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Este trabajo ha obtenido el 1.er Premio «Estudios Financieros» 2020 en la modalidad de Constitucional y Administrativo. Este trabajo analiza los obstáculos con que se enfrenta, en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, la tutela de los derechos procesales de los recurrentes, con el fin de advertir de los principales problemas y déficits que presentan los medios de impugnación existentes para articular una protección efectiva frente a las infracciones procesales. Tras las últimas reformas normativas, la depuración de errores procesales cometidos por jueces y magistrados al dictar resoluciones judiciales se ha visto seriamente dificultada y, en muchos casos, imposibilitada. El estudio realizado pone de manifiesto el debilitamiento que ha sufrido el derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes frente a las infracciones de naturaleza formal o procedimental en que incurren las resoluciones judiciales, al no existir mecanismos efectivos de depuración y quedar sin posibilidad de control y corrección buena parte de los vicios in procedendo cometidos por los órganos jurisdiccionales. A su vez, plantea la necesidad de reforzar la tutela de los derechos procesales de los ciudadanos y realiza, a estos efectos, algunas propuestas de lege ferenda que, de materializarse, reforzarían su derecho a la tutela judicial efectiva, solventando o, por lo menos, mitigando algunos de los problemas actualmente existentes.

Este trabajo tiene como objeto el análisis ¾desde una perspectiva crítica¾ de la doble instancia en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en España, teniendo en cuenta las novedades más recientes. Con esta finalidad, tras una breve introducción, en primer lugar y con el fin de contextualizar el tema, se realiza una breve aproximación general al modelo de recursos establecido por la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perder de vista la evolución normativa acontecida en este ámbito. En segundo lugar, se examina la doble instancia en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en España y se presta especial atención a las amplias restricciones que presenta el acceso al recurso de apelación. En tercer lugar, se analiza la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Saquetti Iglesias c. España, de gran interés en este ámbito. En cuarto lugar, se plantea la eventual incidencia de esta Sentencia en el vigente sistema de recursos contencioso-administrativos. En este punto, se presta especial atención a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo español, derivada de las Sentencias núm. 1375/2021 y núm. 1376/2021, ambas de 25 de noviembre de 2021 y núm. 1531/2021, de 20 de diciembre de 2021. Finalmente, el trabajo concluye con una serie de conclusiones. En ellas, se realiza un balance de la situación en que se encuentra actualmente la doble instancia en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo español. Asimismo, se señalan sus principales deficiencias y se realizan algunas propuestas de mejora.

Resumen La crisis provocada por la Covid-19 ha tenido repercusiones evidentes en la Administracion de Justicia en Espana y las continuara teniendo en un futuro proximo. Este trabajo pretende examinar como las medidas de lucha contra la pandemia han afectado a la actividad jurisdiccional, con especial referencia al ambito contencioso-administrativo. Con este fin, por una parte, se analiza, desde una perspectiva critica, el impacto que han tenido las medidas adoptadas por las autoridades gubernativas para combatir la pandemia en el funcionamiento de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa. Por otra, de lege ferenda, tambien se plantean algunas propuestas de mejora del actual marco normativo en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y se valoran, tambien con una mirada critica, las propuestas realizadas por el Consejo General del Poder Judicial para la reactivacion de la actividad jurisdiccional en este ambito y las medidas ya adoptadas o proyectadas por el Gobierno, para agilizar la actividad judicial en este ambito.

Este trabajo se centra en el estudio del Pilar Europeo de Derechos Sociales, aprobado recientemente en el seno de la Union Europea. Con esta finalidad, tras una breve introduccion que situa el objeto y el contexto del trabajo, procede a analizar, en primer lugar, el proceso de gestacion de este Pilar, desde sus primeros pasos, en septiembre de 2015, hasta su aprobacion mediante una Recomendacion de la Comision en abril de 2017 y su proclamacion, conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comision, en noviembre de 2017. En segundo lugar, examina en profundidad las razones que subyacen a la aprobacion del Pilar Europeo de Derechos Sociales, sus objetivos y su contenido, destacando en especial sus principales aportaciones y novedades y sus limitaciones. En tercer lugar, repasa las principales acciones emprendidas a nivel europeo tras la aprobacion del Pilar, con el fin de hacer efectivas sus previsiones. Por ultimo, el trabajo se cierra con unas consideraciones finales, en que, a la luz de los datos proporcionados, se realiza una valoracion de este instrumento, de su potencialidad y de sus limitaciones, en el seno de la Union Europea como via para fortalecer su dimension social.

