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Our democracy needs the legislative impulse of citizens to improve their representation. Forty years after the popular initiative law (LO 3/1984), the instrument of participation still plays a secondary role in Spain. In this way, only four initiatives have been approved in Parliament (with many changes); the causes of failure are the censored topics, and a high number of signatures required (Article 87.3 of Spanish Constitution). In fact, 37% of initiatives were declared inadmissible, and also 37% did not reach the signature limit. However, since 2011 more initiatives have been presented in Parliament. Therefore, it’s necessary to analyze this context. Received: 07.02.2023Accepted: 13.06.2023, La iniciativa legislativa popular (ILP) en España ha mantenido una eficacia muy limitada con tan sólo cuatro proposiciones adoptadas como ley en el Congreso de los Diputados. Cuarenta años después de la aprobación de la LO 3/1984 de ILP, es preciso analizar las causas que cercenan su empleo, ya que el 37% de las iniciativas resultan inadmitidas y otro 37% caduca sin reunir las firmas requeridas. La Constitución Española estipula (art. 87.3) un margen formal y material muy estrecho para el instrumento, con un requisito de firmas que dificulta el acceso de las propuestas y una exclusión de las materias propias de ley orgánica especialmente lesiva, como se comprobará. Auspiciado por la crisis económica y de confianza, desde el año 2011 se ha producido cierto repunte en la utilización del mecanismo que es preciso analizar, pues parece desmontarse parcialmente la idea extendida sobre el carácter anodino e ineficaz de la figura. Recibido: 07.02.2023Aceptado: 13.06.2023

Estudiar la iniciativa legislativa popular, a fin de presentar propuestas para el perfeccionamiento de la legislación brasileña, es la motivación de la presente tesis. Se investigaron las legislaciones españolas y de la Unión Europea buscando identificar elementos que podrían contribuir al perfeccionamiento de la legislación brasileña que trata de esta proyección del ejercicio del derecho fundamental a la participación popular en el procedimiento legislativo. Se analizaron los vínculos entre el Estado Constitucional y la democracia, así como el entrelazamiento entre el macroprincipio de la dignidad de la persona humana y los derechos políticos, bajo la perspectiva de la existencia de una crisis de la democracia en el Estado Constitucional. Se trabaja con la hipótesis de que el perfeccionamiento del sistema normativo brasileño debe tener en cuenta el modelo habermasiano de democracia deliberativa, basado en la racionalidad comunicativa fundamentada en la argumentación para alcanzar un acuerdo intersubjetivo a partir del diálogo., This Doctoral Thesis aims to investigate the constitutional and legal provisions of the popular legislative initiative in the current Constitutional States of Brazil and Spain, with the objective of, at the end, presenting proposals for the improvement of the regulations on the subject in Brazil. To this end, the starting point will be an analysis of the links between the Constitutional State and democracy, as well as the intertwining of the macro-principle of the dignity of the human person and political rights, from the perspective of the existence of a crisis of democracy in the Brazilian Constitutional State. The present research aims at the following: Identify what possible constitutional and/or legal alterations could be adopted for the improvement of the popular legislative initiative in Brazil, taking into account its aptitude to contribute, in a complementary way to representative democracy, to the increase of the quality of Brazilian democracy, in a constant feedback of the democratic flow.

The current democracy needs the legislative impulse of the citizens to improve their representation. The popular legislative initiative has played a secondary role in Colombia, Ecuador and Spain. The causes have been the questionable material limits, and a high number of signatures required (although Ecuadorian law regulates a much less demanding requirement for signatures). That limits have only allowed to approve four popular initiatives as law in the Spanish Parliament, one in Ecuador, and none in Colombia. In practice, the use of the instrument has been almost monopolized by political parties and associations., Como instrumento de democracia semidirecta, la iniciativa legislativa popular (ILP) puede enriquecer y complementar la representación, contribuyendo así al objetivo del buen gobierno. Sin embargo, la institución ha mantenido una incidencia muy reducida en la producción normativa de Colombia, Ecuador y España, en buena medida porque comparten unos requisitos formales y materiales muy exigentes para el mecanismo, si bien Ecuador regula un requisito de avales más laxo. Ello explicaría que Colombia no haya convertido ninguna ILP en ley, Ecuador sólo una y España cuatro, auspiciadas todas ellas por relevantes organizaciones sociales. Es preciso indagar en las similitudes y diferencias del instrumento en los tres países, pues su inserción constitucional ha alcanzado el rango de derecho de la ciudadanía, en buena medida auspiciado por las recientes demandas regeneracionistas.

