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El planteamiento teórico del alemán Günther Jakobs sobre el Derecho penal del enemigo ha sido analizado y criticado constantemente durante la última década. La utili zación del concepto enemigo se ha generalizado en su uso, sin embargo, en muchas ocasiones este no es fi el a lo planteado por el autor. En específi co, cuando se aborda el macrotema del narcotráfi co, se considera a todos quienes participan en este mercado ilícito como enemigos, avalando un tratamiento de choque que pone en jaque la protección de los derechos humanos. En las si-guientes líneas se intentará abordar conceptualmente la postura planteada por Jakobs, para determinar si su noción de enemigo abarca a todos los partíc ipes del tráfi co de sustancias ilícita s o si bien corresponde hacer una o más dife renciacio-nes, con el objetivo de, dentro de la misma línea de pensamiento del alemán, y en sede políti co-criminal, darle un tratamiento diversos a quienes responden a los parámetros del concepto enemigo frente a quienes quedan al margen.

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El desplazamiento migratorio transnacional en el contexto latinoamericano se ha modificado como consecuencia del exilio masivo venezolano. El presente artículo afirma que la migración ha sido gestionada por medio de dinámicas de inclusión y exclusión en los países destino, como consecuencia de una aplicación del Derecho Penal del Enemigo, que incide en la restricción de los derechos de los inmigrantes y la aplicación del derecho penal como prima ratio. Actualmente, seis países de Sudamérica albergan población migrante y refugiada, excluida por vía del código binario nacional/extranjero. Se hace una crítica a los Estados que dejan de lado sus preceptos constitucionales de la dignidad humana y se insertan una vez más en el constitucionalismo utópico. El desarrollo de los argumentos se realiza a través de tres apartados: 1) contextualización de la realidad migratoria sudamericana en clave de percepción amigo/enemigo y códigos de inclusión y exclusión; 2) Aspectos teóricos del Derecho Penal del Enemigo y rechazo a la criminalización anticipada respecto de los inmigrantes y, finalmente, 3) presentación de casos mediáticos ilustrativos de la cotidianidad estigmatizante que atenta contra su dignidad. Reflexiones finales invitan al lector a no caer en estas dinámicas antijurídicas.

En el presente trabajo se explican los fundamentos y puntos de partida del derecho penal del enemigo en sentido funcionalista. De esta forma, se busca desmitificar su contenido y evidenciar su potencial dogmático-práctico en diferentes tipos de la parte especial. Ejemplo de ello son los delitos de sicariato, conspiración y ofrecimiento al mismo, y el delito de feminicidio, que, bajo esta perspectiva, son expresiones del derecho penal del enemigo. Así, se intenta aplicar estos tipos penales de forma legítima, limitada y respetuosa de las garantías de toda persona en derecho.

En el presente artículo de revisión se realizó un análisis de la teoría del derecho penal del enemigo, elaborada por el jurista alemán Günther Jakobs (1985), a partir de la óptica de varios autores estudiosos del tema. De manera que, se abordaron los fundamentos teóricos, características principales, la diferencia del significado del concepto de persona y no persona para esta teoría; la finalidad de la pena, en lo que este autor denominó derecho penal del ciudadano y del enemigo. En ese contexto, se tomó como referencia estos rasgos y realizó un examen acerca de la existencia de normas con las notas distintivas realizadas por su propulsor en las distintas legislaciones de estados democráticos como: Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Brasil y Paraguay. Para este efecto, se utilizó un enfoque cualitativo con nivel descriptivo, así también como técnica de recolección de datos se aplicó la revisión bibliográfica y el instrumento utilizado fue la ficha bibliográfica. Sobre la base a de los estados estudiados, se concluyó que a pesar de los resguardos a principios liberales centrados en la dignidad humana y los valores de libertad, justicia e igualdad, han incorporado en sus legislaciones algunas normativas que reúnen las características formuladas por este jurista alemán respecto a la concepción normativa de ciudadanos y no ciudadanos.

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El artículo gira en torno al modelo de pensamiento del funcionalismo “normativista” formulado por Günther Jakobs y de las bases metodológicas que han hecho desembocar su teoría de la pena en el ambiguo concepto del llamado“derecho penal del enemigo” como teoría de la excepción penal.