López Ferro, Aloia,La rehabilitación de espacios afectados por actividades mineras: Especial referencia a Galicia, Publicacions Universitat Rovira i Virgili, ColecciónQuaderns de Dret Ambiental, núm. 15, Tarragona, 2021 (250 páginas). ISBN: 978-84-8424-897-2.

En este trabajo se aborda el estudio de la proteccion del bienestar animal a traves del Derecho administrativo ¾excluyendo, por tanto, el analisis de esta cuestion desde otras disciplinas juridicas, como el Derecho civil o el Derecho penal¾, con especial referencia a la proteccion de los animales de compania. Con esta finalidad, se realiza, en primer lugar, una aproximacion general, desde un punto de vista critico, al marco juridico-administrativo en materia de bienestar animal en Espana, fuertemente influenciado por el Derecho de la Union Europea. En segundo lugar, se incluye una referencia especifica a la tutela administrativa de los animales de compania y se analizan algunos de los principales instrumentos y tecnicas de proteccion articulados por el ordenamiento juridico-administrativo en este ambito. Finalmente, este estudio concluye con unas consideraciones finales en que se realiza una valoracion del actual marco juridico-administrativo, no plenamente satisfactorio, y se apuntan posibles lineas de mejora en pro del bienestar animal.

espanolLa aprobacion de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, supone la introduccion de un nuevo tramite de consulta publica previa en el procedimiento de elaboracion de normas con rango legal y reglamentario, regulado en su articulo 133. Este tramite, de caracter preceptivo, refuerza la participacion ciudadana, al garantizarse en una fase muy temprana, previa al procedimiento normativo en sentido propio, cuando todavia no existe una propuesta redactada del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento y todas las opciones estan abiertas. Sin embargo, nada dice este precepto sobre los efectos juridicos que se anudan a la omision –o practica inadecuada– de la consulta publica previa, a pesar de ser esta una cuestion de gran relevancia y que, en el fondo, determina la efectividad real de este tramite. Sobre esta cuestion versa este trabajo que, ante el silencio de la LPACAP, pretende aportar herramientas a los operadores juridicos que ilustren sobre cuales deben ser los efectos juridicos de la omision de este tramite en el procedimiento de elaboracion de normas reglamentarias. Con este fin, se analizan tanto las diferentes interpretaciones ofrecidas por la doctrina como la jurisprudencia recaida hasta el momento. EnglishThe passing of Spanish Law 39/2015, of 1 October, on Common Administrative Procedures for Government Administrations introduced a new public consultation procedure that must take place prior to the drafting of legal rules with legal and regulatory status, as established under its section 133. That mandatory procedure enhances public participation because it occurs during a very early phase when all options are still open, prior to the initiation of the actual legislative process and before any draft versions of laws or regulations have been produced. However, the Law does not address the legal effects resulting from the omission –or improper exercise– of that initial public consultation, despite the significance of the matter as a factor that fundamentally determines the actual effectiveness of the procedure. This article addresses this issue in view of its absence from the legislation and in an effort to provide those working in the field of law with tools to help determine the legal effects of the omission of that procedure during development of laws and regulations. To this end, the various interpretations offered in the literature and in existing case law are analysed.

La mejora de la calidad de las normas se ha convertido, en los últimos años, en una prioridad para los países de nuestro entorno, debido, entre otros factores, a su consideración como factor estratégico para el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la competitividad. La política de mejora de la regulación se ha impulsado de forma muy representativa, desde hace más de dos décadas, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y por la Unión Europea. En España, se ha desarrollado de forma más reciente y ha recibido un impulso significativo en 2015, con la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que incluye un nuevo Título, el VI, destinado a regular la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. Este trabajo, trasexaminar la evolución de la mejora regulatoria en España, se centra en el análisis de las novedades incorporadas en esta materia por la citada Ley 39/2015. En particular, se analizan en profundidad, además de los principios de buena regulación incluidos en esta Ley (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera), los tres instrumentos de mejora regulatoria recogidos en ella: la evaluación normativa y la adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación; la planificación normativa; y la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos.

Derecho y políticas ambientales en Cataluña (Primer semestre de 2018)

Derecho y políticas ambientales en Cataluña (Primer semestre de 2018)

El presente artículo analiza la evolución experimentada por el Derecho ambiental en los últimos diez años en España. En particular, analiza la incidencia de la crisis económica en este ámbito. La fuerte crisis del Estado producida estos últimos años ha actuado como motor para la transformación del derecho público y, en el derecho ambiental, ha inspirado numerosos cambios normativos y ha servido para justificar la apertura de nuevas líneas evolutivas que son objeto de análisis en este trabajo. En primer lugar, se analizan los cambios profundos en las políticas ambientales que ha provocado la crisis: ralentización y prioridad de los objetivos de reactivación de la economía sobre los ambientales. En segundo lugar, se examina el impacto de la crisis sobre el ejercicio de las competencias en materia de protección del medio ambiente y se destaca la recentralización de competencias producida al servicio del mercado y en detrimento de la protección ambiental. En tercer lugar, se estudia la incidencia de los procesos de liberalización, desregulación y simplificación administrativa sobre el el derecho ambiental y se analizan los principales cambios producidos en la legislación ambiental. Por último, también se realizan algunas reflexiones sobre las oportunidades que la crisis ha supuesto para el derecho ambiental.

