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Se evaluó la calidad de las aguas subterráneas del sector noroeste del Valle del Cauto mediante sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas para consumo humano. La clasificación se realizó según las normas cubanas NC 827:2017, NC 1021:2014 y la norma de la Organización Mundial de la Salud (2006). En las aguas analizadas predomina la clasificación química Hidrocarbonatadas-sódicas-tipo 3. Según la mineralización las aguas predominantes son poco salinizadas; por su pH las aguas que predominan son de tipo débilmente básicas y neutras; según la dureza la mayor parte de las aguas son muy duras; por el grado de contaminación salina se clasifican de aguas ligeramente contaminadas; y por el índice de salinidad marina los acuíferos son débilmente salinizados.

Se formula una propuesta hermenéutica referente a la regulación de los proyectos de inversión con efectos o potenciales efectos sobre comunidades indígenas. Esta propuesta sistematiza estándares de cumplimiento y enfoques culturalmente pertinentes, conforme el derecho humano al medio ambiente sano y el derecho humano a la identidad cultural, articulando las fuentes desde los niveles internacional y regional interamericano, para la protección de comunidades indígenas y respectivos territorios ambientalmente relevantes. Con base en dicha propuesta, se realiza un análisis crítico de jurisprudencia chilena en materia ambiental (competencia técnica ambiental o constitucional). Luego, se identifican brechas de cumplimiento, de origen regulatorio o interpretativo judicial, en la protección de comunidades indígenas, frente a los proyectos de inversión, conforme los referidos a estándares de contenidos en la propuesta. El estudio se focaliza en proyectos de inversión y sus efectos sobre los “intangibles culturales indígenas”, como bienes jurídicos protegidos a la luz de los derechos humanos indicados. Así, en el epígrafe 1), se estudia el derecho humano a la identidad cultural y el derecho humano al medio ambiente sano; en el epígrafe 2) se revisa el marco normativo doméstico pertinente a la evaluación ambiental; en el epígrafe 3) se formula una propuesta hermenéutica cautelar ambiental e intercultural; en el 4) se estudia críticamente la jurisprudencia ambiental local a partir de la propuesta formulada.

The research contrasts two scenarios of analysis (2017-2018 and 2020-2021) of the materials of heritage architecture in consolidated urban contexts based on the case of the Historic Center of Cuenca (Ecuador); the first, from the architectural and environmental and anthropic incidence in 35 heritage facades, and the second evaluating changes in the interaction of variables through four control points and limiting the parameter of citizen perception. The study included bibliographic analysis, application of architectural cards, simple quantification matrices, environmental valuation matrices and descriptive survey of citizen perception. In the two scenarios, the affected materials (travertine, wood, brick and mortar) coincide in representativeness and degree of deterioration due to environmental contamination, precipitation, solar radiation, relative humidity and anthropic activity. In turn, 92 % of the population identifies only aesthetic features, while subordinating pathological processes, which hinders the conservation and enjoyment of heritage. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El artículo contrapone dos escenarios de análisis (2017-2018 y 2020-2021) de los materiales de la arquitectura patrimonial en contextos urbanos consolidados a partir del caso del Centro Histórico de Cuenca (Ecuador); el primero, desde lo arquitectónico e incidencias ambientales y antrópicas en 35 fachadas patrimoniales, y, el segundo valorando cambios en la interacción de las variables mediante cuatro puntos de control y acotando el parámetro de percepción ciudadana. Se incluyó análisis bibliográfico, aplicación de fichas arquitectónicas, matrices de cuantificación simple y valoración ambiental, y una encuesta descriptiva de percepción ciudadana. En los dos escenarios, los materiales afectados (travertino, madera, ladrillo y morteros) coinciden en representatividad y grado de deterioro por efecto de la contaminación ambiental, precipitación, radiación solar, humedad relativa y actividad antrópica. A su vez, el 92 % de la población identifica únicamente rasgos estéticos, mientras subordina los procesos patológicos, lo cual dificulta la conservación y el disfrute del patrimonio.

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Antarctic specially protected areas (ASPAs) are a key regulatory mechanism for protecting Antarctic environmental values. Previous evaluations of the effectiveness of the ASPA system focused on its representativeness and design characteristics, presenting a compelling rationale for its systematic revision. Upgrading the system could increase the representation of values within ASPAs, but representation alone does not guarantee the avoided loss or improvement of those values. Identifying factors that influence the effectiveness of ASPAs would inform the design and management of an ASPA system with the greatest capacity to deliver its intended conservation outcomes. To facilitate evaluations of ASPA effectiveness, we devised a research and policy agenda that includes articulating a theory of change for what outcomes ASPAs generate and how; building evaluation principles into ASPA design and designation processes; employing complementary approaches to evaluate multiple dimensions of effectiveness; and extending evaluation findings to identify and exploit drivers of positive conservation impact. Implementing these approaches will enhance the efficacy of ASPAs as a management tool, potentially leading to improved outcomes for Antarctic natural values in an era of rapid global change. Evaluación del impacto de conservación de las áreas protegidas de la Antártida [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The Court of Justice of the European Union has ruled that the Master Plan of a residential housing construction project in Dublin should only be subject to a strategic environmental assessment if it is linked to the competent authority to authorize the project. In addition, the Environmental Impact Assessment Directive is compatible with national regulations that require increasing the height of buildings in urban development projects. The judgment also establishes that the concept of "plans and programs" in Directive 2001/42 includes not only the preparation but also the modification of plans and programs, with the aim of ensuring the environmental assessment of provisions that may have significant effects on the environment. Furthermore, acts that allow for exceptions to certain elements of the project authorization framework must also undergo an environmental assessment. [Extracted from the article]

