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Digital, La ley 2080 de 2021 realiza varias reformas en la jurisdicción contencioso administrativo por medio de la inclusión de las tecnologías de información y comunicaciones modificando los artículos 199, 200, 201 y 205 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) en materia de notificaciones electrónicas, por tal motivo, este trabajo de grado analiza los traumatismos generados por dichas modificaciones, para lo cual es pertinente determinar las principales falencias que ha tenido la rama judicial- jurisdicción administrativa con las nuevas disposiciones normativas y establecer las diferentes formas de interpretación respecto al tema. Metodológicamente este trabajo de investigación utilizo el enfoque cualitativo, la investigación descriptiva, la hermenéutica jurídica y tanto las fuentes primarias como secundarias para recolectar información. En este orden de ideas, la implementación de las tecnologías de la información y comunicaciones trajo consigo diversas ventajas y desventajas, entre las ventajas se encuentra la celeridad de los procesos judiciales, la facilidad para consultar procesos y gestionar tramites y la protección del medio ambiente por medio de la eliminación del papel, por su parte, las desventajas más visibles son las limitaciones de conectividad, la infraestructura inadecuada, la falta de conocimiento y capacitaciones en la utilización de las herramientas tecnológicas por parte de los funcionarios de la rama judicial, de los abogados litigantes y de la ciudadanía en general., Law 2080 of 2021 carries out several reforms in the contentious-administrative jurisdiction through the inclusion of information and communication technologies, modifying articles 199, 200, 201 and 205 of Law 1437 of 2011 (CPACA) regarding electronic notifications, For this reason, this degree work analyzes the traumatisms generated by said modifications, for which it is pertinent to determine the main shortcomings that the judicial branch-administrative jurisdiction has had with the new normative provisions and to establish the different forms of interpretation regarding the subject. Methodologically, this research work used the qualitative approach, descriptive research, legal hermeneutics and both primary and secondary sources to collect information. In this order of ideas, the implementation of information and communication technologies brought with it various advantages and disadvantages, among the advantages is the speed of judicial processes, the ease of consulting processes and managing procedures, and the protection of the environment by Through the elimination of paper, for its part, the most visible disadvantages are connectivity limitations, inadequate infrastructure, lack of knowledge and training in the use of technological tools by officials of the judicial branch, of the trial attorneys and the public in general., Pregrado, Abogado(a), Yesenia Solano, estudiante del Programa del Derecho; Universidad de Santander – Valledupar. Este texto surge de la necesidad de identificar los artículos que fueron objeto de reforma por la ley 2080 de 2021 para la utilización de las tecnologías, así como determinar las principales falencias que ha tenido la rama jurisdiccional contencioso administrativa y establecer las diversas formas de interpretación existentes., Parte I. Problema de Investigación 16 Planteamiento del Problema 16 Pregunta Problema 18 Objetivos 19 Objetivo general 19 Objetivos específicos 19 Justificación 20 Parte II. Estado del Arte 22 Marco Teórico 27 Marco Legal 30 Constitución Política de Colombia 30 Ley 1437 de 2011 30 Ley 2080 de 2021 31 Marco Conceptual 31 Parte III. Marco Metodológico 33 Enfoque de la Investigación 33 Tipo de Investigación 33 Método de Investigación 33 Fuentes y Técnicas de Recolección de la Información 34 Parte V. Cronograma de Actividades 35 Parte VI. Resultados 36 Capítulo I. Artículos que Fueron Objeto de Reforma por la ley 2080 de 2021 Para la Utilización de las Tecnologías, las Cuales Modificaron el Contenido en los Artículos 199, 200, 201 y 205 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). 36 Capítulo II: Principales Falencias Que Ha Tenido La Rama Judicial- Jurisdicción Administrativa con las Nuevas Disposiciones Normativas Descritas en la Ley 2080 de 2021 en Valledupar. 41 Capitulo III. Formas de Interpretación que han Surgido con las Modificaciones Creadas con La Expedición de la Ley 2080 De 2021, en el Procedimiento Contencioso Administrativo en Colombia 44 Conclusiones 48 Referencias Bibliográficas 50 Apéndice 52

