Search

The main purpose of this article is to develop the constitutional content of the right of property of the indigenous people over territories where they have lived historically, that regarding the problem of the Government compromise on granting property titles. In order to achieve this, first, it follows the national and international jurisprudence that develop this topic. Later on, this article makes an approximation to the content of this right of property in our constitutional context. Also, it suggests the protection the Government should provide to grant this right and the measures that have to be taken. Finally, it develops possible answers to the principal questions this topic brings on. El presente artículo tiene como principal objetivo desarrollar el contenido constitucional del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre los territorios que han habitado históricamente, en vista del problema que presenta la obligación impuesta por el Estado peruano de registrar su titularidad. Para ello, en primer lugar, se seguirá tanto la jurisprudencia nacional como internacional que ha desarrollado el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas. Luego, se hará una aproximación a su contenido dentro del marco constitucional en nuestro país.Asimismo, se hablará del resguardo que debe brindar el Estado a este derecho y las medidas que está obligado a brindar para hacer efectiva su protección. Finalmente, se desarrollarán respuestas tentativas a las principales interrogantes que surgen con respecto a este derecho.

The present article seeks to approach to the constitutional content of the right of indigenous peoples to their territories, especially the one developed by the Inter American Court of Human Rights, in view of the substantial pronouncements of this important court, its guarantor rights character, and it’s binding to the operators of the justice system of our country character. El presente artículo intenta aproximarse al contenido constitucional del derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios, de manera especial al desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en atención a los sustanciosos pronunciamientos de este importante tribunal, a su carácter garante de derechos, y de su carácter vinculante para los operadores del sistema de justicia de nuestro país.

The last proposal from the Ministry of Energy and Mines (MEM), about the exoneration from the Environmental Impact Study (EIS, onwards) the realization of the seismic activity in the stage of exploration of oil lots, has allowed us a better visualization to of the EIS’s role in the defense of the territories of indigenous peoples. Similarly, it allows us to evaluate carefully how the way the MEM understands and realizes EISs meets the mandatory standards established by the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights (IACH, onwards), the Convention No. 169 of the ILO and Peruvian Constitution. Then, given that the rules established in the jurisprudence of the IACH are mandatory, this article has three objectives: first, to generally review EISs treatment in the IACH’s jurisprudence; second, to identify the centrality of the livelihoods of indigenous peoples in the EISs about extractive activities; and, third, to establish the requirements set out by the IACH for the La última propuesta del Ministro de Energía y Minas de exonerar de estudio de impacto ambiental (EIA) la realización de la actividad sísmica en la etapa de exploración de los lotes petroleros ha permitido visibilizar mejor el papel que juegan los EIA en la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y evaluar con detenimiento hasta qué punto la forma como el Ministerio de Energía y Minas (Minem) entiende y realiza los EIA, se ajusta a los estándares de cumplimiento obligatorio establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), el Convenio N° 169 de la OIT y la Constitución peruana. Teniendo en cuenta que las reglas establecidas en la jurisprudencia de la Corte IDH son obligatorias, los objetivos de este artículo son tres. Primero, revisar de manera general el tratamiento que los EIA reciben en la jurisprudencia de esta; en segundo lugar, identificar la centralidad de la subsistencia de los pueblos indígenas en los EIA sobre actividad

The present article seeks to approach to the constitutional content of the right of indigenous peoples to their territories, especially the one developed by the Inter American Court of Human Rights, in view of the substantial pronouncements of this important court, its guarantor rights character, and it’s binding to the operators of the justice system of our country character. El presente artículo intenta aproximarse al contenido constitucional del derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios, de manera especial al desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en atención a los sustanciosos pronunciamientos de este importante tribunal, a su carácter garante de derechos, y de su carácter vinculante para los operadores del sistema de justicia de nuestro país.

La última propuesta del Ministro de Energía y Minas de exonerar de estudio de impacto ambiental (EIA) la realización de la actividad sísmica en la etapa de exploración de los lotes petroleros ha permitido visibilizar mejor el papel que juegan los EIA en la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y evaluar con detenimiento hasta qué punto la forma como el Ministerio de Energía y Minas (Minem) entiende y realiza los EIA, se ajusta a los estándares de cumplimiento obligatorio establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), el Convenio Nº 169 de la OIT y la Constitución peruana. Teniendo en cuenta que las reglas establecidas en la jurisprudencia de la Corte IDH son obligatorias, los objetivos de este artículo son tres. Primero, revisar de manera general el tratamiento que los EIA reciben en la jurisprudencia de esta; en segundo lugar, identificar la centralidad de la subsistencia de los pueblos indígenas en los EIA sobre actividades extractivas y; en tercer lugar, establecer los requisitos que la Corte IDH establece para la validez de los EIA sobre actividades extractivas en territorios de pueblos indígenas. La conclusión es que la forma como se aprueban los EIA en el Perú no se ajusta y no es compatible con las reglas vinculantes establecidas en el sistema interamericano de derechos humanos.