Acceso a la informacion, participacion publica y acceso a la justicia en materia de medio ambiente: veinte anos del Convenio de Aarhus

Legislación básica de protección del medio ambiente (Primer semestre 2018)

Derecho y políticas ambientales en Catalunya (Segundo semestre 2016)

Este trabajo estudia la articulación de las competencias urbanísticas municipales en el procedimiento de autorización ambiental integrada, a través del informe urbanístico. Con esta finalidad, analiza en profundidad el informe urbanístico, teniendo en cuenta no sólo la regulación del mismo contenida en la legislación vigente en materia de prevención y control integrados de la contaminación —tanto estatal como autonómica—, sino también la interpretación de la misma que están realizando los tribunales —Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas—. Trata, en definitiva, de ofrecer algunas pautas interpretativas en torno a cuál es, en el ordenamiento jurídico vigente, el alcance, naturaleza y efectos del informe urbanístico en el procedimiento de autorización ambiental integrada; y de determinar sus diferencias y su relación con el informe sobre adecuación de la instalación a todos los aspectos que sean de competencia municipal y con la licencia urbanística. Todo ello con el fin de contribuir a una mejor aplicación de la normativa vigente y salvaguardar adecuadamente el ámbito de competencias que corresponde a los municipios —en base a sus atribuciones en materia de urbanismo— en los procedimientos de autorización ambiental integrada, en los que la competencia resolutoria recae en las comunidades autónomas.

Derecho y políticas ambientales en Catalunya (Segundo semestre 2016)

La reciente aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno plantea su articulación y coordinación con otras normas sectoriales que cuentan con regulaciones específicas del acceso a la información para determinados ámbitos. En la medida en que el derecho de acceso a la información ambiental cuenta con una normativa específica, recogida, en el ámbito estatal, en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, este trabajo analiza la articulación entre esta Ley y la Ley 19/2013, con el fin de determinar en qué medida resulta aplicable en este ámbito sectorial la Ley 19/2013 y cuáles son las relaciones entre ambas legislaciones. Con esta finalidad, tras examinar el contenido de la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, que establece las pautas de relación entre esta Ley y las normativas específicas de acceso a la información, analiza en particular el alcance de la supletoriedad de la Ley 19/2013 sobre la regulación del derecho de acceso a la información ambiental recogida en la Ley 27/2006 y hace especial referencia a aquellos aspectos más problemáticos, como el régimen jurídico del silencio administrativo o el régimen de garantías del derecho de acceso. Informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Lege onartu berriak beste sektore batzuetako arautegiekin artikulatzeko eta koordinatzeko modua planteatzen du, eremu batzuetako informazioa eskuratzeari buruzko arloan. Ingurumen-informazioa eskuratzeari buruzko eskubideak arautegi zehatz bat du ¿uztailaren 18ko 27/2006 Estatu Legea, ingurumenaren gaian informazioa eskuratzeko, publikoki partehartzeko eta justiziara jotzeko eskubideak arautzen dituena¿, eta lan honek aztertzen du Lege hori nola artikulatu 19/2013 Legearekin, sektore horretan 19/2013 Legea zenbateraino aplika daitekeen eta bi legeen arteko harremanak zein diren. Helburu horrekin, 19/2013 Legeko lehen xedapen gehigarria aztertu ondoren ¿Lege horren eta informazioa eskuratzeko arautegi zehatzen arteko harreman-ildoei buruzkoa¿, lan honetan aztertzen da 19/2013 Legeak zenbateraino ordezkatzen duen 27/2006 Legean jasotako ingurumen-informazioa eskuratzeko eskubidearen arautegia, eta arazo nagusiak aipatzen dira, adibidez administrazio-isiltasunaren araubide juridikoa edo informazioa eskuratzeko eskubidearen bermeen araubidea. The recent passing of Act 19/2013 of December 9th on transparency, access to public information and good governance sets out its articulation and coodination with other sectorial norms that have specific regulations in some areas regarding the access to information. As right of access to enviromental information has its specific normative in the State, Act 27/2006 of July that governs rights of access to information, public participation and access to justice in the field of enviroment, this work analyzes the articulation between this Act and Act 19/2013 in order to establish the relationships between both legislations. With this purpose and after studying the content of the first additional provision of Act 19/2013 that states the guidelines for the relationship between this Act and the specific rules about access to information, it analyzes in particular the scope of the supplementarity of Act 19/2013 over the regulation of the right to access to enviromental protection as stated by Act 27/2006 and it makes special reference to those more problematic aspects as the legal regime to administrative silence or the regime of the guarantees to the right of Access.

