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Encuesta sobre el Poder Judicial

Entre las novedades que la Constitución trajo al ordenamiento del Poder Judicial está la que suponen los tribunales superiores de justicia. Hubo que esperar una década a que se constituyeran. No son órganos de las comunidades autónomas pero, en tanto en cuanto culminan la organización judicial en cada comunidad autónoma, interpretan su derecho propio y controlan la acción de sus poderes públicos, se han ido identificando con ellas. Su actuación jurisdiccional, que se extiende a la aplicación del derecho del Estado y de la Unión Europea, está presidida por los principios de independencia e imparcialidad, por la sujeción exclusiva al imperio de la ley y por su responsabilidad. Desde esas premisas, deparan el mismo trato al Estado, a las comunidades autónomas y a los demás entes públicos territoriales. Son un elemento vertebrador fundamental de la organización judicial, y los principales problemas a que se enfrentan son la insuficiencia de planta y la falta de los medios personales y materiales necesarios para el adecuado ejercicio de su función. La complejidad de la distribución de competencias en materia de administración de justicia y la insuficiente coordinación complican notablemente la provisión de esos medios y dan lugar a disfunciones que se deben corregir.

Entre las novedades que la Constitución trajo al ordenamiento del Poder Judicial está la que suponen los tribunales superiores de justicia. Hubo que esperar una década a que se constituyeran. No son órganos de las comunidades autónomas pero, en tanto en cuanto culminan la organización judicial en cada comunidad autónoma, interpretan su derecho propio y controlan la acción de sus poderes públicos, se han ido identificando con ellas. Su actuación jurisdiccional, que se extiende a la aplicación del derecho del Estado y de la Unión Europea, está presidida por los principios de independencia e imparcialidad, por la sujeción exclusiva al imperio de la ley y por su responsabilidad. Desde esas premisas, deparan el mismo trato al Estado, a las comunidades autónomas y a los demás entes públicos territoriales. Son un elemento vertebrador fundamental de la organización judicial, y los principales problemas a que se enfrentan son la insuficiencia de planta y la falta de los medios personales y materiales necesarios para el adecuado ejercicio de su función. La complejidad de la distribución de competencias en materia de administración de justicia y la insuficiente coordinación complican notablemente la provisión de esos medios y dan lugar a disfunciones que se deben corregir.

La infección por coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad asociada COVID-19 representan un grave problema de salud pública, y existen muchas incertidumbres acerca de cómo influirá en enfermedades inflamatorias como la psoriasis y en particular en los pacientes tratados con inmunosupreso res e inmunomoduladores selectivos. El Grupo de Psoriasis de la AEDV (GPs), a partir de la escasa evidencia existente y en coherencia con el posicionamiento de otras sociedades científicas nacionales e internacionales (EADV-SPIN, AAD, IPC)1---3, a través de la AEDV emitió un comunicado (GPs COVID-19)4 con el fin de orientar a los dermatólogos que tratan la psoriasis, particularmente en los casos de pacientes en tratamiento o que fueran a iniciar tratamiento con fárma cos inmunomoduladores selectivos o inmunosupresores1.

En esta encuesta un grupo de profesores de derecho constitucional contestan un conjunto de preguntas sobre la protección de datos personales y los retos a los que se enfrenta actualmente, el reconocimiento de un derecho fundamental a la protección de datos y las posibilidades que tiene de garantizar la posición de los ciudadanos frente a las amenazas transnacionales, el camino seguido para construir dicho derecho tanto a nivel nacional como supranacional, el papel que han jugado el legislador y los jueces, así como sobre la existencia de las agencias de protección de datos y el lugar que ocupan., In this academic survey a group of Constitutional Law Professors answer some questions about personal data protection and its challenges in the digital society, the recognition of a fundamental right of data protection and its possibilities against the transnational threats, the way of recognition of that right in a national and supranational process, the role played by the legislators and the judges, and about the data protection agencies and its functions.

En esta encuesta un grupo de profesores de derecho constitucional contestan un conjunto de preguntas sobre la protección de datos personales y los retos a los que se enfrenta actualmente, el reconocimiento de un derecho fundamental a la protección de datos y las posibilidades que tiene de garantizar la posición de los ciudadanos frente a las amenazas transnacionales, el camino seguido para construir dicho derecho tanto a nivel nacional como supranacional, el papel que han jugado el legislador y los jueces, así como sobre la existencia de las agencias de protección de datos y el lugar que ocupan., In this academic survey a group of Constitutional Law Professors answer some questions about personal data protection and its challenges in the digital society, the recognition of a fundamental right of data protection and its possibilities against the transnational threats, the way of recognition of that right in a national and supranational process, the role played by the legislators and the judges, and about the data protection agencies and its functions.