The constitutional guarantee of double instance is the power granted by the Constitution to be able to challenge judicial decisions, which is why it is linked to different constitutional rights and guarantees and its application is different in each legislation. This constitutional guarantee is considered part of due process and is applied in various matters in which administrative law is included. This guarantee to be able to challenge extends the opportunity to citizens, who feel that a violation is being caused through a decision, the right to appeal also represents the most appropriate form of review for another court to examine the process in search of defects in the procedural acts to achieve their straightening and restore legality to the aggrieved. There is a confusion between the constitutional guarantee of double instance and double conformity since it is considered of equal meaning, however, they have their particularities and different application as detailed in doctrine and jurisprudence, for which the similarities and differences between the two constitutional guarantees will be analyzed so that there is no confusion at the time of developing the main topic. The procedure for contentious administrative trials according to the General Organic Code of Processes, consists of only one instance, that is, contentious administrative jurisdictional actions lack second instance, since from the judgment of first instance the only vertical appeal that proceeds is that of cassation, so it is necessary to determine if there is a violation of the principle of double instance in the contentious administrative procedure. In this degree project, these problems will be investigated, from the approach of the administrative field, to reach the conclusion if there is a violation of the right to a second instance due to the absence of the appeal. RESUMEN: La garantía constitucional de doble instancia es la facultad que otorga la Constitución para poder impugnar decisiones judiciales, motivo por el cual está vinculado con diferentes derechos y garantías constitucionales y su aplicación es diferente en cada legislación. Esta garantía constitucional se la considera parte de debido proceso y, se aplica en diversas materias en la que está incluido el derecho administrativo. Esta garantía a poder impugnar extiende la oportunidad a los ciudadanos, que sientan que se les está causando una vulneración a través de una decisión, el derecho a recurrir además representa la forma más idónea de revisión para que otro órgano jurisdiccional examine el proceso en búsqueda de vicios en los actos procesales para lograr su enderezamiento y restablecer la legalidad al agraviado. Existe una confusión entre la garantía constitucional de doble instancia y doble conforme ya que se le considera de igual significado, sin embargo, tienen sus particularidades y diferente aplicación como así lo ha detallado la doctrina y la jurisprudencia, para lo cual se analizará las semejanzas y diferencias entre las dos garantías constitucionales para que no exista una confusión al momento de desarrollar el tema principal. El procedimiento para los juicios contencioso administrativo según el Código Orgánico General de Procesos, se compone de solo una instancia es decir las acciones jurisdiccionales contencioso administrativas carecen de segunda instancia, ya que de la sentencia de primera instancia el único recurso vertical que procede es el de casación por lo que es necesario determinar si existe vulneración de la garantía de doble instancia en el procedimiento contencioso administrativo. En el presente proyecto de titulación se investigarán estos problemas, desde el enfoque del ámbito administrativo, para llegar a la conclusión si existe la vulneración del derecho a doble instancia por la inexistencia del recurso de apelación. UNACH,Ecuador

El presente trabajo se muestra el estado del debate en EE.UU sobre el llamado Estado Administrativo, esto es, el conjunto de órganos y agencias gubernamentales de ese país, cuya actuación parece haber desbordado el marco de la Constitución y ha llegado al punto de lesionar los derechos y garantías particulares. El caso norteamericano se pone como ejemplo, para analizar la situación actual del contencioso administrativo en España, el cual no ha sido capaz de configurar un auténtico proceso judicial frente a la Administración Pública y con ello verificar que -tanto en EE.UU como en España- el problema radica en la consagración de prerrogativas a favor de la Administración Pública, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Finalmente, el autor prevé el posible impacto que tenga en España el debate sobre el Estado Administrativo en EE.UU. 2021-22

Ponencia presentada como investigación base para el INFORME ESTADO DE LA JUSTICIA 2022 (no.4), Capítulo 2: APORTE ESPECIAL: Tutela efectiva de derechos en las Expropiaciones

El presente artículo examina los pronunciamientos de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional sobre el acceso a la justicia y el debido proceso en el contencioso administrativo chileno. Para ello, se analiza en un primer momento el agotamiento de la vía administrativa y la extensión de los actos recurribles y, en segundo término, la garantía de doble instancia y la suspensión de los efectos del acto recurrido. El contraste de los pronunciamientos de ambas magistraturas permite concluir diferencias relevantes en tales ámbitos.

RESUMEN: Por regla general no existe una acción impugnatoria en contra del acto de la Administración que rechaza la solicitud de invalidación administrativa. Sin embargo, la sentencia de la Corte Suprema de 19 de noviembre de 2019, que se comenta en estas líneas, reconoce una excepción en la materia. La reclamación es procedente si la Administración se abstrae de pronunciamientos judiciales anteriores, al resolver dicho procedimiento

Pese a sus innegables diferencias, el control administrativo y el control judicial son equiparables en lo que más importa: ambos suponen procedimientos preestablecidos a partir de los cuales es posible construir socialmente una verdad y fundamentar sobre ella una decisión jurídica. El artículo propone una lectura histórica alternativa acerca del surgimiento de dichos controles, haciendo énfasis en una revisión de los principios de legalidad y separación de poderes. Despite their undeniable differences, administrative control and judicial control are comparable in what matters most: both involve pre-established procedures from which it is possible to socially construct a truth and base a legal decision on it. The paper proposes an alternative historical reading about the emergence of such controls, emphasizing a review of Rule of Law and Separation of Powers.