Este trabajo analiza el impacto de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales en el régimen jurídico de la inspección ambiental. Con este fin, tras realizar una aproximación general a esta Directiva y señalar sus aspectos más destacables, se centra en el examen de la regulación de la inspección ambiental en ella contenida, aspecto muy novedoso por ser la primera vez que se incluye una regulación mínima de la inspección ambiental, que hasta ahora únicamente había sido objeto ¿a nivel comunitario¿ de una recomendación sin valor normativo, en una Directiva. Concretamente, se analizan las obligaciones establecidas para los Estados miembros en esta materia, que se traducen principalmente en la obligación de establecer un sistema de inspección medioambiental de las instalaciones y de formular planes de inspección a partir de los cuales se elaborarán programas de inspección medioambiental prefijada, que incluyan la frecuencia de las visitas a los emplazamientos para los distintos tipos de instalaciones. También se realizan algunos apuntes sobre la transposición de esta Directiva en España, teniendo en cuenta que recientemente se ha aprobado la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que, junto con su reglamento de desarrollo ¿actualmente en trámite¿, garantizará la transposición de la Directiva. Lan honetan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2010/75/EB Zuzentarauaren eragina aztertzen da. Horretarako, lehenik eta behin, Zuzentarauaren inguruabarrak eta alderdi azpimarragarrienak adierazten dira, eta, ondoren, ingurumen-ikuskaritzaren araubidean murgiltzen da. Oso gai berria da, ingurumen-ikuskaritzari buruzko gutxieneko araudi bat sortu den lehenengo aldia baita; orain arte, arau-baliorik gabeko Europako gomendio bat besterik ez zegoen. Hain zuzen ere, Estatu kideei gai horretan ezarritako betebeharrak aztertzen dira lanean; instalazioen gaineko ingurumen-ikuskaritzako sistema bat ezartzekoa, eta aurrezarritako ingurumen ikuskaritzako programen oinarrian egongo diren ikuskaritza planak osatzekoa, instalazioak bisitatzeko maiztasuna instalazioaren beraren motaren arabera finkatuta. Era berean, Zuzentaraua Espainiara egokitzeari buruzko oharrak egiten dira, aintzat hartuta orain dela gutxi ekainaren 11ko 5/2013 Legea onartu dela, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea eta hondakinen eta lurzoru kutsatuen gaineko uztailaren 28ko 22/2011 Legea aldatzen dituena. Lege berri horren eta egun izapidetzen ari diren garapen-erregelamenduen bidez, bermatuta geldituko da Zuzentarauaren egokitzea. This study analyses the impact of Directive 2010/75/EU of the European Parliament and the Council, of 24 November 2010, on industrial emissions on the legislation governing environmental inspection. To this end, after providing a general discussion of the Directive and pointing out its most outstanding features, we focus on the regulation of environmental inspection that it contains. This is its most novel feature because it is the first time that a minimal regulation of environmental inspection has been included in a directive (to date, within the community, it had only been the object of a recommendation of no normative value). In particular, our study focuses on the obligations of the member states in this area, which are largely to set up a system by which installations can be environmentally inspected and inspection plans drafted on the basis of which programmes for routine environmental inspection will be drawn up that include the frequency of site visits for different types of installations. Also discussed is the transposition of the Directive in Spain, bearing in mind that Law 5/2013, of 11 June, has recently been passed to modify Law 16/2002, of 1 July, on the integrated prevention and control of pollution, and Law 22/2011, of 28 July on waste and polluted soil which, in conjunction with their regulation for implementation, guarantee the transposition of the Directive.