El objetivo propuesto en esta investigación consiste, en establecer si los excomandantes de las Farc-EP “Iván Márquez”, “Jesús Santrich” y “El Paisa” frente a las distorsiones, cambios y desnaturalización sufridos por la Justicia Especial para la Paz, tienen a esta justicia restaurativa colombiana en el plano del derecho penal del enemigo, para explicar su ruptura con este sistema integral. La metodología empleada fue la de la investigación jurídica pura y básica para el derecho, y las técnicas de recolección de la información fueron las secundarias ya que se realizaron fichas bibliográficas que permitieron realizar un análisis de contenido a libros, capítulos de libros y artículos científicos que condescienden en establecer el estado de la discusión sobre el tema indagado. Hallamos que el Derecho penal en Colombia, está destinado a tipificar las violaciones a la ley, que se dan en una comunidad como la nuestra donde reina la marginalidad, la miseria y la exclusión, este es el derecho penal del ciudadano; es por ello, que cuando surgen personas que se alzan en armas contra el Estado para resolver los problemas sociales, los conflictos políticos, luchando contra la hegemonía y la oligarquía, que busca el mantenimiento del poder político, se utiliza el derecho penal acusándole de enemigo del régimen como ha ocurrido con los comandantes de las FARC-EP, pero al mismo tiempo se utiliza a favor de las clases integradas al sistema jurídico, como sus excombatientes de menor rango; de esta manera funciona un derecho penal de dos caras: Uno extraordinario cuyo destinatario es el enemigo, para el caso que nos ocupa, los comandantes y otro ordinario, aplicado a los excombatientes de las otrora guerrillas que se integraron al partido político: Las FARC.

En el desarrollo jurídico mexicano, el delito de disolución social fue un importante punto de discusión, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial hasta el movimiento estudiantil de 1968. Considerado como un delito político, la figura penal en análisis tuvo una evolución paulatina, que la convirtió de un instrumento jurídico antifascista, a uno anticomunista y posteriormente calificado como puramente anti-sediciosos del régimen en turno. Es propósito del presente trabajo, el analizar la figura desde una visión iushistoricista, con la finalidad de exponer su naturaleza en las diversas etapas que sufrió la redacción que le dio origen.

La obsesión por la acumulación de datos está detrás de los propósitos entusiasmantes puestos en las posibilidades de las tecnologías para la información y la comunicación. Desde esta sola perspectiva suele ser bastante corriente hablar de oportunidades y, asociadas a ello, de retos. Pero estos desafíos se enfocan en favorecer la expansión de estas tecnologías a cualquier ámbito que se antoje. En medio de esta exaltación resultan menores las atenciones puestas en los riesgos a la exclusión, pero también al control y la dominación que este pueda implicar. Precisamente contrarrestar estos peligros es uno de los grandes retos del Derecho para salvaguardar las garantías civiles y políticas de los miembros de la sociedad democrática o, de lo contrario, coadyuvar en el establecimiento de regímenes totalitarios, igualmente sujetos a la legalidad, pero no a la idea de justicia. Esta preocupación es la que trataremos de explicitar volviendo para ello sobre la falsa dicotomía que se establece entre libertad y seguridad sobre la que abunda el llamado derecho penal del enemigo y cuanto ello comporta de quiebra de sistema de garantías en un Estado democrático y de derecho.

En el artículo se analiza y se pone en cuestión la distinción entre dos tipos de derecho penal que Günther Jakobs establece en su artículo “Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo” (2003, 2004). Por una parte, esa distinción es una distinción confusa que no se sostiene precisamente ante los referentes clásicos a los que Jakobs apela. Y por otra parte es una distinción que no hace sino tapar algunos importantes problemas relacionados con los límites del derecho penal, a los que esa distinción parece referirse. Con intención sistemática, en el artículo se recurre a los conceptos de persona y pena de la “Filosofía del derecho” de Hegel, a conceptos básicos de Sobre la paz perpetua de Kant, a la discusión clásica sobre el concepto de bellum punitivum, y también a El concepto de lo político de Carl Schmitt, para mostrar que la distinción de Jakobs, al no tener el alcance y capacidad de diferenciación que tienen los conceptos clásicos a los que recurre, confunde aspectos que precisamente en Derecho penal es importante mantener separados