La infección por coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad asociada COVID-19 representan un grave problema de salud pública, y existen muchas incertidumbres acerca de cómo influirá en enfermedades inflamatorias como la psoriasis y en particular en los pacientes tratados con inmunosupreso res e inmunomoduladores selectivos. El Grupo de Psoriasis de la AEDV (GPs), a partir de la escasa evidencia existente y en coherencia con el posicionamiento de otras sociedades científicas nacionales e internacionales (EADV-SPIN, AAD, IPC)1---3, a través de la AEDV emitió un comunicado (GPs COVID-19)4 con el fin de orientar a los dermatólogos que tratan la psoriasis, particularmente en los casos de pacientes en tratamiento o que fueran a iniciar tratamiento con fárma cos inmunomoduladores selectivos o inmunosupresores1.

En esta encuesta un grupo de profesores de derecho constitucional contestan un conjunto de preguntas sobre la protección de datos personales y los retos a los que se enfrenta actualmente, el reconocimiento de un derecho fundamental a la protección de datos y las posibilidades que tiene de garantizar la posición de los ciudadanos frente a las amenazas transnacionales, el camino seguido para construir dicho derecho tanto a nivel nacional como supranacional, el papel que han jugado el legislador y los jueces, así como sobre la existencia de las agencias de protección de datos y el lugar que ocupan., In this academic survey a group of Constitutional Law Professors answer some questions about personal data protection and its challenges in the digital society, the recognition of a fundamental right of data protection and its possibilities against the transnational threats, the way of recognition of that right in a national and supranational process, the role played by the legislators and the judges, and about the data protection agencies and its functions.

The Informative Bulletin of the University of Salamanca Political Law Seminar, created and directed by Enrique Tierno Galván, assisted by the enthusiastic dedication of his young university collaborators, encouraged the democratic and pro-european concerns they professed and introduced currents of thought that helped to renew the social sciences in Spain. The Bulletin was published for ten years overcoming material difficulties and those that the political regime imposed to the free and plural expression of ideas. Authors from different specialties wrote on its pages, many already renowned at the time, and others that would become renowned later., El Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político de la Universidad de Salamanca, creado y dirigido por Enrique Tierno Galván, asistido por la dedicación entusiasta de sus jóvenes colaboradores universitarios, favoreció las inquietudes democráticas y europeístas que profesaban e introdujo en España corrientes de pensamiento que ayudaron a renovar las ciencias sociales. El Boletín se publicó durante diez años sorteando las dificultades materiales y las que a la expresión libre y plural de las ideas oponía el régimen político imperante. En sus páginas escribieron autores de diversas especialidades, muchos ya entonces intelectualmente reconocidos y otros que lo serán después.

In this academic survey a group of Constitutional Law Professors answer some questions about personal data protection and its challenges in the digital society, the recognition of a fundamental right of data protection and its possibilities against the transnational threats, the way of recognition of that right in a national and supranational process, the role played by the legislators and the judges, and about the data protection agencies and its functions., En esta encuesta un grupo de profesores de derecho constitucional contestan un conjunto de preguntas sobre la protección de datos personales y los retos a los que se enfrenta actualmente, el reconocimiento de un derecho fundamental a la protección de datos y las posibilidades que tiene de garantizar la posición de los ciudadanos frente a las amenazas transnacionales, el camino seguido para construir dicho derecho tanto a nivel nacional como supranacional, el papel que han jugado el legislador y los jueces, así como sobre la existencia de las agencias de protección de datos y el lugar que ocupan.

La jurisprudencia última sobre el personal estatutario sanitario de los Servicios de Salud se ha centrado casi exclusivamente en torno a la interpretación que se ha de dar al artículo 26.2 del Estatuto Marco al resolver sobre las solicitudes de permanencia en activo más allá de los 65 años de edad y al papel que juega al respecto el Plan de Ordenación de Recursos Humanos. Igualmente, ha reconocido al personal estatutario no fijo el derecho a la carrera profesional.