Este trabajo, tras analizar brevemente la evolución del servicio público de televisión en la legislación audiovisual, se centra en el estudio de la configuración de la televisión de titularidad del Estado como servicio público en el marco de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal. Con esta finalidad, analiza, en primer lugar, la configuración de la radio y la televisión de titularidad estatal como servicio público esencial, el objeto de este servicio público y las obligaciones de servicio público que se derivan para la Corporación RTVE; y, en segundo lugar, los tres nuevos instrumentos que se incluyen en la Ley para la concreción de la función de servicio público: el mandato-marco (aprobado en diciembre de 2007 por el Pleno del Congreso de los Diputados y por el Pleno del Senado), el contrato-programa y el sistema de contabilidad analítica. Lan honetan, ikus-entzunezkoen arloko legerian telebistaren zerbitzu publikoak izan duen bilakaera aztertzen da labur-labur. Ondoren aztertzen da Estatuaren irrati eta telebistari buruzko ekainaren 5eko 17/2006 Legearen esparruan nola dagoen eratuta Estatuaren telebista-zerbitzu publikoa. Horretarako, lehenbizi honako hau begiratzen da: Estatuaren irrati eta telebista nola dagoen eratuta funtsezko zerbitzu publiko gisa, zein den zerbitzu publiko horren helburua eta zerbitzu publiko horretatik RTVE Korporazioarentzat ondorioztatzen diren betebeharrak; eta, bigarrenik, zeintzuk diren zerbitzu publikoaren eginkizuna zehazte aldera lege horretan sartzen diren hiru tresna berriak, alegia, agindu-esparrua (Diputatuen Kongresuaren Osokoak eta Senatuaren Osokoak 2007ko abenduan onartua), kontratu-egitasmoa eta kontabilitate analitikoko sistema. After a brief analysis of the evolution of the public service of television within the broadcasting legislation, this work focuses on the study of the configuration of the television owned by the State as public service in the frame of the Act 17/2006 of June 5, on radio and television owned by the State. With this aim, it is firstly analyzed the configuration of the radio and television owned by the State as a essential public service, the scope of this public service and the obligations of this public service for the Spanish Broadcasting Corporation (RTVE); and, secondly, the three new instruments included in the Act for the concreteness of the function of the public service: the frame-order (passed in December 2007 by the plenary session of the Congress of Deputies and of Senate), the programme-contract and the system of costs accounting.

Derecho y políticas ambientales en Catalunya (Segundo semestre 2015)

Derecho y políticas ambientales en Catalunya (Primer semestre 2015)

Derecho y políticas ambientales en Catalunya (Primer semestre 2015)

Derecho y políticas ambientales en Catalunya (Segundo semestre 2014)

Derecho y políticas ambientales en Catalunya (Primer semestre 2014)

Derecho y políticas ambientales en Catalunya (Primer semestre 2014)

Derecho y políticas ambientales en Catalunya (Segundo semestre 2013)

This paper analyses the body of law governing the right to access environmental information in Spain, paying particular attention to law 27/2006, of July 18th, which regulates the right of access to information, public participation and access to justice on environmental issues. The analysis focuses on both the active aspects of access to environmental information (the obligation that the public authorities have to collect and communicate environmental information) and the passive aspects (the right to request access to environmental information). Particular attention is paid to the advances made by this legislation and its possible implications, but no attempt is made to conceal the problems of application that it still has to face and the pending challenges. Este trabajo analiza el régimen jurídico del derecho de acceso ala información ambiental en España, realizando un análisis minucioso de su regulación, actualmente contenida en la ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participaciónpública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Se analiza tanto la vertiente activa del acceso a la información ambiental (la obligación de recogida y difusión de información ambiental por parte de las autoridades públicas) como su vertiente pasiva (el derecho de acceso a la información ambiental previa solicitud), destacándose los avances que ha supuesto esta legislación y sus virtualidades, pero sin ocultar los problemas de aplicación a que todavía se enfrenta y los retos pendientes. Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación «Derecho ambiental y libertadde servicios en el mercado interior: nuevos retos, transformaciones y oportunidades» (DER2010-19343), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España.

This paper analyses the body of law governing the right to access environmental information in Spain, paying particular attention to law 27/2006, of July 18th, which regulates the right of access to information, public participation and access to justice on environmental issues. The analysis focuses on both the active aspects of access to environmental information (the obligation that the public authorities have to collect and communicate environmental information) and the passive aspects (the right to request access to environmental information). Particular attention is paid to the advances made by this legislation and its possible implications, but no attempt is made to conceal the problems of application that it still has to face and the pending challenges. Este trabajo analiza el régimen jurídico del derecho de acceso ala información ambiental en España, realizando un análisis minucioso de su regulación, actualmente contenida en la ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participaciónpública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Se analiza tanto la vertiente activa del acceso a la información ambiental (la obligación de recogida y difusión de información ambiental por parte de las autoridades públicas) como su vertiente pasiva (el derecho de acceso a la información ambiental previa solicitud), destacándose los avances que ha supuesto esta legislación y sus virtualidades, pero sin ocultar los problemas de aplicación a que todavía se enfrenta y los retos pendientes. Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación «Derecho ambiental y libertadde servicios en el mercado interior: nuevos retos, transformaciones y oportunidades» (DER2010-19343), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España.

