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ilustraciones La seguridad y la salud en el trabajo no constituye una disciplina de prevención, protección y promoción como lo ha limitado la normativa colombiana. Por una parte, constituye un derecho humano por conexidad al derecho constitucional a la vida, integridad, salud y trabajo digno y, por otra parte, constituye un derecho innominado integrado a la legislación interna por bloque de constitucionalidad. Lo anterior tiene su cimiente en el principio de dignidad humana, cuando reconocemos la dignidad intrínseca que reviste a quien desarrolla una actividad de trabajo, cuando reconocemos que el trabajador no pierde su humanidad de puertas para dentro de la unidad económica, sino por el contrario, las unidades económicas abren las puertas para dar entrada a los derechos y deberes constitucionales en el escenario de lo privado. Así las cosas, brindar seguridad y salud en el trabajo no constituye una opción, sino un derecho sine qua non para desarrollar una actividad de trabajo en condiciones que garanticen la vida e integridad del obrero. De esta forma lo ha entendido la Corte Constitucional, quien ha tutelado el derecho a la salud y la seguridad en el trabajo por violación directa de otros derechos que se reconocen en el capítulo primero de la Carta política como fundamentales; al igual que las organizaciones internacionales, cuyo concepto frente a la seguridad y la salud en el trabajo se ha mantenido unánime, siguiendo la línea de su reconocimiento como derecho y no exclusivamente en el ámbito laboral, sino como un derecho humano fundamental. (Texto tomado de la fuente) Safety and health at work does not constitute a discipline of prevention, protection and promotion as it has been limited by Colombian regulations. In the first part, them constitutes a human right by connection to the constitutional right to life, integrity, health and decent work and, at other part, it constitutes an unnamed right integrated into domestic legislation by a constitutional block. The foregoing is based on the principle of human dignity, when we recognize the intrinsic dignity of those who carry out a work activity, when we recognize that the worker does not lose his humanity from within the economic unit, opposite, the economic units open the doors to give entrance to the constitutional rights and duties in the private scenario. Thus, providing safety and health at work is not an option, but rather a sine qua non right to develop a work activity in conditions that guarantee the life and integrity of the worker. This is how the Constitutional Court has understood it, who has protected the right to health and safety at work for direct violation of other rights that are recognized in the first chapter of the Political Charter as fundamental, as well as international organizations, whose concept regarding safety and health at work has remained unanimous, following the line of its recognition as a right and not exclusively in the workplace, but as a fundamental human right. Maestría Magister en Derecho AP Derecho del Trabajo y la Seguridad Social

La presente monografía busca resolver en cuatro capítulos el problema que existe frente al ejercicio del derecho a la huelga en los servicios públicos esenciales en Colombia. A partir de esta premisa, se realizó un marco teórico sobre la legislación internacional y su posición dentro del ordenamiento jurídico colombiano; además de una breve explicación sobre el funcionamiento, organigrama y facultades de la Organización Internacional del Trabajo. Con esto, lo que se buscó fue poner en contexto las facultades de este organismo internacional, pero sobre todo la validez de sus decisiones y/o regulaciones en nuestro país. Posteriormente, se contrastó la posición sobre el derecho a la huelga y los servicios públicos esenciales entre ambas regulaciones. En este orden de ideas, esta monografía tocó temas como: la definición de los tratados internacionales, el bloque de constitucionalidad, el derecho a la huelga y los servicios públicos esenciales. Además, se trataron temas como la Organización Internacional del Trabajo, el trámite de ratificación de los tratados internacionales en Colombia, el funcionamiento del ejercicio del derecho a la huelga, así como otros aspectos importantes a la hora de adoptar una posición al respecto del problema planteado en este escrito., This monograph seeks to resolve in four chapters the problem that exists regarding the exercise of the right to strike in essential public services in Colombia. Based on this premise, a theoretical framework on international legislation and its position within the Colombian legal system was developed, in addition to a brief explanation of the functioning, organizational chart and powers of the International Labor Organization. With this, the aim was to put in context the powers of this international organization. context of the powers of this international organization, but above all, the validity of its decisions and/or regulations in our country. and/or regulations in our country. Subsequently, we contrasted the position on the right to strike and essential public services between the two countries. and essential public services between the two regulations. In this order of ideas, this monograph touched upon topics such as: the definition of international treaties, the constitutional block treaties, the constitutional block, the right to strike and essential public services. essential public services. In addition, topics such as the International Labor Organization, the process of ratification of international treaties in Colombia, the right to strike and essential public services were discussed. ratification of international treaties in Colombia, the functioning of the exercise of the right to strike, as well as the right to strike. the exercise of the right to strike, as well as other important aspects when it comes to adopting a position on the problem raised in this paper. the problem raised in this paper.