La jurisprudencia última sobre el personal estatutario sanitario de los Servicios de Salud se ha centrado casi exclusivamente en torno a la interpretación que se ha de dar al artículo 26.2 del Estatuto Marco al resolver sobre las solicitudes de permanencia en activo más allá de los 65 años de edad y al papel que juega al respecto el Plan de Ordenación de Recursos Humanos. Igualmente, ha reconocido al personal estatutario no fijo el derecho a la carrera profesional.

Published in autumn 2017, the 9th edition of Giuseppe de Vergottini’s Diritto costituzionale, a comprehensive and up to date study of italian Constitutional Law, is not only useful for professors and students but also for researchers. It is an achieved example of today’s handbooks on the subject., Publicada en otoño de 2017, la 9ª edición del Diritto costituzionale de Giuseppe de Vergottini, un completo y puesto al día tratado de Derecho constitucional italiano, no sólo es un texto útil para profesores y alumnos sino también para los investigadores. Es un logrado ejemplo de manual de nuestros días sobre esa materia.

Although not perceived by a great part of the public opinion, the text affirms the independence of the Spanish Judges. Also defends the General Council of the Judiciary but maintains that their members must be elected by the Cortes among judges and jurists of acknowledged competence and proven ability for sustaining their own criteria., El artículo defiende la independencia de los jueces españoles aunque buena parte de la opinión pública no la perciba. También aboga por el mantenimiento del Consejo General del Poder Judicial si bien considera necesario que en la elección de todos los vocales por las Cortes se observe la exigencia constitucional de que recaiga en jueces y juristas de reconocida competencia y demostrada capacidad de mantener su criterio.

El derecho a la autodeterminación informativa o a la protección de datos de carácter personal se reconoce en la Carta de los Derechos Fundamentales UE. El TC desde el 2000 lo considera expresamente derecho fundamental; en opinión del autor la misma conclusión se desprendía implícitamente ex art. 18.4 CE., Informazio-autodeterminaziorako eskubidea eta izaera pertsonaleko datuen babesa Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunean jasota daude. 2000. urtetik, Epaitegi Konstituzionalak oinarrizko eskubidetzat du; egilearen arabera, ondorio bera azaltzen zuen inplizituki Espainiar Konstituzioko 18.4 artikuluak., Le droit à l'autodétermination informative ou à la protection des données personnelles est reconnu dans la Charte des Droits Fondamentaux de l'UE. Depuis l'an 2000, le Tribunal Constitutionnel considère expressément ce droit fondamental. Selon l'auteur, cette même conclusion apparaît implicite dans l'art. 18.4 CE., The right to informative self-determination or to personal data protection is recognised in the EU Charter of Fundamental Rights. Since 2000, the Constitutional Court expressly considers it as a fundamental right; in the author's opinion the same conclusion could be implicitly made from former Art. 18.4 EC.

La proyección de la distribución de competencias y su incidencia en las funciones de la Agencia Vasca de Protección de Datos obliga a revisar conceptos tales como el juego de la ley orgánica en el art.18.4 CE, la STC 290/2000, las condiciones básicas del 149.1.1 CE, los títulos competenciales del Estatuto de Autonomía y el alcance de la ley vasca de protección de datos., Eskumen-banaketaren proiekzioak eta hark Datuen Babeserako Euskal Agentziaren funtzioetan izango duen eraginak zenbait kontzeptu gainbegiratzera behartzen du, hala nola lege organikoko jokoa Espainiar Konstituzioko 18.4 artikuluan, 290/2000 Epaitegi Konstituzionalaren Sententzia, Espainiar Konstituzioko 149.1.1 artikuluaren oinarrizko baldintzak, Autonomia Estatutuaren eskuduntza tituluak eta datuen babeserako euskal legearen eskumena., La projection de la répartition des compétences et son incidence sur les fonctions de l'Agence Basque de Protection des Données oblige à revoir certains concepts, tels que le jeu de la Loi Organique dans l'art. 18.4 CE, la STC 290/2000, les conditions de base du 149.1.1 CE, les titres compétentiels du Statut d'Autonomie et la portée de la loi basque de protection des données., The projection of distribution of authority and its impact on the functions of the Basque Data Protection Agency requires the review of concepts such as the role of the Organic Law in Art. 18.4 EC, Sentence 290/2000, the basic conditions of 149.1.1 EC, the titles of competence of the Statute of Autonomy and the scope of the Basque Data Protection Law.

