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Artículo de investigación El presente artículo describe el surgimiento y la fundamentación del modelo bicameral en Colombia, despliega una crítica a la estructura del modelo congresal empleado en el país, su incidencia en la formación legislativa y en el ejercicio del control político, propugna por articular un análisis de esos elementos ante la realidad económica e institucional del país en el año 2021. Pregrado Abogado INTRODUCCIÓN 1. ANTECEDENTES DEL MODELO BICAMERAL. 2. JUSTIFICACIÓN BICAMERALISMO EN ESTADOS UNITARIOS. 3. NOCIÓN HISTÓRICA DEL MODELO CONGRESAL EN COLOMBIA. 4. CRISIS INSTITUCIONAL. 5. CRÍTICA AL SISTEMA BICAMERAL EN COLOMBIA CONCLUSIONES REFERENCIAS

RESUMEN La relación entre el Congreso de la República y el Gobierno nacional peruano está regulada en la Constitución Política de 1993. Allí se establecen los mecanismos de diálogo, control y contrapesos tanto en lo político como en el ámbito de la fiscalización de la gestión pública, para así garantizar la gobernabilidad del país. Sin embargo, el contexto peruano entre el 2018 y 2020 permite detallar un contexto social, político y constitucional sumamente especial, en particular porque en este tiempo se ha registrado una renuncia presidencial, se ha disuelto al Congreso de la República y se registra un estado de emergencia. En la elaboración del texto se han empleado el método descriptivo, especialmente porque se ha registrado una situación especial y única en la historia republicana del Perú, en la cual no se había registrado un sistema de contrapesos políticos luego de la disolución del Congreso de la República por parte del Poder Ejecutivo (septiembre de 2019) hecho permite detallar un contexto muy particular que permite analizar el período de interregno parlamentario (2019-2020), seguido del estado de emergencia a consecuencia de la pandemia provocada por la Covid-19 (marzo-junio del 2020), con lo cual se genera una investigación cualitativa y causal. Como resultado de esta evaluación, se detalla una situación particular. El Poder Ejecutivo no ha ejecutado actos de abuso de su posición, pero ha desarrollado una producción legislativa que debe ser evaluada en conformidad con los artí culos 104°, 118°, 135° y 137° de la Constitución Política de 1993, con lo cual se volvería a un Estado de derecho en el cual coextisten los contrapesos políticos en forma democrática. ABSTRACT The relation between the Congress of the Republic and Peruvian National Government is regulated by the Political Constitution of 1993. In the Constitution are established the dialogue mechanisms, control and counterweights both in the political as in the realms of the administrative assessment of public management for guaranteeing the governability of the country. Nonetheless, the Peruvian context bet ween 2018-2020 allows the creation of special social, political and constitutional contexts, particularly because in the aforementioned period there has been a presidential resignation, a dissolution of the Congress and a state of emergency. This study was aimed by a descriptive method, especially because of the special and historically unique republican situation of Peru, in which there were no registers of political counterweights system after the dissolution of Congress by the Executive power (in September 2019), a fact that allows the creation of a particular context that also allows the analysis of the parliamentary interregnum period (2019-2020), followed by the state of emergency caused by the COVID-19 pandemic (March-June 2020), which generates qualitative and causal research. As a result of this assessment, a particular situation is detailed. The executive Power has not executed acts of abuse of its position but has developed a legislative production that must be assessed in conformity with the 104th, 118th, 135th and 137th articles of the 1993 Political Constitution, with which there would be a return to a Rule of Law with the coexistence of political counterweights in a democratic manner. RESUMO A relacao entre o Congresso da República e o governo nacional peruano está regularizada na Constituicao Política de 1993. Nela sao estabelecidos os mecanismos de diálogo, controle e contrapesos tanto no ámbito político quanto no da fiscalizado da gestao pública, para assim garantir a governabilidade do país. Contudo, o contexto peruano entre 2018 e 2020 permite detalhar um contexto social, político e constitucional sumamente especial, em particular porque, nesse período, sao registrados renúncia presidencial, dissolucao do Congresso da República e estado de emergencia. Na elaboracao do texto, foi utilizado o método descritivo, especialmente porque tem sido presenciada uma situacao especial e única na história republicana do Peru, na qual um sistema de contrapesos políticos nao tinha sido visto após a dissolucao do Congresso da República por parte do Poder Executivo (setembro de 2019), fato que permite detalhar com um contexto muito particular para analisar o intervalo parlamentar (2019 2020), seguido do estado de emergencia devido a pandemia da covid-19 ímarco-junho de 2020); a partir disso, é gerada uma pesquisa qualitativa e causal. Como resultado dessa avaliacao, uma situacao particular é detalhada. O Poder Executivo nao vem executando atos de abuso de sua posicao, mas vem desenvolvendo uma producao legislativa que deve ser avaliada de acordo com os artigos 104, 118, 135 e 137 da Constituicao Política de 1993, com o que se voltaria a um Estado de direito no qual coexistam os contrapesos políticos de forma democrática.