En los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) intervienen una variedad de actores que, a través de su discurso, evidencian una serie de diferencias en la manera cómo se concibe el ambiente. El presente artículo analiza los discursos y semióticas de la EIA, y en ellos el contraste y asimetrías que se observan en las formas de conocimiento y lenguajes de los actores involucrados en esos procesos. Se maneja como hipótesis que los conocimientos ambientales, en el contexto de eia, deben ser abordados como el despliegue simultáneo y articulado de estructuras semióticas complejas que construyen formas diferenciadas y asimétricas de concepción del ambiente. El artículo es el resultado de un estudio de caso en un proyecto hidroeléctrico emblemático en Chile, con metodologías cualitativas y análisis del discurso de los actores involucrados. Los resultados indican que el discurso institucional es autorreferente en el espacio jurídico y el impacto ambiental queda definido normativa y no sustantivamente. El discurso empresarial, por su parte, pone énfasis en la finalidad del desarrollo socioeconómico. Los funcionarios ambientales se centran en evaluar y fiscalizar, mientras los científicos se enfocan en proteger la salud y el medio ambiente. Por su parte, desde códigos restringidos, el discurso de las comunidades y actores locales declara como objetivo cuidar el hábitat y salvaguardar el futuro de “nuestros hijos”. No solo se observan asimetrías de lenguaje y de información sino también en la forma y el contenido de los discursos, en sus códigos. Incluso, la predominancia de códigos regulatorios por sobre los códigos de lenguajes de conocimientos tácitos y holísticos acerca del ambiente, en los procesos de evaluación ambiental, genera sesgos que limitan la evaluación ambiental y la participación ciudadana. El objeto de este trabajo ha sido contribuir a comprender cómo se configuran estos discursos, a través del relato de los principales actores involucrados, considerando la semántica del lenguaje a través de un análisis semiótico y sociológico.

Las comunidades de la infauna (macro- and meiobentos) y varios factores abióticos fueron muestreados en cuatro estaciones en la Bahía de La Habana, Cuba, en junio del 2006. Una comparación de concentración de contaminantes con valores de referencia indicó que la bahía está fuertemente contaminada. Varios tipos de contaminantes (hidrocarburos del petróleo, metales pesados y pesticidas organoclorados) fueron detectados en los sedimentos y se registró eutrofización en el agua. Existieron diferencias en la naturaleza de la contaminación entre las ensenadas: las más contaminadas fueron Marimelena, fundamentalmente por metales de origen industrial (Cr, Co, Mn, Ni, V) y Atarés, principalmente por metales de origen urbano (Pb y Zn) y enriquecimiento orgánico. Las comunidades de la infauna estuvieron fuertemente impactadas en el número de taxa y la densidad; y una defaunación casi total ocurrió en la ensenada más impactada. Solo especies de nemátodos marinos de vida libre tolerantes a la contaminación (Sabatieria pulchra, Terschellingia longicaudata, and Parodontophora xenotricha) estuvieron presentes en muy bajas densidades en los sedimentos. La explicación más plausible de estos resultados es los efectos de la contaminación sobre la infauna. El régimen hidrodinámico aparentemente modula los efectos de la contaminación sobre las comunidades de nemátodos en el canal de entrada de la bahía por aumentar la cantidad de micro-hábitat disponible y/o facilitar los procesos de colonización.

In this sentence from the Superior Court of Justice of Madrid, the Partial Plan and the Special Infrastructure Plan of Sector S-1 "Los Carriles" of the Urban Development Plan (PGOU) of Alcobendas are challenged. The appellant, "Ecologistas en Acción Madrid-AEDENAT", requests the annulment of the challenged agreements and the restoration of the situation prior to their execution. The Court dismisses the arguments of the appellant, stating that the revision of the PGOU was timely and necessary, and that the demographic projection and the environmental assessment were adequate. The sentence declares the nullity of the plans due to a defective environmental assessment and the lack of consideration of an alternative to the undergrounding of high-voltage power lines. [Extracted from the article]

En este trabajo se presentan las principales características de tres tipos de vivienda rural (considerando sus materiales y su tipología estructural), del municipio de Yajalón (Chiapas), y se realiza su valoración ambiental, por medio de un análisis emergético por insumos. Se hicieron 30 visitas de campo, a fin de recabar la información necesaria para llevar a cabo este estudio. Además de esta información, se utilizaron el catálogo de conceptos de obra, y los gastos de mantenimiento y operación para obtener, mediante la eMergía, los índices emergéticos correspondientes y de esta manera determinar la sostenibilidad de estas viviendas.

Los rellenos sanitarios actualmente constituyen una alternativa viable para la gestión de residuos, sin embargo, la mayoría de los calificados como tal no cumplen las especificaciones técnicas requeridas, lo que ha generado impactos al medio, y es motivo de preocupación internacional. La evaluación ambiental es una herramienta de protección que responde a tal problemática y surge a finales de los años 60, es asumida como instrumento y metodología para la ejecución de los estudios ambientales, acorde a la utilización de una escala de parámetros o indicadores, que no se incorporan a los vertederos. Por tal razón, a partir del empleo de un conjunto de métodos de investigación del nivel teórico, empírico y estadístico se diseña un procedimiento para la evaluación ambiental del ciclo de vida de dichas instalaciones, a partir de la integración coherente de indicadores ambientales de la normativa alemana para sitios de disposición final y de la Norma Cubana NC 135:2002 que permita la toma de decisiones oportunas. La propuesta contemplada en este artículo se fundamenta en una serie de concepciones teórico - metodológicas desde dimensiones ambiental, institucional, participativa, legal y económica, que posibilita contar con una herramienta de evaluación. Esta propuesta está integrada por tres fases y ocho pasos, para organizar la situación/inventario, ejecutar la evaluación después de definidos los indicadores, precisar las actividades y categorías de impacto, e interpretar los resultados. Esta propuesta de procedimiento ofrece una propuesta de acciones en los métodos constructivos y de operación, o para el cierre, sellado y reinserción de la infraestructura para minimizar las afectaciones a los sistemas natural y socioeconómico.

