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espanolSe analiza el ejercicio de ponderacion judicial realizado por los tribunales nacionales e internacionales frente a conflictos que in volucran a ninos indigenas. En este contexto se desarrolla la relacion entre las variables identidad cultural, Derecho propio y ninos indigenas. Se estudian los fundamentos de las sentencias en la estructura interamericana de Derechos Humanos identificando los estandares juridicos que fijan parametros para la funcion judicial interna. Finalmente se consideran casos judiciales nacionales que involucran a ninos de la etnia indigena aymara del norte de Chile. Se registran criterios variables de interpretacion normativa al momento de aplicar la costumbre para resolver conflictos judiciales de la poblacion aymara, impidiendo que se cumplan los fines de la norma y comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado frente al incumplimiento de los compromisos internacionales vigentes. EnglishThe judicial weighting exercise carried out by national and international courts against conflicts involving indigenous children is analyzed. In this context, the relationship between the variables of cultural identity, own law and indigenous children is developed. The foundations of the judgments in the inter-American structure of Human Rights are studied, identifying the legal standards that set parameters for the internal judicial function. Finally, national judicial cases involving children of the Aymara indigenous ethnic group from northern Chile are considered. Variable criteria of normative interpretation are recorded when applying the custom to resolve judicial conflicts of the Aymara population, preventing the purposes of the norm from being fulfilled and com promising the international State's responsibility for non-compliance with current international commitments.

espanolEl caso Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) es el primero ante la Corte IDH relacionado con un reclamo de pueblos indigenas en Argentina, cuya sentencia fue emitida el 6 de febrero de 2020. La Corte IDH ha resuelto que: el Estado es responsable por la violacion a los derechos a participar en la vida cultural, en lo atinente a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentacion adecuada y al agua, establecidos en el articulo 26 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos. Este es el primer precedente en cuanto a derechos sociales y pueblos indigenas. En la investigacion se abordara: la importancia y el avance de las resoluciones de la Corte IDH, en materia de pueblos indigenas; las principales sentencias que avalan el analisis diferenciado de los derechos civiles y politicos respecto de los derechos economicos, sociales y culturales; y, los derechos a un ambiente sano, a la alimentacion adecuada, al agua y a la identidad cultural y especificidades en relacion con pueblos indigenas EnglishThe case Lhaka Honhat (Our Land) is the first in the IACHR related with the claim of the indigenous communities in Argentina. The final decision of the case was stated the 6th of February 2020. The IACHR considered that the State is responsible for the violation of the right of participate in a cultural life, contained in the cultural identity, to a healthy environment, appropriate nutrition and water, stated in the article 26 of the American Convention on Human Rights. This is the first precedent regarding social rights and indigenous peoples. The investigation will address: the importance and progress of the resolutions of the IACHR, related with indigenous peoples; the main judgments that support the differentiated analysis of civil and political rights regarding economic, social and cultural rights; and the rights to a healthy environment, to adequate food, to water and to cultural identity and peculiarities in relation to indigenous peoples

La constante relación con las diferentes culturas en un mismo territorio, es una realidad en el siglo XXI y uno de los grandes retos es la inclusión, por lo que, conocer y proteger los derechos de las diferentes culturas se convirtió en una lucha para el mundo. La reivindicación de derechos sobre las culturas y los pueblos que han sido históricamente trasgredidos es una realidad, de modo que, la sociedad se encuentra promoviendo el acceso a los derechos, que fueron arrebatados a través de la historia. Los pueblos indígenas y tribales de Colombia han sido tradicionalmente marginados, explotados, en consiguiente se encuentran en una constate lucha para poder mantener sus territorios y tradiciones que aún subsisten, a causa de la diaria vulneración de derechos, es por esta razón que, se realizará el estudio al derecho humano de la propiedad colectiva en el Pueblo indígena Wayuu sobre las condiciones que tiene origen en la represa El Cercado. El pueblo Wayuu se encuentra ubicado al norte de Colombia, en el departamento de la Guajira con un ecosistema de características desérticas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha venido realizando seguimiento a la problemática por acceso al agua y desnutrición en los niños, niñas, adolescentes, mujeres en estado de embarazo y personas de la tercera edad, que ha generado graves condiciones de salud en la población, situación que pone en riesgo la integridad del pueblo. Una de las principales causas de esta situación, es que desde el año 2013 se ha presentado una crisis ambiental, que es ocasionada por una ola de calor extrema que trajo consecuencias en las diferentes y principales actividades económicas como la caza, pesca y cultivo, actividades que se realizan en épocas de lluvia. (Contraloría General de la República, 2013) Por lo que, desde el año 2015 la CIDH, le solicita al Estado colombiano que tome las medidas necesarias para mitigar las muertes de menores de edad por desnutrición y acceso al agua potable, debido a que, se han presentado “4770 muertes durante los últimos ocho años” (CIDH, 2015). En consiguiente, esta investigación se desarrollará con dos aspectos principales, en primer lugar, la definición y características esenciales del derecho a la propiedad colectiva a nivel internacional y nacional, en segundo lugar, la aplicación de los conceptos sobre la situación del pueblo indígena Wayúu, frente a la Represa del Cercado desde la perspectiva de responsabilidad internacional y el Estado. Abogado http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Pregrado