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In Spanish criminal law, the crime of terrorism has traditionally been composed of two essential elements: the existence of a terrorist organization or group and the purpose of subverting the constitutional order or altering public peace. Organic Act 2/2015 has eliminated the first of them, so any criminal action made with a specific aim may be qualified as terrorist. This decision complicates the delimitation of the scope of the anti-terrorism legislation, characterized by its special severity (Criminal law of the enemy). The objective of this article is to analyse the reform, the new definition of terrorism and its difficulties in the context of democratic Criminal Law. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Current paper analyzes the theory of the enemy's penal law and the legitimacy of the hate discourse in social media as a possibility of relationship between the selection of an enemy within the social media and his attack with no consequences and with the support of people of the same social media. The concept of hate discourse, the emergence of haters and the manner the principle base of the theory of the enemy's penal law supports thought, within common sense, of the possible aggression against the enemy within the social media. A bibliographical survey coupled to deduction was employed to establish a relationship between theory that bases the existence of an enemy within the penal law application system and the possibility of justification or legitimation of the hate discourse towards an enemy within the social media. Results show that there is a relationship between the theory of the enemy's penal law and the legitimacy of hate discourse within the social media since the basis of the theory is the same that justifies the occurrence of attacks to enemies on the Internet. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The article analyzes the reasonableness, democratic sense and criminological political foundation of the de jure suspension of the exercise of citizenship for persons deprived of liberty by way of punishment, as well as the de facto suspension of prisoners without conviction, that is, of people who are interned in prisons preventively, without having been sentenced to imprisonment. The author makes known, from a criminological perspective, his discrepancy with this policy, basing his position on liberal demo principles and criticizes the use of measures from the criminal law of the enemy to cut fundamental rights of people who have had the misfortune to see criminalized their conduct, thereby aggravating and perpetuating their marginal situation. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Este artículo pretende realizar algunos aportes al debate de la aparente contraposición existente entre la eficiencia en la persecución del delito, por un lado, y el respeto de las garantías penales, por el otro. Convencido de que respuestas dogmáticas tales como “las garantías deben ser respetadas porque así lo establecen la CN y los Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos Humanos” no son suficientes, comenzaré analizando factores éticos e históricos que aconsejan respetarlas, para concluir en que la razón fundamental reside en que las mismas pretenden evitar determinadas consecuencias que, de acontecer, serían nefastas para la vigencia del Estado de derecho. Analizaré también determinados argumentos que se han brindado para fundar una posible reducción de las mismas en aras de poder perseguir de manera más eficaz el delito, y procuraré demostrar los que considero que son sus principales inconvenientes

This article tries to analyze the Spanish law on citizen security, best known as "ley Mordaza". Studying the articles of this law adopted in 2015 by the Spanish congress, and the relationship with the "criminal law for the enemy". Drawing parallels with Gargarella and his work about the clash of liberties between the freedom of movement and the freedom of people to protest. Adding a historical-political reading about the 2008 economic crises and the emergence of new social movements like "indignados" and 15M movement. Looking for linkages between the rising of these new legislations around the world and in Spain, and the development of new kind of protest, by political groups and parties with methods of action unconventional, like for example PODEMOS. Articulating all this work with a theoretical framework from the post-structuralism with Jacques Rancière's work. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The aim of this paper is to discard the moral content criticism that has been made to the so-called «The Enemy’s Criminal Law » given its alleged bonds with the interwar’s «Sovereign Decisionism». Rather than entering the debate amongst jurists about whether it is legitimate Law, the suitability of using the jakobsian category will be put forward to characterize totalitarian Criminal Law, in this particular case, early Francoism Criminal law. To start with, some of Franco’s dictatorship punitive techniques will be revised beginning with the elements that nowadays define ‘the Enemy’s Criminal Law in order to defend the usefulness of the concept as a comparable category, not only with today's, but with other historical -isms. | El objetivo de este artículo es descartar las críticas de contenido moral que se le han hecho al llamado «Derecho penal del enemigo» por los supuestos lazos con el «decisionismo soberano» de entreguerras. Sin entrar en el debate entre juristas acerca de si es «Derecho» legítimo o no lo es, se va a defender la idoneidad del uso de la categoría jakobsiana para caracterizar el Derecho penal totalitario, en este caso el Derecho penal del primer franquismo. A modo de aproximación, se van a enumerar algunas de las técnicas punitivas de la dictadura desde los elementos que definen hoy al Derecho penal del enemigo, con el objetivo de defender la utilidad del concepto como categoría comparable, no solamente con el presente, sino entre los distintos -ismos históricos.