Landfill leachate is an effluent generated by the degradation of solid waste and the percolation of rainwater, which carries organic and inorganic substances, it is characterized as a dark-colored liquid with toxic, dangerous, pathogenic, and other compounds. It has been shown that the use of advanced oxidation processes coupled with biological treatments achieves effluents with low hazards. Despite benefits generate by these combinations, usually, the researcher's goals focus just on the effluent, skipping the environmental impact generated in the construction, start-up, and maintenance of the treatments, resulting in a knowledge gap because there is not enough bibliography of works that develop combination between Scoping and Conesa methodology over coupled treatments used in leachate decontamination, in the environmental impact quantification. Considering the last, in the current manuscript was determined the impacts on the biotic, abiotic, and socioeconomic components, generated for coupling a photocatalytic system with a biological process. The Scoping technique was used as input of the environmental impact quantification through Conesa's methodology. The main result was that environmental impacts produced by leachate leaks, waste generated, and energy consumed are considered as critical in the treatments, and futures researchers working in this field should control, prevent, or mitigate. Finally, the presence of positive impacts of the treatments such as the increase in the availability of water resources due to the effectiveness of the treatment carried out, and compliance with the Sustainable Development Goals is highlighted. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The Superior Court of Justice of Madrid has declared the nullity of a specific modification in the Subsidiary Rules of Municipal Planning of Los Molinos, in the Community of Madrid. The appeal was filed by "Ecologistas en Acción Madrid-AEDENAT" against Order 1802/2019 of the Ministry of Environment, Territorial Planning, and Sustainability of the Community of Madrid. The sentence argues that the modification does not comply with the established legal requirements and highlights the importance of protecting the environmental values of the land, especially in protected areas such as the Sierra de Guadarrama National Park. In addition, the defendant is ordered to pay the costs. [Extracted from the article]

The Judgment of the High Court of Justice of Madrid, dated February 3, 2022, addresses the appeal filed by the company Orange España against the Judgment of the Administrative Court No. 29 of Madrid. The case refers to the legalization of a Mobile Telephony Base Station in Tres Cantos and whether an Environmental Assessment is required by the Community of Madrid. The Court determines that the installation of radioelectric stations or infrastructures is subject to a responsible declaration and does not require prior environmental assessment, although the powers of inspection and subsequent control by the competent Administration are maintained. In summary, the High Court of Justice of Madrid has determined that regional legislation that supports a challenged administrative resolution is unconstitutional due to its incompatibility with subsequent state legislation. [Extracted from the article]

The Court of Justice of the European Union issued a judgment on Directive 2011/92, which deals with the assessment of the impact of projects on the environment. The case refers to an exception granted to a company for the exploitation of a quarry in Belgium. The court determined that the previous administrative decision exempting the application of species protection measures does not require public participation and is part of the project authorization procedure. Although the exception was granted, the project was ultimately rejected. [Extracted from the article]

La industria gráfica se dedica a la impresión de documentos, que utilizan diferentes tecnologías, una de estas es la impresión litográfica tipo “offset”. El proceso productivo de este tipo de industria, así como el uso de sustancias químicas, generan impactos ambientales que pueden afectar de forma negativa al ambiente. Una evaluación de impacto ambiental (EIA), tiene la finalidad de identificar y evaluar los impactos ambientales y generar medidas preventivas, correctivas y compensatorias, en pro del ambiente. Entre los principales impactos teóricos de este tipo de industria están: generación de aguas residuales, emisión de gases, generación de ruido y residuos sólidos. En el presente proyecto de investigación se realizó una identificación, valorización y priorización de los principales aspectos ambientales (AAs) e impactos ambientales (IAs) generados en una industria litográfica tipo “offset” en Costa Rica. Con el objetivo de conocer la situación ambiental de la industria, se realizaron análisis fisicoquímicos de aguas residuales (AR), compuestos orgánicos volátiles (VOCs), partículas totales en suspensión (PTS), ruido y luminosidad. La identificación de los AAs se efectuó en conjunto con los funcionarios de la empresa, con expertos en gestión ambiental y mediante sesiones de trabajo con grupos focales, mediante herramientas como: revisión bibliográfica, lista de chequeo, entrevistas e inspecciones de campo. La valorización y priorización de los AAs identificados se llevó a cabo mediante la metodología denominada Matriz de Importancia de Impacto Ambiental (MIIA). En total se identificaron 16 AAs y 5 IAs. El AA crítico más negativo para el ambiente es la emisión de VOCs, lo cual se debe principalmente a las altas concentraciones encontradas en el ambiente interno de la planta de producción y a la ineficiencia de los sistemas de extracción general o localizada. Los tres principales IAs de carácter negativo al ambiente encontrados fueron: contaminación de la atmósfera, afectación a la salud y agotamiento de recursos no renovables, con valores de impacto ambiental de -64, -62 y -62, respectivamente.