The objective of this article is to review and analyze the different arguments and legal excuses made by the Government and the private sector in Peru, this for the purpose of that the first-mentioned institution fails or avoids its juridical obligation of execute the preview consultation process for the indigenous peoples in Peru, this whenever the State is going to adopt a legislative or administrative measure susceptible that will affect directly to the indigenous peoples. In summary, this article seeks to analyze about the juridical problems founded at the moment of the implementation of the preview consultation process in our Legal System. If we consider that Convention 169 ILO, and the right to consult has been in force since February 2nd of 1995, and the Constitutional Court established on binding jurisprudence that the Convention in question is a norm that no needs a legislative development for its effectiveness, thus we can conclude that, rather than arguments is about legal excuses. El objetivo del artículo es revisar y analizar los diferentes argumentos y pretextos jurídicos utilizados por el Gobierno y el sector privado en el Perú, para que el primero incumpla o evada su obligación jurídica de realizar el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas en el Perú, esto cada vez que el Estado prevé adoptar una medida legislativa o administrativa susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas. En buena cuenta lo que hace el artículo es analizar los problemas jurídicos encontrados al momento de implementar la consulta previa en nuestro ordenamiento jurídico. Si tenemos en cuenta que el Convenio 169 de la OIT, y el derecho a la consulta estaban vigentes, y eran exigibles en el Perú desde el 2 de febrero del año 1995, y que el Tribunal Constitucional ha dicho en jurisprudencia vinculante, que el referido convenio es una norma que no necesita desarrollo legislativo para desplegar sus efectos normativos, podemos concluir, que más que argumentos, se trata de pretextos jurídicos.

The objective of this article is to review and analyze the different arguments and legal excuses made by the Government and the private sector in Peru, this for the purpose of that the first-mentioned institution fails or avoids its juridical obligation of execute the preview consultation process for the indigenous peoples in Peru, this whenever the State is going to adopt a legislative or administrative measure susceptible that will affect directly to the indigenous peoples. In summary, this article seeks to analyze about the juridical problems founded at the moment of the implementation of the preview consultation process in our Legal System. If we consider that Convention 169 ILO, and the right to consult has been in force since February 2nd of 1995, and the Constitutional Court established on binding jurisprudence that the Convention in question is a norm that no needs a legislative development for its effectiveness, thus we can conclude that, rather than arguments is about legal excuses. El objetivo del artículo es revisar y analizar los diferentes argumentos y pretextos jurídicos utilizados por el Gobierno y el sector privado en el Perú, para que el primero incumpla o evada su obligación jurídica de realizar el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas en el Perú, esto cada vez que el Estado prevé adoptar una medida legislativa o administrativa susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas. En buena cuenta lo que hace el artículo es analizar los problemas jurídicos encontrados al momento de implementar la consulta previa en nuestro ordenamiento jurídico. Si tenemos en cuenta que el Convenio 169 de la OIT, y el derecho a la consulta estaban vigentes, y eran exigibles en el Perú desde el 2 de febrero del año 1995, y que el Tribunal Constitucional ha dicho en jurisprudencia vinculante, que el referido convenio es una norma que no necesita desarrollo legislativo para desplegar sus efectos normativos, podemos concluir, que más que argumentos, se trata de pretextos jurídicos.