L’aplicació del mecanisme de coerció de l’article 155 de la Constitució a la Generalitat de Catalunya ha donat pas a una situació en què els dubtes que plantejava l’ambigüitat d’aquest precepte constitucional han estat substituïts per la concreció i el detallisme de les mesures adoptades per les institucions estatals a la seva empara. Igualment, enfront de l’escassetat d’anàlisis doctrinals sobre l’article 155 CE, la seva aplicació està sent determinant en l’elaboració de nombrosos estudis sobre la seva naturalesa i el seu abast. Mitjançant aquest dossier, tancat en data 12 de març de 2019, es recopilen tant el conjunt d’actuacions que han configurat la implementació del mecanisme de coerció estatal esmentat com els documents normatius, jurisdiccionals i doctrinals que hi apareixen vinculats., La aplicación del mecanismo de coerción del artículo 155 de la Constitución a la Generalitat de Catalunya ha dado paso a una situación en la que las dudas que planteaba la ambigüedad de este precepto constitucional han estado sustituidas por la concreción y el detallismo de las medidas adoptadas por las instituciones estatales a su amparo. Igualmente, ante la escasez de análisis doctrinales sobre el artículo 155 CE, su aplicación está siendo determinante en la elaboración de numerosos estudios sobre su naturaleza y su abasto. Mediante este dosier, cerrado en fecha de 12 de marzo de 2019, se recopilan tanto el conjunto de actuaciones que han configurado la implementación del mecanismo de coerción estatal mencionado como los documentos normativos, jurisdiccionales y doctrinales que aparecen vinculados., The application of the coercion mechanism of Article 155 of the Spanish Constitution against the Government of Catalonia has led to a situation in which the doubts raised due to the ambiguity of this constitutional precept have given way to the specificity and details of the measures adopted by Spanish state institutions under its aegis. Additionally, given the dearth of any previous doctrinal analysis of Article 155, its implementation lies at the heart of numerous studies on its nature and scope. This dossier, closed on 12 March 2019, provides a compilation of both the raft of actions that have shaped the implement of said state coercion mechanisms and of the associated normative, jurisdictional and doctrinal documents.

“One, none and a hundred thousand”, the ways of reforming the legal system, to use Pirandello’s expression. All of these can lead to achieving the objective set by the legislator, but the legitimacy of the procedure and the accuracy of the scope of the revision are not always indicative of a complete end product, i.e. one that is perfectly applicable to the existing legal system. To demonstrate this, the constitutional review of the reduction of the number of parliamentarians in Italy in 2020 is used as an example. The intention is not to assess whether the provision in question embodies any normative discrimination, but to illustrate —also visually— the harshness of the impact that a constitutional reform can have on its actual projection, particularly in the parliamentary sphere. «Una, ninguna y cien mil», son las maneras de reformar el ordenamiento, reza una expresión de Pirandello. Todas ellas pueden llevar a alcanzar el objetivo planteado por el legislador, pero la legitimidad del procedimiento y la puntualidad del ámbito de revisión no son siempre indicativos de un producto final completo, esto es, perfectamente aplicable al sistema jurídico vigente. Para demostrar lo aducido, se trae como ejemplo la revisión constitucional de reducción del número de parlamentarios en Italia de 2020. El intento no es el de estimar si la disposición en cuestión encarna alguna discriminación normativa, sino ilustrar —también de forma visual— la dureza del impacto que puede conllevar una reforma constitucional en su proyección real, particularmente en el ámbito parlamentario.