Regulation (EU) 2022/2577 of the Council, published in February 2023, establishes a framework to accelerate the deployment of renewable energies in the European Union. This measure is due to the need to ensure the energy security of the continent due to the war between Russia and Ukraine, which has affected the economy and energy supply. The regulation temporarily allows for the reduction of requirements and measures imposed so far to facilitate the development of renewable technologies in the short term. Specific deadlines are established for the authorization of solar installations, repowering of renewable energy installations, and heat pumps. In addition, preference is given to renewable installations over environmental interests, although species conservation measures are required. This regulation came into effect in December 2022 and will apply until June 2024, with the possibility of being extended. [Extracted from the article]

The Ministry of Finance and Public Function has recently published the Order HFP/1030/2021, which configures and develops the management system of the Recovery, Transformation and Resilience Plan, in which the principle of «not causing significant damage to the environment» (known as «DNSH»), is established as one of its specific criteria and therefore of mandatory consideration in the execution of all actions for the entire public sector and for the recipients of funds. The assessment of this new environmental principle is carried out in this management system with an «environmental damage test» and a checklist of «risk analysis on unwanted environmental impacts», which the responsible bodies and managers must complete to verify their application in procedures. However, under the simplicity of these formal schemes intended to facilitate coordination and monitoring, there are important practical implications in terms of bureaucratic burden, technical complexity, availability of adequate specific resources, and the need to generate certainty to the different agents involved. Thus, we warn that difficulties may arise in the approach to this task, especially if we take into account that technical and specialized knowledge in environmental matters is going to be required and that at the moment is not present in many administrations. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Introduction: Infrastructure projects or development activities often generate a loss of biodiversity and reduce the quality of the environment's services to human societies. Fortunately, many of these impacts can be reduced, controlled, or compensated through mitigation, rehabilitation, and compensation measures, which usually rely on the environmental legal framework of the countries or states where they are implemented. This review provides a theoretical vision of using environmental compensation as a legal/technical instrument integrated into natural environment management. Methodology: We reviewed the global literature on the subject using the GoogleScholar and SciELO reference search engines using various indicators in English and Spanish. Results: We found 244 references on environmental compensation, showing a clear increasing pattern in the last decade. Environmental compensation constitutes a legal/technical instrument that allows offsets for environmental losses and often is part of the Environmental Impact Studies regulated by the state. Several methodological strategies are used to establish compensatory actions, each of them based on one of four possible approaches: economic, ecological, political, and cultural. The ecological equivalence between the impacted environmental elements and compensation is sought within the ecological approach, ensuring no net loss. Thus, this approach allows the incorporation of multiple criteria for the evaluation of damage and compensation actions: it can be applied in different situations. Nevertheless, compensatory measures are not exempt from criticism. There are situations in which the singularity of the impacted elements makes an adequate compensation for losses impossible. Conclusions: Compensation is highly relevant in environmental management and must favor the universal right to a healthy environment. However, its practical application requires clear procedures and close vigilance to prevent losses or even a net environmental gain. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Las innovaciones en ciencia y tecnología desempeñan un papel fundamental en la transición hacia producciones más limpias. Con base en ello, este artículo busca favorecer la integración práctica de conceptos propios de arquitectura bioclimática en el diseño de la vivienda social, en tiempo real y desde sus instancias iniciales a través del desarrollo de una mecánica de trabajo aplicable a la etapa de diseño como sistema de apoyo a la toma de decisiones durante el proceso de proyectación. La metodología consiste en la modelización con BIM (Building Information Modeling) y con ENERGYPLUS de tres prototipos de vivienda social de uso generalizado en la ciudad de San Juan, Argentina. Del análisis comparativo de los resultados alcanzados, surgen las similitudes y divergencias asociadas al uso de los softwares seleccionados para la evaluación ambiental de la vivienda social, con lo cual se establecen los lineamientos básicos para la realización del BEM (Building Energy Modeling) de las mismas.

Este estudio evaluó las condiciones ambientales y socioeconómicas del páramo La Cortadera con el fin de identificar los impactos ambientales que se deben considerar en la prestación del servicio de captura de carbono. Mediante la metodología de la Secretaría Distrital de Medio Ambiente (2013) para la valoración y evaluación ambiental, se plantearon dos escenarios, el actual y uno con bonos de carbono, con el fin de comparar cómo la prestación del servicio de captura contribuye a la recuperación y la conservación del medio ambiente. Dentro de los resultados, se identificaron 82 impactos en el escenario actual, en donde predominan los adversos significativos, temporales y mitigables relacionados con las actividades antrópicas que se realizan en el páramo; mientras que en el escenario con bonos de carbono se identificaron 30 impactos ambientales asociados a los medios biótico, abiótico y socioeconómico, de los cuales 25 son positivos y se encuentran clasificados mayoritariamente como significativos y de importancia alta, vinculados con actividades de administración del área protegida, institucionalidad, investigación, generación de conocimiento y fortalecimiento del componente socioeconómico y cultural. De acuerdo con los impactos negativos del escenario actual (90%), el páramo presenta en su lindero un grado de afectación y fragmentación considerable atribuido principalmente a la expansión de la frontera agropecuaria. Por tal motivo, como muestran los resultados en el escenario con bonos de carbono (83% de impactos positivos), la estructuración de un protocolo para la prestación del servicio de captura en el ecosistema y del plan de manejo ambiental para mitigar los impactos identificados contribuirían a su recuperación, conservación y desarrollo sostenible.