La vigilancia y control de la gestión del patrimonio público es actualmente uno de los pilares esenciales del estado social de derecho, lo cual posiciona al control fiscal como uno de los presupuestos para la garantía de los derechos fundamentales y las demás finalidades constitucionales. Así, en el caso colombiano se ha estructurado recientemente un nuevo modelo de control del manejo de los recursos públicos (acto legislativo 04 de 2019)3, el cual, si bien se fundamenta en el resarcimiento del daño al erario, por medio de la definición contenciosa de responsabilidad fiscal; cuenta con ciertos matices preventivos y sancionatorios, fundamentados en la eficacia y eficiencia de esta función administrativa. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el margen de configuración del constituyente y legislador en la regulación del sistema de control fiscal está limitado por la protección de derechos humanos. Al referirse a un procedimiento administrativo contencioso, resulta claro que el juicio de responsabilidad fiscal deberá respetar los mínimos impuestos por el debido proceso administrativo, desde una perspectiva convencional. De ahí que surja el interrogante de si la configuración del sistema administrativo de responsabilidad fiscal implantado históricamente en Colombia -y reformado recientemente- resulta acorde con la protección interamericana de derechos humanos. Con la finalidad de resolver este problema jurídico, se requerirá necesariamente dilucidar la naturaleza, objeto, finalidad e instrumentos del control fiscal en Colombia, lo cual nos permitirá identificar los fundamentos históricos y dogmáticos de la responsabilidad fiscal en nuestro ordenamiento. De esta forma, en una primera parte del escrito nos dedicaremos a la caracterización de la responsabilidad fiscal desde una perspectiva histórica, doctrinal y constitucional para así, en segundo lugar, identificar los elementos concordantes y discordantes entre el sistema vigente y los parámetros convencionales del debido proceso legal. The fiscal supervision is currently one of the essential pillars of the social rule of law and one of the budgets for the guarantee of fundamental rights. Thus, in the Colombian case, a new control model for the management of public resources has recently been created (legislative act 04 of 2019), which is based on compensation for damage to the treasury, through the fiscal responsibility; and it has certain preventive and sanctioning nuances, based on the effectiveness and efficiency of this administrative function. In this paper, it will be taken into account the fiscal control system is limited by the protection of human rights. it is clear that the trial of fiscal responsibility must respect the minimum imposed by the due administrative process, from a conventional perspective. Hence, the question arises as to whether the configuration of the fiscal responsibility administrative system historically implemented in Colombia -and recently reformed- is consistent with the inter-American protection of human rights. In this way, in a first part of the writing we will dedicate ourselves to the characterization of fiscal responsibility from a historical, doctrinal and constitutional perspective in order to, secondly, identify the concordant and discordant elements between the current system and the conventional parameters of due process. legal processes.

La necesidad de reformar el sector justicia en Colombia, en atención a los cambios que trae consigo la globalización, trajo consigo la actualización del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo-CPACA- el cual entra a regular algunos vacíos normativos que requerían con urgencia una adecuación al procedimiento administrativo, así como de equilibrio de competencias en cuanto a la unificación de jurisprudencia para de ésta manera descongestionar el aparato judicial, y dar celeridad a los procesos que lleva el Consejo de Estado; así como la importancia del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- TIC- en el procedimiento administrativo, tanto para presentación y contestación de demandas, notificaciones de providencias judiciales, consulta de estados de procesos, etc., como portales que le facilitan de manera fácil y rápida el acceso a la justicia, cerrando de ésta manera la brecha existente entre los ciudadanos y el acceso a la justicia y a la información mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información-TI-. De ésta manera, el objetivo del presente artículo mediante el método descriptivo, identificar y describir el alcance que tiene la reforma al CPACA mediante la Ley 2080 de 2021 y los restos a los que se enfrenta en su actual aplicación en el contexto de las TIC. The need to reform the justice sector in Colombia, in response to the changes brought about by globalization, brought with it the updating of the Code of Administrative and Contentious-Administrative Procedure-CPACA- which enters to regulate some regulatory gaps that urgently require adaptation the administrative procedure, as well as the balance of competences regarding the unification of jurisprudence in order to decongest the judicial apparatus, and speed up the processes carried out by the Council of State; as well as the importance of the use of Information and Communication Technologies - ICT - in the administrative procedure, both for filing and answering claims, notifications of court orders, consultation of process status, etc., as well as portals that facilitate quickly and easily access to justice, thus closing the gap between citizens and access to justice and information through the use of new information technologies-IT-. In this way, the objective of this article, through the descriptive method, is to identify and describe the scope of the reform to the CPACA through Law 2080 of 2021 and the remains it faces in its current application in the context of ICT. Magister en Derecho Administrativo Maestría