Este trabajo investigativo abordó el estudio del derecho a la doble conformidad judicial, a través de la interpretación de normas tanto internacionales como nacionales con el fin de dar a conocer cuáles son los efectos jurídicos para el condenado cuando se le garantiza el derecho aludido. Fue así como, el desarrollo de este trabajo se circunscribió a través de los métodos de investigación analítico, hermenéutico, lógico y de síntesis y de esta manera se adentró el análisis jurídico en el del derecho procesal penal colombiano en el que se logró dilucidar que pese a encontrarse obligado a ello, la prerrogativa al doble examen de mérito que goza de protección en el bloque de constitucionalidad, no se encuentra garantizada a cabalidad en el país, pues se concluyó que aún en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se desconocen características inherentes de este derecho. This investigation addressed the study of the right to double judicial compliance, through the interpretation of both international and national standards in order to make known what the legal effects are for the convicted person when the right to double compliance is guaranteed. Thus, the development of this work was circumscribed through analytical, hermeneutical, logical and synthetic research methods, and in this way the legal analysis was entered into Colombian criminal procedural law, in which it was possible to elucidate that despite being obliged to do so, the prerogative to the double merit examination that is protected in the constitutional block, is not fully guaranteed in the country, since it was concluded that even in the Supreme Court of Justice, some characteristics are unknown of this prerogative. Maestría

El artículo trata sobre el reconocimiento constitucional del matrimonio entre parejas del mismo sexo en Ecuador. Para ello estudia los contenidos fácticos, jurídicos e interpretativos de las sentencias 010-18-CN y 011-18- CN , expedidas por la Corte Constitucional de Ecuador. Resalta al respecto la importancia que suponen las decisiones constitucionales que plantean una transformación en la interpretación constitucional, la cual tradicionalmente había adjudicado respuestas jurídicas, ya fuera a casos fáciles o difíciles, sobre la base de una interpretación literal. Propone así, en lugar de esta última, una construcción progresiva de la toma de decisiones constitucionales desde una dimensión dinámica e integral que atienda efectivamente a la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Finalmente, el estudio muestra los desacuerdos interpretativos atinentes a los casos examinados, analizando las razones por las cuales se reconoció este derecho vía control de constitucionalidad y no a través de una reforma a la Constitución. The article is about the constitutional recognition of same-sex marriage in Ecuador. Study, in this sense, the factual, legal and interpretative contents developed by sentences 010-18-CN and 011-18-CN, issued by the Constitutional Court of Ecuador. Thus, the importance of constitutional decisions that pose a transformation in constitutional interpretation, which has traditionally been adjudicating legal responses to easy or difficult cases from the literal interpretation, and instead proposes, a progressive construction of the decision making process is highlighted. Constitutional decisions, from a dynamic and integral dimension based on the Constitution and the International Human Rights Instruments. Finally, the study shows the interpretative disagreements pertaining to the case, analyzing the reasons why this right was recognized via constitutionality control and not through amendment of the Constitution.