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El planteamiento teórico del alemán Günther Jakobs sobre el Derecho penal delenemigo ha sido analizado y criticado constantemente durante la última década.La utilización del concepto enemigo se ha generalizado en su uso, sin embargo,en muchas ocasiones este no es fi el a lo planteado por el autor. En específi co,cuando se aborda el macrotema del narcotráfi co, se considera a todos quienesparticipan en este mercado ilícito como enemigos, avalando un tratamiento dechoque que pone en jaque la protección de los derechos humanos. En las siguienteslíneas se intentará abordar conceptualmente la postura planteada porJakobs, para determinar si su noción de enemigo abarca a todos los partícipes deltráfi co de sustancias ilícitas o si bien corresponde hacer una o más diferenciaciones,con el objetivo de, dentro de la misma línea de pensamiento del alemán, yen sede político-criminal, darle un tratamiento diversos a quienes responden alos parámetros del concepto enemigo frente a quienes quedan al margen.

Entendiendo que en las guerras se presentan fenómenos que luego tenderán a esparcirse en el conjunto de la sociedad, a partir de la observación de las nuevas formas que adoptan las guerras en el siglo XXI se buscan signos de la reconfiguración de los cuerpos, a partir de prácticas específicas que reconstituyen corporeidades de manera diferenciada. La idea subyacente es la presencia, en el mundo actual, de fuertes tendencias antimodernas, cuya expresión más clara es en los procesos bélicos. En dicho contexto se analiza fundamentalmente el proceso de disolución del complejo moderno soldado-ciudadano, tomando como indicadores el uso de la tortura como arma de guerra, la irrupción de ejércitos privados (compañías militares privadas) y la utilización intensiva de estimulantes químicos para los combatientes. Como consecuencia de ello, aparece un incipiente proceso de ruptura de la humanidad, cuya expresión normativa es el derecho penal del enemigo.

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DOI: 10.5294/dika.2013.22.1.5 Este escrito visibiliza la actual tendencia del derecho penal, donde los derechos humanos son utilizados como excusa para legitimar medidas extremas de seguridad ante la moda del “peligro”, soportando así, la base jurídica del modelo de derecho penal de la seguridad ciudadana. Esta tendencia permite activar la justicia penal en diferentes ámbitos cuando se trata de perseguir a los “enemigos”, lo que, en ocasiones, trae como consecuencia directa violentar los derechos humanos, con la creación constante de normativa que paradójicamente también vulnera los mismos por la lógica del castigo. Estos argumentos permitirán concluir, que se acude a un debilitamiento de las garantías penales en detrimento de los derechos humanos, los cuales son utilizados, bien, como herramientas para impulsar procesos emancipadores, o, como instrumentos para manipular el poder y justificar actos de barbarie por la exageración del poder punitivo. DOI: 10.5294/dika.2013.22.1.5