Despite having appeared as an alternative mechanism for resolving disputes purely under private law, it is certain that arbitration has been increasingly gaining more space and prominence in the settlement of legal-administrative disputes. However, not so certain is that to it corresponds a regulation, under the CPTA, worthy of its current status; in fact, despite its growth, the regime applicable to voluntary administrative arbitration, provided for in Articles 180 et. thereafter of the CPTA, since its emergence, has been, to a great extent, and almost exclusively, dependent on what is stipulated in the LAV. An example of this was the regime applicable to the appeals of administrative arbitral awards, which, until the entry into force of the amendments introduced by Law 118/2019 of 17.09 to the CPTA, respected only the provisions of Article 39(4) of the LAV – according to such article, an appeal of arbitration decisions could only take place if the parties so agreed to in the arbitration agreement. Through the above-mentioned Law, was therefore determined the addition of the brand-new Article 185a of the CPTA, which expressly enshrined three possibilities for appeal against voluntary administrative arbitration decisions: constitutionality appeal, appeal for uniformity of jurisprudence and, finally, review appeal. In view of such innovation, the aim of this study was to achieve two distinct, albeit invariably complementary, goals. Firstly, to contribute to a clarification of such innovative possibilities, currently guaranteed by Article 185a of the CPTA (and, thus, for its operationalization), through an in-depth analysis of each of those, taking in due consideration the regimes applicable to the same types of appeals in other jurisdictions – not only in administrative litigation, but also, in what concerns certain aspects, in civil proceedings and in tax arbitration – which are currently much more developed and scrutinized, both by Jurisprudence and by the Doctrine. Secondly, to ascertain the adequacy and dignity of such solutions to the means of settling disputes to which they relate, answering, thereby, the question to know if this is the best appeal regime to be adopted within voluntary administrative arbitration. Embora tendo surgido como um mecanismo alternativo de resolução de litígios puramente de direito privado, é certo que a arbitragem tem vindo a ganhar cada vez mais espaço e destaque na dirimação de litígios jurídico-administrativos. Contudo, não tão certo será que lhe corresponda uma regulação condigna do seu atual estatuto, no âmbito do CPTA; com efeito, apesar do seu crescimento, o regime aplicável à arbitragem administrativa voluntária, prevista nos artigos 180.º e seguintes do CPTA, desde o seu surgimento, tem vindo a encontrar-se, em larga medida, e quase exclusivamente, dependente do estipulado na LAV. Exemplo do referido era a recorribilidade das decisões arbitrais administrativas que, até à entrada em vigor das alterações introduzidas pela Lei n.º 118/2019, de 17.09 ao CPTA, respeitava, unicamente, o disposto no artigo 39.º, n.º 4 da LAV, de acordo com o qual apenas poderia haver lugar a recurso de apelação das decisões arbitrais caso as partes assim o acordassem na convenção arbitral. Por intermédio da supramencionada Lei, foi, então, determinado o aditamento do novíssimo artigo 185.º-A do CPTA que veio consagrar, expressamente, três possibilidades de recurso de decisões arbitrais administrativas voluntárias: de constitucionalidade, para uniformização de jurisprudência e, finalmente, de revista. Face a tal inovação, pretendeu-se, no presente estudo, alcançar dois objetivos distintos, ainda que invariavelmente complementares: primeiro, contribuir para uma clarificação de tais inovatórias possibilidades, atualmente garantidas pelo artigo 185.º-A do CPTA (e, assim, para a sua operacionalização), através de uma análise aprofundada de cada uma destas, tendo-se tido, para tal, em devida consideração, os regimes aplicáveis a idênticas modalidades de recursos, noutras jurisdições – não só em contencioso administrativo, mas também, quanto a certos aspetos, em processo civil e na arbitragem tributária – que se encontram, atualmente, bastante mais desenvolvidos e escrutinados, quer pela Jurisprudência, como pela Doutrina. Em segundo lugar, apurar da adequação e condignidade de tais soluções ao meio de resolução de litígios a que respeitam, respondendo-se, então, à questão de saber se este será o melhor regime de recorribilidade a adotar, no seio da arbitragem administrativa voluntária.

Submitted by Maria João Antunes (mariajoao@fd.ul.pt) on 2021-09-23T09:44:23Z No. of bitstreams: 1 ulfd0148948_tese.pdf: 848013 bytes, checksum: 745aaf3ada5bbd6e5008b76890ff1320 (MD5) Made available in DSpace on 2021-09-23T09:44:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ulfd0148948_tese.pdf: 848013 bytes, checksum: 745aaf3ada5bbd6e5008b76890ff1320 (MD5) Previous issue date: 2021-05-25