La Responsabilidad Patrimonial del Estado ha pasado por varias etapas, de considerarse netamente irresponsable por cualquier perjuicio causado, a ser llamado a responder por los daños antijurídicos. El tribunal de Cierre de lo Contencioso Administrativo, en el caso colombiano, el Consejo de Estado, ha evolucionado desde su jurisprudencia reconociendo una serie de daños que serían las distintas formas de manifestación de los perjuicios que una acción u omisión del Estado podrían causar. Sin embargo, la Jurisprudencia ha hablado de distintos tipos de daños, entre ellos los daños autónomos o también llamados vulneración a otros bienes y Derechos Constitucional y Convencionalmente protegidos. Estos, deben ser reconocidos como una tercera categoría de daños inmateriales autónomos, bajo el entendido de la tesis de la Internacionalización del Derecho Constitucional de daños. Con ello, desde un enfoque descriptivo-analítico se revisará el contenido de la Jurisprudencia sobre los parámetros de procedencia para que opere la indemnización de estos perjuicios. The Patrimonial Responsibility of the State has gone through several stages, from clearly irresponsible damages for any damage caused, a being called to answer for the unlawful damages. The Court of Administrative Contentious Closure, in the Colombian case, the Council of State, has evolved from its jurisprudence recognizing a series of damages that affect the different forms of manifestation of the damages that an action or omission of the affected State. However, the Jurisprudence has spoken of different types of damages, including autonomous damages or also damaged damages to other property and Constitutional and Conventionally protected rights. These should be recognized as a third category of autonomous immaterial damages, under the understanding of the thesis of the Internationalization of Constitutional Law of damages. With this, from a descriptive-analytical approach, the content of the Jurisprudence on the procedural parameters will be reviewed so that the compensation for these damages operates. Magister en Derecho http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/presentacion Maestría

This research seeks to clearly show the relationship and level of priority regarding the functions assigned to the Attorney against the importance of the right to vote and its democratic effectiveness in a social state of law that urgently needs to regulate the actions of the Public Prosecutor’s Office According to the constitutional and conventional rights and guarantees of an elected official by popular vote.However, through a qualitative basic methodology, we hope to be able to clearly identify the stages and ways of developing by the Office of the Attorney General the special disciplinary process aimed at sanctioning possible disciplinary facts, and to be able to see if the proper application of norms, treaties and concepts of the Inter-American Court of Human Rights with respect to the matter.All of the above in order to establish that the positive regulation of the special sanctioning procedure that is applied by the Attorney against elected officials by suffrage is required, as well as to implement political guarantees for both the investigated and the voters, and finally, the procedure through the accompaniment of the judicial branch. Con la presente investigación se busca evidenciar con claridad la relación y nivel de prioridad respecto de las funciones asignadas al procurador contra la importancia del derecho al voto y su efectividad democrática en un Estado social de derecho que necesita con urgencia reglamentar las actuaciones del Ministerio Público de acuerdo con los derechos y garantías constitucionales y convencionales que tiene un funcionario electo por voto popular. Ahora bien, por medio de una metodología básica cualitativa esperamos poder identificar con claridad las etapas y formas de desarrollar por parte de la Procuraduría el proceso disciplinario especial encaminado a sancionar posibles hechos disciplinables, y poder vislumbrar si se realiza la debida aplicación de las normas, tratados y conceptos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la materia. Todo lo anterior para poder llegar a establecer que se requiere la reglamentación positiva del procedimiento especial sancionatorio que se aplica por parte del procurador contra servidores electos por sufragio, así como implementar garantías políticas tanto para el investigado como para sus electores y finalmente que se ajuste el procedimiento por medio del acompañamiento de la rama judicial.

La Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020, proferida por el Consejo de Estado, sentó precedente sobre la obligatoriedad del término de caducidad común de dos años, contados a partir del conocimiento del daño antijurídico, para interponer contra el Estado pretensiones de reparación directa derivadas de graves violaciones de derechos humanos, como lo son los delitos de lesa humanidad, de genocidio y de crímenes de guerra. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en múltiples providencias, señaló que, si bien la imprescriptibilidad opera claramente en el ámbito penal, también es posible que dicha garantía de imprescriptibilidad se aplique a otras acciones como las encaminadas a demandar al Estado, pues lo importante es salvaguardar el derecho a la reparación integral, sin importar la acción que se inicie, cuando nos encontramos ante graves violaciones de derechos humanos. Así, teniendo en cuenta la normatividad interna, los pronunciamientos de las Altas Cortes y el contexto histórico colombiano, este trabajo pretende determinar, si opera o no, en Colombia, la caducidad en las pretensiones de reparación directa frente a delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio., The Unification Sentence of January 29th, 2020, delivered by the Colombian Council of State, set a precedent on the mandatory nature of the common expiration term of two years, counted from the knowledge of the unlawful damage, to claim against the State for direct reparation derived from human rights violations, such as crimes against humanity, genocide and war crimes. However, the case law of Inter-American Court of Human Rights, indicated that, although imprescriptibility clearly operates in criminal actions, it is also possible that this guarantee of imprescriptibility applies to other actions such as those aimed at suing the State. The most important is to safeguard the integral reparation right, regardless of the action that is initiated, when we are faced with human rights violations. Thus, taking into account the internal regulations, the pronouncements of the High Courts and the Colombian historical context, this work aims to determine, whether or not it operates in Colombia, the forfeiture of the petition for direct reparation for crimes against humanity, war crimes and genocide.

