nuevo León, un Estado industrial en el noreste de México, que ha recibido intensos flujos de migrantes indígenas desde la década de 1990, de forma que en 2015 más de cuatrocientas mil personas ahí residentes se autoadscribían como indígenas. A partir de trabajo de campo realizado entre 2015 y 2017, se analiza la consulta previa –que se suele asociar con conflictos territoriales– como herramienta de multiculturalidad frente a flujos de migración indígena a contextos urbanos. Se sugiere que, aun cuando las consultas realizadas no cumplan ni con los estándares del Derecho Internacional ni con los preceptos básicos de la participación ciuda- dana, pueden ofrecer un espacio simbólico que acerca a las partes para conocerse y entablar un incipiente diálogo intercultural

El presente artículo aborda el tema de la consulta previa como mecanismo de participación democrática y derecho fundamental enfocado en la protección del medioambiente, las comunidades étnicas, su entorno sociocultural y la relación entre el territorio, la identidad y los recursos naturales. En ese sentido, se analizan las distintas interpretaciones que las altas cortes han hecho del mecanismo de participación ciudadana y sus implicaciones en la construcción y protección del ambiente como recurso indispensable para la supervivencia de los pueblos.

El propósito de este artículo es sintetizar un examen crítico sobre la relación del discurso jurídico del modelo de desarrollo, las políticas nacionales sobre inversión extranjera directa y la gobernabilidad minera con las reivindicaciones de las comunidades étnicas colombianas, en especial las comunidades indígenas. Para ello, mencionaremos la literatura latinoamericana que ha impulsado una aproximación crítica al modelo de desarrollo promovido por los Estados del Norte global y las agencias multilaterales que estos presiden. Posteriormente, haremos un breve recuento histórico de la correlación entre la extracción minera extranjera y el esquema jurídico occidental que hemos heredado y acogido, que se asienta como antecedente y telón de fondo de un contexto jurídico que refleja la ineficacia de la consulta previa para alcanzar un verdadero diálogo intercultural. En este sentido, demostraremos que la jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno a este mecanismo ha defendido un régimen de verdad oficial, acorde con la metáfora de éxito del desarrollo económico y, de esta manera, ha desconocido el saber-poder situado y periférico de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en Colombia. Proceder que ha significado la ausencia de una reflexión seria sobre la interculturalidad legal (o interlegalidad) crítica.

El presente artículo de investigación tiene por objetivo determinar la forma en que se coordinan la jurisdicción especial indígena (JEI) y la jurisdicción especial para la paz, así como el rol que las comunidades indígenas desempeñan en la justicia aplicada en el posacuerdo. Para lograrlo, emplea el enfoque empírico-analítico y el exploratorio-descriptivo desde el caso Embera Chamí en Riosucio (Caldas), apoyándose en el diálogo con dicha comunidad desde su conocimiento sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP) y los posibles conflictos que pueden darse en la aplicación de la justicia transicional en sus dimensiones sancionatorias o penales. Como resultado, se encuentra que las jurisdicciones interactúan en el marco de los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía, con fundamento en la armonía institucional, la diversidad jurídica y el entendimiento entre culturas, lo cual permite que la coordinación entre ambas encuentre múltiples expresiones. Como conclusión se encuentra que, lejos de asumir un rol pasivo y a pesar del conflicto de competencias que se produce, la jurisdicción especial indígena reivindica distintos roles en la justicia del posacuerdo en temas como la asistencia, atención, reparación integral de las víctimas, reconstrucción de la verdad y de la memoria, reincorporación de indígenas excombatientes, entre otros.

El artículo reflexiona sobre la noción de enfoque diferencial territorial y étnico contenido en el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Se busca identificar los efectos jurídicos que tiene esta noción y de qué manera su introducción en el acuerdo de paz ha traído una mayor protección de los derechos de los pueblos indígenas y otras minorías étnicas. Dado que el acuerdo reconoce que la herramienta jurídica para la realización de la paz en las tierras y territorios de las minorías étnicas es la consulta previa, también se hace un análisis preliminar de los efectos de esta propuesta de ley. Actualmente se discute en el Poder Legislativo lo que esta consulta que puede traer para la implementación del acuerdo.