O presente trabalho parte da definição e das causas do tax gap, passa pela análise dos paradigmas da relação entre fisco e contribuintes - avaliando, inclusive, as estratégias de conformidade -, para chegar ao contexto atual dos planejamentos tributários, no Brasil. A avaliação dos relatórios oficiais, dados e textos explorados neste trabalho aponta para um possível colapso do atual sistema de cobrança do crédito tributário – cobrança esta atualmente concentrada na fase final do contencioso (judicial) – indicando ineficiência no seu efetivo recebimento, dado o longo prazo esperado para possível adimplemento. Diante do alto grau de incerteza e insegurança jurídica constatado, emerge a necessidade de se buscar por formas alternativas de estabilização das controvérsias em matéria fiscal, que possam evitar o moroso contencioso, tão oneroso para a sociedade e desinteressante aos cofres públicos. A tese aqui proposta sugere um modelo eficaz de composição prévia, distante da declaração obrigatória de planejamento tributário, prestigiando maior diálogo entre fisco e contribuinte, elevando os padrões de transparência fiscal e, em última instância, representando medida eficaz de diminuição do contencioso tributário, na medida em que evita sua instauração, ao mitigar o risco de interpretações divergentes, pela estabilização do fato tributável de maneira antecipada. The current work starts from the definition and causes of the tax gap, passes through the analysis of paradigms of the tax authorities and taxpayer relationship – including the evaluation of conformity strategies – to reach the current context of tax planning. The evaluation of official reports, data and texts in this work indicates a possible collapse of the current tax collection system, which is currently concentrated in the final (judicial) litigation stage, indicating inefficiency in the effective receipt of payment due to the long expected term for possible compliance with tax obligations. Due to the high degree of legal uncertainty verified, the need to search for alternative means to stabilize tax disputes emerges, in order to avoid the time demanding litigation process, which is considerably costly for the society and disadvantageous for the government treasury. The proposal of this master dissertation is to suggest an efficient model of advance settlement that differs from the mandatory tax planning disclosure. The proposal honors the enhancement of the taxpayer and tax authorities’ dialogue, raising the standards of tax transparency, and, finally, representing an efficient measure to reduce tax litigation by preventing disputes to arise through the reduction of the risk of conflicts of interpretation towards the previous stabilization of the taxable event.

Submitted by Maria João Antunes (mariajoao@fd.ul.pt) on 2021-05-21T09:44:36Z No. of bitstreams: 1 ulfd146101_tese.pdf: 1400480 bytes, checksum: 06857f91b579a76d0f6bc672c876172e (MD5) Made available in DSpace on 2021-05-21T09:44:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ulfd146101_tese.pdf: 1400480 bytes, checksum: 06857f91b579a76d0f6bc672c876172e (MD5) Previous issue date: 2021-02-15

Objetivo: Determinar la relación entre el proceso contencioso administrativo y su influencia en el clima organizacional de la empresa Petroperú, 2020, Método: presento un enfoque cuantitativo, de método hipotético deductivo, de tipo básica, diseño no experimental y nivel descriptivo correlacional, La población estará conformada por 2759 personas que laboran en la empresa Petroperú, La muestra de estudio se determinó en 337 personas, el instrumento aplicado fue la técnica estará constituido por un cuestionario para cada variable, que nos ayudó a tener una amplia cobertura del tema para que posteriormente serán validadas. Posteriormente se tabulará en los programas SPSS y Microsoft Excel, previa elaboración de la planilla de base de datos. Resultados: Sin duda, los resultados de este trabajo de investigación, realizado para obtener una maestría en gestión de políticas públicas, son de gran importancia para asistir en las actividades de manejo de disputas que se adhieren a la práctica del entorno empresarial de Petroperú. Se ha demostrado que existe una correlación muy alta entre la calificación de la demanda y el clima organizacional de la empresa Petroperú. Conclusiones: La relación se relaciona con el hecho de que la puntuación media en la demanda calificada es de 2,72, por encima de la puntuación máxima de 5, que es la regular en su escala de valores, y la puntuación media organizacional de la empresa es de 2,99 que es igualmente regular en su calificación. escala, es decir, existe una relación directa en la medida en que existe una valoración de la demanda con una valoración del clima justo y organizacional de las empresas de Petroperú en el mismo nivel.

La tesis titulada “El proceso contencioso administrativo y su relación con el principio de celeridad procesal en los casos seguidos por la Unidad Ejecutora 301- Educación Bajo Mayo-San Martín, años 2017-2018”, desde el punto de vista de los principios constitutivos de este procedimiento y de la pretensión puesta de manifiesto en el proceso; y el principio de celeridad, como una forma de verificar que la acción procesal se cumpla sin dilaciones y conforme a lo estipulado en los plazos legales, investigación del tipo básica, cuantitativa; nivel correlacional y diseño no experimental, teniendo como muestra a 32 expedientes, aplicando la técnica de Observación y como instrumento la lista de cotejo. Las conclusiones expresan que, existe relación entre el proceso contencioso administrativo con el principio de celeridad procesal en los casos seguidos por la Unidad Ejecutora 301- Educación Bajo Mayo-San Martín, años 2017-2018, los resultados observados nos permiten inferir que se acepta la hipótesis. El proceso contencioso administrativo es deficiente, con un valor de bueno de 10,8%; y la aplicación del principio de celeridad procesal es deficiente con un valor de bueno de 13,3%. The thesis entitled "The contentious administrative process and its relationship with the principle of procedural speed in cases followed by the Executing Unit 301- Education Bajo Mayo-San Martín, years 2017-2018", from the point of view of the constitutive principles of this procedure and the claim made manifest in the process; and the principle of speed, as a way of verifying that the procedural action is carried out without delay and in accordance with what is stipulated in the legal terms, investigation of the basic, quantitative type; correlational level and non-experimental design, having as a sample 32 files, applying the Observation technique and the checklist as an instrument. The conclusions express that, there is a relationship between the contentious-administrative process with the principle of procedural speed in the cases followed by the Executing Unit 301- Education Bajo Mayo- San Martín, years 2017-2018, the observed results allow us to infer that the hypothesis. The contentious-administrative process is deficient, with a good value of 10,8%; and the application of the principle of procedural speed is deficient with a good value of 13,3%.

