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Trabajo acerca del uso de particulares como agentes encubiertos en investigaciones judiciales por parte de la fiscalía, la constitucionalidad que reviste dicha figura a la luz de la normativa vigente, teniendo en cuenta que la investigación criminal es una responsabilidad del Estado para el cumplimiento de sus fines (seguridad y justicia), el particular se ve abocado a desplegar, muchas veces, funciones públicas sin que actualmente exista un marco legal que regule su actuación, tal como lo exige nuestra constitución política. Se aborda temas como los principios que involucra estas operaciones secretas, sobre qué tipo de estructuras criminales y a partir del desarrollo de ciertos tipos penales; tales principios obedecen a la legalidad, subsidiariedad, especialidad, control judicial y proporcionalidad. Se hace una recopilación sobre los requisitos que deben ser exigibles a cualquier particular que sea empleado como agente encubierto, dichos requerimientos (voluntad, capacidad técnica, capacitación legal, preparación psicológica y experiencia) deben ser preferiblemente valorados antes de su designación ante un juez de control y de ser el caso ser reforzados de forma tal que se garantice la mayor protección posible sobre la vida del agente y terceros. Work on the use of individuals as undercover agents in judicial investigations by the prosecution, the constitutionality of said figure in light of current regulations, taking into account that the criminal investigation is a responsibility of the State for the fulfillment of its purposes (security and justice), the individual is forced to perform, many times, public functions without currently having a legal framework that regulates their actions, as required by our political constitution. Issues such as the principles involved in these secret operations are addressed, on what type of criminal structures and from the development of certain criminal types; Such principles obey legality, subsidiarity, specialty, judicial control and proportionality. A compilation is made of the requirements that must be required of any individual who is employed as an undercover agent, said requirements (will, technical capacity, legal training, psychological preparation and experience) should preferably be assessed before their appointment before a control judge and, if applicable, be reinforced in such a way as to guarantee the greatest possible protection over the life of the agent and third parties. Maestría Magíster en justicia y tutela de los derechos con énfasis en ciencias penales y criminológicas

Este artículo plantea la efectividad de la vigilancia a las cosas como actividad investigativa a partir de la vigencia de la Ley 906 del 2004 (Código de Procedimiento Penal), en aras de obtener elementos materiales probatorios, información o evidencia física importante en el desarrollo de la facultad constitucional dada a la Fiscalía General de la Nación de investigar los hechos de connotación delictual (bajo los criterios de seguridad jurídica propios de un Estado Social de Derecho) y como instrumento valioso en la lucha contra el crimen organizado. Por tanto, en este documento se analizan las bondades y dificultades que se dan en su aplicación, buscando contar con mayores razones que sustentan su existencia y la pertinencia de optar por la misma. Para ello se toman fuentes teóricas de diferentes autores y jurisprudenciales, a partir de la revisión de sentencias de la Corte Constitucional, principalmente. Por último, se plantean varias conclusiones dentro de las cuales se resalta que la vigilancia de cosas puede ser un inicio importante en la búsqueda de la verdad y la obtención de elementos materiales probatorios en aquellos delitos que, por su estructura, exigen un esfuerzo investigativo adicional. This article discusses the effectiveness of monitoring things like research activity from the effective date of Law 906 of 2004 (Code of Criminal Procedure), in order to obtain material evidence, information or important physical evidence in the development of the constitutional power given to the Attorney General's Office to investigate the facts of tort connotation (under the criteria of legal certainty typical of a rule of law) and as a valuable tool in the fight against organized crime. Therefore, in this paper the advantages and difficulties encountered in implementation are discussed, seeking to have more reasons behind its existence and relevance of opting for the same. For this theoretical sources from different authors and case law, they are taken from the review of decisions of the Constitutional Court, mainly. Finally, conclusions within which it highlights things that monitoring can be an important start in the search for truth and obtaining material evidence in those crimes by their structure, require an additional research effort arise.

El objetivo del informe general es realizar un análisis comparativo de los informes nacionales para evidenciar los procesos de transformación de los sistemas nacionales de justicia penal, en particular del proceso penal, en el que se han introducido medidas procesales especiales para hacer frente al terrorismo y al crimen organizado, y determinar si esto ha llevado a los países a apartarse de sus propias normas fundamentales, procedimientos, principios y estándares de derechos humanos aplicables. Partiendo de la premisa de que el sistema integrado de derecho penal tiene tres dimensiones – la protección de las personas (la dimensión de escudo), la disposición de instrumentos de aplicación de la ley (la dimensión de la espada) y de pesos y contrapesos / trias politica (la dimensión constitucional) – el informe ofrece un panorama general de las transformaciones relacionadas entre sí, principalmente en la fase previa al juicio, que han afectado a tales dimensiones como consecuencia de tres oleadas de ‘guerras’ (contra las drogas, el crimen organizado y el terrorismo). En muchos países, las garantías procesales y los principios que protegen frente a violaciones del derecho a un juicio justo son considerados una carga para la eficacia de la persecución de los delitos graves. Estas reformas han dado lugar a una clara expansión del estado punitivo y a que queden difuminadas las distinciones clásicas, y no favorecen al estado de derecho. El actuar centrado en la seguridad pública y en la investigación coactiva preventiva socava el sistema de justicia penal. Con un sistema de justicia penal utilizado crecientemente como instrumento para regular el presente y/o el futuro en lugar de para castigar el comportamiento pasado, y un proceso penal en el que la investigación previa al juicio no se dirige a conocer la verdad en relación con el delito cometido, sino a la construcción y de-construcción de la peligrosidad social, los intereses de la seguridad nacional puede decirse que prevalecen sobre la justicia y pueden constituir una amenaza para el debido proceso y la protección de los derechos humanos – a pesar de que los principios generales del procedimiento penal parecen haber adquirido mayor importancia en los países que presentaron informes, también cuando se trata del crimen organizado y el terrorismo, y están diseñados para ajustarse a la Constitución y las normas de derechos humanos.