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El trabajo tiene como objeto el análisis del procedimiento testigo y el mecanismo de extensión de los efectos de la sentencia introducidos en el orden jurisdiccional civil introducidas por el RDL 6/2023.

Memoria del Proyecto de innovación docente: «Visionado y análisis de actuaciones judiciales en clase: La elaboración de un dosier digital de videos, escritos procesales, resoluciones judiciales y una metodología docente para su visionado y análisis (Convocatoria 2023-2024, proyecto núm. 55).

Los individuos pueden disponer del crédito derivado de la condena en costas o, directamente, regular contractualmente las consecuencias económicas del proceso. La naturaleza imperativa de las normas sobre la condena y la tasación de las costas (art. 1 LEC) no es un obstáculo para ello. El objetivo de este trabajo es clarificar esta cuestión y analizar las posibilidades jurídicas de la autonomía de la voluntad en esta materia. Con este propósito se examinará (i) la validez y la eficacia del pacto de renuncia o limitación del crédito derivado de la condena en costas; (ii) la validez y la eficacia de los pactos sobre los gastos judiciales; y (iii) la posibilidad de incorporar ambos pactos en transacciones judiciales y extrajudiciales.

¿Es válido un contrato por el que las partes se obligan a no proponer un documento como medio de prueba? ¿Lo es un contrato por el que las partes se obligan a no recurrir una futura sentencia, a no solicitar medidas cautelares o a no ejercitar acciones ejecutivas? ¿Y un contrato por el que las partes modifican el plazo procesal para contestar a la demanda o para presentar un recurso ordinario? ¿Cuál es el objeto de estos contratos? ¿Qué consecuencias procesales o materiales tiene su incumplimiento? Todos estos contratos tienen algo en común: son contratos procesales a través de los que las partes pretenden influir en un proceso. El presente trabajo pretende aproximarse a una teoría general del contrato procesal. En concreto, se abordarán cuestiones como (i) qué es un contrato procesal; (ii) de qué depende su validez; (iii) qué eficacia tiene; y (iv) cómo se integra en el ordenamiento procesal positivo. Por último se examinarán (v) dos contratos procesales particulares —lo cual permitirá aplicar la teoría general expuesta a dos supuestos concretos—; y (vi) qué función económica cumplen los contratos procesales en la realidad.

El artículo analiza la eficacia incriminatoria de la declaración de los testigos. Es decir, si puede utilizarse como prueba de cargo contra un testigo su declaración en otro proceso. Para ello (i) examina desde una perspectiva (meramente) legal si existe un derecho del testigo a no declarar sobre hechos que le pueden incriminar penalmente; (ii) identifica estándares europeos que permitan poner en contexto la regulación nacional y profundizar en su análisis; (iii) analiza desde una dimensión constitucional la eficacia incriminatoria de la declaración testifical (art. 24.2 CE); y, por último, (iv) reflexiona en torno a los modelos en abstracto disponibles para regular esta cuestión.

La tesis doctoral aborda el estudio de los contratos procesales cuyo objeto supone una disposición contractual del derecho a la tutela judicial efectiva. El trabajo está internamente dividido en dos grandes secciones. En la sección primera, integrada por los capítulos I a III, se examina la relación entre el derecho a la tutela judicial efectiva y la autonomía de la voluntad. En la medida en que los contratos procesales que se abordan son aquellos que constituyen una disposición negocial del derecho fundamental, primero se determina de qué se dispone, cuál es la naturaleza de esa disposición y cuáles son sus criterios de validez. El estudio continúa con la sección segunda, formada por los capítulos IV a X. En esta cabe distinguir entre una parte general y una parte especial. El capítulo IV, que constituye la parte general de esta sección segunda, aborda la teoría general de los negocios procesales y examina como se articulan a través de ellos las disposiciones contractuales del derecho a la tutela judicial efectiva. Con ello se aspira a identificar los elementos esenciales del contrato procesal, sus criterios de validez y su eficacia procesal y material. La tesis doctoral sigue con una parte especial que se centra en el estudio de contratos procesales concretos. El capítulo V aborda la disposición negocial de acciones judiciales. El capítulo VI se centra en los contratos procesales sobre la fijación de los hechos —aquellos que con cierta frecuencia se denominan en sentido amplio «contratos sobre la prueba»—. En el capítulo VII se examinan los contratos procesales sobre los recursos y la terminación del proceso. El capítulo VIII analiza los contratos procesales sobre las medidas cautelares. El capítulo IX examina los contratos procesales sobre los efectos dela sentencia. En el capítulo X se abordan las medidas de aseguramiento de la ejecución contractual como herramientas para realizar extrajudicialmente la pretensión o el derecho material. Por último, se enumeran la, The study deals with procedural contracts that imply a contractual disposition of the fundamental right to effective judicial protection. The work is internally divided into two large blocks. The first block, formed by chapters I to III, examines the relationship between the right to effective judicial protection and the private autonomy of the parties. Insofar as the procedural legal transactions that are addressed are those implying a disposition of that fundamental right, it must first be determined what is disposed of, what is the nature of the disposition and what are its validity criteria. The study continues with the second block, formed by chapters IV-X, in which can be distinguished a general part and a special part. Chapter IV, the general part of this second block, deals with the general theory of procedural legal transactions and examines how the contractual dispositions of the right to effective judicial protection are articulated through them. This will allow identifying the elements of the procedural contracts, their validity criteria, and procedural and material effectiveness.The study continues with the special part that focuses on specific procedural contracts. Chapter V deals with the contractual disposition of legal actions. Chapter VI focuses on procedural contracts on fact-finding, often called «procedural contracts one vidence». Chapter VII examines the procedural contracts on appeals and the termination of proceedings. Chapter VIII focuses on procedural contracts on provisional and protective measures. Chapter IX examines the procedural contracts on the effects of the judgment. Chapter X deals with the measures to ensure the enforcement of the contract as tools for the extrajudicial enforcement of the substantive claim or right. Finally, the conclusions obtained from the study are stated.