Los pueblos indígenas se han desarrollado en un contexto de exclusión con enfoques asimilacioncitas, especialmente en Latinoamérica. En este sentido, varias han sido las luchas de estos pueblos para impedir la imposición de la cultura hegemónica en su identidad, costumbres y tradiciones, con la finalidad de hacer efectivos sus derechos. Uno de estos derechos fundamentales, es la consulta previa, misma que se encuentra establecida en normativa internacional como es, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, pese a la promulgación de normas cuyo fin es el respeto y protección a los pueblos indígenas, esta normativa por lo general, no cumplen con la finalidad para la que fueron creadas. El estudio que se presenta en las siguientes líneas se llevó a cabo mediante una metodología cualitativa, con una perspectiva analítico-descriptiva; específicamente, se realizó el análisis de la Sentencia T-444/19 de la Corte Constitucional colombiana, evaluando un caso en el que se evidenció como verdaderamente se materializa la relación de los pueblos indígenas y las empresas, cuál es la realidad de la consulta previa, así como, cuál es el papel del Estado como garante de los derechos humanos dentro de ese escenario en Colombia.

El artículo propone una lectura en clave de las relaciones economía/cultura, que busca identificar las tensiones y paradojas en las cuales se debaten las existencias colectivas de pueblos y comunidades indígenas colombianas, al relacionarse en sus territorios con intereses y proyectos económicos empresariales foráneos. El texto realiza un doble recorrido sintético, que reconoce hitos de luchas y reivindicaciones de los pueblos indígenas en Colombia, y problematiza algunos de los instrumentos normativos que actualmente regulan las relaciones entre pueblos, Estado y empresas, así como sus apropiaciones paradójicas por parte de organizaciones sociales y comunidades. Se recurre a experiencias de trabajo en instituciones, así como a registros de trabajo de campo de los autores, buscando conexiones y rupturas entre los esfuerzos comunitarios por sobrevivir de manera colectiva, construir su autonomía y resguardar sus relaciones territoriales, y las presiones económicas de distinta escala y envergadura que participan en sus dinámicas vitales en el marco de un creciente extractivismo que plantea retos para comunidades y empresas.

El presente artículo lleva a cabo una aproximación al conocimiento tradicional como un elemento esencial de la identidad, el territorio y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Se analizan algunos escenarios de vulneración por parte de la industria de la moda, que dan cuenta de la desprotección de los derechos e intereses de las comunidades, quienes a través de estos saberes, técnicas y costumbres reflejan su relación con el mundo que les rodea. El enfoque metodológico analítico escogido, permitió llevar a cabo una reflexión integral a partir de diversas fuentes especializadas. Así, tras plantear la problemática antes descrita, los autores proponen, a manera de resultados, redimensionar el comercio justo y garantizar el derecho a la consulta previa desde un escenario constitucional.

A pesquisa possuiu o cerne de refletir a respeito da participação dos povos indígenas no cenário das políticas públicas sob a análise da sociedade de conhecimentos. Todas as ações governamentais devem respeitar as diversidades culturais, e as políticas públicas pressupor as representatividades dos coletivos. Em razão disso, as políticas indigenistas devem proporcionar o diálogo direto entre aqueles que as criam e os que são considerados destinatários (indígenas). É necessária a participação democrática e cidadã indígena naquilo que diz respeito às medidas estatais que lhes atinjam diretamente, posto que se deva resguardar a existência pluricultural diversificada em uma sociedade de conhecimento. Assim sendo, há necessidade de consulta indigenista prévia para a construção das políticas públicas, à medida que as normas de um Estado Democrático do Direito asseguram as existências culturalmente diferenciadas. Por fim, ressalta-se que para a confecção deste ensaio realizou-se estudo exploratório bibliográfico, sob o enfoque do método qualitativo.