Derecho y políticas ambientales en Catalunya (Primer semestre 2013)

Derecho y políticas ambientales en Catalunya (Primer semestre 2013)

PERNAS GARCÍA, J. J., Contratación pública verde, La Ley, Madrid, 2011, 314p.

El Derecho ambiental en Cataluña (Primer semestre 2012)

GARRORENA MORALES, A., FANLO LORAS, A., La constitucionalidad de los nuevos Estatutos en materia de aguas. A propósito de la propuesta de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Murcia, 2008, 214 pp.

Legislació ambiental Catalunya (Primer semestre 2011)

1.1. Legislació ambiental Catalunya (Segon semestre 2010)

Legislación básica de protección del medio ambiente (Primer semestre 2017)

La política de mejora de la regulación, impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y por la Unión Europea, se ha desarrollado en España de forma reciente y ha recibido un impulso significativo en 2015, con la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Esta Ley incluye un nuevo Título ¿el VI¿, destinado a regular la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. En él se recogen algunas previsiones sobre el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad para dictar normas con rango de ley, el ejercicio de la potestad reglamentaria, los principios de buena regulación, la evaluación normativa, la publicidad de las normas, la planificación normativa y la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. Este trabajo se centra en el análisis de las novedades incorporadas en esta materia por la citada Ley 39/2015 desde una perspectiva local, dada la aplicación de sus previsiones a todas las administraciones públicas y, por consiguiente, también a las administraciones locales. El objetivo primordial es analizar la incidencia de esta Ley sobre la potestad normativa local y, en consecuencia, determinar las principales novedades que se incorporan en esta materia en el ámbito local, con el fin de apuntar algunos retos, problemas e incertidumbres que su aplicación puede suscitar y aportar posibles soluciones. Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako Erakundeak eta Europar Batasunak bultzatutako erregulazioa hobetzeko politika gero eta gehiago garatu da Espainian eta 2015ean bultzada esanguratsua jaso du, urriaren 1eko 39/2015 Legea, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, onartuta. Lege horrek titulu berria dakar ¿VI.a¿ legegintza-ekinbidea eta erregelamenduak eta bestelako xedapenak emateko ahalmena arautzeko. Bertan, legegintza-ekinbidea eta lege mailako arauak egiteko ahala erabiltzeari, erregelamenduak egiteko ahala erabiltzeari, erregulazio onaren printzipioei, araudiaren ebaluazioari, arauen publizitateari, arauen plangintzari eta herritarrek lege mailako arauak eta erregelamenduak egiteko prozeduran parte hartzeari buruzko xedapen batzuk jasotzen dira. Lan horrek arlo horretan 39/2015 Legeak sartutako berritasunak aztertzen ditu, tokiko ikuspegitik, haren xedapenak administrazio publiko guztiei eta, beraz, toki-administrazioei ere, aplikatzen baitzaizkie. Helburu nagusia Legeak tokiko arauak egiteko ahalean daukan eragina aztertzea eta, ondorioz, arlo horretan tokiko eremuan sartzen diren berritasun nagusiak zehaztea da, haren aplikazioak ekar ditzakeen erronka, arazo eta zalantza batzuk ikusteko eta balizko irtenbideak emateko. Policies to improve regulation promoted by the Organisation for Economic Co-operation and Development and the European Union have recently been applied in Spain and in 2015 received a significant boost with the passing of Law 39/2015, of 1 October, on common administrative procedure for the public administrations. This Law includes a new Section (VI) which regulates legislative initiative and the power to create regulations and other provisions. The law contains provisions regarding the execution of legislative initiative and the power to create regulations with the force of laws, the exercising of regulatory power, the principles of good regulation, regulatory evaluation, regulatory publicity, regulatory planning and the participation of citizens in the process of creating legislation with the force of laws and regulations. The present study analyses the changes made to local regulatory powers by the aforementioned Law 39/2015, given that its provisions are applicable to all public administrations and, therefore, also to the local administrations. The primary objective is to analyse the effect of this Law on local regulatory powers and, therefore, to determine the principle new changes that have been made to local regulatory powers, with the aim of identifying the challenges, problems and uncertainties that may arise through the application of the Law and to propose possible solutions.

