Rebelión (Delito de)

El delito de rebelión se erige como principal figura jurídico-penal para la protección del sistema constitucional. Ello implica la exigencia de una conducta de lesividad máxima que exprese un intento no sólo ilegal sino violento contra dicho sistema, dado que la Constitución permite su propia reforma íntegra. La acotación del término “violencia” mediante una interpretación literal, teleológica y sistemática obliga a exigir del alzamiento público que sustantiviza la conducta típica del delito de rebelión una idoneidad para la ruptura del sistema constitucional que está lejos de acreditarse en el “Procés” independentista catalán (STS 459/2019). Ello concuerda con la falta de declaración del estado de sitio, auténtico “alter” de la rebelión no sólo en la legislación vigente sino a lo largo de toda la historia española contemporánea.