Política pública criminal de la Fiscalía General de la Nación en crímenes competencia de la Corte Penal Internacional, lucha contra la impunidad como garantía de no repetición

Este trabajo presenta una reflexión sobre el nivel de respuesta que ha brindado y/o está en capacidad de brindar la Fiscalía General de la Nación en torno a la investigación de ejecuciones extrajudiciales en modalidad de “falsos positivos”, desplazamiento forzado y violencia sexual y violencia basada en género en contra de la población civil, ocurridos en el país en el periodo comprendido entre los años 2017 y 2020. Esto es, luego de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Tomando en consideración que tales conductas conforman el núcleo del examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Colombia desde el año 2004. Para ello se estudia, en primer lugar, la relación entre la noción de impunidad y la obligación internacional de investigar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y en segundo lugar, las características dispuestas por la política pública criminal de la Fiscalía para dar respuesta a este fenómeno a partir de su revisión en abstracto y mediante casos determinados y concretos. Posteriormente, se evalúa la política pública criminal e identifican las deficiencias presentes tanto a nivel estructural como de aplicación. Y finalmente se precisan propuestas al respecto que tienen por objeto contribuir a que las labores que desarrolla la Fiscalía General de la Nación en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 251 de la Carta Política de 1991 constituyan una verdadera garantía de no repetición de los elevados niveles de impunidad en la investigación de violaciones a los derechos humanos. This paper presents a reflection on the level of response that the Office of the Attorney General has provided and/or is able to provide regarding the investigation of extrajudicial killings "false positives", forced displacement and sexual and gender-based violence against the civilian population, which occurred in the country in the period between 2017 and 2020. That is, after the signing of the Final Peace Agreement between the Colombian government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia - People's Army (FARC-EP). Taking into consideration that such conducts form the core of the preliminary examination that the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court in Colombia has been conducting since 2004. To this end, firstly, the relationship between the notion of impunity and the international obligation to investigate serious human rights violations and breaches of International Humanitarian Law is studied, and secondly, the characteristics established by the public criminal policy of the Office of the Attorney General to respond to this phenomenon based on its review in the abstract and through specific and concrete cases. Subsequently, the public criminal policy is evaluated, and deficiencies are identified, both at the structural and application levels. And finally, proposals are made in this regard that aim to contribute to ensure that the work carried out by the Office of the Attorney General in compliance with the provisions of Article 251 of the Political Constitution of 1991 constitute a true guarantee of non-repetition of the high levels of impunity in the investigation of human rights violations. Maestría Magíster en Derechos Humanos y Democratización