Este artículo analiza las actas concernientes a los procesos de consulta previa sobre hidrocarburos, con el objetivo de determinar si el Estado peruano cumplió con las normas internacionales de derechos humanos o, por el contrario, si el derecho a la consulta previa se redujo a un proceso informativo que legitima al estado peruano para que proceda con la exploración o explotación de hidrocarburos en territorios indígenas. Las actas pertenecen a las etapas de Evaluación Interna y de Diálogo. En las Actas de Evaluación Interna están plasmadas la reflexión y deliberación de las comunidades indígenas sobre la medida propuesta. En las Actas de Consulta —denominadas así por ley— se plasman los acuerdos totales o parciales alcanzados durante el diálogo entre representantes de las comunidades indígenas, quienes transmiten el contenido de las Actas de la Evaluación Interna, y los representantes de la entidad que promueve la aprobación de la medida. Recibido: 06 marzo 2020 Aceptado: 14 mayo 2020 Publicación en línea: 26 junio 2020

La Constitución de 1991 abrió espacios de participación política para los pueblos indígenas pero también perpetuó prácticas nocivas como la formación de élites articuladas al aparato estatal. Con base a mi trabajo de campo etnográfico, expongo cómo estas sociedades han renunciado a su capacidad de participación y acción política cediéndosela a esta nueva élite. En el caso del algunos de los pueblos indígenas de los Llanos, la creación de una élite política indígena se traduce en la renuncia del movimiento social indígena como sujeto político, por una parte, y por otra, la entrada a una nueva disputa caracterizada por la lucha por los recursos económicos del Estado colombiano y las multinacionales que hacen presencia en la región. Esta disputa por administrar los recursos, está ligada a la lucha por la arena política legitimada por el sistema, recursos que benefician solo a la élite indígena y su círculo más cercano. Se concluye la configuración de la autonomía indígena como un espejismo y no una realidad.Publicación en línea: 11 diciembre 2017

Objetivo. Exponer el marco de referencia para la intervención desde el Trabajo Social en el derecho a la Consulta Previa. Metodología. Para llevar a cabo el estudio se utilizó la investigación documental. Resultados. Los marcos referenciales son herramientas imprescindibles para la intervención porque permiten conocer y abordar las realidades sociales desde sus diversos componentes. Conclusiones. Llevar a cabo posteriores investigaciones que estudien los procesos de Consulta Previa desde la perspectiva de género y que den cuenta de la especificidad del Trabajador Social en los procesos de Consulta Previa. Reconocer la importancia de fortalecer internamente las organizaciones representativas de los pueblos indígenas.

This article treats the changes over the past decades regarding relations between indigenous peoples and the States in Latin America, particularly since the introduction of a body of rights of international origin that in theory substantially modifies the dynamics between these peoples and other ethnic minorities with the States. The way this influence occurs with regards to the State is very broad. To demonstrate this phenomenon, the cases of Colombia and Guatemala are contrasted. In Colombia, the effect has been to change the narrative and institutional practice, while in the Guatemala, the State has been absent and reticent in the exercise and implementation of the rights of indigenous peoples. To analyze this aspect, this article discusses the construction of a hydroelectric power plant in the Ixil region of Guatemala, where the effect of the presence of the State has been a strong repression of the indigenous population which have had their ancestral lands usurped, to the point that 75% of their lands is in the hands of two persons of foreign origin. On the basis of proven responsibility of the army of Guatemala - which executed several massacres against the Ixil people at the beginning of the 1980s, the dictator and general Efraín Ríos Montt was found guilty of genocide in 2014, but his sentence was overturned a few days later for alleged defects in the proceedings.

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La consulta previa ha sido reconocida como uno de los instrumentos más emacipatorios en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, con el que cuentan los pueblos indígenas y las comunidades étnicas para defender sus territorios en la actualidad. Sin embargo, la consulta previa también ha tenido en algunos casos un uso ambivalente por diversos actores que han acudido a este instrumento para fines diferentes a los contemplados en el Convenio 169 de la oit, uso que, lejos de proteger los derechos de los pueblos y comunidades, ha redundado en su afectación y en el detrimento de estos grupos. El propósito principal de este artículo es cuestionar el uso ambivalente de la consulta previa en Colombia desde la perspectiva del pensamiento decolonial, partiendo de la noción de la ‘colonialidad’. Específicamente se argumenta que el problema de las restricciones y limitaciones de la consulta que se explican en este artículo obedece a los sesgos coloniales que arrastra la consulta y que a su vez se encuentran imbuidos en la lógica liberal a la que responde dicha institución.

