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El principio de integración, consagrado en el artículo 2 del código penal colombiano, junto con la interpretación de lo que se conoce como bloque de constitucionalidad penal, abrió la puerta...

The purpose of this essay is to account for the control that the Constitutional Court performs over the laws that approve international treaties dealing with human rights, with special emphasis on criminal matters. According to Article 93 of Constitution, this control is a requirement for the inclusion of foreign law into the compendium of domestic legislation, giving prevalence to the role of human dignity. For this, the role of constitutional jurisdiction in Colombia in the construction of a criminal policy will be examined, from its creation in 1991 until the enforcement of the Criminal Code in 2000. Said policy, in the form of guidelines and limits, has shaped the actions of both the legislative and executive powers regarding crime prevention and control., Este artigo pretende explicar a fiscalização pelo Tribunal Constitucional às leis que aprovam os tratados internacionais relativos aos direitos humanos, com inci-dência especial em matéria penal. Em conformidade com o artigo 93º do estatuto acima, este controle é um requisito para a inclusão de compêndio legislação externa de normas legais nacionais e, ao mesmo o papel da dignidade humana no processo de integração é destacada. Para isso, o papel da jurisdição constitucional na Colômbia-desde a sua criação, em 1991, será determinado, até a emissão do Código Penal em 2000 na construção de uma política criminosa que, por meio de diretrizes e limites, delineou tanto as ações de legislador e do executivo contra a prevenção eo controlo da criminalidade., En este artículo se propone dar cuenta del control que realiza la Corte Constitucional a las leyes aprobatorias de tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, con especial incidencia en materia penal. De conformidad con el artículo 93 del estatuto superior, este control es un requisito para la inserción de la legislación externa al compendio de la normatividad jurídica interna y en el mismo se resalta el papel de la dignidad humana en el proceso de integración. Para ello se determinará el rol de la jurisdicción constitucional en Colombia –desde su creación en 1991, hasta la expedición del Código Penal en 2000– en la construcción de una política criminal que, a manera de directrices y límites, ha perfilado tanto el accionar del legislador como el del Ejecutivo frente a la prevención y control del delito.

The integration principle has been one of the multiple tools in which the ideals of Criminal law’s expansion have been supported to justify its proceeding; however, this principle obeys the need of reduce punitive power, more than a reason to expand the C, El principio de integración ha sido una de las múltiples herramientas en que se han apoyado los ideales de expansión del derecho penal para justificar su proceder; sin embargo, dicho principio obedece a la necesidad de acotar el poder punitivo, más que a

Con el advenimiento de la Constitución de 1991, el constituyente pretendió inscribir el sistema jurídico colombiano dentro de la órbita personalista, la que pugna por la protección del ser humano como el fin en si mismo del ordenamiento normativo y no como su instrumento de consolidación, lo que se aleja de los ideales totalitarios que en el pasado le hicieron tanto daño a la humanidad, pues el Estado, sin límites, absorbió a la sociedad a través de todas sus manifestaciones, principalmente, la punitiva; y, de paso, esa idea se acopla con la filosofía a la que incitan la gran mayoría de instrumentos internacionales., 43 p., Contenido parcial: El entendido constitucional y penal del bloque de constitucionalidad en la doctrina y jurisprudencia colombiana -- La internacionalización del derecho penal y la posición asumida por los órganos judiciales de cierre en Colombia frente a esa tendencia.

The integration principle, enshrined in article 2 of the Colombian criminal code, along with the interpretation of what is known as the criminal constitutional block, opened the door for human rights norms that had been and is still produced in different, El principio de integración, consagrado en el artículo 2 del código penal colombiano, junto con la interpretación de lo que se conoce como bloque de constitucionalidad penal, abrió la puerta de entrada a la normatividad que sobre derechos humanos se había

El principio de integración, tal y como fue inicialmente concebido por la UE, se define como la incorporación del componente medioambiental a todas aquellas políticas con efectos negativos sobre el entorno, siendo su principal objetivo mejorar los rendimientos de la política de protección del medio ambiente a nivel comunitario. Posteriormente, este mismo principio se ha vinculado a la estrategia europea de desarrollo sostenible (DS), que propugna la compatibilidad entre crecimiento económico, conservación del medio físico y bienestar social. La vinculación del principio de integración al DS se ha traducido en lo que podría denominarse una «versión ampliada» (u horizontal) del mismo, que aspira a impregnar el proceso político vinculado al programa de sostenibilidad1 en su totalidad, desde la etapa inicial de formación de agenda hasta la etapa final de evaluación de resultados, frente a la inicial «versión restringida» (o vertical), que se centraba meramente en la aplicación de criterios medioambientales al funcionamiento de determinados organismos públicos. Como la teórica armonía que se proclama con respecto a los tres elementos que componen el DS es falsa, el principal problema de esta versión ampliada es que oculta los importantísimos conflictos de interés que se producen cuando se intenta llevar el DS a la práctica. La difícil aplicabilidad de la sostenibilidad se refleja, entre otras cosas, tanto en que la dimensión horizontal del principio de integración, plasmada en las estrategias de DS que han elaborado o todavía están elaborando muchos países de la OCDE, no ha sido (o sólo insuficientemente) desarrollada, como en que la dimensión vertical se ha consolidado más en el nivel retórico-formal de la política que en el sustantivo., The integration principle was initially conceived by the EU as the incorporation of environmental concerns into those policies with harmful effects on the environment, its main aim being the improvement of Community environmental policy. Later on, the same principle has been linked to the European Strategy of Sustainable Development (SD) which advocates the compatibility between economic growth, environmental conservation and social welfare. This connection has reflected itself in a «global version» (horizontal) of the principle, in the sense that the sustainability programme aspires now to influence the entire political process, from its early stage of agenda-setting to the final stage of policy assessment, in contrast with the «narrow version» (vertical) which simply revolved around the need to apply environmental criteria to the working of certain public agencies. The main problem of the global version is that it blurrs the crucial conflicts of interest that are brought about when SD is put into practice. This is so because the theoretical harmony between the three different pillars which compose SD is false. The low political feasibility of SD can be seen in the insufficient development of the horizontal dimension of the integration principle, as shown by the national strategies of SD which are underway in the OECD, and also in the fact that the vertical dimension of the principle is adhered to in a rather rethorical way, Depto. de Sociología Aplicada, Fac. de Ciencias Políticas y Sociología, TRUE, pub