El derecho a la autodeterminación informativa o a la protección de datos de carácter personal se reconoce en la Carta de los Derechos Fundamentales UE. El TC desde el 2000 lo considera expresamente derecho fundamental; en opinión del autor la misma conclusión se desprendía implícitamente ex art. 18.4 CE., Informazio-autodeterminaziorako eskubidea eta izaera pertsonaleko datuen babesa Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunean jasota daude. 2000. urtetik, Epaitegi Konstituzionalak oinarrizko eskubidetzat du; egilearen arabera, ondorio bera azaltzen zuen inplizituki Espainiar Konstituzioko 18.4 artikuluak., Le droit à l'autodétermination informative ou à la protection des données personnelles est reconnu dans la Charte des Droits Fondamentaux de l'UE. Depuis l'an 2000, le Tribunal Constitutionnel considère expressément ce droit fondamental. Selon l'auteur, cette même conclusion apparaît implicite dans l'art. 18.4 CE., The right to informative self-determination or to personal data protection is recognised in the EU Charter of Fundamental Rights. Since 2000, the Constitutional Court expressly considers it as a fundamental right; in the author's opinion the same conclusion could be implicitly made from former Art. 18.4 EC.

El derecho a la autodeterminación informativa o a la protección de datos de carácter personal se reconoce en la Carta de los Derechos Fundamentales UE. El TC desde el 2000 lo considera expresamente derecho fundamental; en opinión del autor la misma conclusión se desprendía implícitamente ex art. 18.4 CE., Informazio-autodeterminaziorako eskubidea eta izaera pertsonaleko datuen babesa Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunean jasota daude. 2000. urtetik, Epaitegi Konstituzionalak oinarrizko eskubidetzat du; egilearen arabera, ondorio bera azaltzen zuen inplizituki Espainiar Konstituzioko 18.4 artikuluak., Le droit à l'autodétermination informative ou à la protection des données personnelles est reconnu dans la Charte des Droits Fondamentaux de l'UE. Depuis l'an 2000, le Tribunal Constitutionnel considère expressément ce droit fondamental. Selon l'auteur, cette même conclusion apparaît implicite dans l'art. 18.4 CE., The right to informative self-determination or to personal data protection is recognised in the EU Charter of Fundamental Rights. Since 2000, the Constitutional Court expressly considers it as a fundamental right; in the author's opinion the same conclusion could be implicitly made from former Art. 18.4 EC.

La proyección de la distribución de competencias y su incidencia en las funciones de la Agencia Vasca de Protección de Datos obliga a revisar conceptos tales como el juego de la ley orgánica en el art.18.4 CE, la STC 290/2000, las condiciones básicas del 149.1.1 CE, los títulos competenciales del Estatuto de Autonomía y el alcance de la ley vasca de protección de datos., Eskumen-banaketaren proiekzioak eta hark Datuen Babeserako Euskal Agentziaren funtzioetan izango duen eraginak zenbait kontzeptu gainbegiratzera behartzen du, hala nola lege organikoko jokoa Espainiar Konstituzioko 18.4 artikuluan, 290/2000 Epaitegi Konstituzionalaren Sententzia, Espainiar Konstituzioko 149.1.1 artikuluaren oinarrizko baldintzak, Autonomia Estatutuaren eskuduntza tituluak eta datuen babeserako euskal legearen eskumena., La projection de la répartition des compétences et son incidence sur les fonctions de l'Agence Basque de Protection des Données oblige à revoir certains concepts, tels que le jeu de la Loi Organique dans l'art. 18.4 CE, la STC 290/2000, les conditions de base du 149.1.1 CE, les titres compétentiels du Statut d'Autonomie et la portée de la loi basque de protection des données., The projection of distribution of authority and its impact on the functions of the Basque Data Protection Agency requires the review of concepts such as the role of the Organic Law in Art. 18.4 EC, Sentence 290/2000, the basic conditions of 149.1.1 EC, the titles of competence of the Statute of Autonomy and the scope of the Basque Data Protection Law.