The present research project presents an application of an analytical methodology that studies constitutionally the central theme, whose aim is to try to demonstrate how the aforementioned Legislative Act No. 01 of 2005 modifies article 48 of the Political Constitution, in addition to opposing provisions that Enshrines the same Political Charter in relation to the right of trade union association and collective bargaining for the restriction that was established when exercising the right to collective bargaining, article 55 of the Constitution Which is essentially rooted in the fundamental right of trade union association, enshrined in Article 39 of the Constitution, ignoring the provisions of the International Labor Conventions, particularly Convention 87 and 98 (ILO). Constitutional doctrine as an integral part of the so-called Constitutionality Block, pursuant to paragraph 2 of article 93 of the Political Constitution, a feature reinforced by what is determined in paragraph 4 of article 53 Political Constitution. In the same way, the constitutional amendment by which Article 48 of the Political Constitution was reformed, clearly shows how the right to private property and freedom of enterprise is not known by prohibiting collective bargaining between individuals, colliding with the established In article 58 of the Political Constitution and the provisions of article 333 of the Constitution, which guarantees the right to property and recognition of rights acquired under the law, as well as the right to freedom of enterprise under a social function Determined. In the analysis of the work, it was determined that the exclusion to the restriction of collective bargaining established by Legislative Act No. 01 of 2005 in pension matters constitutes a constitutional antinomy, which seriously damages the mechanism of concertation through collective bargaining, That workers have to agree and improve the minimum conditions of work foreseen in the legal regulations. El proyecto de investigación presenta una aplicación de una metodología analítica que estudia constitucionalmente el tema central, que tiene como objeto el procurar demostrar cómo el referido Acto Legislativo No. 01 del 2005 modificatorio del artículo 48 de la Constitución Política, además de contrariar disposiciones que consagra la misma Carta Política, en materia del derecho de asociación sindical y negociación colectiva por la restricción que se estableció al ejercicio del derecho a la negociación colectiva, artículo 55 de la C.P., derecho este cuyo arraigo en esencia tiene origen en el derecho fundamental de la asociación sindical, consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política, desconociendo lo señalado en los Convenios Internacionales del Trabajo, particularmente el Convenio 87 y 98 (OIT), disposiciones calificadas por la doctrina constitucional como parte integral del denominado Bloque de Constitucionalidad, en virtud del inciso 2° del artículo 93 de la Constitución Política, característica reforzada por lo determinado en el inciso 4° del artículo 53 de la Constitución Política. De la misma manera, la enmienda constitucional por la cual se reformó el artículo 48 de la Constitución Política deja ver ostensiblemente cómo se desconoce el derecho a la propiedad privada y a la libertad de empresa al prohibir la negociación colectiva entre particulares, chocando de contera con lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política y lo dispuesto en el artículo 333 constitucional, que garantiza el derecho a la propiedad y el reconocimiento a los derechos adquiridos conforme a la ley, al igual que el derecho a la libertad de empresa bajo una función social determinada.El análisis del trabajo determinó que la exclusión a la restricción de la negociación colectiva que estableció el Acto Legislativo No. 01 de 2005 en materia pensional configura una antinomia constitucional, que lesiona en forma grave el mecanismo de concertación por medio de la negociación colectiva, que tienen los trabajadores para acordar y mejorar las condiciones mínimas del trabajo previstas en la normativa legal.

