Juntas Cantonales de Protección de Derechos en Manabí: análisis de la situación actual

The Cantonal Board for the Protection of Rights (JCPD) is a body funded by the Decentralized Autonomous Governments for the protection of rights. The JCPDs are part of the comprehensive rights protection system and are responsible for the protection, defense, enforceability and restitution of rights to victims of violations at the local level. The boards play a fundamental role because they help victims of violence to rebuild their dignity, confidence, security and life project. This paper describes the current situation of the JCPD in the province of Manabí. In this study, a survey was used to identify aspects of the formation and organization of the boards, as well as participant observation to analyze their performance. The boards are severely limited by different weaknesses detected, among them, non-compliance with competencies attributed in the national legal regulations, lack of necessary infrastructure, lack of specific budget and others.
Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos (JCPD) son organismos financiados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la protección de los derechos. Las JCPD son parte del sistema integral de protección de derechos y son responsables de la protección, defensa, exigibilidad y restitución de derechos a personas víctimas de vulneraciones, a escala local. Las juntas cumplen un rol fundamental porque contribuyen a que las víctimas de violencia puedan reconstruir su dignidad, confianza, seguridad y proyecto de vida, como lo menciona el Manual didáctico para la protección de derechos de las JCPD. El presente trabajo describe la situación actual de las JCPD en la provincia de Manabí. En este estudio se utilizó una encuesta para identificar aspectos sobre la conformación y organización de las juntas, así como la observación participante para el análisis de la actuación de las mismas. Las juntas se encuentran severamente limitadas por diferentes debilidades detectadas, entre ellas, el incumplimiento de competencias atribuidas en la normativa legal nacional, carencia de infraestructura necesaria, falta de presupuesto específico y entre otras.