El Alto Tribunal conoce del recurso de casación formulado por la mercantil “PARCESA PARQUES DE LA PAZ S.A.” contra la sentencia de 25 de septiembre de 2018 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que a su vez desestimó el recurso de apelación interpuesto por la propia Mercantil. El supuesto concreto deviene de la Resolución de 30 de marzo de 2016 del Gerente de la Agencia de Actividades, integrada en la Subdirección General de Actividades Económicas del Ayuntamiento de Madrid, que denegó a la mercantil la licencia única de obra y actividad para la instalación de horno crematorio en el tanatorio de la M-40, sito en Avenida Los Rosales, nº 36 de Madrid, al resultar inviable por no respetar la distancia mínima de 250 metros respecto de otros usos exigida en el artículo 52.3 de la Ordenanza de Protección de Medio Ambiente de Madrid, precepto que a su vez es recurrido de forma indirecta. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar “si la distancia mínima (250 m) a viviendas u otros lugares de permanencia habitual de personas, exigida en el artículo 52.3 de la Ordenanza General de Protección de Medio Ambiente de Madrid para la instalación de hornos crematorios, posee sustento legal habilitante y cumple los requisitos de proporcionalidad y no discriminación legalmente establecidos". Las normas jurídicas objeto de interpretación son: los apartados a) y c) del artículo 5 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; y el apartado 2 del artículo 84 bis) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. Se precisa que, con posterioridad al auto de admisión, se ha aprobado por parte del Ayuntamiento de Madrid la Ordenanza 4/2021, de 30 de marzo, de Calidad del Aire y Sostenibilidad que ha derogado el Libro I "Protección de la atmósfera frente a la contaminación por formas de materia" de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano (OGPMAU), de 24 de julio de 1985, en el que estaba incluido el mencionado artículo 52.3, si bien el contenido de este precepto coincide, sustancialmente, con el del artículo 22 de la nueva Ordenanza, que dice así: "Los hornos destinados específicamente a la incineración de cadáveres de personas deberán instalarse siempre en cementerios o asociados a tanatorios, de tal modo que la distancia del foco o focos de emisión no sea nunca inferior a 250 metros respecto a viviendas o lugares de permanencia habitual de personas, como industrias, oficinas, centros educativos o asistenciales, centros comerciales, instalaciones de uso sanitario o deportivo, parques. Por otra parte, sus emisiones deberán cumplir los límites que fueran legalmente aplicables en cada momento". La parte recurrente basa su impugnación en que la regla de distancia exigida por el artículo 52.3 de la OGPMAU incumple los requisitos de no discriminación y de proporcionalidad establecidos en el artículo 5. a) y c) de la Ley 17/2009. Se suma el que esta regla de distancia carece de sustento legal habilitante –exigido tanto por la LBRL como por las Leyes 17/2009 y 25/2009- toda vez que existe reserva de ley para establecer una limitación de este tipo. Asimismo, el establecimiento de esta norma vulnera el mandato liberalizador de servicios funerarios previsto en una norma con rango de ley y resulta contradictorio con la normativa medioambiental estatal, habiéndose producido la invalidez sobrevenida de dicho precepto. A sensu contrario, la Administración demandada considera que la regla de la distancia es una condición indispensable para la implantación de la actividad. Justifica su postura procesal en el informe desfavorable de evaluación ambiental de actividades, por lo que, si bien el proyecto pudiera ser viable desde el punto de vista urbanístico, no lo es desde el punto de vista medioambiental. Con carácter previo, el Tribunal enmarca la cuestión controvertida en el contexto temporal adecuado efectuando un examen de la evolución normativa y tecnológica acaecida desde la aprobación de la Ordenanza en 1985. Especial hincapié merece la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, tanto por su carácter básico como por su propio contenido (en el anexo IV de la Ley, que lleva por rúbrica Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, la actividad de “Cremación” está etiquetada con el Código 0909); así como la modificación operada en el artículo 84 bis de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local por virtud de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Con estos antecedentes, los preceptos de la Ordenanza municipal se interpretan con arreglo a las circunstancias normativas y tecnológicas actualmente vigentes. A la vista de la doctrina establecida en la STS de 13 de diciembre de 2011 y partiendo de una serie de consideraciones generales entre las que destaca que la incineración de cadáveres constituye una actividad económica sujeta a autorización, lo que supone una excepción al principio de liberalización de las actividades económicas, fundada en razones de interés general atinentes a la protección de la salud humana y el medio ambiente; la Sala responde a la cuestión planteada estableciendo la siguiente doctrina jurisprudencial: 1. La distancia a núcleos poblados, establecida en el artículo 52.3 de la Ordenanza General de Protección de Medio Ambiente de Madrid de 1985, puede ser considerada un requisito con sustento legal para obtener autorización para instalar hornos crematorios cuando esté justificada por razón de la protección de la salud y del medio ambiente, pero solo cuando otros requisitos o medidas limitativas menos restrictivos (como el control de emisiones en la fuente de origen) sean insuficientes, por sí solos, para garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente. 2. La aplicación de esta medida limitativa debe realizarse de forma no discriminatoria, esto es, de modo que no dé lugar a desigualdades de trato no justificadas entre quienes ejerzan la actividad y quienes pretendan acceder a dicho ejercicio. De la lectura del informe desfavorable de evaluación ambiental, la Sala llega a la conclusión de que la interpretación efectuada por la Administración del artículo 52.3 de la Ordenanza no se ajusta a la doctrina jurisprudencial establecida por no haber efectuado ponderación alguna entre las diferentes medidas que potencialmente pudieran ser idóneas para garantizar la salud de las personas y el medio ambiente; por lo que no ha podido concluir motivada y razonablemente que la imposición del requisito de distancia mínima fuera el instrumento más adecuado para la protección del medio ambiente o de la salud de las personas. En definitiva, se acoge el recurso de casación, si bien no se otorga la licencia solicitada por la recurrente, por cuanto es la Administración quien debe efectuar la ponderación a la que se ha aludido. Al efecto, se ordena retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la resolución de la solicitud de autorización para la instalación de horno crematorio formulada por la entidad recurrente, a fin de que el órgano competente de la Administración resuelva motivadamente dicha solicitud atendiendo a la doctrina establecida en esta sentencia. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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In the Argentinean Pampas there is a remarkable process of agriculturalisation, whose distribution and environmental impacts are not homogeneous. Benito Juárez county is a clear example of this scenario. The objectives of the present work were to complete an agro-ecological zoning (AEZ) of Benito Juarez county for the periods covered by the agro-productive campaigns of 1989/90-2002/03 and 2002/03- 2014/15. The aim was to define several agro-ecological units (AEUs) and estimate some of the potential negative environmental impacts of this process based on the calculation of three sustainability indicators (SI). Methodologically, the AEZ was carried out within the framework of a geographic information system, based on background data about the ecological characteristics of the area and the variations of the agricultural surface in the periods addressed. The pesticide contamination risk, the habitat intervention risk, and the apparent nitrogen and phosphorus balance (adapted from the AgroEcoIndex software) were used for the SI. The results show the presence of five AEU for each period, which demonstrates different levels of agriculturalisation and reveal a deepening of negative environmental impacts over time. This situation requires planning to achieve an environmental sustainability for agricultural production systems. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The aim of the present study is to delimit the scope that, in the field of enviromental law, have the first normative instruments adopted to promote the implementation of the Recovery, Transformation and Resilience Plan. In this regard, it should be recalled that with the promulgation of Royal Decree-Law 36/2020, of 30 December, a number of important amendments have been made to some of the essential administrative legal instruments on which public administration intervention in environmental matters is built (environmental assessment, integrated pollution prevention and control, environmental authorisations, etc.). These reforms, which have gone unnoticed by the general public, raise a number of important questions from the point of view of legal certainty, the effectiveness of public intervention in safeguarding natural resources, or affecting the principle of a high level of environmental protection that is an essential component of the Recovery and Resilience Facility of the European Union. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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The Environmental Assessment Law (EAL) provides the opportunity to add an interesting environment protection tool to the Spanish legal system: conservation banks. This mechanism, mentioned in the eight additional disposition of the EAL, is conceived as an environmental compensation measurement and operates similarly to a market instrument. Its main goal, although not the only one, is to provide compensation for the environmental impact brought by socio economic development projects. However, even though this tool could be a good addition to the Spanish environmental law system, it is also true that it must be subject to analysis, as an incorrect application could result on a pernicious risk to the environment. This work's main objective is to expose the main questions surrounding a potential implementation of conservation banking and its current development in Spain. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The article reports that Galicia has approved the regulation of environmental collaboration entities and their registration in the Community of Galicia, as well as the creation of the Bank of experts in environmental assessment. The regulation consists of 41 articles and is divided into three chapters that address general provisions, environmental collaboration entities, and the Bank of experts in environmental assessment. The Bank is characterized as public, and requirements are established to obtain the qualification of expert in environmental assessment. The decree came into effect on July 23, 2023. [Extracted from the article]