Esta Tesis, incardinada en el Derecho ambiental administrativo, aborda el régimen jurídico de los vertidos en aguas continentales en el ordenamiento español, desde una óptica fundamentalmente jurídico-administrativa.Este trabajo aporta algunas reflexiones respecto del actual marco regulador de los vertidos, a partir de un análisis crítico de las normas vigentes -sin olvidar sus raíces históricas- y de su interpretación jurisprudencial, atendiendo también a la doctrina científica, con el fin último de poner de relieve sus virtualidades y carencias, al tiempo que se realizan algunas sugerencias y propuestas de mejora. Para alcanzar este objetivo, la Tesis se divide en tres partes diferenciadas. En la primera, integrada por dos capítulos, se efectúa un tratamiento preliminar que justifica cuáles son las bases fácticas que reclaman el tratamiento jurídico de esta materia y fija las fronteras del propio concepto de "vertido". La segunda, que consta de tres capítulos, se centra en el análisis del marco jurídico aplicable a los vertidos, previo análisis de la distribución de competencias entre los diferentes poderes públicos implicados. Su finalidad es realizar una aproximación al ordenamiento jurídico español en esta materia, fruto de la confluencia de una pluralidad ordinamental procedente de diversos escalones normativos (internacional, comunitario, estatal, autonómico y local). La tercera parte, formada por trece capítulos, se dedica específicamente al análisis individualizado de las principales técnicas de intervención administrativa sobre los vertidos. Tras efectuar algunas consideraciones en torno al papel que corresponde desempeñar a la Administración Pública, a los límites y a los principios a que se sujeta su actuación en esta materia, se entra de lleno en el análisis de los principales mecanismos de intervención. Esta labor se inicia con el examen de las técnicas de carácter preventivo. Allí se analizan la planificación hidrológica; la prohibición de contaminar y la autorización de vertido, tema fundamental, ya que en nuestro ordenamiento se configura como eje central para el control previo de los vertidos contaminantes la prohibición general con reserva de autorización; la autorización ambiental integrada; las técnicas de incentivo económico; y los instrumentos de verificación y control. Este trabajo concluye con el examen de las técnicas represivas y reparadoras. Se analizan, en particular, el régimen de infracciones y sanciones administrativas en materia de vertidos y la obligación de reparar el daño causado, con especial referencia a la potestad administrativa de determinación y exigencia de responsabilidad por los daños causados al dominio público hidráulico.A partir de este análisis, este estudio destaca la existencia en nuestro ordenamiento de una vasta normativa reguladora de los vertidos en la que se recoge un amplio catálogo de instrumentos de intervención administrativa. Estos mecanismos, utilizados complementariamente, con clara preeminencia de los preventivos, presentan una enorme virtualidad como medio de prevención y control de la contaminación originada por vertidos. Asimismo, pone de manifiesto la existencia de importantes deficiencias técnicas y de configuración jurídica de estos instrumentos que exigen una rápida mejora, en aras de su mayor eficacia, y se hace eco de la decepcionante aplicación de este instrumentario, fruto del escaso rigor y de la falta de una actitud enérgica de las Administraciones Públicas en su aplicación y de la escasez de medios. En definitiva, se pone de relieve que el reto más importante que se plantea en esta materia no es tanto la adopción de nuevas normas e instrumentos de control de los vertidos -sin perjuicio de los ajustes y mejoras necesarios-, como garantizar la operatividad real del sistema. Sólo así podrá conseguirse el objetivo medioambiental mínimo del buen estado de todas las aguas superficiales, subterráneas y costeras con el horizonte temporal del año 2015, exigido en el ámbito de la Comunidad Europea., This thesis, within the ambit of Administrative environmental law, approaches the legal framework for waste disposal in continental waters under Spanish legislation, from a fundamentally legal and administrate perspective.The study includes a series of reflections on present legislation for waste disposal, based on a critical analysis of regulations as they stand -without forgetting their historical roots- and their jurisprudential interpretation, along with a study of scientific doctrine, which stresses the importance of their virtues and shortcomings, while making other suggestions and proposals for improvement. To meet this objective, the Thesis is divided into three differentiated sections. The first, made up of two chapters, is a preliminary treatment that justifies what the actual bases are for demanding the legal treatment of this issue and that establishes the boundaries of the very concept of "waste disposal". The second, which is made up of three chapters, focuses on an analysis of the legal framework that is applicable to waste disposal, with an analysis of the distribution of responsibilities between the different public authorities implied. Its aim is to approach Spanish legal regulations that deal with this issue, the result of the confluence of such plurality in lawmaking coming from different governmental levels (international, community, state, autonomous, and local). The third section, made up of thirteen chapters, is specifically dedicated to the individual analysis of the main techniques for administrative intervention on waste disposal. After a few considerations of the role given to Public Administration, and the limits and principles to which it is subjected in this issue, there is a full analysis of the main mechanisms for intervention. This task begins with an examination of techniques of a preventative nature. This contains an analysis of hydrological planning; the prohibition of contamination and authorisation for waste disposal, a basic issue because, in our legislation, general prohibition without authorisation is configured as the central axis for the preliminary control of contaminant waste; integrated environmental authorisation; economic incentive techniques; and instruments for verification and control. The study ends with an examination of repressive and reparation techniques. There is particular analysis of the system of infractions and administrative sanctions on issues of waste disposal and the obligation to repair any damage caused, with special reference to administrative authority for the determination of and demands for responsibility for damage caused to the public hydraulic domain.Based on this analysis, this study highlights that our legislation contains widespread regulation of waste disposal, covering a wide range of instruments for administrative intervention. These mechanisms, used complementarily, with a clear pre-eminence of preventative methods, are extremely valuable as a means for the prevention and control of contamination caused by waste disposal. It also demonstrates the existence of major deficiencies in the techniques and legal configurations of these instruments, which require immediate improvements, based on greater efficiency, and which reflect the disappointing application of such instruments, the result of a lack of strictness and the lethargic attitude of Public Administrations when applying them, and a scarcity of means. Definitively, it emphasises the fact that the most important challenge concerning this issue is not so much the adoption of new regulations and instruments of control - without forgetting that some changes and improvements are needed -, but rather the guarantee of the effectiveness of the system. That is the only way to achieve the minimum environmental objective of a decent state of surface, ground and coastal waters by 2015, as demanded by the European Community.

