La estabilidad laboral de los empleados públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera administrativa

La Constitución de 1991 concibió el régimen de carrera administrativa como un principio constitucional que busca la correcta administración del personal al servicio de Estado, sistema que debe ser impulsado bajo los principios del mérito, la igualdad y la imparcialidad, exigiendo el cumplimiento de ciertos requisitos y calidades para el desempeño de sus cargos, estableciendo por regla general la carrera administrativa y excepcionalmente la provisión de empleos estatales con funcionarios que no pertenecen a la misma, además, erradicando toda forma de valoración para el ingreso y asenso que contravenga su propia esencia. La misma Constitución instituyó al Estado colombiano como un Estado democrático, en el que, el concepto de democracia debe enfocarse en la interpretación del ejercicio del poder público, consecuente con la determinación y análisis de quienes lo desarrollan, y su sustento jurídico debe ser acorde con el desarrollo del principio de igualdad, es por ello que, el régimen de carrera como regla general ha sido levantado bajo los cimientos del mérito y de la igualdad de oportunidades para su ingreso, no obstante, con el desarrollo legislativo de las normas constitucionales, el régimen de carrera administrativa se ha visto avocado a contemplar normatividad que permita que los empleos públicos sean desempeñados por servidores públicos nombrados en provisionalidad, desdibujándose con ello el principio de la meritocracia. Es así, como éste documento, surge con la naciente idea de entender al Estado Colombiano como una organización que ha tenido la necesidad de unificar y establecer reglas de la administración del Talento Humano, ya que es el más grande empleador en el país, que propende por una buena prestación del servicio a sus asociados, y que para ello, necesita personal calificado y capacitado, que garanticen la atención de responsabilidades estatales, y por ende, la garantía del cumplimiento de sus fines propios establecidos constitucionalmente.