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Este trabajo parte de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se ha realizado la aprobación de los proyectos de ley remitidos desde el ejecutivo? Para efectuar este análisis se toma como caso de estudio al Ecuador, entre los años 1979 y 2016, a partir del retorno a la democracia. Para este efecto, a través de una propuesta metodológica cuantitativa de carácter descriptivo, se pretende revisar las formas en las que cada uno de los ejecutivos ecuatorianos ha hecho uso de esta atribución, haciendo énfasis en las condiciones presentes en cada uno de sus gobiernos para este efecto. Por lo tanto, a partir de la recolección y sistematización de información disponible en medios oficiales, se revisa las formas en las que cada ejecutivo ha remitido sus proyectos de ley a la legislatura, evidenciando a primera vista patrones claros que determinen el por qué los ejecutivos consiguen aprobar sus proyectos de ley. El estudio funda sus conclusiones en el funcionamiento de la relación ejecutivo legislativo en el Ecuador, y propone una agenda que permite determinar los elementos causales que coadyuvan para que un ejecutivo un incremento en su nivel de éxito legislativo.

A partir de 2008, la Constitución ecuatoriana introdujo cambios en el diseño institucional de las garantías jurisdiccionales. El presente trabajo se enfoca en la acción de protección (AP), cuyo objeto es la tutela de la plena vigencia de los derechos constitucionales, frente a posibles actuaciones u omisiones de autoridades públicas no jurisdiccionales o particulares. Ante la ausencia de investigación de carácter empírico, este estudio evalúa el desempeño de la AP como garantía constitucional de los derechos, a través del análisis cuantitativo de una base de datos original. En efecto, se examina el funcionamiento de dicha garantía en la ciudad de Quito, abarcando los fallos emitidos en las judicaturas de primera y segunda instancia, entre noviembre de 2008 y junio de 2014. Posteriormente, se identifican y describen variables e indicadores que explican ciertos patrones en la resolución de la AP. Los resultados evidencian el rendimiento limitado de la acción estudiada en materia de protección y reparación de derechos fundamentales, principalmente cuando se interpone en contra del Estado.