El derecho ambiental en Cataluña (Primer Semestre 2010)

MORA RUIZ, Manuela, La gestión ambiental compartida: función pública y mercado, Lex Nova, Valladolid, 2007, 428p.

este trabajo, tras realizar una aproximación general a la configuración de la prohibición de discriminación y al derecho a la instrucción en el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, analiza la prohibición de discriminación racial en conexión con el ejercicio del derecho a la instrucción en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para ello, examina cuatro sentencias relevantes recaídas en este ámbito (casos D.H. y otros contra República Checa, que ha dado lugar a dos sentencias ¿una de la Sección 2.ª y otra de la Gran Sala¿; Sampanis y otros contra Grecia; y Orsus y otros contra Croacia), en las que se plantea si las medidas adoptadas por determinados Estados en relación con la escolarización de niños de etnia gitana son o no discriminatorias. También se realizan algunas consideraciones en torno a la evolución jurisprudencial en este ámbito y sus consecuencias. Lan honetan, lehen-lehenik, hurbilpen orokor bat egingo dugu Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmenak jasotzen dituen diskriminazio-debekuaren eta hezkuntzarako eskubidearen eraketari; eta ondoren, arraza-diskriminazioaren debekuak hezkuntzarako eskubidearekin duen lotura aztertuko dugu, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren jurisprudentziaren esparruan. Horretarako, eremu horretako lau epai esanguratsuri helduko diegu: Giza Eskubideak eta beste batzuk Txekiar Errepublikaren aurka kasua, bi epai sortarazi dituena (bata Bigarren Sekzioarena, eta bestea Sala Nagusiarena); Sampanis eta beste batzuk Greziaren aurka kasua, eta Orsus eta beste batzuk Kroaziaren aurka kasua. Kasu horietan planteatzen den auzia da ea estatu jakin batzuek ijito etniako umeak eskolaratzeko abiarazi dituzten neurriak diskriminatzaileak diren ala ez. Horretaz gainera, gogoeta batzuk egingo ditugu alor horretako jurisprudentziaren bilakaeraz eta beraren ondorioez. After a general approximation to the configuration of the prohibition of discrimination and of the right of instruction by the European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, this work analyzes the prohibition of racial discrimination in relation with the exercise of the right of instruction within the case law of the European Court of Human Rights. For this purpose, four relevant judgments on the subject (cases D.H and others against the Czech Republic, which produced two rulings: one by the Second section and other by the Grand Chamber; Sampanis against Greece; and Orsus and others against Croatia) where it arose whether the measures adopted by some States in relation to the schooling of kids from the gypsy ethnic group are or not discriminatory are studied. Some considerations regarding the evolution by the case law regarding this area are also carried out and their consequences.

este trabajo analiza las principales novedades del régimen de prevención y control ambiental de las actividades en Cataluña, derivadas de la aprobación de las Leyes 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica, y 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, que modifican la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. Estas Leyes, que nacen con el objetivo de introducir medidas de promoción de la actividad económica y medidas fiscales y financieras para hacer frente a la grave situación actual de crisis económica, tienen repercusiones importantes respecto al sistema de prevención y control ambiental de las actividades y consecuencias relevantes respecto al grado de protección ambiental, sistemas de control de las actividades y estándares ambientales hasta hace poco aplicables en Cataluña.