La proyección de la distribución de competencias y su incidencia en las funciones de la Agencia Vasca de Protección de Datos obliga a revisar conceptos tales como el juego de la ley orgánica en el art.18.4 CE, la STC 290/2000, las condiciones básicas del 149.1.1 CE, los títulos competenciales del Estatuto de Autonomía y el alcance de la ley vasca de protección de datos., Eskumen-banaketaren proiekzioak eta hark Datuen Babeserako Euskal Agentziaren funtzioetan izango duen eraginak zenbait kontzeptu gainbegiratzera behartzen du, hala nola lege organikoko jokoa Espainiar Konstituzioko 18.4 artikuluan, 290/2000 Epaitegi Konstituzionalaren Sententzia, Espainiar Konstituzioko 149.1.1 artikuluaren oinarrizko baldintzak, Autonomia Estatutuaren eskuduntza tituluak eta datuen babeserako euskal legearen eskumena., La projection de la répartition des compétences et son incidence sur les fonctions de l'Agence Basque de Protection des Données oblige à revoir certains concepts, tels que le jeu de la Loi Organique dans l'art. 18.4 CE, la STC 290/2000, les conditions de base du 149.1.1 CE, les titres compétentiels du Statut d'Autonomie et la portée de la loi basque de protection des données., The projection of distribution of authority and its impact on the functions of the Basque Data Protection Agency requires the review of concepts such as the role of the Organic Law in Art. 18.4 EC, Sentence 290/2000, the basic conditions of 149.1.1 EC, the titles of competence of the Statute of Autonomy and the scope of the Basque Data Protection Law.

La corrupción en el ámbito público es uno de los grandes males en los países democráticos, apareciendo implicados en demasiadas ocasiones cargos electos. Para luchar contra este problema, que afecta especialmente al ámbito local se hace necesario replantearse la eficacia de los controles existentes tanto en los ámbitos político, administrativo y penal. Estas cuestiones son objeto de la encuesta de este número.

O proceso de reforma dos estatutos de autonomía reformulou a cuestión da posición do Poder Xudicial respecto das comunidades autónomas desde varios puntos de vista: o cometido dos tribunais superiores de xustiza, a creación dos consellos de xustiza autonómicos e as competencias das comunidades autónomas en materia de medios persoais e materiais ao servizo da Administración de Xustiza., El proceso de reforma de los estatutos de autonomía ha replanteado la cuestión de la posición del Poder Judicial respecto de las comunidades autónomas desde varios puntos de vista: el cometido de los tribunales superiores de justicia, la creación de los consejos de justicia autonómicos y las competencias de las comunidades autónomas en materia de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia.

La situación en que se halla el ordenamiento jurídico español en materia de protección de datos es en cierto modo contradictoria, ya que existe un reconocimiento del carácter fundamental del derecho a la protección de datos y un marco jurídico que lo desarrolla, sin embargo, las regulaciones sectoriales de este derecho son insuficientes. En el ámbito público, existe una normativa que tiene implicaciones directas con el tratamiento de datos de carácter personal (DCP), alguna en fase de aprobación, que en ocasiones únicamente se remite a la LOPD, y en otras es un tanto contradictoria con dicha ley orgánica. En cualquier caso, la AEPD y los tribunales deberán ser especialmente exigentes en la aplicación de esta normativa, a fin de proteger no sólo el derecho a la autodeterminación informativa, sino más allá, la propia libertad de las personas. El sector privado requiere de una mayor atención, ya que no se halla sujeto a condicionamientos institucionales y los DCP constituyen un bien cada vez más valioso sin que el ciudadano sea siempre consciente de ello. En consecuencia, la información, formación y uso de códigos tipo son cada vez más necesarios. En definitiva, nos hallamos en el comienzo de una nueva etapa. Hay que abordar la defensa del derecho a la protección de DCP con los medios jurídicos de que se dispone y no parece suficiente ni adecuado dejar simplemente a la iniciativa privada la defensa del derecho fundamental a la protección de DCP. La solución adecuada para garantizar este derecho es tanto la intervención pública como la actuación privada, dirigiendo e impulsando la primera a la segunda Se precisan regulaciones acordadas internacionalmente que velen por una actuación coordinada en defensa del derecho a la autodeterminación informativa.

