El Ingreso Mínimo Vital como reacción ante la crisis del Estado Social de Derecho

The Minimum Vital Income, introduced by a Royal Decree-Law 20/2020 of 29th May, is established within the framework of the social formula of the State of Law, a guiding principle of our Constitution, at a certainly critical moment, given the emergence of sceptical groups regarding the practical efficacy of the social character, exacerbated by the negative consequences of the Coronavirus pandemic. The truth is that, at a time when public benefits are inexorably necessary, the Minimum Vital Income, formulated under Article 41 of the Spanish Constitution, has been projected as a containment dyke that reveals the strength of the social clause. However, this allowance is not free of critics, mainly due to the lack of jurisdictional guarantees that would enable the later to display all the effects with which it was initially configured. El Ingreso Mínimo Vital, introducido por el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, se instaura en el marco de la fórmula social del Estado de Derecho, principio rector de nuestra Carta Magna, en un momento ciertamente crítico dado el advenimiento de voces escépticas en torno a la eficacia práctica de este postulado social agudizadas, por las consecuencias negativas que la pandemia del Coronavirus ha suscitado. Lo cierto es que, en un momento en el que las prestaciones públicas son inexorablemente necesarias el Ingreso Mínimo Vital, formulado al amparo del artículo 41 de la Constitución Española,se ha proyectado como dique de contención que manifiesta la vigencia de la cláusula social. Con todo, esta prestación no está desprovista de críticas relativas, fundamentalmente, a la falta de garantías jurisdiccionales que le permitan desplegar la totalidad de los efectos con los que inicialmente fue configurada.