La regulación de la iniciativa legislativa popular en el ordenamiento español sigue marcada por la desconfianza de siempre, que lleva a rodearla de restricciones a veces desmedidas con el consiguiente desaliento y frustración ciudadana. Las reformas legales, incluso las más ambiciosas en el plano autonómico, han resultado insuficientes. Convertirla en verdadera iniciativa con unos límites menos expansivos, reforzar la iniciativa vinculándola a un referéndum que le ofrezca otra oportunidad de salir adelante en los términos que fue formulada o incorporar un referéndum propositivo-aprobativo de iniciativa popular son algunos de los cambios aún posibles que se barajan y ya se conocen en otros ordenamientos. Las consecuencias de elegir una u otra opción trascienden al propio instrumento participativo, pues pueden incidir en el propio modelo democrático, perfeccionando el actual, como sería deseable, o incluso superándolo.

En el presente artículo se analiza la iniciativa que proviene de los órganos constitucionalmente legitimados para presentar proposiciones de Ley, esto es, los señalados en el art. 87 CE: Diputados, Senadores, las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y el pueblo, mediante un mínimo de 500.000 firmas acreditadas y si para la admisión y tramitación de esas iniciativas existen mecanismos de evaluación prelegislativa. Todas estas cuestiones dejando claro que no son en ningún momento iguales los sujetos a los que nuestra Constitución otorga iniciativa y eso va a quedar reflejado tanto en los requisitos formales que se les exige, como en los mecanismos de evaluación a los que se someten.

[Resumen]: Como era previsible, los detractores de la iniciativa legislativa popular de 2020, que permitía considerar como trabajadores autónomos a los transportistas al servicio de plataformas digitales, impugnaron en 2021 la constitucionalidad de dicha iniciativa, una vez convertida en Derecho positivo. La primera impugnación no prosperó, pues la Corte Suprema de California se declaró incompetente para conocer del asunto. En cambio, la segunda impugnación sí resultó exitosa, habiendo declarado una Corte californiana de primera instancia que la iniciativa popular violaba la Constitución de California. Esta historia judicial no ha terminado. En este escrito, se pronostica que el fallo de primera instancia será recurrido ante una Corte californiana de apelaciones, con resultado incierto., [Abstract]: As it was foreseeable, people contrary to the statute initiative of 2020, allowing to consider the app-based drivers as independent contractors, challenged its constitutionality once passed it into law. The first challenge did not prevail, because the Supreme Court of California declared that it did not have original jurisdiction to adjudge the case. On the contrary, the second challenge was successful, in having considered a Californian trial court that the statute initiative violated the Constitution of California. This judicial story is not over. In this work, it is predicted that the trial court judgement will be appealed before a Californian Court of Appeal, with uncertain result.

[Resumen]: Este trabajo analiza la reacción del pueblo del Estado de California contra la ley de 2019 que consideró a los repartidores basados en aplicaciones como trabajadores asalariados. Esta reacción está encarnada en la Propuesta núm. 22 de 2020, que fue aprobada en una votación por más de nueve millones de californianos. La Propuesta entrará en vigor el 1 enero 2021, [Abstract]: This work analyzes the reaction of California State people against the statute of 2019 which classified app-based drivers as salaried employees. This reaction is embodied in Proposition No. 22 of 2020, which was approved in a voting by more than nine million Californians. This Proposition will enter in force in 1 January 2021

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) fue originalmente diseñada por el filósofo y jurista austríaco Hans Kelsen (1881-1973) como un mecanismo de participación indirecta que, por una parte, permitiera a los ciudadanos expresar institucionalmente sus demandas y, por otra, facilitara a los parlamentarios conocer mejor las preferencias ciudadanas y darles respuesta. Este artículo responde a la pregunta sobre las condiciones que el mecanismo debe cumplir, centrándose en el análisis del caso colombiano: ¿cuáles son las variables que influyen sobre el desempeño de una ILP y pueden diferenciar entre un mecanismo eficiente y un «papel mojado»? Se proponen tres dimensiones: la inclusividad —quiénes y para qué pueden activar una ILP—; la accesibilidad —o facilidad de activación, referido a los requisitos procedimentales—; y la eficacia —el procedimiento parlamentario y las garantías de participación inherentes a este—. Se concluye que el diseño colombiano de la ILP previo y posterior a la reforma de 2015 sigue presentando limitaciones que explican su bajo desempeño y se proponen elementos para su modificación.