Several authors report a transition from lower to higher complexity in the environmental assessment politics, from an originally sectoral approach to a systemic and strategic perspective. However, as in any political process, these shifts are neither homogeneous nor linear. In fact, there are significant differences in the environmental assessment systems of the global North and South. This theoretical essay analyzes the tensions that the economic growth causes on the design and application of the environmental assessments in Latin America and Chile; and how the economic pressures have hampered the construct of a systemic, strategic and democratic environmental assessment, with the urgency that the critical Anthropocene context demands nowadays. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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Este articulo revisa, a la luz del marco legal aplicable, algunos aspectos del Estudio de Impacto Ambiental (en adelante el EIA) de la propuesta de construcción y operación de un aeropuerto en Chinchero (ACON & Kuntur Wasi 2015), relativos al análisis del impacto potencial de dicha obra sobre el sistema de humedales altoandinos con alto valor natural, cultural y socioeconómico. Primero se presentan detalles básicos del distrito y pueblo de Chinchero, del propuesto aeropuerto de Chinchero y de los humedales. A seguir, se revisa la caracterización del EIA de los posibles impactos ambientales sobre el recurso agua. Luego se presentan los componentes del sistema de humedales altoandinos de Chinchero. Con este contexto se analiza la caracterización de los impactos ambientales en el EIA y qué elementos debieron constar en este, y con ello se revisa el marco legal aplicable para formular algunas conclusiones. Las deficiencias de la línea base y las ausencias evidencian la pobre revisión del documento y del área de estudio durante el proceso de certificación y durante la fiscalización ambiental. La caracterización de los impactos ambientales sobre el sistema hídrico de humedales altoandinos de Chinchero es una grave ausencia. Las conclusiones permiten identificar acciones que las autoridades del sistema de gestión ambiental deben tomar para corregir las insuficiencias y poder evaluar de manera certera el impacto ambiental de la obra sobre el sistema hídrico de humedales altoandinos.

El objeto del presente estudio es analizar la relación entre tres fenómenos jurídicos aparentemente inconexos, pero que la realidad más próxima pone en relación, confiriendo a la participación pública un alcance insospechado. Audiencia de la colectividad a través de la consulta pública, evaluación ambiental y tratamiento legal de irregularidades masivas respecto de las que han prescrito las acciones de disciplina urbanística, son fenómenos destinados a enlazarse si tenemos en cuenta que las diferentes Comunidades Autónomas en España han acometido el reconocimiento más o menos definitivo de los ilícitos urbanísticos que vienen asolando su territorio y su paisaje desde hace varias décadas.

En este trabajo se presentan las principales características de tres tipos de vivienda rural (considerando sus materiales y su tipología estructural), del municipio de Yajalón (Chiapas), y se realiza su valoración ambiental, por medio de un análisis emergético por insumos. Se hicieron 30 visitas de campo, a fin de recabar la información necesaria para llevar a cabo este estudio. Además de esta información, se utilizaron el catálogo de conceptos de obra, y los gastos de mantenimiento y operación para obtener, mediante la eMergía, los índices emergéticos correspondientes y de esta manera determinar la sostenibilidad de estas viviendas.