Tablas El texto analiza la figura del Estatuto de la Oposición Política partiendo de los debates en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 que llevaron a su consagración en el artículo 112 de la Constitución Política. Revisa los antecedentes, reformas constitucionales y el trámite que surtió para convertirse en Ley de la República. Contiene las generalidades de la Ley Nº 1909 de 2018, la reglamentación expedida por el Consejo Nacional Electoral y presenta un balance de su implementación en las dos primeras legislaturas del cuatrienio 2018-2022 en el Congreso de la República de Colombia. Se plantea que en este periodo las organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno Nacional en el Congreso de la República han tenido una mayor visibilidad en su labor legislativa y de control político, ya que a partir del 20 de julio de 2018 cuentan con una herramienta formal para la garantía de sus derechos. Sin embargo, todavía están lejos de una garantía plena y efectiva frente a los partidos de gobierno e independientes, por lo cual se requiere una serie de reformas que permitan materializar el derecho fundamental a la oposición política y de esta manera consolidar el tan anhelado pluralismo político. The text analyzes the Statute of Political Opposition starting from the debates in the 1991 National Constituent Assembly that led to its enshrined in Article 112 of the Political Constitution. It reviews the antecedents, constitutional reforms, and the process it underwent to become a Law of the Republic. It contains the generalities of Law No. 1909 of 2018, the regulations issued by the National Electoral Council, and presents an evaluation of its implementation in the periods between 2018 and 2020 of the Congress of the Republic of Colombia. It is proposed that in this period the political organizations declared in opposition to the National Government in the Congress of the Republic have had greater visibility in their legislative and political control work, that is because, since July 20 of 2018, they have a formal tool to guarantee their rights. However, they are still far from a full and effective guarantee against the government and independent parties, which is why a series of reforms are required to materialize the fundamental right to political opposition and consolidate the long-awaited political pluralism. Maestría Magíster en Derecho Constitucional

En el presente trabajo de investigación se aborda el tema relacionado con las atribuciones legislativas que legalmente se otorgan a los municipios que conforman la República mexicana, tomando como ejemplos los estados de Quintana Roo y Veracruz por ser entidades federativas que legislan lo relativo a la recaudación de sus municipios. El municipio como el ente garante más próximo a los ciudadanos presenta problemas y situaciones complejas de las cuales en su minoría logra resolver debido a la limitación en la que se encuentran por no poder legislar en materia de recaudación, motivo por el cual, en la investigación que nos ocupa se propone una reforma constitucional que permita al municipio sentar las bases para su actuar respecto a la recaudación y sostenimiento de dicho ente., {"references":["Carpizo, J. (1994). La Constitución mexicana de 1917. México: Editorial Porrúa, UNAM.","(1995). Constitución de la Nación Argentina. Argentina: Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina.","(1830). Constitución Política de la República de Colombia. Colombia: Congreso de la República.","(1931). Constitución de la República Española. España: Congreso de los Diputados","(1988). Constitución Política de la República Federativa de Brasil. Brasil: Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos","(1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.","(1917). Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. México: Congreso del Estado de Veracruz-LXV Legislatura.","(1975). Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. México: H. Congreso del Estado de Quintana Roo, México.","Marco Geoestadístico Nacional (2015) \"División territorial de México\". (s/f). Recuperado el 10 de abril de 2019, de inegi.org, recuperado de: http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/division/default.aspx?tema=T. Fecha de consulta: 05/01/2020","(s/f). El Municipio Mexicano. México: Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. (Recuperado de http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/1729/Munici pio_Mexicano.pdf?sequence=1&isAllowed=y)","Faya Viesca, J. (2004). El Federalismo Mexicano: Régimen Constitucional del Sistema Federal. México: Porrúa.","Fix Zamudio, H., & Valencia Carmona, S. (2005). Derecho constitucional mexicano y comparado. México: Porrúa.","Higuera Castro, F. (1999). \"El federalismo mexicano: breves comentarios en cuanto a su diseño constitucional\". Aequitas. Revista Jurídica del Poder Judicial, (No. 37). Recuperado de http://www.stjsin.gob.mx/assets/files/publicaciones/aequitas37.pdf . Fecha de consulta: 02/01/2020","(2004). Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. México: H. Congreso del Estado de Quintana Roo","(1949). Ley Fundamental de la República de Alemania. Alemania: Consejo Parlamentario.","(2001). Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz. México: Honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.","Pedroza de la Llave, S. T. (1997). El Congreso de la Unión, integración y regulación. México: UNAM.","Robles Martínez, R. (2006). El municipio. México: Editorial Porrúa","Suprema Corte de Justicia de la Nación. Autonomía financiera local. Se desprende de los artículos 40 y 41, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. , P./J. 12/2009, Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXIX, Abril de 2009. Pág. 1106. Tesis de Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación.","Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hacienda de los municipios, TOMO I, Pág. 310.-Cruz Nicanor.-12 de septiembre de 1917.-10 votos. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Tomo I. Pág. 310. Tesis Aislada Semanario Judicial de la Federación","Valencia Carmona, S. (coord.) (2003). El municipio en México y en el mundo: Primer Congreso Internacional de Derecho Municipal. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México"]}