Con la presente investigación se busca evidenciar con claridad la relación y nivel de prioridad respecto de las funciones asignadas al procurador contra la importancia del derecho al voto y su efectividad democrática en un Estado social de derecho que necesita con urgencia reglamentar las actuaciones del Ministerio Público de acuerdo con los derechos y garantías constitucionales y convencionales que tiene un funcionario electo por voto popular. Ahora bien, por medio de una metodología básica cualitativa esperamos poder identificar con claridad las etapas y formas de desarrollar por parte de la Procuraduría el proceso disciplinario especial encaminado a sancionar posibles hechos disciplinables, y poder vislumbrar si se realiza la debida aplicación de las normas, tratados y conceptos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la materia. Todo lo anterior para poder llegar a establecer que se requiere la reglamentación positiva del procedimiento especial sancionatorio que se aplica por parte del procurador contra servidores electos por sufragio, así como implementar garantías políticas tanto para el investigado como para sus electores y finalmente que se ajuste el procedimiento por medio del acompañamiento de la rama judicial. This research seeks to clearly show the relationship and level of priority regarding the functions assigned to the Attorney against the importance of the right to vote and its democratic effectiveness in a social state of law that urgently needs to regulate the actions of the Public Prosecutor’s Office According to the constitutional and conventional rights and guarantees of an elected official by popular vote.However, through a qualitative basic methodology, we hope to be able to clearly identify the stages and ways of developing by the Office of the Attorney General the special disciplinary process aimed at sanctioning possible disciplinary facts, and to be able to see if the proper application of norms, treaties and concepts of the Inter-American Court of Human Rights with respect to the matter.All of the above in order to establish that the positive regulation of the special sanctioning procedure that is applied by the Attorney against elected officials by suffrage is required, as well as to implement political guarantees for both the investigated and the voters, and finally, the procedure through the accompaniment of the judicial branch.

El presente trabajo de investigación parte de una breve identificación del inicio de la historia constitucional mexicana, así como del análisis de las leyes supremas vigentes durante los siglos XIX y XX respecto del sistema de recepción del derecho internacional y de la jerarquía de los tratados internacionales dentro del orden jurídico. Posteriormente, se analiza el desarrollo jurisprudencial sobre la vigencia del bloque de constitucionalidad, llevándonos a realizar una fuerte crítica respecto de las implicaciones que conlleva su restricción dentro de un contexto que indiscutiblemente demanda hoy más que nunca, el respeto y la garantía de los derechos humanos. This research starts from a brief identification of the beginning of Mexico’s constitutional history, as well as the analysis of the supreme laws during the XIX and XX centuries with respect to the receiving system of international law and the hierarchy of international treaties within the legal order. Subsequently, analyzes the jurisprudential development about the validity of the constitutional block, leading to make a hard criticism regarding the implications of its restriction within a context that undoubtedly demands more than ever, respect and guarantee for human rights.

Este artículo se trata de un buen ejemplo de una sentencia de constitucionalidad condicionada, donde la Corte Constitucional de Colombia hizo una gran labor jurídica de explicar, una a una, las razones de su cambio de precedente en cuanto al aborto. Pues, por primera vez en cien años, se da la posibilidad a las mujeres colombianas que decidan qué hacer frente a un embarazo. Este artículo pretende un análisis sobre el tipo de sentencia que produjo la Corte Constitucional, sobre valores o principios que entraron en juego, la clase de interpretación que se realizó, para finalmente hacer una reflexión crítica del caso.The article refers to a good example of a conditioned constitutionality ruling, in which the Colombian Constitutional Court played an excellent role in explaining, one by one, the reasons that motivated a change in previous precedents regarding abortion. For the first time in one hundred years, the Court has enabled Colombian women to decide about pregnancy. This article intends to analyze this ruling of the Colombian Constitutional Court, referring to the values and principles that were weighted by the Judges, and the interpretation that took place, to derive in a critical reflection around the case.