The Law of the Principality of Asturias 4/2021, of December 1, on Urgent Administrative Measures, aims to simplify procedures and processes in the context of the COVID-19 pandemic, especially in areas and sectors that affect economic activity and development, such as territorial planning, urbanism, and the environment. Controls are also established to ensure that individuals benefit from these measures in a legal manner. The law modifies and repeals legal provisions related to environmental assessment, budget management, and administrative intervention techniques. [Extracted from the article]

The ruling of the Superior Court of Justice of Galicia on March 16, 2021 analyzes the challenge to two agreements adopted by the Concello de Oleiros. The Xunta de Galicia challenges the Partial Plan for not having the report from the Consellería regarding its compliance with the Coastal Planning Plan (POL). The court determines the nullity of the challenged partial plan and establishes that the planning must obtain the mandatory report, even if it is compatible with the POL. [Extracted from the article]

El pronunciamiento analizado versa sobre la impugnación de dos acuerdos adoptados por el Pleno del Concello de Oleiros. El primero, de 29 de noviembre de 2018, de aprobación del Plan Parcial del Sector -30 A Ferrada en Liáns; el segundo, de 11 de abril de 2019, por el que se rechazó el requerimiento de anulación formulado por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. Son parte demandante la Xunta de Galicia, parte demandada el Concello de Oleiros y codemandada la Comisión Urbanística de Ferrala. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

A consecuencia de la pandemia, Islas Baleares se encuentra ante una economía prácticamente paralizada, un consumo interno muy débil y unos mercados turísticos emisores que presentan muchas incertidumbres. En términos laborales, la cifra de parados supera en la actualidad las 200.000 personas. Esta situación requiere adoptar una seriede medidas que estimulen la economía y aporten nuevas perspectivas al tejido productivo del territorio, así como una simplificación administrativa dirigidas a paliar, en lo posible, los efectos de la crisis y, en definitiva, para hacer efectivo el derechode la ciudadanía, las empresas y los profesionales de acceder al ejercicio de la actividad económica de una manera ágil y eficiente. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Esta Sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Escalada Libre Sostenible Zona Centro frente al Acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado en su sesión de 29 de marzo de 2019, mediante el que se aprueba el Plan de Protección Medioambiental del Bosque de la Herrería (publicado en el BOE de 4 de julio de 2019). La controversia gira en torno a la prohibición, incluida en el citado Plan de Protección Medioambiental, de la actividad deportiva de escalada en bloque (boulder), por no considerarse compatible con la protección de la biodiversidad que se persigue, a diferencia de lo que ocurre con otras prácticas deportivas, como la bicicleta de montaña, la marcha o el senderismo, que sí se consideran compatibles si se efectúan en itinerarios controlados. Para la Asociación recurrente, el Plan debe ser anulado, a causa de la omisión de estudios técnicos que garanticen y justifiquen las prohibiciones impuestas en relación con determinadas prácticas deportivas concretamente, el boulder. En su opinión, al incorporarse esta prohibición en el Plan, por una parte, se vulnera el principio de jerarquía normativa, en la medida en que se vulneran la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad y la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de parques nacionales, en relación con el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al no figurar en el expediente ningún estudio ambiental científico previo que justifique las afecciones producidas respecto de la biodiversidad, como consecuencia de la práctica de ciertos usos deportivos. Por otra, también se incurre en arbitrariedad en la aprobación de este Plan, dada la inexistencia de dicho estudio de impacto ambiental previo para actividades deportivas. Según su parecer, el Plan impugnado se realizó de forma totalmente arbitraria y sin rigor científico, omitiendo la realización de estudios técnicos en relación con la masificación de dicha práctica o el impacto del magnesio del que los escaladores se impregnan sobre las rocas que garanticen y justifiquen las prohibiciones proscritas en relación con determinadas prácticas deportivas. En cambio, el Abogado del Estado se opone a la demanda, haciendo referencia a la existencia de catálogos previos, así como de amplios y detallados estudios que se reflejan en el Plan aprobado. En particular, se refiere a la concreta zona del Castañar, y reseña los daños que, para la protección medioambiental de la zona, se desprenden de la práctica deportiva de referencia. Asimismo, destaca la particularidad del Plan de Protección Medioambiental del Bosque de la Herrería, en la medida en que afecta a unos de los bienes del Patrimonio Nacional, y niega el derecho subjetivo a la práctica deportiva discutida, insistiendo en la existencia de estudios técnicos suficientes que avalan la prohibición establecida, si bien en lugares concretos ("afloramientos rocosas singulares"), apelando al desarrollo del programa que el propio Plan Rector de Uso y Gestión menciona. El Tribunal Supremo rechaza los argumentos de la recurrente y desestima el recurso interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de Protección Medioambiental del Bosque de la Herrería, que se declara ajustado al ordenamiento jurídico. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El Tribunal Superior de Irlanda planteó al Tribunal de Justicia seis cuestiones sobre la Directiva de hábitats antes de resolver el recurso de anulación interpuesto por una asociación ambiental (Friends of the Irish Environment) contra la decisión de la Administración de prorrogar la licencia urbanística para construir una instalación de regasificación de gas natural licuado próxima a dos espacios Natura 2000. La autorización se concedió en 2008 y tenía un plazo de vigencia de diez años pero las obras no llegaron a realizarse en dicho período. Además, en la concesión inicial no se tuvo en cuenta la afección del proyecto a los dichos espacios pues la Directiva no se había incorporado correctamente al ordenamiento interno y no preveía la evaluación ambiental específica establecida en dicha norma europea. Las cuestiones planteadas se centraban fundamentalmente en la aplicabilidad del art. 6. 3 de la Directiva de hábitats a la prórroga de la autorización del proyecto y al alcance que debía tener, en caso afirmativo, nueva la evaluación ambiental. El Tribunal de Justicia, aplicando su doctrina consolidada en este ámbito y recurriendo al concepto de “autorización” establecido en la Directiva de evaluación ambiental de proyectos, concluye que, a efectos de la Directiva de hábitats, la decisión de prorrogar el plazo de ejecución de un proyecto es equiparable a su aprobación inicial cuando la autorización primigenia ha caducado sin realizarse las obras. En cuanto a la evaluación ambiental de tal decisión administrativa (prorrogar la autorización), la Sentencia establece que la autoridad competente debe valorar la necesidad de la misma y su alcance (completa o parcial), teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes (tipo de evaluación previa realizada; evolución de los datos ambientales y científicos; cambios en el proyecto; o, existencia de otros planes y proyectos en la zona). El Tribunal de Justicia precisa que, conforme a la su doctrina reiterada sobre la evaluación ambiental de las actuaciones en espacios Natura 2000, se requiere la misma, cuando no pueda descartarse, conforme a los mejores conocimientos científicos, que el proyecto pueda afectar a los objetivos de conservación del espacio protegido. En este sentido, entiende que la evaluación inicial del proyecto solo podría haber excluido dicho riesgo si sus conclusiones permitieron disipar cualquier duda científica razonable sobre los efectos de la obra y a reserva de la ausencia de cambios en los datos ambientales y científicos pertinentes, de la posible modificación del proyecto o de la existencia de otros planes o proyectos. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