La presente investigación tiene el propósito realizar un análisis minucioso, asi como un ejercicio de derecho comparado de los Gobiernos de Coalcion a partir de la reforma a la Constitucion Federal en el año 2014, llevando esa perspectiva a la reforma realizada en nuestra entidad en el año 2016 referente a los Gobiernos de Coalicion. Para ello, analizamos cuidadosamente los sistemas algunos sistemas de gobierno, entre ellos el sistema presidencial, parlamentario, semi presidencial y semi parlamentario, buscando encontrar los puntos coincidentes entre estos diferentes sistemas que nos permitan entender y perfeccionar el gobierno de nuestro país y de nuestro estado. Una vez realizada la investigación, nos percatamos de que, en la mayoría de los escenarios internacionales, como en México y en nuestro Estado, se carece de legislaciones secundarias que nos permitan sentar las bases a las reformas constitucionales que se realizan, es decir, existen generalidades pero no particularidades que nos marquen el accionar legal. Derivado de lo anterior se presenta una propuesta legislativa que consiste en la creación de una Ley Estatal de los Gobiernos de Coalición que nos permita tener la operatividad de los mismo, la regulación y la puntualización de los escenarios y esquemas que pueden derivar, cuando el Poder Ejecutivo estatal en el uso de sus facultades constitucionales requiera la creación de un Gobierno de Coalición.

El presente trabajo constituye una investigación que emplea el método deductivoinductivo, por tal motivo parte de tres conceptos fundamentales: democracia, democracia representativa y democracia participativa, cuyo objetivo principal es el poder determinar si en la actualidad esas dos formas de democracia se pueden ejercer en México sin obtener consecuencias negativas, considerando que en este país desde el año de 2012 se tiene contemplado a rango constitucional la figura de la consulta popular. En un acto de tratar de dar respuesta al planteamiento anterior y poderlo aterrizar al caso concreto que es México, en la presente investigación, se analizará el caso de Venezuela, Bolivia y Uruguay, países Latinoamericanos que tienen más experiencia en el uso de mecanismos de democracia participativa y con ello poder obtener una aproximación de cuáles serían las consecuencias de un uso indebido de estos mecanismo.

Los partidos políticos precisan de recursos para financiar las actividades que desarrollan con el objetivo de alcanzar el poder político. Por ello, este tema es nodal para el buen funcionamiento de la democracia, en tanto forma de gobierno. Sin embargo, en los últimos lustros se ha registrado un creciente malestar en contra de la democracia, sobre todo, por la actuación de sus figuras “estelares”, como lo son los partidos políticos y sus candidatos, que han sido los principales artífices del actual marco constitucional y legal del sistema político mexicano. Lo anterior, se comprueba con la evidencia histórico de que, de 1946 a 2012, los partidos políticos fueron la única vía para contender por los cargos de elección popular, siendo una paradoja de la transición que los entonces llamados partidos de oposición, que lucharon por “romper” el sistema autoritario, no hayan pugnado por establecer las candidaturas independientes. Esta paradoja histórica no es fortuita, sino que fue la decisión concertada de los partidos y sus dirigentes para sustituir un sistema hegemónico de excepción por otro diferente, donde fueron excluidos los ciudadanos que no simpatizaban con los partidos políticos, controlados por verdaderas oligarquías, que se han caracterizado por construir todo una maquinaria a su favor. Esta partidocracia se alejó de sus funciones sociales como son la articulación y sistematización de las demandas sociales, creación de ciudadanía, socialización de la problemática socioeconómica y movilización en pro de las demandas sociales, para cumplir únicamente su función respecto a la lucha por alcanzar el poder político. Naturalmente esta partidocracia, tiene a su disposición exorbitantes recursos públicos y privados, con la consecuente crítica social. Partiendo de lo anterior, el propósito del presente trabajo es dar a conocer un nuevo modelo de sistema de partidos políticos y candidatos independientes, a efecto de establecer mejores condiciones para la competencia política en nuestro país, ejemplificando cómo funcionaría este modelo, tomando como base los datos correspondientes al pasado proceso electoral federal 2018, en que se renovaron el Poder Ejecutivo Federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión

La competencia política electoral en México, ha experimentado diferentes cambios y ajustes en sus diferentes estructuras; una de ellas, la relativa al desarrollo de la comunicación política, sus alcances y regulación. El modelo de comunicación política desarrollado a partir de la reforma constitucional y legal en materia político electoral de los años 2007 y 2008, en que por lo que hace al contenido de la propaganda política que emiten candidatos y partidos políticos, estableció restricciones, consistentes en prohibir expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos políticos y que calumnien a las personas; designando al Instituto Federal Electoral como autoridad encargada de investigar y sancionar las conductas infractoras de tal disposición, ha presentado diversos cambios desde su implementación. De manera que las primeras experiencias en los procesos electorales que siguieron a esta reforma, derivado de las resoluciones emitidas por el Instituto Federal Electoral, en que resolvió sobre algunas expresiones consideradas por los quejosos como injuriosas o denigratorias, y cuyas resoluciones fueron objeto de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fueron trazando la ruta que mediante criterios jurisdiccionales, el tribunal electoral federal, fue delineando, para definir o precisar los alcances de estas restricciones a la libertad de expresión. La construcción de criterios, atendiendo no solo al contexto nacional sino a las resoluciones emitidas en otros países, así como instancias internacionales como la Corte Interamericana de derechos Humanos, estableció márgenes cada vez más amplios respecto del ejercicio de la libertad de expresión, y la de difusión de cualquier idea u opinión, que como derechos fundamentales tutelan los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente. Esta definición de criterios jurisdiccionales, en que la libertad de expresión es la hoja de ruta en la calificación del contenido de la propaganda electoral, fue atendida por el legislador en la reforma constitucional y legal en materia político electoral del año 2014, en que por un lado, transitamos hacia un sistema nacional de elecciones, con una redistribución de funciones entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Publicas Locales Electorales, y por el otro, la función de investigar y sancionar las violaciones en materia de propaganda electoral, se 4 dividieron entre la autoridad administrativa electoral para la instrucción de las quejas relativas, y la autoridad jurisdiccional electoral para la resolución correspondiente. Por otra parte, la reforma reconoció los criterios emitidos por los tribunales electorales en cuanto a la expansión de los límites a libertad de expresión, eliminando del precepto constitucional la prohibición de denigrar instituciones y partidos políticos, privilegiando la tolerancia y la crítica severa, como elementos determinantes en el debate público que propicia una ciudadanía informada y eventualmente la toma de decisiones con un voto razonado.

En 1920 se ensaya en Alemania un nuevo tipo de régimen, al cual se le denominó “semipresidencial”, pues combina características tanto del sistema presidencial como del parlamentario; pero es hasta que Francia en su Constitución de 1958 lo implementa, cuando se vuelve realmente visible y surge como un sistema de gobierno que es sujeto de análisis y debate entre los estudiosos de la materia. En nuestro país se produce en 1977 la gran reforma en materia política-electoral, y a partir de ella, diversos teóricos empiezan a plantear si resultaba conveniente modificar nuestro sistema de gobierno y concretamente implementar uno de tipo parlamentario, que en Europa tenía varios siglos de aplicarse con muy buenos resultados. Veinte años después y posterior a la otra gran reforma en materia electoral de 1996, por primera vez el partido en el poder dejó de tener mayoría en la Cámara de Diputados, tendencia que continuó hasta la Legislatura LXIII (2015-2018), en que ningún partido político tenía por sí solo, mayoría parlamentaria en las Cámaras del Congreso de la Unión. Hasta principios del siglo XX los principales sistemas de gobierno adoptados por casi todos los países eran el tipo presidencial o el tipo parlamentario, con sus particularidades cada uno. En ese siglo algunas naciones latinoamericanas, principalmente como consecuencia de conflictos internos, mudaron su forma de gobierno, pero los resultados no han sido los esperados. Por lo que, a casi 200 años de regirnos en México bajo un sistema de tipo presidencial, resulta pertinente explorar la posibilidad de modificar nuestra forma de gobierno con el propósito de buscar un efectivo equilibrio entre los poderes que reditué en beneficio de los mexicanos. XI Es así como en el presente trabajo se plantea la posibilidad de transitar hacia un sistema de gobierno de tipo semipresidencial en el que además del titular del Poder Ejecutivo, exista un Jefe de Gobierno con atribuciones y responsabilidades claras y perfectamente definidas que imposibiliten el ejercicio de las señaladas facultades metaconstitucionales del presidente, que con el paso de los sexenios se fueron dando, como lo estudió Carpizo en su libro “El Presidencialismo Mexicano”.

Paso a paso por el camino de la vida, reconozco en el servicio público mi vocación de vida, al efecto, refrendo mis convicciones entregándome como persona al camino que, con amor a mi patria, decidí seguir, comprometiéndome en cada momento a una superación constante en favor de los ideales de justicia y libertad, así como profesionalización que permiten al ser humano, ser un sujeto digno de representar a los demás. Sirvan estas líneas como preámbulo al presente trabajo de investigación titulado “La Creación e Implementación de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Normas Jurídicas en el Congreso de la Unión”. El trabajo de investigación en mención, busca en todo momento aportar elementos de convicción sobre la necesidad de contar con un organismo público adscrito a nuestro Poder Legislativo que cuente con la atribución de realizar análisis ex post de normas jurídicas implementadas, en este orden de ideas, se destaca que de acuerdo con la función social con que cuenta el Estado, la cual es cumplir con los fines de bien común de la sociedad, es imperante la necesidad de que este cuente con legislación acorde a las necesidades sociales, debiendo el Poder Legislativo estar al tanto de éstas. De acuerdo con nuestro sistema de Gobierno republicano, democrático, representativo, laico y federal, es imperante que quienes operan en nuestro gobierno se encuentren informados sobre las necesidades sociales, así como los efectos causados por la legislación vigente, pudiendo estos tomarlo en cuenta en su actuar dentro del servicio público. No obstante, la presente investigación guarda otro papel fundamental, el aporte científico a la ciencia del Derecho Parlamentario, recopilando conocimientos adquiridos durante el doctorado, por lo que se presentan los aspectos científicos aplicables a la presente investigación, formando parte de la metodología utilizada para la creación de ésta.