Gli accordi processuali sono negozi giuridici con cui le parti intendono influire su un determinato processo. Pur non essendo tali accordi sconosciuti negli ordinamenti spagnolo ed italiano, pare manchi in questi la spinta a definirli quale categoria giuridica per se, ossia come un insieme di negozi giuridici che condividono una serie di elementi strutturali e criteri comuni di validità ed efficacia. Obiettivo dell’indagine offerta è quello di affacciare una teoria generale dell’accordo processuale e di declinare i risultati teorici raggiunti all’esame di taluni, selezionati accordi processuali, aprendo ad una verifica della loro utilità ed opportunità anche alla luce dell’analisi economica del diritto e della crescente concorrenza regolatoria degli Stati nella disciplina delle relazioni giuridiche transfrontaliere e dell’individuazione della giurisdizione che in caso di controversia ne decida., Depto. de Derecho Procesal y Derecho Penal, Fac. de Derecho, TRUE, pub

¿Es válido un contrato por el que las partes se obligan a no ejercitar determinadas acciones judiciales? ¿Lo es un contrato por el que las partes se obligan a no proponer un documento como medio de prueba? ¿Y un contrato por el que las partes se obligan a no recurrir una futura sentencia, a no solicitar medidas cautelares o a no ejercitar acciones ejecutivas? ¿Cuál es realmente el objeto de estos contratos? ¿Qué consecuencias procesales o materiales tendría su incumplimiento? Todos estos contratos tienen un elemento en común: en todos ellos la prestación debida la constituye un comportamiento procesal con trascendencia constitucional. A través de estos contratos las partes se obligan a hacer o no hacer un acto por el que se ejercita alguno de los derechos que integran el derecho a la tutela judicial efectiva: el derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho a usar los medios de prueba pertinentes, el derecho de acceso a los recursos, el derecho a la tutela cautelar o el derecho a la ejecución. Se puede decir, por ello, que son contratos procesales que comportan una disposición contractual del art. 24 CE. Esta obra estudia en profundidad este tipo de negocios procesales. En la primera parte se analiza la relación entre la autonomía de la voluntad y el derecho a la tutela judicial efectiva. En la segunda parte se desarrolla una teoría general del negocio procesal y en la tercera se examinan contratos procesales específicos. Se aspira, de este modo, a identificar los elementos necesarios para poder fijar su objeto, sus criterios de validez y su eficacia procesal y material.

El Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia pretende incorporar en el orden jurisdiccional civil la técnica del procedimiento testigo. El trabajo tiene como objeto examinar la regulación propuesta desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Para comprender cómo funciona esta técnica de tramitación procesal, primero se analizará su regulación de lege data y de lege ferenda en nuestro ordenamiento. Será posteriormente cuando se aborde desde una dimensión constitucional la regulación que se propone en el Proyecto de Ley. En especial, se pretende identificar aquellos límites que derivados del derecho a la tutela judicial efectiva restringen la libertad del legislador.

