¿Pues el cambio es ponerlo sobre el papel, reconocer las necesidades. El cambio mayor ha sido ponerlo sobre la mesa y desarrollar políticas. Y yo creo que tienes que partir que en el 2015 un país con la mente totalmente de migrante, de preocupación permanente por los connacionales en el exterior. Que si tenía un porcentaje de extranjeros en el país era mínimo y ahora se ajustó y creo políticas que respondieran a las necesidades más urgentes de las migrantes, eso es muy importante" (Apartado de entrevista a funcionario Organismo multilateral 1). En Colombia 1 de cada 47 personas es migrante venezolana (Profamilia, 2019). Según datos de la plataforma R4V (2022), la entrada de personas migrantes venezolanas al país fue cuatro veces mayor entre 2017 y 2021 pasando de 403.702 a 1.742.927 como resultado de la crisis socioeconómica en Venezuela, de los cuales aproximadamente el 44% son mujeres y la mayoría se encuentran entre los 18 y 59 años. Estas migrantes llegan al país con diferentes necesidades insatisfechas en salud sexual y reproductiva (SSR), como acceso a métodos anticonceptivos, prevención del embarazo adolescente, prevención y manejo de violencias de género y educación integral para la sexualidad en situaciones humanitarias en donde enfrentan barreras de acceso a servicios de salud, a causa de su contexto migratorio, discriminación, prejuicios y desinformación (Profamilia, 2019). Esto se consideró un reto social, político, económico y comunitario para el país, la cual, requirió una respuesta por parte del Estado colombiano con una serie de instrumentos de política pública que fueron caracterizados en este estudio. El resultado del estudio mostró que el Estado colombiano respondió ante el fenómeno migratorio con una serie de instrumentos de política pública que fueron un gran ajuste institucional enfocados en incentivar el acceso a los servicios de salud a través del aseguramiento de las migrantes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), atención del parto y post-parto, esfuerzos por identificar las necesidades y documentarlas, incluso en unos documentos buscan la inclusión, equidad, reducción de la discriminación, garantizar el acceso a anticonceptivos, atención de violencia sexual, brindar educación sexual, reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, con una importante inversión en salud de $730.748.566.664 hasta 2020, que se debe a los hospitales públicos (Ministerio de Salud, 2020b). Lo único que no tuvieron en cuenta en ningún documento fue la violencia obstétrica su atención y prevención, aunque este tipo de violencia afecta a las mujeres colombianas y en mayor medida a las mujeres migrantes venezolanas (Mateus, 2021). A pesar de la gran labor y esfuerzos del Ministerio de salud, todavía hace falta trabajar más para responder de forma integral a las necesidades en SSR de las mujeres migrantes venezolanas, pues el enfoque de incentivar el aseguramiento no está dando los resultados esperados, dado que esta población no cuenta con un documento válido de identificación que les garantice el acceso a los servicios básicos de salud, lo que aumenta las barreras, brechas e inequidades en salud. Además, existe una discordancia entre los datos robustos de identificación de necesidades en SSR de las migrantes con las que cuenta el Ministerio de Salud y Protección social y los instrumentos de política pública desarrollados por el Estado, por lo cual, ninguno de estos documentos cuenta con la integralidad del componente de SSR necesario para responder ante las necesidades de las migrantes identificadas. Ante este escenario, se recomienda al Gobierno Nacional complementar el Plan de Respuesta al Fenómeno Migratorio al Sector Salud con la inclusión integral de las necesidades en SSR de las mujeres adultas migrantes venezolanas identificadas en las bases de datos del Ministerio: 1. Continuar con los esfuerzos en materia de ajuste institucional a través la visibilización del rol de Gerencia de Fronteras de la Presidencia de la República de Colombia y de su oficina de salud en la búsqueda de alternativas para la satisfacción de las necesidades en SSR de las mujeres adultas migrantes venezolanas. 2. Dados los retos en aseguramiento del Sistema de Salud se recomienda garantizar el acceso a los servicios de SSR independientemente del estatus de aseguramiento en salud, a partir de la articulación de esfuerzos con agencia de cooperación internacional y aumentar los esfuerzos del Gobierno Nacional para lograr la inclusión económica de la población migrante, que les permita contribuir al SGSSS. 3. Para promover la inclusión de las mujeres adultas migrantes venezolanas al Sistema de Salud, considerando las barreras de acceso por ideas de xenofobia por parte de algunos trabajadores del sector, se recomienda capacitar a los funcionarios del sector en la importancia de tener posturas incluyentes y diversas para reducir las barreras de acceso a los servicios de SSR, se recomienda fortalecer las mesas territoriales de migración y se sugiere crear canales de comunicación expeditos entre el Ministerio de Salud y Protección Social, los organismos internacionales, los entes territoriales y las mujeres adultas migrantes venezolanas. 4. Teniendo en cuenta la alta demanda de servicios de SSR de la población migrante venezolana, se recomienda profundizar los esfuerzos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, Banco Mundial y el IETS en la creación de los paquetes maternoperinatales, anticoncepción y atención de IVE. 5. Considerando la robusta identificación de necesidades en SSR de las mujeres adultas migrantes venezolanas realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, se recomienda incluir dichas necesidades en los documentos de política pública para garantizar una respuesta eficiente y estructurada por parte del Sistema de Salud. 6. La violencia obstétrica es una vulneración de derechos y no se encuentra legislada en Colombia, por lo cual se insta al Estado colombiano a regular, prevenir, castigar y crear rutas para la denuncia y atención de víctimas de violencia obstétrica. 7. Las mujeres adultas migrantes venezolanas no conocen los conceptos básicos de SSR, ya que es un tema que requiere intersectorialidad, se recomienda al Ministerio de Salud y Protección Social y al Ministerio de Educación crear programas de educación sexual y reproductiva con enfoque diferencial, inclusión y equidad. 8. Dado que la violencia sexual contra las mujeres adultas migrantes venezolanas aumentó en un 268% entre 2017 y 2020, se recomienda realizar un ejercicio intersectorial e interinstitucional para la creación de una ruta integral de atención y prevención para las sobrevivientes migrantes venezolanas víctimas de violencia sexual. Magíster en Políticas Públicas Magíster en Salud Pública Maestría Sistemas de Salud, Infancia, Género, Interculturalidad y Trópico (SIGIT)