This article is about the political fragmentation originated in Spanish Parliaments from the 2015 elections, both at the State and the Autonomous Communities levels, and the way in which this fragmentation has affected the legislative practice of the Autonomous Communities’ Parliaments in the legislature framed in the period between 2015 and 2019. It is shown that the increase in political fragmentation has not led to a stagnation of legislative activity, in general terms. Autonomous Communities’ Parliaments continue to legislate, but they legislate in a different fashion. Between 2015 and 2019, the Autonomous Communities’ legislative practice records a large number of situations that had not previously occurred. If political forces open up to compromise and deal with new developments flexibly, political fragmentation does not have to hinder the passage of law. In some circumstances, it may even become an incentive to legislating. On the contrary, if the political forces do not adapt themselves to the new scenario, fragmentation produces instability and becomes an obstacle to the normal development of legislation. En el presente trabajo se estudia la fragmentación política originada en las Cortes y en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas a partir de las elecciones de 2015 y la forma en que dicha fragmentación ha repercutido en la práctica legislativa de aquéllas en la legislatura enmarcada en el período entre 2015 y 2019. Se demuestra que el incremento de la fragmentación política no ha originado un estancamiento de la actividad legislativa, en líneas generales. En los Parlamentos de las Comunidades Autónomas se sigue legislando, pero se legisla de manera diferente. Entre 2015 y 2019, la práctica legislativa registra un gran número de incidencias que no se habían dado previamente. Si las fuerzas políticas se abren a lograr acuerdos y afrontan las novedades de manera flexible, la fragmentación política no tiene por qué obstaculizar la aprobación de leyes e, incluso, en algunas circunstancias, puede convertirse en un incentivo para legislar. Por el contrario, si las fuerzas políticas no se acomodan al nuevo escenario, la fragmentación produce inestabilidad y se convierte en un obstáculo para el normal desarrollo de la actividad legislativa.

Esta investigación explora las condiciones que presenta la técnica legislativa en el marco del proceso legislativo que se lleva a cabo en el Estado de México, es decir, examina si entre los ordenamientos que rigen la producción de normas jurídicas en la entidad se prevén reglas y pautas suficientes para procurar su correcta elaboración a partir de los elementos técnicos que deben acompañarlas, como lenguaje, lógica, coherencia y armonía con el sistema jurídico. El análisis de dicho fenómeno, no obstante, se realiza de forma deductiva y a través del enfoque comparado. De esta manera, una vez expuesto en el primer capítulo el marco histórico y el marco conceptual que traza los márgenes del objeto de estudio, el segundo capítulo da pie a una investigación que indaga las peculiaridades de la técnica legislativa en diversos países de Europa y de América Latina, donde se rescatan apuntes importantes respecto a los antecedentes de este fenómeno y de sus implicaciones vigentes. Siguiendo este mismo criterio, el tercer capítulo explora el caso del Estado de México de la mano de un análisis comparado que contrasta las particularidades que manifiestan otras entidades de la República en sus consideraciones respecto a la injerencia de la técnica legislativa al momento de elaborar nuevas leyes. Las experiencias obtenidas a raíz de este enfoque comparado permiten advertir sendas oportunidades de mejora para el uso de técnica legislativa en el proceso legislativo mexiquense, y en sentido, el cuarto capítulo plantea ocho propuestas para promover su instrumentación en el seno de la Legislatura y entre los actores facultados para elaborar normas jurídicas. De esta manera, se exponen tres sugerencias aplicables en la etapa pre legislativa (encaminadas a robustecer la investigación y la justificación del proyecto), tres en la etapa legislativa (tendentes a vigilar y acompañar la fase de redacción) y dos en la etapa post legislativa (encauzadas a incentivar la evaluación de las leyes). Así, al incentivar la sistematización en las labores de producción legislativa, se pretende reivindicar los principios de técnica legislativa y contribuir en la búsqueda por el perfeccionamiento de las normas jurídicas que rigen a la ciudadanía.

