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El objetivo de este artículo es identificar y analizar las reglas establecidas por el Tribunal Constitucional del Perú en reciente sentencia en un proceso de inconstitucionalidad, en el que se pronuncia sobre la constitucionalidad de las normas legales que regulan los convenios celebrados entre las empresas mineras y la Policía Nacional del Perú, con la finalidad que esta última brinde servicios de seguridad privada a los campamentos mineros. Luego hace una reflexión sobre la fuerza normativa de las sentencias, tanto para las autoridades públicas y privadas, como para el Tribunal Constitucional, en futuros casos. En conclusión, analiza las principales debilidades y fortalezas de esa decisión, desde la perspectiva de los derechos humanos. Igualmente, identifica a grandes rasgos sus implicaciones para las autoridades peruanas, así como para los estados en que tienen residencia las casas matrices de esas compañías extractivas, como Canadá. El apéndice del presente documento resume los nuevos requerimientos constitucionales generales y específicos, contenidos en la decisión del tribunal, con respecto a los contratos de la PNP con las compañías de extracción de recursos

Capítulos de libros sobre historia del Derecho y otros en la región de Puno.

En la práctica judicial los jueces y fiscales actúan de manera que vulnera derechos fundamentales a la expresión del descontento y la disidencia –que son pilares de las sociedades democráticas–. Muchos operadores del derecho no pueden diferencias medidas de fuerza y protesta de lo que son actos de vandalismo y sabotaje, que solo buscan sembrar el caos y crear zozobra. No diferencian que las primeras han sido adoptadas por organizaciones sociales que protestan por afectación de sus derechos, con la finalidad de llamar la atención de la opinión pública y del gobierno, sobre casos de graves y sistemáticas violaciones a derechos fundamentales, y que, en las segundas, hay una evidente voluntad e intención de cometerse ilícitos penales, conductas delictivas que por cierto deben ser condenadas y sancionadas con la mayor severidad. Este artículo sistematiza los principios de Derecho que deben seguirse en estos casos.

The last proposal from the Ministry of Energy and Mines (MEM), about the exoneration from the Environmental Impact Study (EIS, onwards) the realization of the seismic activity in the stage of exploration of oil lots, has allowed us a better visualization to of the EIS’s role in the defense of the territories of indigenous peoples. Similarly, it allows us to evaluate carefully how the way the MEM understands and realizes EISs meets the mandatory standards established by the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights (IACH, onwards), the Convention No. 169 of the ILO and Peruvian Constitution. Then, given that the rules established in the jurisprudence of the IACH are mandatory, this article has three objectives: first, to generally review EISs treatment in the IACH’s jurisprudence; second, to identify the centrality of the livelihoods of indigenous peoples in the EISs about extractive activities; and, third, to establish the requirements set out by the IACH for the validity of EISs about extractive activities in indigenous peoples’ territories. The conclusion of these pages is that the way EISs are approved in Peru does not fit and is not compatible with the binding rules set out in the Inter-American Human Rights System., La última propuesta del Ministro de Energía y Minas de exonerar de estudio de impacto ambiental (EIA) la realización de la actividad sísmica en la etapa de exploración de los lotes petroleros ha permitido visibilizar mejor el papel que juegan los EIA en la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y evaluar con detenimiento hasta qué punto la forma como el Ministerio de Energía y Minas (Minem) entiende y realiza los EIA, se ajusta a los estándares de cumplimiento obligatorio establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), el Convenio N° 169 de la OIT y la Constitución peruana. Teniendo en cuenta que las reglas establecidas en la jurisprudencia de la Corte IDH son obligatorias, los objetivos de este artículo son tres. Primero, revisar de manera general el tratamiento que los EIA reciben en la jurisprudencia de esta; en segundo lugar, identificar la centralidad de la subsistencia de los pueblos indígenas en los EIA sobre actividades extractivas y; en tercer lugar, establecer los requisitos que la Corte IDH establece para la validez de los EIA sobre actividades extractivas en territorios de pueblos indígenas. La conclusión es que la forma como se aprueban los EIA en el Perú no se ajusta y no es compatible con las reglas vinculantes establecidas en el sistema interamericano de derechos humanos.

El objetivo del presente artículo es compartir un conjunto de preocupaciones y reflexiones, fundamentalmente de naturaleza jurídica, fruto del trabajo concreto de quien escribe en la Comisión de la Verda y Reconciliación, las cuales, ciertamente, son de exclusivida responsabilidad del autor.

Los pueblos indígenas en cuyos territorios se realizan actividades de explotación de recursos naturales no se benefician mayoritariamente de ellas. Ello, a pesar de que nuestro país experimenta un auge en la expansión de las industrias extractivas –en especial mineras y agroindustriales– y de las enormes ganancias que estas generan para sí mismas y, en menor medida, para el Estado. Todo lo contrario, estas actividades dejan tras de sí una estela de contaminación y afectación de los territorios donde estos pueblos viven, y lo que es peor, afectando el acceso de estos pueblos a los recursos naturales indispensables para su subsistencia. Esta situación contribuye a generar un contexto social de alta conflictividad social que a todos afecta. Ante esta realidad, esta tesis quiere contribuir a precisar, cuál es el contenido constitucional y más precisamente convencional, del derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de las actividades extractivas en sus territorios, reconocido en el artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional de derechos humanos de rango constitucional. Tras 24 años de entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, es necesario comenzar a exigir la vigencia de este derecho. Y esto solo será posible, si se tiene más claridad sobre el contenido constitucional y convencional protegido de este derecho. Con esa finalidad esta tesis, intenta revisar el desarrollo jurisprudencial de este derecho por diferentes cortes constitucionales, y de manera especial por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, revisamos los diferentes pronunciamientos de la OIT, que han ido desarrollando y arrojando luces sobre este derecho. La falta de desarrollo normativo legal y reglamentario de este derecho no justifica su desconocimiento. A pesar de ello, nuestra conclusión, es que existe un mínimo contenido normativo convencional suficiente para exigir la vigencia de este derecho ante los órganos administrativos, políticos y jurisdiccionales.

