Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de 12 de septiembre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José Ramón Chaves García).

Una comunidad de propietarios solicitó en su día copia del proyecto LIFE BIOBALE al ayuntamiento de Navia (Principado de Asturias). LIFE BIOBALE, según la información consultada en la página web creada al efecto de darlo a conocer, es un «proyecto europeo basado en el diseño y construcción de una planta demostradora de cogeneración, enmarcado dentro del programa LIFE+ de Medioambiente, cambio climático y energía, cuyo principal objetivo es mejorar la protección del medioambiente reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero». El presupuesto total de este proyecto es de 1.744.893 euros, siendo que 872.444 euros provendrían de financiación comunitaria. Hay que tener en cuenta que dicho proyecto se enmarca dentro del procedimiento de autorización de actividad clasificada, al parecer en parcela cercana a la comunidad de propietarios, lo que justificaría dicha petición de información. Después de que el ayuntamiento denegara la información solicitada, la comunidad de propietarios recurrió en el orden contencioso-administrativo tal circunstancia. Recurso que fue resuelto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo con fecha de 22 de marzo de 2017, reconociendo el derecho de tal comunidad a que el ayuntamiento de Navia le entregase copia íntegra del proyecto LIFE BIOBALE. Se alza dicho ayuntamiento apelando el fallo de instancia y dando pie a la sentencia objeto de análisis. Pues bien, el recurso de apelación interpuesto se basa fundamentalmente en el amparo de la propiedad intelectual del documento, para fundamentar la negativa a su entrega, advirtiendo que en su día el promotor de la actividad ya había indicado que el proyecto se cimentaba en tecnología innovadora calificándola de confidencial para preservar los procesos de patentabilidad. Finalmente cita los la infracción del artículo 37 de la, entonces vigente, Ley 30/1992, y el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la cual establece límites al derecho de acceso cuando puede suponer un perjuicio para los intereses económicos y comerciales, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. Por último, aduce el artículo 13.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, de acceso a información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que imponen la confidencialidad si está prevista en norma con rango de Ley. La Sala en el fallo analizado, examina la contraposición entre el derecho de propiedad intelectual e industrial y el derecho a conocer los documentos obrantes en un expediente administrativo, siendo que la tutela del primero se relajaría ante el segundo. De esta manera, desestima el recurso de apelación interpuesto por el ayuntamiento y confirma la sentencia de instancia que obligaba a la entrega de la documentación solicitada por la comunidad de propietarios. [ABSTRACT FROM AUTHOR]