La consulta previa es un derecho fundamental del que son titulares los grupos étnicos para decidir sobre todo tipo de medida estatal que pueda afectarlos directamente. Encuentra su fundamento constitucional en el reconocimiento de la identidad multicultural del Estado colombiano, bajo una óptica democrática incluyente; en el derecho que tienen los pueblos a decidir sus propias prioridades de acuerdo con sus propias creencias, instituciones y/o territorios que ocupan o utilizan; y en el derecho de participar en el diseño, implementación y evaluación de programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarlos. En este sentido, el Estado colombiano ha sido receptor de importantes instrumentos internacionales para la protección de los derechos de las minorías étnicas, no obstante, los órganos legislativo y gubernamental no han brindado los instrumentos legales y reglamentarios suficientes para hacer efectiva tal protección, vacío que ha sido suplido por una labor activa de la Corte Constitucional. En este sentido, a través de la jurisprudencia constitucional el Estado colombiano ha pasado de una concepción restringida de la aplicación del derecho a la consulta previa a una ampliamente extensiva que evoluciona hacia el consentimiento libre, previo e informado, el cual implica que el Estado debe buscar el consentimiento de los grupos étnicos en un diálogo intercultural de buena fe, con información oportuna y veraz que les permita ser conscientes del contenido, alcance y consecuencias de las medidas que se pretende adoptar. En este contexto, el consentimiento libre, previo e informado condiciona el accionar de la administración pública, constituyendo un referente de obligatorio cumplimiento y garantía de transparencia en la gestión administrativa.

Las demandas de reconocimiento de derechos territoriales y de uso de los recursos naturales que los pescadores cucapás le hacen al Estado mexicano, desde 1993, después de la creación de la Reserva del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado (en adelante, la Reserva), son unas más en el panorama de los problemas socioambientales y de despojo territorial, que afectan a los pueblos originarios en México. La característica particular en este caso es que el Estado mismo es quien construye los marcos legales en materia de protección a las especies —sin consultar debidamente a dichos pueblos—, volviendo ilegal la presencia cucapá en esa zona y vulnerando sus derechos como población indígena del delta. En consecuencia, las autoridades medioambientales y de pesca mexicanas han constituido la zona del delta del río Colorado como un territorio en disputa, al implementar esquemas de protección ambiental y de pesca, sustentados en modelos disciplinarios, que únicamente se alimentan de información biológica y pesquera. El conflicto se genera cuando se deja al elemento humano fuera de los análisis, como si las comunidades asentadas en los territorios protegidos y usuarias de los recursos no formaran parte de los ecosistemas. Al crear el núcleo de la Reserva en el mismo lugar donde se encontraban los campamentos de pesca del pueblo cucapá se volvió ilegal el aprovechamiento de los recursos pesqueros en la zona. En este contexto se han criminalizado las acciones de resistencia con las que los cucapás responden ante la regulación medioambiental del delta del río Colorado. Al ver imposibilitada la continuidad de su práctica pesquera, los habitantes se organizan para defender su acceso al territorio y, en un sentido más amplio, sus formas de vida y de trabajo. Este caso, en particular, visibiliza maneras contemporáneas por las que el Estado despoja el territorio y desaparece prácticas culturales propias de los pueblos naturales, a través de ciertos discursos y prácticas legales —en este caso los de conservación—.

Este artículo examina algunas de las dificultades y desafíos que está enfren- tando el derecho a la consulta previa como herramienta de protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales en Colombia, en particular, fren- te a conflictos socio-ambientales. Partiendo de un análisis teórico (modelos de gobernanza), el texto explora dos perspectivas de análisis: por una parte, presenta la difícil construcción jurídica de esta figura en el ámbito nacional. Por otra, se centra en ciertas consecuencias adversas que se derivan de su definición actual.

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La consulta previa, como una de las herramientas de protección de los derechos de los grupos étnicos más emblemáticas por su talante participativo, presenta sin embargo una construcción normativa y doctrinal que no comulga con la democracia deliberativa, principalmente porque supone, primero, la expresión de intereses individuales por parte de los participantes y, segundo, la posibilidad de que una de las partes ejerza algún tipo de poder sobre la otra para influir en el resultado. No obstante lo anterior, la reformulación del ideal deliberativo clásico por parte de una corriente de pensamiento que ve la posibilidad de hallar en este concepto un espacio para la expresión de intereses individuales y el ejercicio de poder bajo ciertas circunstancias, permite proponer una nueva visión de la consulta previa que la puede conducir a ser un escenario de intercambio cultural, que supere los escollos que esta figura presenta en la práctica cotidiana.