La finalidad de este trabajo es analizar el control de los decretos de urgencia que realiza el Congreso de la República en nuestro ordenamiento jurídico, buscando delimitar las características específicas que este asume, en relación con otros controles. La estructura del presente trabajo consta de cinco capítulos. El primer capítulo es una suerte de introducción y de antecedente al problema en cuestión, cual es la desmesurada y descontrolada expedición de los decretos de urgencia por parte del Poder Ejecutivo y la ineficacia del control parlamentario de los decretos de urgencia. En él se señala la magnitud del problema, y cuales son las consecuencias si no se realiza el control parlamentario de este tipo de medidas. En el segundo capítulo, revisaremos algunas nociones sobre la función de control en general, donde podremos apreciar la centralidad e importancia de la función de control para el correcto funcionamiento del sistema político. Por último, en dicho capítulo trataremos de diferenciar entre lo que la doctrina denomina control jurídico y control político. En el tercer capítulo, trabajaremos el tema del control parlamentario, es decir, las características y matices que adopta el control, cuando es realizado por el Parlamento. Aquí trataremos de analizar los fundamentos del control parlamentario, así como las particularidades que la función de control asume cuando este se realiza en un régimen político parlamentario y en un régimen presidencial.En el cuarto capítulo delimitaremos aún más nuestro campo de atención. Así, el tema será exclusivamente el control parlamentario de los denominados decretos de necesidad y urgencia tanto en la doctrina como en la legislación comparada. Revisaremos los diferentes modelos de control que en otros países existe, así como sus aportes a la doctrina y a la legislación. Este capítulo a su vez servirá de antesala, para trabajar el quinto y último capítulo. En este último capítulo, el análisis se centrará en el control de los decre

La finalidad de este trabajo es analizar el control de los decretos de urgencia que realiza el Congreso de la República en nuestro ordenamiento jurídico, buscando delimitar las características específicas que este asume, en relación con otros controles. La estructura del presente trabajo consta de cinco capítulos. El primer capítulo es una suerte de introducción y de antecedente al problema en cuestión, cual es la desmesurada y descontrolada expedición de los decretos de urgencia por parte del Poder Ejecutivo y la ineficacia del control parlamentario de los decretos de urgencia. En él se señala la magnitud del problema, y cuales son las consecuencias si no se realiza el control parlamentario de este tipo de medidas. En el segundo capítulo, revisaremos algunas nociones sobre la función de control en general, donde podremos apreciar la centralidad e importancia de la función de control para el correcto funcionamiento del sistema político. Por último, en dicho capítulo trataremos de diferenciar entre lo que la doctrina denomina control jurídico y control político. En el tercer capítulo, trabajaremos el tema del control parlamentario, es decir, las características y matices que adopta el control, cuando es realizado por el Parlamento. Aquí trataremos de analizar los fundamentos del control parlamentario, así como las particularidades que la función de control asume cuando este se realiza en un régimen político parlamentario y en un régimen presidencial.En el cuarto capítulo delimitaremos aún más nuestro campo de atención. Así, el tema será exclusivamente el control parlamentario de los denominados decretos de necesidad y urgencia tanto en la doctrina como en la legislación comparada. Revisaremos los diferentes modelos de control que en otros países existe, así como sus aportes a la doctrina y a la legislación. Este capítulo a su vez servirá de antesala, para trabajar el quinto y último capítulo. En este último capítulo, el análisis se centrará en el control de los decre, Tesis

La finalidad de este trabajo es analizar el control de los decretos de urgencia que realiza el Congreso de la República en nuestro ordenamiento jurídico, buscando delimitar las características específicas que este asume, en relación con otros controles. La estructura del presente trabajo consta de cinco capítulos. El primer capítulo es una suerte de introducción y de antecedente al problema en cuestión, cual es la desmesurada y descontrolada expedición de los decretos de urgencia por parte del Poder Ejecutivo y la ineficacia del control parlamentario de los decretos de urgencia. En él se señala la magnitud del problema, y cuales son las consecuencias si no se realiza el control parlamentario de este tipo de medidas. En el segundo capítulo, revisaremos algunas nociones sobre la función de control en general, donde podremos apreciar la centralidad e importancia de la función de control para el correcto funcionamiento del sistema político. Por último, en dicho capítulo trataremos de diferenciar entre lo que la doctrina denomina control jurídico y control político. En el tercer capítulo, trabajaremos el tema del control parlamentario, es decir, las características y matices que adopta el control, cuando es realizado por el Parlamento. Aquí trataremos de analizar los fundamentos del control parlamentario, así como las particularidades que la función de control asume cuando este se realiza en un régimen político parlamentario y en un régimen presidencial.En el cuarto capítulo delimitaremos aún más nuestro campo de atención. Así, el tema será exclusivamente el control parlamentario de los denominados decretos de necesidad y urgencia tanto en la doctrina como en la legislación comparada. Revisaremos los diferentes modelos de control que en otros países existe, así como sus aportes a la doctrina y a la legislación. Este capítulo a su vez servirá de antesala, para trabajar el quinto y último capítulo. En este último capítulo, el análisis se centrará en el control de los decre