Responsabilidad Social Organizacional, Estado Colombiano y Post-acuerdo

La Responsabilidad Social Organizacional (RSO) constituye una herramienta que puede servir para la actividad estatal. En efecto, la RSO tiende un puente entre el mundo organizacional –incluido el mundo de los negocios- y la sociedad. Tan importante labor no puede ser dejada a un libre juego donde hay evidentes desigualdades entre las partes. Es por ello, que la intervención estatal contribuye a que se atenúen las asimetrías entre los implicados, y consigue crear o consolidar valores sociales que se difunden y cimientan la estructura de la sociedad. El presente escrito es un resultado de investigación y tiene como objetivo proponer formas de intervención estatal en la ejecución de la RSO. De esta manera, se vincula con la invitación del Senado de la República a publicar textos que pudieran resultar importantes para su ejercicio. Este trabajo inicia con la discusión sobre la cobertura que tiene el término RSO; continúa con la disertación respecto de la voluntariedad en la asunción de la RSO y, concomitantemente, del punto a partir del cual se justifica la intervención del Estado en la regulación de la RSO. Con este panorama establecido, el texto se adentra en la relación entre las Políticas Públicas (PP) y la RSO. En este punto, concluye lo que podría considerarse la fundamentación teórica del texto. Acto seguido, aparece la presentación de tres investigaciones relativas al tema. Una de ellas, enfocada en la preparación de una empresa para el post-acuerdo, la siguiente en la industria cultural y la última en una organización de beneficio social. Al final, se plantea una discusión de los temas. El trabajo se adelantó bajo la metodología hermenéutica e incluyeron revisión documental y entrevistas. En general, puede afirmarse que la RSO aún se encuentra en proceso de construcción. De esta forma, persisten imprecisiones sobre la manera en que debe ser implementada y los alcances de sus acciones, lo que permite que los desmedros de las condiciones laborales se hagan especialmente frecuentes. Una intervención a la RSO, obligatoriamente, debe empezar por corregir esta anomalía en particular. Bajo el supuesto según el cual cada actor social va tras la defensa de su propio interés, le corresponde al Estado dilucidar aquellas imprecisiones. De esta manera, también reafirmaría, de forma poco intrusiva, su poder de gobierno.