Este artículo hace un recorrido sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre consulta previa y la minería. El objetivo es establecer las principales reglas, que ha creado la Corte al ponderar el derecho a la consulta previa versus el derecho del Estado a la explotación de recursos naturales. También, se intentará dar un esvoso de lo que entiende la Corte Constitucional como consulta previa y el procedimiento a seguir. Finalmente se hace una pequeña reflexión sobre el multiculturalismo y los derechos diferenciales.

Este artículo pretende reflejar el rol asumido por la empresa transnacional extractiva de petróleo en el marco de las consultas previas con las comunidades indígenas en Colombia, así como sus implicaciones. Sugiero tres puntos centrales: 1. Las empresas sustituyen el rol del Estado, y en esa medida pueden ser la primera fuente de conocimiento para las comunidades indígenas en relación con lo que supone y conlleva una consulta previa. 2. Gran parte de los compromisos asumidos por las empresas con la comunidad indígena están ligados a razones reputacionales y a un interés de contrarrestar la imagen de ser violadores de derechos humanos. 3. La consulta no está siendo realizada en el momento establecido por la Convención 169 de la OIT, lo cual tiene grandes consecuencias. La investigación consiste en una aproximación sociojurídica a un caso concreto, en la cual se integran las visiones de varias ETN, los entes del Estado involucrados en la consulta y el resguardo indígena Unuma del Vichada.

Este documento analiza la relación entre los proyectos de desarrollo, los cuales son autorizados mediante licencias ambientales en nuestro país, y los conflictos en relación con el derecho fundamental a la consulta previa que tienen los pueblos indígenas y demás grupos étnicos y los cuales han terminado por ser resueltos ante los estrados judiciales. Este artículo está orientado a establecer los requisitos mínimos que debe tener la consulta previa para su implementación y garantía de los derechos de los pueblos indígenas al territorio, la autonomía, la participación y el desarrollo propio. Adicionalmente, ofrece una mirada al tema del consentimiento previo, libre e informado en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional a través de una de sus providencias, para terminar sosteniendo que estas temáticas tan complejas, deben ser abordadas desde el enfoque basada en derechos humanos.

This article analyses the background to and the content of the Peruvian prior consultation law – the only one enacted in Latin America to date – and its regulating decree. In contrast to the widespread conception that prior consultation is a means for preventing and resolving conflict, it argues that this new legislation will not help to transform conflicts as long as the normative framework itself is contested and the preconditions for participatory governance are not in place. Establishing these preconditions would result in state institutions capable of justly balancing the diverse interests at stake; measures that reduce power asymmetries within consultations; and joint decision-making processes with binding agreements. [ABSTRACT FROM PUBLISHER]

El presente artículo pone de presente las oscilaciones que la Corte Constitucional de Colombia ha tenido en torno del derecho de la consulta previa, dando cuenta de los alcances y vicisitudes de la manera como se ha interpretado el Convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia en la Ley 21 de 1991 y cómo este derecho, dada la omisión legislativa al respecto, ha sido de construcción pretoriana, que no obstante sus vaivenes ha contribuido a darle cuerpo a la consulta previa, por lo que, teniendo en cuenta la enorme variedad de medidas administrativas, susceptibles de ser consultadas, se hace énfasis en el otorgamiento de licencias ambientales, en el marco de la democracia participativa colombiana, constituyendo un tema poco pacífico de la antropología jurídica en Colombia y otros países de la región, pues hay una aparente pugna entre los derechos de las minorías y el derecho ambiental con el desarrollo industrial que concierne a la generalidad de los asociados.

Copyright of Ius et Praxis (07172877) is the property of Universidad de Talca and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

This paper proposes to demonstrate the need for the adoption of a new inclusive and intercultural paradigm for protecting the human rights of indigenous peoples in Latin America. Th rough a critical analysis of the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights, the paper will identify some of the advances and limitations in the attempt to construct new alternatives for dealing with indigenous issues in the region. Th is analysis will be conducted through a study of the three fundamental parameters established by Court precedents thus far: the concept of the right to life with dignity, the protection of communal property, and the right of indigenous peoples to prior consultation. [ABSTRACT FROM AUTHOR]