The objective of this article is to review and analyze the different arguments and legal excuses made by the Government and the private sector in Peru, this for the purpose of that the first-mentioned institution fails or avoids its juridical obligation of execute the preview consultation process for the indigenous peoples in Peru, this whenever the State is going to adopt a legislative or administrative measure susceptible that will affect directly to the indigenous peoples. In summary, this article seeks to analyze about the juridical problems founded at the moment of the implementation of the preview consultation process in our Legal System. If we consider that Convention 169 ILO, and the right to consult has been in force since February 2nd of 1995, and the Constitutional Court established on binding jurisprudence that the Convention in question is a norm that no needs a legislative development for its effectiveness, thus we can conclude that, rather than arguments is about legal excuses. El objetivo del artículo es revisar y analizar los diferentes argumentos y pretextos jurídicos utilizados por el Gobierno y el sector privado en el Perú, para que el primero incumpla o evada su obligación jurídica de realizar el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas en el Perú, esto cada vez que el Estado prevé adoptar una medida legislativa o administrativa susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas. En buena cuenta lo que hace el artículo es analizar los problemas jurídicos encontrados al momento de implementar la consulta previa en nuestro ordenamiento jurídico. Si tenemos en cuenta que el Convenio 169 de la OIT, y el derecho a la consulta estaban vigentes, y eran exigibles en el Perú desde el 2 de febrero del año 1995, y que el Tribunal Constitucional ha dicho en jurisprudencia vinculante, que el referido convenio es una norma que no necesita desarrollo legislativo para desplegar sus efectos normativos, podemos concluir, que más que argumentos, se trata de pretextos jurídicos.

The objective of this article is to review and analyze the different arguments and legal excuses made by the Government and the private sector in Peru, this for the purpose of that the first-mentioned institution fails or avoids its juridical obligation of execute the preview consultation process for the indigenous peoples in Peru, this whenever the State is going to adopt a legislative or administrative measure susceptible that will affect directly to the indigenous peoples. In summary, this article seeks to analyze about the juridical problems founded at the moment of the implementation of the preview consultation process in our Legal System. If we consider that Convention 169 ILO, and the right to consult has been in force since February 2nd of 1995, and the Constitutional Court established on binding jurisprudence that the Convention in question is a norm that no needs a legislative development for its effectiveness, thus we can conclude that, rather than arguments is about legal excuses. El objetivo del artículo es revisar y analizar los diferentes argumentos y pretextos jurídicos utilizados por el Gobierno y el sector privado en el Perú, para que el primero incumpla o evada su obligación jurídica de realizar el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas en el Perú, esto cada vez que el Estado prevé adoptar una medida legislativa o administrativa susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas. En buena cuenta lo que hace el artículo es analizar los problemas jurídicos encontrados al momento de implementar la consulta previa en nuestro ordenamiento jurídico. Si tenemos en cuenta que el Convenio 169 de la OIT, y el derecho a la consulta estaban vigentes, y eran exigibles en el Perú desde el 2 de febrero del año 1995, y que el Tribunal Constitucional ha dicho en jurisprudencia vinculante, que el referido convenio es una norma que no necesita desarrollo legislativo para desplegar sus efectos normativos, podemos concluir, que más que argumentos, se trata de pretextos jurídicos.

El objetivo del presente artículo es compartir un conjunto de preocupaciones y reflexiones, fundamentalmente de naturaleza jurídica, fruto del trabajo concreto de quien escribe en la Comisión de la Verda y Reconciliación, las cuales, ciertamente, son de exclusivida responsabilidad del autor. El objetivo del presente artículo es compartir un conjunto de preocupaciones y reflexiones, fundamentalmente de naturaleza jurídica, fruto del trabajo concreto de quien escribe en la Comisión de la Verda y Reconciliación, las cuales, ciertamente, son de exclusivida responsabilidad del autor.