La situación en que se halla el ordenamiento jurídico español en materia de protección de datos es en cierto modo contradictoria, ya que existe un reconocimiento del carácter fundamental del derecho a la protección de datos y un marco jurídico que lo desarrolla, sin embargo, las regulaciones sectoriales de este derecho son insuficientes. En el ámbito público, existe una normativa que tiene implicaciones directas con el tratamiento de datos de carácter personal (DCP), alguna en fase de aprobación, que en ocasiones únicamente se remite a la LOPD, y en otras es un tanto contradictoria con dicha ley orgánica. En cualquier caso, la AEPD y los tribunales deberán ser especialmente exigentes en la aplicación de esta normativa, a fin de proteger no sólo el derecho a la autodeterminación informativa, sino más allá, la propia libertad de las personas. El sector privado requiere de una mayor atención, ya que no se halla sujeto a condicionamientos institucionales y los DCP constituyen un bien cada vez más valioso sin que el ciudadano sea siempre consciente de ello. En consecuencia, la información, formación y uso de códigos tipo son cada vez más necesarios. En definitiva, nos hallamos en el comienzo de una nueva etapa. Hay que abordar la defensa del derecho a la protección de DCP con los medios jurídicos de que se dispone y no parece suficiente ni adecuado dejar simplemente a la iniciativa privada la defensa del derecho fundamental a la protección de DCP. La solución adecuada para garantizar este derecho es tanto la intervención pública como la actuación privada, dirigiendo e impulsando la primera a la segunda Se precisan regulaciones acordadas internacionalmente que velen por una actuación coordinada en defensa del derecho a la autodeterminación informativa.

La situación en que se halla el ordenamiento jurídico español en materia de protección de datos es en cierto modo contradictoria, ya que existe un reconocimiento del carácter fundamental del derecho a la protección de datos y un marco jurídico que lo desarrolla, sin embargo, las regulaciones sectoriales de este derecho son insuficientes. En el ámbito público, existe una normativa que tiene implicaciones directas con el tratamiento de datos de carácter personal (DCP), alguna en fase de aprobación, que en ocasiones únicamente se remite a la LOPD, y en otras es un tanto contradictoria con dicha ley orgánica. En cualquier caso, la AEPD y los tribunales deberán ser especialmente exigentes en la aplicación de esta normativa, a fin de proteger no sólo el derecho a la autodeterminación informativa, sino más allá, la propia libertad de las personas. El sector privado requiere de una mayor atención, ya que no se halla sujeto a condicionamientos institucionales y los DCP constituyen un bien cada vez más valioso sin que el ciudadano sea siempre consciente de ello. En consecuencia, la información, formación y uso de códigos tipo son cada vez más necesarios. En definitiva, nos hallamos en el comienzo de una nueva etapa. Hay que abordar la defensa del derecho a la protección de DCP con los medios jurídicos de que se dispone y no parece suficiente ni adecuado dejar simplemente a la iniciativa privada la defensa del derecho fundamental a la protección de DCP. La solución adecuada para garantizar este derecho es tanto la intervención pública como la actuación privada, dirigiendo e impulsando la primera a la segunda Se precisan regulaciones acordadas internacionalmente que velen por una actuación coordinada en defensa del derecho a la autodeterminación informativa.

La situación en que se halla el ordenamiento jurídico español en materia de protección de datos es en cierto modo contradictoria, ya que existe un reconocimiento del carácter fundamental del derecho a la protección de datos y un marco jurídico que lo desarrolla, sin embargo, las regulaciones sectoriales de este derecho son insuficientes. En el ámbito público, existe una normativa que tiene implicaciones directas con el tratamiento de datos de carácter personal (DCP), alguna en fase de aprobación, que en ocasiones únicamente se remite a la LOPD, y en otras es un tanto contradictoria con dicha ley orgánica. En cualquier caso, la AEPD y los tribunales deberán ser especialmente exigentes en la aplicación de esta normativa, a fin de proteger no sólo el derecho a la autodeterminación informativa, sino más allá, la propia libertad de las personas. El sector privado requiere de una mayor atención, ya que no se halla sujeto a condicionamientos institucionales y los DCP constituyen un bien cada vez más valioso sin que el ciudadano sea siempre consciente de ello. En consecuencia, la información, formación y uso de códigos tipo son cada vez más necesarios. En definitiva, nos hallamos en el comienzo de una nueva etapa. Hay que abordar la defensa del derecho a la protección de DCP con los medios jurídicos de que se dispone y no parece suficiente ni adecuado dejar simplemente a la iniciativa privada la defensa del derecho fundamental a la protección de DCP. La solución adecuada para garantizar este derecho es tanto la intervención pública como la actuación privada, dirigiendo e impulsando la primera a la segunda Se precisan regulaciones acordadas internacionalmente que velen por una actuación coordinada en defensa del derecho a la autodeterminación informativa.