A partir de la facultad del Estado conocida como Ius Puniendi se encuentran diferentes vertientes de su ejercicio, en este caso, el Derecho Sancionador y el Derecho Disciplinario enfocados hacia la efectividad, realidad y materialidad de los fines del Estado, en su sujeto propio que es el funcionario público. Por lo tanto, en esta revisión se observa el alcance, la naturaleza y especialmente el control judicial de los actos administrativos sancionatorios que concretan las acciones y decisiones del Derecho Disciplinario y de la fiscalización de los mismos actos, como instancia dentro del debido proceso, para todo el conjunto referido al control de los actos y el procedimiento que, de suyo, le corresponde. A partir de diferentes posturas se analiza si el Derecho Disciplinario es una ciencia independiente y autónoma, toda vez que ha venido construyendo una dogmática propia, con disposiciones constitucionales que lo fundamentan y soportan, eventualmente con criterios propios que evalúan y reconocen en “la conducta, el tipo, el ilícito sustancial y la culpabilidad”, el objeto disciplinario. En el decurso del artículo el Derecho Disciplinario puede entenderse como una especialidad del Derecho Administrativo salpicada por el Derecho Pena, de manera que algunos autores consideran imposible desprenderla de estas disciplinas. A pesar de ello, al interior de la doctrina se mantiene vivo el debate acerca de la independencia y la autonomía del Derecho Disciplinario por diferentes aspectos como la posibilidad de entenderlo como una subespecie del Derecho Administrativo y al considerar los elementos conceptuales que lo integran, justifican el acto disciplinario como un acto administrativo, y el control de legalidad o jurisdiccional que realiza el Contencioso-Administrativo a los actos calificados como disciplinarios. En cuanto a la concreción del tema es claro que es directo destinatario de la acción de tipo disciplinario será la persona vinculada a la administración pública, y el único bien jurídico es el correcto funcionamiento administrativo por eso en el proceso disciplinario se habla de una sanción que tiene como “finalidad la prevención y corrección de esas conductas que van en contra vía de los principios constitucionales y de la administración, lo que no ocurre en materia penal pues ésta contempla una prevención (general y especial)”. Código Disciplinario). Universidad Libre - Facultad de Derecho - Maestría en Derecho Disciplinario From the faculty of the State known as Ius Puniendi there are various aspects of its exercise, such as, in this case, the Penalty Law and the Disciplinary Law focused on the effectiveness, reality and materiality of the purposes of the State, in their proper subject who is the public official. Therefore, in this review, the nature and scope of the judicial control of the administrative sanctioning acts that specify the actions and decisions of the Disciplinary Law and the supervision of the same acts, as an instance within the due process, for the complete set that refers to the control of the acts and the procedure that corresponds to it. Based on various positions, it is analyzed whether Disciplinary Law is an independent and autonomous science, since it has been building its own dogmatics, with constitutional provisions that base and support it, eventually with its own criteria that evaluate and recognize in "conduct, the type, the substantial wrongdoing and the guilt,” the disciplinary object. In the article, Disciplinary Law can be understood as a specialty of Administrative Law dotted with Penalty Law, so that some authors consider it impossible to detach it from these disciplines. Despite this, within the doctrine the debate about the independence and autonomy of Disciplinary Law remains alive due to different aspects such as the possibility of understanding it as a subspecies of Administrative Law and when considering the conceptual elements that make it up, they justify the disciplinary act as an administrative act, and the legal or jurisdictional control Administrative to acts classified as disciplinary. Regarding the concretion of the issue, it is clear that the person linked to the public administration will be the recipient of the disciplinary action, and the only legal good is the correct administrative functioning, so in the disciplinary process there is talk of a sanction that has as “purpose is the prevention and correction of those conducts that go against the constitutional principles and the administration, which does not happen in criminal matters as this includes prevention (general and special) ” (Disciplinaries Code)