The popular legislative initiative (PLI) is an institution that has gained ground in the last 30 years in Latin America. The analysis of this institution has been shared between cons-titutional law and political theory, but the demands of the latter, based on minimalist conceptions of direct democra-cy, have distorted, in a certain way, its normative-conceptual essence. In the following work, it analyzes the popular legislative initiative from a procedural perspective, taking into account its regulation in the Constitution and in the development laws in 16 Latin American legal systems. As a result of this analysis, principles are deduced that inform its procedure and that optimize the norms that regulate it, as well as a less radical typology and more consistent with the incidence of the democratic principle in this institution., La Iniciativa legislativa popular (ILP) es una institución que ha ganado terreno en los últimos 30 años en América Latina. El análisis de esta institución se comparte entre el Derecho constitucional y la Teoría política, pero las exigencias de esta última, sobre la base de concepciones minimalistas de la democracia directa, han desvirtuado, de cierta manera, su esencia normativo-conceptual. En el siguiente trabajo se analiza la ILP desde una perspectiva procedimental, teniendo en cuenta su regulación en la Constitución y en las leyes de desarrollo en 16 ordenamientos de América Latina. Como resultado de este análisis, se deducen principios que informan su procedimiento y que optimizan las normas que la regulan, así como una tipología menos radical y más consecuente con la incidencia del principio democrático en esta institución.

La investigación persigue concretar un análisis de la iniciativa legislativa del Gobierno en México, que se examina desde las distintas aristas, bajo un nuevo equilibrio entre poderes dentro de un Congreso sin mayorías. Se estudia su evolución constitucional histórica, la elaboración de la iniciativa por parte de los órganos del Gobierno, la tramitación ante las instancias del Poder Legislativo y la relación que genera entre ambos poderes. Síntesis Se hace un análisis de la iniciativa legislativa bajo los antecedentes constitucionales de la misma, adentrándose en el estudio de la primera constitución vigente en México, que es la de Cádiz de 1812, además de la primera constitución mexicana de 1824, las leyes constitucionales centralistas de 1836 y la vuelta a los elementos federales de la Constitución de 1857. Asimismo, se analizan las figuras constitucionales dentro de la normativa vigente establecidas en la Constitución de 1917, así como en las reformas realizadas en la última época. Se examina el desarrollo y elaboración de la iniciativa legislativa del Gobierno, a través de los órganos involucrados, especialmente la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; así como las instancias de apoyo jurídico de las diversas dependencias gubernamentales, y el análisis de los dictámenes en materia del impacto presupuestario y la mejora regulatoria..., The research aims to perform an analysis of the legislative initiative of the government in Mexico, examined from different angles, under a new balance of power within Congress without majorities. Studied is the the historical constitutional development, the development of the initiative by Government bodies, the proceedings before the bodies of the legislature and the relationship generated between the two powers. Synthesis An analysis is done of the legislative initiative under the constitutional history of Mexico, into the study of the first constitution in force, that being Cadiz in 1812. Additionally analyzed is the first Mexican constitution of 1824, the constitutional laws of 1836 and the federal elements of the Constitution of 1857. Lastly studied are the constitutional figures within the current regulations established in the Constitution of 1917 as well as reforms in the last period. Examined are the the development and production of the legislative initiative of the government through the organs involved, in particular the Interior Ministry and the Legal Counsel of the Federal Executive. Further studied are instances of legal support of various government agencies under review in addition to analysis opinions on the budget impact and regulatory reform. Once the project by law is carried out by the Government, the parliamentary process is studied as well as how to get involved in organizations such as the conference of legislative work of the Chamber of Deputies, the board policy coordination and work within the legislative committees...

[ES] El artículo distingue y analiza dos generaciones de legislaciones autonómicas sobre la iniciativa legislativa popular. La primera de estas generaciones normativas, que daría comienzo en el año 1984, se caracteriza por configurar dicha institución de forma muy restrictiva y trajo como consecuencia su inoperatividad. En la segunda generación, en cambio, que se iniciaría en el año 2006, se facilita la participación ciudadana en el ámbito legislativo a través de la iniciativa popular. El trabajo también estudia el caso concreto de la Comunitat Valenciana y su normativa relativa a la iniciativa legislativa popular, encuadrable todavía en las legislaciones autonómicas de la primera generación., [EN] The article distinguishes and analyzes two generations of regional laws on popular legislative initiative. The first of these regulations generations, which would begin in 1984, is characterized by that institution set very narrowly and resulted in its inoperability. In the second generation, however, which would begin in 2006, citizen participation in the legislative sphere through the popular initiative is facilitated. The work also studies the specific case of Valencian Community and its rules on the popular legislative initiative, which can still be included among the regional laws of the first generation