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This article discusses the role of courts and legislators in the development of Chilean private law in the context a recent bill that seeks to enact the French théorie de l’imprévision in the Chilean Civil Code as a reaction to the economic effects of the COVID-19 crisis. On the one hand, it holds that the public discussion triggered by this bill has led to the emergence of a certain consensus regarding the convenience of accepting this theory, but that the most adequate path for this remains an open question. In this context and relying on elements of Comparative Law, Legal Theory and Law and Economics it argues that, in the Chilean case, the best route to bring this doctrine into the legal system is a legislative reform, but that the proposed bill does not have the technical depth required for it. On the other hand, it argues that general and unforeseen crisis, as that of the COVID-19, should be dealt by special emergency legislation, not by judicial or statutory general reforms aiming to introduce new legal paradigms., Este artículo analiza el rol del juez y el legislador en el desarrollo del derecho privado chileno, a propósito del reciente proyecto de ley que busca recoger la teoría de la imprevisión en el Código Civil como reacción a los efectos de económicos de la crisis del COVID-19. Por un lado, sostiene que la discusión en torno a este proyecto ha hecho emerger un cierto consenso respecto de la conveniencia de acoger esta teoría, pero que la forma adecuada para ello sigue siendo una pregunta abierta. En ese contexto y con base en elementos de derecho comparado, teoría del derecho y análisis económico del derecho argumenta que, en el caso chileno, la mejor ruta para acoger dicha teoría es una reforma legislativa, pero que el proyecto de ley propuesto no tiene la profundidad técnica requerida para ello. Por el otro lado, argumenta que crisis generales e imprevistas, como la del COVID-19, deben ser abordadas mediante legislación especial, no por reformas legales generales o cambios jurisprudenciales que impliquen cambios de paradigma.

Este trabajo propone bases conceptuales para caracterizar dogmáticamente el secreto profesional del abogado. Argumenta que este es parte de un arreglo institucional mayor que busca permitirle al abogado acceder fluidamente a los hechos respecto de los cuales sus servicios son requeridos. Para entender cómo funciona ese entramado normativo es necesario distinguir el secreto profesional del deber de confidencialidad del abogado, por la vía de considerar al primero como una inmunidad procedimental que hace operativo el segundo frente a un requerimiento de información por el Estado. En la medida en que la inmunidad colisiona con el interés del Estado por acceder a los hechos necesarios para el ejercicio de jurisdicción, su ámbito de aplicación debe ser menor al del deber de confidencialidad