A dissertação a ser desenvolvida se encontra no contexto do trabalho coletivo proposto pelos alunos de direito tributário sobre o tax gap brasileiro, ou seja, a diferença entre o que o governo espera arrecadar com uma determinada política tributária e o que é efetivamente recolhido. Nesse sentido, cada mestrando apresentará medidas que visem à redução dessa lacuna tributária. Inserido nessa perspectiva, o presente trabalho terá como objetivo expor causas do tax gap no contencioso tributário brasileiro a partir da identificação de alguns dos problemas deste último. Por fim, será analisado o histórico jurisprudencial conturbado do FUNRURAL, que servirá de base para a propositura de mecanismos de melhoria do processo tributário brasileiro, de modo a evitar futuras celeumas como essa. The thesis is part of the collective work developed by the students about the Brazilian “tax gap”, which means the difference between what the State expects to collect within a tax policy and what is effective paid by taxpayers. Inside this context, each student is to present measures in order to reduce such tax gap. In this perspective, the present work has the purpose of bring tax gap causes in the tax litigation level as from the identification of some of its problems. Lastly, it will be analyzed the troubled case law of the FUNRURAL, which will be base for proposing mechanisms in order to improve the Brazilian tax litigation system and avoid future events like this.

This article presents an analysis of the relationship between human rights, effective judicial protection, and administrative litigation. The fundamental right of every person to access independent courts for justice proclaimed in art. 10 of the Universal Declaration of Human Rights of 1945, was also widely recognized, although in some cases with different formulations, both in European and American law, and in international treaties; and in the Contentious Administrative laws. Este artículo, presenta, un análisis de la relación entre los derechos humanos, la tutela judicial efectiva, y el contencioso administrativo. El derecho fundamental de toda persona de acceder a tribunales independientes en procura de Justicia proclamado en el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1945, también fue ampliamente reconocido, aunque en algunos casos con formulaciones diferentes, tanto en el derecho europeo y americano, como en tratados internacionales; y en las leyes Contenciosas Administrativas.

This article has the purpose of analyzing, in the Latin American comparative administrative law, the process of configuration of the Contentious Administrative Jurisdiction as a System of Administrative Justice, which results from the progressive extension of the contentious administrative processes in order to guaranty the judicial effective protection against the Administration; the progressive extension of the concept of Public Administration and its actions as object of control; as well as the reinforcement of the constitutional right to access to justice making flexible the rules of standing and previous exhaustion of the administrative recourses in order to access the Jurisdiction. Este estudio tiene por objeto destacar, en el derecho administrativo comparado de América Latina, el proceso de configuración de la Jurisdicción Contencioso Administrativa como un sistema de justicia administrativa, producto de la progresiva ampliación de los procesos contencioso-administrativos para garantizar la tutela judicial efectiva frente a la Administración; de la progresiva ampliación del concepto de Administración Pública y de la actuación administrativa como objeto de control. Así como del reforzamiento del derecho constitucional de acceso a la justicia y la consecuente flexibilización de las tradicionales condiciones de legitimidad activa para intentar los recursos y de agotamiento de la vía administrativa para acceder a la Jurisdicción.

This article has the purpose of analyzing, in the Latin American comparative administrative law, the process of configuration of the Contentious Administrative Jurisdiction as a System of Administrative Justice, which results from the progressive extension of the contentious administrative processes in order to guaranty the judicial effective protection against the Administration; the progressive extension of the concept of Public Administration and its actions as object of control; as well as the reinforcement of the constitutional right to access to justice making flexible the rules of standing and previous exhaustion of the administrative recourses in order to access the Jurisdiction. Este estudio tiene por objeto destacar, en el derecho administrativo comparado de América Latina, el proceso de configuración de la Jurisdicción Contencioso Administrativa como un sistema de justicia administrativa, producto de la progresiva ampliación de los procesos contencioso-administrativos para garantizar la tutela judicial efectiva frente a la Administración; de la progresiva ampliación del concepto de Administración Pública y de la actuación administrativa como objeto de control. Así como del reforzamiento del derecho constitucional de acceso a la justicia y la consecuente flexibilización de las tradicionales condiciones de legitimidad activa para intentar los recursos y de agotamiento de la vía administrativa para acceder a la Jurisdicción.