La presente investigación trata de analizar el uso que se hizo del artículo 81.3 del Reglamento del Parlamento de Cataluña para alterar el orden del día y aprobar tanto la proposición de ley de referéndum como la de transitoriedad. Para ello, primero se ha examinado tanto el contenido que posee dicho artículo como aquellas cuestiones dudosas sobre el mismo. En segundo lugar, se ha resumido tanto la interpretación que se le dio a dicho precepto por la mayoría parlamentaria catalana para poder introducir ambas proposiciones de ley como las consecuencias que ello tuvo en forma de recursos de amparo. En tercer lugar, se ha contrastado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional con las diferentes cuestiones planteadas durante el procedimiento de aprobación de ambas proposiciones de ley. En cuarto lugar, se ha intentado realizar una propuesta de resolución de aquellos recursos de amparo presentados por el grupo parlamentario de Ciudadanos sobre los que el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado. Y, en quinto y último lugar, se han analizado las SSTC 10/2018 y 27/2018 que resuelven los recursos de amparo sobre los acuerdos de la Mesa por los que se desestimaba la solicitud de dictamen del CGE. Una vez realizado todo ello, seis han sido las principales conclusiones. Uno: que la Mesa del Parlamento de Cataluña tenía tanto la obligación de realizar un análisis más allá de la estricta verificación de los requisitos formales por existir unos incidentes de ejecución que le obligaban expresamente a ello, como el deber de acordar su inadmisión por ser las proposiciones de ley palmaria y evidentemente inconstitucionales. Dos: que el Tribunal Constitucional debería fallar en contra de la parte del recurso de Ciudadanos donde se pedía anular los acuerdos del Pleno mediante los cuales se alteró el orden del día, pero debería resolver a favor de aquella otra parte del mismo recurso donde se pedía anular los acuerdos del Pleno mediante los cuales se creó un procedimiento legislativo ad hoc a través del art. 81.3 RPC. Tres: que las SSTC 10/2018 y 27/2018 estiman positivamente los recursos de amparo del grupo parlamentario Socialista en los que se pedía declarar la nulidad tanto de los Acuerdos de la Mesa de los días 6 y 7 de septiembre por los que se desestimaba tramitar la solicitud de dicho dictamen como de sus efectos. Cuatro: que no parece ser manifiestamente inconstitucional que a través del art. 81.3 RPC se pueda modificar el orden del día para incluir el debate y votación de una proposición de ley, afirmación esta que bien puede ser ampliable a todos aquellos preceptos de los demás reglamentos parlamentarios cuyo contenido sea similar. Cinco: que ni el art. 81.3 RPC ni ningún otro precepto que desarrolle la alteración del orden del día en los demás reglamentos parlamentarios, habilita para que a su través la mayoría parlamentaria cree un procedimiento legislativo ad hoc gracias al cual posteriormente se puedan aprobar proposiciones de ley. Y seis: que el motivo principal por el cual se acabaron tramitando las proposiciones de ley de esa manera no es otro que la voluntad de la mayoría parlamentaria (y, por ende, del Gobierno catalán) de tramitar y aprobar con apariencia de legalidad dos proposiciones de ley que eran ya en su origen evidentemente inconstitucionales. The present investigation tries to analyse the use that was made of article 81.3 of the Catalan Parliamentary rules of procedure to alter the order of the day and approve both the Referendum Law and the Transitoriness Act. For this, first the content of the article as well as the dubious questions about it have been examined. Secondly, the interpretation given to this precept by the Catalan parliamentary majority in order to introduce both bills as well as the consequences that it had in the form of appeals has been summarized. Thirdly, the jurisprudence of the Constitutional Court has been contrasted with the different issues raised during the approval procedure of the Referendum and Transitoriness Acts. Fourthly, an attempt has been made to make a proposal for a resolution of the appeals filed and on which the Constitutional Court has not yet ruled. And fifthly, analyse the STCC 10/2018 and 27/2018 that solve the appeal in relation to the agreements of the Parliamentary Bureau that rejected the request for the CGE’s dictum. Once all this has been done, six have been the main conclusions. One: that the Catalan Parliament Bureau was so obliged to carry out an analysis beyond the strict verification of the formal requirements because there were some execution incidents that expressly obliged it, as well as the duty to agree on its inadmissibility because the proposals were of obvious law and evidently unconstitutional. Two: that the Constitutional Court should rule against the part of the Citizens’ appeal where it was requested to annul the agreements of the Plenary by means of which the agenda was altered, but it should resolve in favour of that other part of the same resource where it was requested cancel the agreements of the Plenary through which an ad hoc legislative procedure was created through art. 81.3 RPC. Three: that the SSTC 10/2018 and 27/2018 positively estimate both the appeal of the Socialist parliamentary group and one of the parties to the appeal for protection of Citizens, in which it was requested to declare the nullity of both the Agreements of the Bureau of the 6th and September 7 for which it was rejected to process the request for such opinion and its effects. Four: it does not seem to be manifestly unconstitutional that, through art. 81.3 RPC, the agenda can be modified to include the debate and vote on a proposed law, an affirmation that may well be extended to all those precepts of the other regulations parliamentarians whose content is similar. Five: that neither art. 81.3 RPC nor any other precept that develops the alteration of the agenda in the other parliamentary regulations, enables the parliamentary majority to create an ad hoc legislative procedure through which subsequent proposals can be approved. Of law. And six: that the main reason why they ended up processing the proposals of law in this way is none other than the will of the Catalan parliamentary majority (and, thus his government) to process and approve with appearance of legality two propositions of law that were already in their origin evidently unconstitutional. Este trabajo se inserta en las actividades del Grupo de Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo (GEDECO, grupo consolidado Generalitat 2014) y del proyecto de investigación financiado por el MINECO DER 2012-37567 sobre «Democracia multinivel: la participación de los ciudadanos y de los entes territoriales en los procesos de decisión pública».