Es de sobra conocido que los llamados juicios simulados, litis simulatio, practice court, case presentation, entre otras denominaciones, son una actividad académica en la que los estudiantes recrean las actuaciones escritas y/u orales de un procedimiento judicial. La técnica ha tomado especial relevancia en las también conocidas competiciones nacionales e internacionales moot court que despiertan un especial interés en países como EE. UU. o Reino Unido. El objetivo de estas líneas es hacer algunas reflexiones en torno a la simulación de juicios desde una perspectiva histórica y docente. En primer lugar, se pretende identificar el origen histórico y el sentido de los juicios simulados en los planes de estudio y, en especial, su relación con la asignatura de Derecho procesal. En segundo lugar, se examinará cuál debería ser su función principal en la formación universitaria actual.

El Tribunal Constitucional ha fijado como doctrina en su sentencia de Pleno núm. 31/2019 de 28 de febrero que la falta de aplicación de una norma europea —o de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la interpreta— puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. Y ello por cuanto puede suponer una selección irrazonable o arbitraria de la norma aplicable que, al desvincularse del sistema de fuentes, infringe el derecho fundamental en su vertiente del derecho a una sentencia motivada y fundada en Derecho. Esta doctrina ha permitido vincular la efectividad de la tutela judicial de los consumidores y usuarios reconocida por el Derecho de la Unión con el art. 24 CE. Esta sentencia del TC ha sido seguida, entre otras, por las SSTC núm.; 8/2021 de 25 enero; 12/2021 de 25 enero; 92/2021 de 10 mayo; 101/2021 de 10 mayo; 102/2021 de 10 mayo; 48/2020 de 15 junio; 75/2017 de 19 junio; 150/2021 de 13 septiembre; 154/2021 de 13 de septiembre; 6/2022 de 24 enero 9/2022 y de 7 de febrero. En todas ellas subyace una actuación similar del juez a la que se le atribuye la vulneración del derecho fundamental. El ejecutado solicitaba, después de precluida la oposición a la ejecución, que el juez controlara la existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo conforme a la doctrina del TJUE fijada en el asunto Banco Primus (C-421/14). El órgano jurisdiccional rechazaba el control ya que (i) había precluído la posibilidad de oponerse a la ejecución por ese motivo (arts. 136, 556.1 y 695 LEC) y, por cuanto, (ii) el despacho de la ejecución suponía de forma implícita un examen de la adecuación y validez del título (art. 552 LEC). Después del correspondiente incidente de nulidad de actuaciones, el ejecutado interponía un recurso de amparo. En este se alegaba que el desconocimiento o la falta de aplicación de la jurisprudencia del TJUE que imponía al juez controlar de oficio la existencia de cláusulas abusivas constituía una actuación que vulneraba su

La gestión del proceso o case management es aquella función típicamente judicial que consiste en la dirección, la administración y la organización del proceso. Para que el juez pueda llevarla a cabo es necesario atribuirle determinados poderes y crear un procedimiento flexible que se lo permita. En el proceso civil existen distintas tareas que de ordinario deben llevarse a cabo. Entre ellas, determinar aquellos hechos con transcendencia jurídica, fijarlos como ciertos a efectos del proceso, calificarlos jurídicamente y subsumirlos en aquellas normas jurídicas aplicables al caso concreto. Además de estas tareas eminentemente materiales, existen otras de naturaleza procesal como lo son el impulso procesal, la dirección de las vistas, la práctica de la prueba o su gestión. De esta manera, el estudio de la gestión del proceso como función judicial se relaciona irremediablemente con el análisis de la figura del juez en el proceso civil. La finalidad de este trabajo es analizar en qué medida nuestro proceso civil converge con los actuales estándares europeos de gestión y flexibilidad procedimental y, en su caso, reflexionar sobre si es conveniente que lo haga. Para ello, (i) se analizarán cuestiones generales como el papel del juez en el proceso, la gestión y la flexibilidad procedimental; (ii) se identificarán aquellos estándares nacionales y europeos en torno a estas cuestiones; (iii) se valorarán críticamente los estándares identificados y, en su caso, se propondrán medidas de lege ferenda.

El propósito de estas líneas es examinar cuál es la posición de la UE en relación con aquellos usos de la IA con influencia en el proceso penal y hacer algunas reflexiones críticas al respecto.