Es un tema común y más cotidiano de lo que parece dentro del ejercicio del derecho: La confusión de los procedimientos correctos a aplicar ante cualquier situación jurídica sin importar la jurisdicción, la autoridad y el momento en la que se esté presentando. Esto sucede porque muchas veces no se posee la claridad suficiente de los trans fondos o bases legales al momento de aplicar o invocar una normatividad, y se limitan a un concepto general sobre la actuación a enfrentar. Muestra de lo anterior son los actos administrativos emitidos por las autoridades que ejercen sus funciones en entidades situadas en jurisdicciones distintas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como son los defensores de familia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, comisarios de familias entre otros. Estos actos administrativos así como también las autoridades que los emiten solo se miran desde un enfoque universal, siendo necesario conocer en primer lugar, además del acto administrativo desde el punto de vista global de la jurisdicción contencioso administrativa y la autoridad administrativa que lo emite, el procedimiento administrativo realizado y la entidad de donde proviene, en otras palabras, la jurisdicción en la que nació, y así no pretender aplicar normas generales obviando la existencia y el respeto en cada jurisdicción por la primacía de las normas especiales. Fruto de lo anterior es el caso presentado en el desarrollo de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, donde se toman conceptos generales como el del acto administrativo propio de la jurisdicción contenciosa administrativa y se cree poder dar aplicación en su naturaleza nata, obviando que el proceso descrito es propio de la jurisdicción de familia y que, por esta razón, es necesaria su aplicación bajo los parámetros por esta jurisdicción establecidos. Esto conlleva a la esperanza de la aplicación de una norma general sobre una especial, contrario a lo estipulado por el cuerpo normativo colombiano. A su vez, se pretende realizar un proceso regulado por una jurisdicción especial, bajo ordenamientos de otra jurisdicción, pasando por alto la Entidad administrativa encargada y sus autoridades legitimadas para el correcto desarrollo de un Proceso de Restablecimiento de Derechos. Por ello, basado en un método y un enfoque hermenéutico, este artículo tiene como objetivo el estudio normativo de la jurisdicción contenciosa administrativa, la Ley 1437 de 2011, y su alcance aplicativo dentro de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos establecido en la jurisdicción de familia, para su correcto desarrollo y desenvolvimiento por medio de las leyes y normas propias establecidas para su aplicación, la entidad estatal facultada y las autoridades administrativas competentes, por medio igualmente, de un análisis jurídico sobre la aplicación de la Ley 1437 de 2011 en el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos desde la ley, la jurisprudencia y la doctrina que giran en torno de los Proceso que adelantan las Autoridades administrativas. En consecuencia, es necesario la apertura por medio del análisis de conceptos como el de jurisdicción, pasando por la normatividad general que para el caso es la Ley 1437 de 2011 y la naturaleza y aplicación de los actos administrativos; continuación de lo anterior, se estudia la jurisdicción competente en la que fue establecida por la legislación colombiana el desenvolvimiento de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, es decir, la jurisdicción de familia, además de la entidad estatal y las autoridades facultadas para dentro de este proceso, como el que se adelanta ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y sus autoridades adscritas, como por ejemplo, el Defensor de Familia. Luego entonces, tener una mirada clara y amplia de la correcta aplicación normativa que, para el caso, además, son las leyes especiales conformadas por aquellos pronunciamientos emanados por la autoridad autorizada para este fin. It is a common and more daily topic than it seems within the exercise of the law: The confusion of the correct procedures to apply in any legal situation regardless of the jurisdiction, the authority and the moment in which it is presented. This happens because many times there is not enough clarity of the trans funds or legal bases when applying or invoking a regulation, and they are limited to a general concept of the action to be faced. Sample of the above are the administrative acts issued by authorities that exercise their functions in entities located in jurisdictions other than the jurisdiction of administrative litigation, such as family defenders at the Colombian Institute of Family Welfare. These administrative acts and the authorities that issue them are only viewed from a universal perspective, being necessary to know first of all, in addition to the administrative act from the global point of view of the contentious administrative jurisdiction and the administrative authority that issues it, the administrative procedure carried out and the entity from which it comes, in other words, the jurisdiction in which it was born, and thus not intend to apply general rules ignoring the existence and respect in each jurisdiction for the primacy of special rules. The result of the above is the case presented in the development of the Administrative Process for the Restoration of Rights, where general concepts such as the administrative act proper to the contentious administrative jurisdiction are taken and it is believed to be able to give application in its natural nature, ignoring that the process described is typical of the family jurisdiction and, for this reason, its application is necessary under the parameters established by this jurisdiction. This leads to the hope of applying a general rule over a special one, contrary to what is stipulated by the Colombian regulatory body. In turn, it is intended to carry out a process regulated by a special jurisdiction, under orders from another jurisdiction, bypassing the administrative entity in charge and its authorized authorities for the proper development of the Administrative Process for Restoring Rights. Therefore, based on a hermeneutic method and approach, this article aims to study the regulations of the contentious administrative jurisdiction, Law 1437 of 2011, and its application scope within the Administrative Process of Restoration of Rights established in the jurisdiction. family, for its proper development and development through the laws and regulations established for its application, the empowered state entity and the competent administrative authorities, also through a legal analysis on the application of Law 1437 of 2011 in the Administrative Process of Restoring Rights from the law, jurisprudence and doctrine that revolve around the Administrative Process of Restoring Rights Consequently, it is necessary to open up by means of the analysis of concepts such as that of jurisdiction, passing through the general regulations that for that matter are Law 1437 of 2011 and the nature and application of administrative acts; Following the foregoing, the competent jurisdiction in which the development of the Administrative Process for the Restoration of Rights was established, that is, the jurisdiction of the family, in addition to the state entity and the authorities empowered within this law, is studied. process, such as the Colombian Institute of Family Welfare, ICBF, and its attached authorities, such as the family defender. Then, then, have a clear and broad view of the correct regulatory application, which, in addition, for the case, are the special laws made up of those pronouncements issued by the authority authorized for this purpose.