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Treball Final del Màster Universitari en Advocacia. Codi: SRJ010. Curs acadèmic 2019/2020 Los administradores sociales constituyen un órgano cuya actuación es determinante en el funcionamiento de la sociedad. En el desempeño de su cargo están obligados a cumplir una serie de deberes legales que derivan del contrato que tienen con la sociedad, ya que, de lo contrario, podrán incurrir en responsabilidad toda vez que, de sus actuaciones negligentes pueden derivarse perjuicios a la propia sociedad, al resto de socios o incluso a terceros acreedores. La actual Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC), establece todo un sistema de acciones a fin de que los perjudicados por una actuación negligente de los administradores puedan ver resarcido el daño que se les ha causado. En efecto, dado que la naturaleza de las relaciones existentes entre los administradores y la sociedad que administran es de origen contractual, cualquier incumplimiento en que incurran aquellos devendrá en la obligación de resarcir a los sujetos damnificados según las normas del Derecho Civil Patrimonial1 . No obstante, en el presente trabajo, dada la extensión de la materia, nos limitaremos al análisis de la acción social y de la acción individual de responsabilidad de los administradores societarios reguladas en los artículos 238 a 241.bis LSC. En la práctica existe una problemática entorno a cuál de las dos acciones mencionadas anteriormente cabe ejercitar en cada caso concreto. Ante la duda, muchos abogados prefieren no arriesgarse y ejercitan ambas de forma acumulada o subsidiaria, lo que ha originado numerosos pronunciamientos en las Sentencias en las que los jueces y tribunales inciden en la distinción entre ambas acciones, y subrayan los motivos por los cuales en cada caso concreto no procede interponerlas, bien de forma acumulada, o bien de forma subsidiaria una de otra. En las próximas líneas analizaremos la reciente jurisprudencia emanada tanto de las Audiencias Provinciales como del Tribunal Supremo, así como su interpretación por la doctrina.

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Las tendencias jurisprudenciales emitidas por la corte suprema de justicia, establecen un de-rrotero frente a la carga de la prueba en la responsabilidad civil médica a partir de 1940 hasta la actualidad. La responsabilidad debe mirarse como la consecuencia de una relación entre una obligación y un derecho, la obligación se refiere a la persona que presta un servicio o cumple un mandato, mientras que la persona es quien puede hacer valer ese derecho como mandante por la condición personal, sino que se encuentra en determina-da situación específica y requiere ejercerlo. El médico como todo profesional, es responsable de sus negligencias y de una mala práctica, por lo tanto las consecuencias legales tanto por acción como por omisión causando daño a otro, está obligado a reparar el daño causado. Jurisprudential trends issued by the Supreme Court, set out a route address the burden of proof in me-dical liability from 1940 to the present. The responsibility should be viewed as the result of a relationship between an obligation and a right, obligation refers to the person providing a service or meets a mandate, while the person is who can enforce the right as principal for personal status, but is found in a given situation and requires specific exercise.The doctor as any professional is responsible for his negligence and bad practice, therefore legal consequences either by action or by omission causing harm to another, is obliged to repair the damage.