La Sentencia trae causa del recurso planteado ante el Tribunal Regional de lo ContenciosoAdministrativo del Lacio por varias asociaciones ambientales y particulares contra las decisiones del Consejo de Ministros y de la Administración competente las que se dio luz verde al Proyecto preliminar de construcción de un tramo de carretera de unos 18 km. al norte de Roma, aduciendo razones de interés público de primer orden (finalización de un itinerario estratégico de la Red Transeuropea de Transporte RTE-T). [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El presente decreto ley se estructura en cuatro títulos, cinco disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria, tres finales y tres anexos de carácter informativo o técnicodocumental. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El recurso de casación se plantea por la Junta de Extremadura contra la sentencia de 19 de junio de 2018 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA "SEO-BirdLife" frente al Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, consiste en determinar "si, atendidas las circunstancias del caso y la normativa que se predica infringida, resulta ajustada a Derecho la anulación parcial de la disposición de carácter general objeto de litis". Se identifican como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación los artículos 3 (apartados 15, 16 y 25), 42, 44, 45 (apartados 1 y 4) y 51 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que tras la modificación introducida en dicha ley por Ley 33/2015, de 21 de septiembre, han pasado a ser los artículos 3 (apartados 15, 16 y 25), 42, 45, 46 (apartados 1 y 4) y 52. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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La responsabilidad patrimonial de la Administración en materia de energías renovables constituye uno de los temas más debatidos recientemente y que han sido objeto de relevantes pronunciamientos judiciales. A la anulación por parte de los gobiernos autonómicos de concursos de asignación de potencia por el denominado "cambio de modelo energético" posterior a la celebración de los concursos, se unen la anulación por los órganos judiciales tanto de autorizaciones de explotación en instalaciones en funcionamiento derivada de la anulación de la declaración de impacto ambiental del proyecto aprobada por la Administración, como de concursos por la omisión del trámite de la evaluación ambiental exigida en la propia convocatoria. Los constantes cambios normativos en los últimos tiempos tanto a nivel estatal como autonómico, amparados en normas con fuerza de ley, que inciden en el inicial régimen retributivo obtenido por dichas instalaciones en el momento de su autorización han obligado a nuestros tribunales a pronunciamientos muy debatidos, y no compartidos en los arbitrajes internacionales, en los que se establece una doctrina restrictiva de la responsabilidad patrimonial y de la lesión y cuantía de la indemnización con base en la aplicación de los controvertidos principios de razonabilidad, margen de tolerancia y margen de apreciación que unidos a la declaración del Tribunal Constitucional sobre la no existencia de "un derecho inmodificable", pugnan con el principio constitucional de seguridad jurídica y su corolario de confianza legítima así como los fundamentos de la responsabilidad objetiva de la Administración. A la situación anterior, se une un pronunciamiento judicial muy reciente como es la Sentencia del Tribunal Supremo 156/2020, de 23 de enero, Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección 5?), que se ha ocupado de una relevante cuestión que tiene un gran interés casacional objetivo y cuyo contenido abre además una puerta a una doctrina más proclive a la responsabilidad patrimonial sobre el principio de "apariencia de legalidad" de la actuación de la Administración y el rechazo del Tribunal Supremo del intento posterior del poder legislativo de la "validación legislativa a la inversa", y con ello más esperanzadora para los ciudadanos a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos mediante la efectiva aplicación del artículo 106.2 CE. El Tribunal Supremo analiza el impacto que sobre el régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas puede tener una norma legislativa posterior que deja sin efecto un acto administrativo previamente declarado nulo por sentencia, a efectos de determinar si esa actuación del poder legislativo (que no prevé un régimen indemnizatorio específico) posterior a la sentencia rompe el nexo causal entre los posibles daños padecidos por el administrado y dicha actuación administrativa, estableciendo la relevante doctrina casacional relativa a que la ley posterior no puede alterar, interrumpir, afectar, o incidir en el nexo causal de una exigencia de responsabilidad patrimonial derivada de una actuación administrativa declarada ilegal. [ABSTRACT FROM AUTHOR]