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La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el numeral 23.2 señala una serie de supuestos taxativos, a partir de los cuales se les otorga a los Estados la facultad de reglamentar el ejercicio de los derechos políticos de sus ciudadanos. Dentro de las posibilidades se encuentra la limitación debido a una condena emitida por un juez competente en el marco de un proceso penal. A partir de esto, el estudio aborda, de forma comparada, la normativa de dieciocho países en América Latina para determinar la aplicación formal de limitaciones en el ejercicio del sufragio activo de las personas privadas de libertad, en virtud de una medida preventiva y una sentencia en firme en un proceso penal. A partir del análisis se logra la clasificación de los Estados, según el grado de restricciones aplicables, en tres categorías: 1) la normativa que posibilita el voto de las personas privadas de libertad sentenciadas y en prisión preventiva, salvo casos calificados; 2) la normativa que faculta el sufragio en privados de libertad no sentenciados y 3) la normativa que imposibilita en ambos casos la práctica del derecho político