El arbitraje es una renuncia puntual al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva. Tiene su fundamento en la autonomía de la voluntad de las partes como manifestación de la dignidad de la persona, del libre desarrollo de la personalidad (art. 10 de la Constitución Española) y de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1 CE). Esta es la concepción que del arbitraje tienen el Tribunal Constitucional español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El 2 de octubre del 2018 el TEDH dictó la sentencia del asunto Mutu y Pechstein contra Suiza. En este procedimiento se acumularon las demandas de dos deportistas que alegaban la violación del art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el seno de un arbitraje seguido ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (“TAD”) situado en Lausana. Las presentes páginas tienen como finalidad analizar críticamente la sentencia, teniendo en cuenta la determinación que en ella se hace de los presupuestos de validez que legitiman la renuncia puntual al ejercicio del art. 6 CEDH y valorando las consecuencias que, según el TEDH, acarrea la inexistencia de estos presupuestos.

Memoria final Proyecto de Innovación Convocatoria 2019/2020 Proyecto nº 217 Difusión del conocimiento en una sociedad digital: una guía para que el estudiante de posgrado se inicie en la investigación

El trabajo analiza la naturaleza de los derechos y garantías procesales en el arbitraje desde una dimensión nacional y europea a raíz del comentario a la STC 17/2021, de 15 de febrero. En concreto, examina desde la perspectiva del art. 24 CE, del art. 47 CDFUE y del art. 6 CEDH la relación que existe entre el anclaje institucional del arbitraje y los derechos y garantías procesales que en él operan., Depto. de Derecho Procesal y Derecho Penal, Fac. de Derecho, TRUE, pub

Un contrato autoejecutable o smart contract es un contrato en el que todas o algunas de las prestaciones se ejecutan automáticamente a través de un programa informático. La ejecución automática de las prestaciones supone un cambio de la dinámica contractual sobre la que está diseñado el ordenamiento. La finalidad de este trabajo es analizar la realización extrajudicial de la pretensión material que subyace a la ejecución automática de las prestaciones y examinar qué incidencia tiene en la tutela judicial de los derechos y los intereses materiales de los justiciables y en instituciones fundamentales del Derecho privado como la posesión., A smart contract is a contract in which all or some of the performances are automatically executed by a computer program. Their automatic execution implies a change in the contractual dynamics on which the legal system is designed. This paper analyses the impact of smart contracts on the judicial protection of the material rights of the individuals and on fundamental institutions of private law such as the protection of possession., Depto. de Derecho Procesal y Derecho Penal, Fac. de Derecho, TRUE, pub

In 2020 the European Law Institute and UNIDROIT approved the European Rules of Civil Procedure (“ERCP”). These are a set of rules through which a model civil procedure is designed with the potential to be operational in any European country. In that regard, it could be said that the ERCP aim to be a “Model Code of Civil Procedure” for Europe. This paper analyses from an analytical perspective the rules on lis pendens (Rules 142-146) and on res judicata (Rules 147-152) and their interplay with other related legal institutions in the ERCP., Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), Depto. de Derecho Procesal y Derecho Penal, Fac. de Derecho, TRUE, pub

El recurso de casación directo o per saltum es aquel que se interpone de forma inmediata frente a sentencias dictadas en primera instancia. El trabajo tiene como finalidad hacer un análisis histórico del recurso de casación directo en la LEC 1881 y un estudio de Derecho comparado entre el ordenamiento español y alemán. Además, se examina desde una perspectiva de lege ferenda la oportunidad de reintroducir esta modalidad de recurso extraordinario en nuestro ordenamiento y la regulación que mejor se adaptaría al sistema., The direct appeal or appeal per saltum is that which is filed immediately against judgments issue in the first instance. This paper make a historical analysis of the appeal per saltum in the LEC 1881 and a compared study between the Spanish and German legal order. In addition, it examines from a lex ferenda perspective the opportunity to reintroduce this type of appeal and the regulation that would best suit the system., Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), Depto. de Derecho Procesal y Derecho Penal, Fac. de Derecho, TRUE, pub

En este trabajo se analiza el sistema de solución de diferencias en materia de inversiones extranjeras en los tratados de libre comercio de nueva generación desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva. En concreto, se examina la compatibilidad del arbitraje de inversiones del CETA con los arts. 47 CDFUE, 6 CEDH y 24 CE., This paper analyzes the mechanism for investor-State dispute settlement in the new generation free trade agreements from the perspective of the right to an effective judicial remedy. In particular, it examines the compatibility of the CETA investment arbitration with Articles. 47 CFREU, 6 ECHR and 24 of the Spanish Constitution., Depto. de Derecho Procesal y Derecho Penal, Fac. de Derecho, TRUE, pub