Aunque en el Derecho comparado el bloque de constitucionalidad se ha venido desarrollando desde hace más de tres décadas, en nuestro país su tratamiento es de gran novedad, su importancia teórica y práctica es inmensa, más aún con la expedición de una nueva Constitución, que merece precisamente el adjetivo calificativo de nueva, por consagrar al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia. Sobre la base de dicha premisa el presente ensayo realiza un estudio histórico comparado de esta institución del cual se desprende un ejercicio crítico que, conjuntamente con el estudio de las cláusulas de remisión de nuestra actual Constitución y la experiencia jurisprudencial ecuatoriana, permiten construir una definición y establecer un contenido propio para nuestro sistema jurídico, advirtiéndonos sobre sus oportunidades y riesgos.Although in Comparative Law the constitutional block has been object of discussion for more than three decades, in our country its treatment is still a novelty. Its theoretical and practical importance is enormous, and undoubtedly, it has been potentiated by the promulgation of the new Constitution, which has been catalogued as new, due to the fact that it declares Ecuador as a Constitutional State of rights and justice. Over the basis of this premise, the article contains a comparative historical study of the constitutional block, deriving in a critical exercise that in conjunction with the analysis of the constitutional remission clauses and the Ecuadorian jurisprudence, intends to build a definition and establish an original content applicable in our juridical system, warning the reader of the opportunities and risks of this definition.

El impacto de las bases materiales del modelo jurídico-político del constitucionalismo de mercado en la organización territorial del Estado social, y su traducción, la transformación de la comprensión de los contenidos del poder territorial del constitucionalismo social, propicia una reasignación de títulos competenciales en base a la centralidad incondicionada del mercado. Desde estas coordenadas, la relación bases-desarrollo se articula desde la óptica de la transferencia de lo que el principio constitucional de la autonomía reclama como propio del desarrollo, a lo que la base de forma exclusiva y excluyente considera como intervención mínima indispensable. Paralelamente, los postulados de la constitución económica europea como parte integrante de la unidad de la constitución material del vínculo económico, reconduciendo los términos del debate a la tensión entre la supervivencia formal del Estado social, que tratan de garantizar los legisladores autonómicos a través de las normativas de la emergencia social, y la tutela del constitucionalismo de mercado por el legislador estatal. L’impacte de les bases materials del model jurídic-polític del constitucionalisme de mercat en l’organització territorial de l’Estat social, i la seua traducció, la transformació de la comprensió dels continguts del poder territorial del constitucionalisme social, propicia una reassignació de títols competencials sobre la base de la centralitat incondicionada del mercat. Des d’aquestes coordenades, la relació bases-desenvolupament s’articula des de l’òptica de la transferència del que el principi constitucional de l’autonomia reclama com a propi del desenvolupament, al que la base de forma exclusiva i excloent considera com a intervenció mínima indispensable. Paral·lelament, els postulats de la constitució econòmica europea es configuren com parteix integrant de la unitat de la constitució material del vincle econòmic, reconduint els termes del debat a la tensió entre la supervivència formal de l’Estat social, que tracten de garantir els legisladors autonòmics a través de les normatives de l’emergència social, i la tutela del constitucionalisme de mercat pel legislador estatal. The impact of the material bases of market constitutionalism’s legal-political model on the Social state’s territorial organization, and its translation, the transformation of the understanding of the territorial power contents of social constitutionalism, propitiates a reassignment of competential titles on the basis to the unconditional centrality of the market. From these coordinates, the relationship bases-development is articulated from the perspective of the transference of what the constitutional principle of autonomy claims as characteristic of development, to which the basis of exclusive form considers as necessary minimum intervention. At the same time, the postulates of the European economic constitution are an integral part of the unity of the material constitution of the economic link. They redirect the terms of the debate to the conflict between the formal survival of the Social state that the regional governments try to guarantee through the measures to address social emergency, and the protection of market constitutionalism by the state legislative.