La presente investigación tiene como finalidad hacer un análisis del funcionamiento de las comisiones parlamentarias en el sistema congresional mexicano; para tal efecto se llevó a cabo el estudio del ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el cual basa su trabajo en órganos colegiados denominados comisiones permanentes ordinarias en donde se elaboran en primera instancia los proyectos de dictámenes o resolutivos que habrán de someterse a consideración del pleno. El funcionamiento de dichas comisiones está determinado por factores de naturaleza normativa pero también política. Lo normativo se encuentra vinculado a la necesaria racionalidad de la función legislativa y la especialización del conocimiento de los asuntos de su competencia regulados por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y su respectivo reglamento, en cuanto a su integración, atribuciones y procedimientos para el desahogo de los asuntos de su competencia. De igual manera influyen factores de carácter político en el que hacer de las comisiones parlamentarias como lo es la férrea disciplina de partido que condiciona la actuación del legislador, no solamente en su participación en la asamblea plenaria sino también al interior de las comisiones de las cuales forma parte, pues padecen de una continua invasión de competencias entre ellas, lo cual incide directamente en la lentitud del trabajo parlamentario y en el descontrol de sus tareas sustantivas de fiscalización. Por lo cual en el presente trabajo se propone que para que las referidas comisiones cumplan con eficiencia y eficacia su labor parlamentaria estas actúen no sólo apegadas a la normatividad sino también en normas, principios y valores rectores institucionales para orientar la función representativa, pues como señala Dworkin la naturaleza de los principios encarnan mandatos de optimización y, por consiguiente, 13 el apego a los mismos implica la existencia de deberes éticos de adhesión para los parlamentarios sólo y si éstos buscan la proximidad de esa institución con el parlamento y los miembros de la sociedad a la que representan; en el contexto de la promoción y garantía de los derechos humanos.

A lo largo de nuestra historia política el país ha pasado por etapas de amenaza de ingobernabilidad, parálisis legislativa y gubernamental, como resultado de las diferencias entre poderes públicos y, específicamente, por los gobiernos sin mayoría en el Congreso, por ello es necesaria la búsqueda de herramientas que fortalezcan y posibiliten la articulación de altos niveles de gobernanza y buen gobierno. Una de ellas, nuestro principal propósito en esta investigación, es la implementación de un Gobierno de Coalición que contrarreste dichas diferencias, que promueva las relaciones intrapartidarias, así como, la creación de nuevas alianzas políticas que permitan la negociación y deliberación, consolidando un gobierno funcional y eficiente, y fortaleciendo la democracia. El análisis de derecho comparado basado en la teoría general de sistemas permitió interpretar, a la luz de su instrumental teórico, la vida política como un conjunto de interacciones específicas y desagregar sus componentes complejos para facilitar su estudio y comprensión; y nos presenta los diversos parámetros, indicadores y elementos que intervienen para la aplicación de los Gobiernos de Coalición cuando no se cuenta con mayoría en el Congreso, como alternativa para la construcción de acuerdos y consensos para fortalecer la democracia, mantener la gobernabilidad, mejorar la gobernanza y lograr un buen gobierno. En nuestro país y en particular en nuestro Estado, la opción por los Gobiernos de Coalición es una facultad del Titular del Ejecutivo, quien puede optar por este tipo de gobierno ante la imposibilidad de generar una mayoría parlamentaria, por lo que consideramos necesaria la expedición de una Ley Reglamentaria de los artículos 61 fracción LI y 77 fracción XLVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para instituir las directrices y lineamientos de los Gobiernos de Coalición.

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