Spain ranks highly in the list of countries that have endured the barbarities of terrorism, and it does because of the actions of the armed group ETA. Furthermore, since the attacks of 9/11, United States' "war on terrorism" has expanded throughout the world and, as a result, the concept of "terrorism" has been manipulated and expanded to match the will of governments, public and legal practitioners. This has lead to criminal laws having more exceptions than ever before as to terrorist delinquency. However, countries governed by the rule of law have to prevent crimes, even terrorist ones, respecting certain rights and freedoms. The purpose of this article is thus to establish the concept, on the one hand, and the limits of punishment of terrorism crimes in the mentioned countries, on the other. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Del análisis de las más recientes reformas penales, como las operadas por la L.O. 7/2003 o la L.O. 5/2010, se desprende un afán por endurecer las penas y las condiciones de su ejecución, obstaculizar en la medida de lo posible el acceso a la libertad de ciertos individuos, ampliar los espacios de riesgos jurídico-penalmente relevantes, y extender las intervenciones a periodos posteriores a la excarcelación. Las voces expertas —acalladas por medio de discursos populares y políticos alarmistas que no hacen sino magnificar el problema generando una sensación de inseguridad que no tiene por qué corresponderse con la realidad y puede derivar en una peligrosa pretensión de “riesgo cero” al más puro estilo del “Big Brother” orwelliano—, conceptualizan este fenómeno como una “expansión” del Derecho Penal, un “retorno a Von Liszt” y a su constructo de “inocuización” de los delincuentes “incorregibles”, cuyo máximo exponente es el denominado “Derecho Penal del enemigo”, y que amenaza con poner fin a los principios y las garantías que tanto han costado estructurar en el Estado de derecho.

El autor propone una lectura de la libertad de expresión en la internet a partir del análisis de un caso: la persecución penal de un usuario de Facebook que participa en un grupo que busca asesinar al hijo del presidente de la República. La tesis, al amparo de la Convención americana de derechos humanos, es que ese tipo de discursos esta prohibido, empero, el régimen de responsabilidad aplicable no puede ser de tipo penal. En busca de los límites al ejercicio de dicha libertad el autor intenta perfilar un marco conceptual desde las prácticas, el tipo de discurso, las subjetividades y los valores de la internet. En la autorregulación o en la composición de tipo civil deben fundarse los límites a la libertad de expresión que la resguarden de la autocensura o de la aplicación de un derecho penal del enemigo.

En la lucha contra el terrorismo, las democracias tienen como límite el principio de juridicidad estatal y el convergente con él y tautológico principio democrático. Pero ello no es óbice alguno para rechazar la simplista y acrítica acusación de ser una democracia militante cuyo concepto peyorativo sostiene la doctrina mayoritaria española. La democracia no es un régimen éticamente neutro y debe ser todo lo fuerte que necesite para defender los valores que propugna.

En la actualidad se habla en muchos ámbitos sociales, políticos y jurídicos del surgimiento de un nuevo derecho penal autoritario, vale decir, más autoritario de lo normal, llamado Derecho Penal del Enemigo. Desde esta perspectiva, el Derecho Penal se ha constituido en la primera ratio, como consecuencia de la falta de definición y aplicación de verdaderas políticas públicas sociales, en pro de la convivencia ciudadana, y como punta de lanza contra los recrudecimientos de la crisis social. El presente trabajo aborda desde una postura crítica el estado actual de la política criminal y la expansión del Derecho Penal, como herramienta para combatir conductas indeseables, sin importar si existe o no consenso sobre su definición, en particular, de aquellas asociadas al consumo de drogas. Para tal efecto, tocará algunos de los postulados de la teoría del ilustre penalista alemán Günther Jakobs, contrastándolos con la realidad del eficientismo que se ha entronizado en el derecho penal colombiano. Finalmente, se hara una reflexión acerca del papel de la Corte Constitucional en el Estado de Derecho y su rol en procura de la defensa de un ordenamiento jurídico-penal respetuoso de los postulados constitucionales en el marco garantista del Estado Social de Derecho.

El presente trabajo tiene por objeto el estudio del régimen jurídico del terrorismo, prestando particular atención a las principales resoluciones que han dictado tribunales supremos significativos, en relación con dicho fenómeno, y más concretamente las dictadas tras los atentados de 11 de septiembre de 2001. En una primera parte se alude a las transformaciones legislativas que ha comportado la lucha contra el terrorismo. En una segunda parte se analizan las principales sentencias recaídas sobre la materia. La tercera parte contiene una serie de reflexiones entre las que cabe destacar la idea fundamental de que debe confeccionarse en este ámbito un nuevo paradigma: el de las situaciones de tensión. Y que elementos esenciales de ese paradigma son el principio de universalidad de los derechos humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos humanos (TEDH en lo sucesivo).