El presente texto se ocupa de analizar la forma en que opera el principio de integración en el derecho penal, ofreciendo una interpretación sobre las relaciones entre los derechos humanos y el derecho penal, y enfatizando las tensiones que se presentan entre las ideologías de expansión del poder punitivo del Estado y la perspectiva garantista; así mismo, analiza el principio de integración de los tratados internacionales en el texto constitucional colombiano a partir del concepto de bloque de constitucionalidad. O presente texto ocupa-se de analisar a forma em que opera o princípio de integração no direito penal, oferecendo uma interpretação sobre as relações entre os direitos humanos e o direito penal, e enfatizando as tensões que se apresentam entre as ideologias de expansão do poder punitivo do Estado e a perspectiva garantista; assim mesmo, analisa o princípio de integração dos tratados internacionais no texto constitucional colombiano a partir do conceito de bloque de constitucionalidade. This paper analyses how the principle of integration works in criminal law, offering an interpretation of the relationships between human rights and criminal law, showing the tensions among the State criminal law expansionist ideologies and a right-based perspective. Furthermore, it analyses the principle of integration of international treaties in the Colombian Constitutional text and its relation with the concept of Constitutional Block.

Este artículo intenta acercarse a la problemática normativa del conflicto colombiano, arrancando de la presentación sintética del panorama histórico para proyectarse a la forma como el legislador integró las disposiciones universales sobre Derecho Internacional Humanitario al Código Penal, destacando los caracteres más salientes del Título sobre personas y bienes protegidos en el contexto respectivo. This article tries to approach the to the group of problems of establish Rules over the Colombian conflict, beginning with the syntetic presentation of the historic panorama, proyecting it then to the form as how the Legislador integrated the universal disposition about Internacional Humanitarian Law to our Penal Code, emphazising the prominent characters of the Title about protected persons and goods in the respective context.

En nuestro país la problemática de niños, niñas y adolecentes, que contravienen la ley penal, adquiere cada vez niveles superiores, generando esto una crisis social en donde confluyen múltiples factores entre los cuales se encuentran: insatisfacción de necesidades básicas, drogadicción, conflictos familiares, falta de afecto, de oportunidades tanto laborales como educativas y sociales, incomprensión, pérdida de identidad y de valores como la autoestima, la solidaridad, el respeto, la dignidad, la moral y principalmente amor por la vida. Comportamientos socialmente negativos como la formación de pandillas, deserción escolar, prostitución, hurtos, atracos, contravenciones a la ley penal, pueden en cierto modo tener su origen en la forma como se han educado en el seno de la familia, en donde se puede evidenciar el autoritarismo, o la ausencia de todo tipo de control, relaciones conflictivas entre padres, entre éstos y sus hijos, entre los demás miembros de la familia, poca comunicación y en muchos casos abusos sexuales en los niños, niñas y adolescentes. Todo lo anterior, reforzado por los modelos de comportamiento que se le ofrecen al menor a través de los distintos medios de comunicación, en donde el dinero fácil, y el consumismo, han venido tomando fuerza en la sociedad sin que para ello no se tengan los mínimos escrúpulos éticos ni morales. La situación real del menor infractor, puede analizarse como una vía de escape por medio de la violencia, la delincuencia, el hurto, el homicidio, el tráfico de drogas y de armas, entre otros factores, como una forma de llamar la atención a una sociedad que no le ha brindado alternativas de trabajo, estudio, salud, vivienda, para mejorar sus condiciones y calidad de vida. In our country the problem of children and adolescents, which contravene The criminal law, acquires higher levels each time, generating this a crisis Social context where multiple factors converge, among which are: Dissatisfaction with basic needs, drug addiction, family conflicts, lack of Affection, job opportunities as well as educational and social, Incomprehension, loss of identity and values ​​such as self-esteem, Solidarity, respect, dignity, morality and especially love for life. Socially negative behaviors such as gang formation, Dropping out of school, prostitution, theft, robberies, contraventions to criminal law, Can in some way have their origin in the way they have been educated in the Within the family, where authoritarianism can be evidenced, or the absence Of all types of control, conflicting relationships between parents, between parents and their Children, among other members of the family, little communication and in many Sexual abuse in children and adolescents. All of the above, reinforced by the models of behavior that are offered To the minor through the various means of communication, where money And consumerism, have been gaining momentum in society without This does not have the minimum ethical and moral scruples. The actual situation of the juvenile offender can be analyzed as an escape route Violence, crime, theft, homicide, Drugs and weapons, among other factors, as a way of drawing attention to A society that has not provided alternatives to work, study, health, Housing, to improve their conditions and quality of life.