En los últimos años se ha observado una práctica llevada a cabo por la Sala Primera del Tribunal Supremo por la cual, tras la estimación de un recurso de casación, reenvía las actuaciones a la Audiencia Provincial de origen para que resuelva sobre el fondo del asunto. Los litigios en los que se suele observar esta práctica tienen como elemento común el hecho de que las sentencias dictadas tanto en primera como en segunda instancia se limitan a apreciar alguna excepción o cuestión material —v.gr. la falta de legitimación activa o pasiva, la prescripción o caducidad de la acción— que hace innecesario que se lleve a cabo un enjuiciamiento sobre el resto de los elementos que integran el fondo de la cuestión controvertida. Pues bien, cuando el Tribunal Supremo en casación revoca la estimación en la instancia de ese tipo de excepciones, se enfrenta a un escenario en el que, ante la inexistencia de un juicio de hecho y derecho, opta por negarse a «asumir la instancia»— i.e. resolver él mismo el recurso de apelación interpuesto en su día frente a la sentencia— y reenvía el asunto a la Audiencia Provincial. El objeto de estas líneas es analizar con algo más de detenimiento este fenómeno, teniendo en cuenta la regulación vigente del recurso de casación civil y su relación con la asunción de la instancia y la práctica del reenvío llevada a cabo por el Tribunal Supremo. Para ello se examina la configuración legal de la cuestión en nuestro ordenamiento; se realiza un breve estudio de Derecho comparado sobre la regulación existente en Alemania, Francia e Italia; y se efectúa un análisis crítico de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El trabajo tiene como finalidad determinar si las resoluciones judiciales firmes que resuelven sobre cuestiones procesales tienen fuerza de cosa juzgada material. Para ello se examinará el ámbito de la cosa juzgada material en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se hará un análisis crítico de la regulación actual y de la posición que al respecto mantienen nuestros órganos jurisdiccionales y un estudio de la cuestión desde la perspectiva del Derecho de la UE., Depto. de Derecho Procesal y Derecho Penal, Fac. de Derecho, FALSE, pub

Se analiza la regulación y operatividad de los escritos preventivos contemplados en el artículo 132 de la Ley de Patentes. En concreto, se realiza un breve estudio comparado sobre los escritos preventivos, se expone su origen y evolución en nuestro ordenamiento y se examinan aspectos prácticos relacionados con su uso en el tráfico., This paper analyzes the regulation of the protective letters in the Patent act. In particular, a brief comparative study of the regulation of the protective letters in other European countries is done, as well as an analysis on the origins and evolution of them in the Spanish legal order and on practical aspects of their use by the legal practitioners., Depto. de Derecho Procesal y Derecho Penal, Fac. de Derecho, FALSE, pub

Se analiza el proceso de tutela sumaria de la posesión por ocupación ilegal de viviendas introducido por la Ley 5/2018. En concreto, se examinan aspectos relacionados con la legitimación activa y pasiva, el régimen de notificaciones previsto, la medida cautelar incorporada en la reforma y la aplicación del plazo de caducidad de un año regulado en el art. 439.1 LEC., Depto. de Derecho Procesal y Derecho Penal, Fac. de Derecho, FALSE, pub

Comentario a la Sentencia de Pleno del Tribunal Constitucional núm. 1/2018 de 11 de enero por la que, al resolver una cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se declaró inconstitucional y nulo el art. 76 e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro por contemplar un supuesto de arbitraje obligatorio contrario a los arts. 24 y 117.3 de la Constitución Española., Depto. de Derecho Procesal y Derecho Penal, Fac. de Derecho, FALSE, pub

El presente trabajo tiene por objeto realizar un estudio de las acciones de responsabilidad civil por infracciones del Derecho de la competencia. En concreto, se analizan los presupuestos materiales de la acción a la luz de la Directiva 2014/104 (UE). Por último, se realiza un análisis sobre la posibilidad de utilizar la acumulación de acciones y la cesión de derechos de indemnización como estrategias de litigación conjunta en España.

El presente dictamen tiene como objeto dar respuestas y aclarar una serie de cuestiones referentes al proceso seguido por el Reino de España frente a ABS en los EE.UU. en relación con el hundimiento del buque “Prestige”, En concreto se cuestiona la posibilidad del Reino de España de alegar inmunidad de jurisdicción frente a la reconvención formulada por ABS frente a él, su obligación de aportar una serie de documentos requeridos en fase de discovery, los medios de los cuales dispone el juez estadounidense para forzar la aportación de tal documentación y, en el caso de una eventual sentencia condenatoria como consecuencia de la negativa del Reino de España de aportar la documentación requerida, el posible reconocimiento y atribución de fuerza ejecutiva de la sentencia en nuestro país.